La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
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La Defensa de los Derechos Humanos

El mejoramiento que se notó en 1997 respecto del clima político, en cuanto a la defensa de los derechos humanos, se mantuvo durante este año, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), compuesta de ministros claves y el gobernador de Caracas, se reunió con organizaciones no gubernamentales para estudiar un programa nacional de reformas en derechos humanos y tomar parte en actividades conjuntas. Con la formación de una comisión de derechos humanos dentro de las fuerzas armadas, el ejército venezolano entró en el debate. Pese a la celebración de actos públicos y la aparición de publicaciones en favor de los derechos humanos, la ejecución de las reformas adelantó con lentitud. La CNDH no tenía facultades para investigar violaciones de los derechos humanos, pero sí recibía quejas y las canalizaba a las autoridades competentes com fines de investigación y acción. La formación de un Comité Nacional de Policías, en el año 1997, condujo a la introducción de programas de capacitación policial en materia de derechos humanos, y los jefes de policía se mostraron más proclives a reconocer que se habían cometido abusos. En marzo, con el apoyo de la embajada de Suiza y el gobierno del país vasco, se inauguró un curso de derechos humanos para alcaides de cárceles, que organizó el principal grupo no gubernamental de reforma de prisiones.

Ya a fines de julio, ocho defensores de los derechos humanos habían recibido amenazas de muerte y sufrido hostigamientos por su labor en favor de las supuestas víctimas de abusos policiales o por promover la reforma carcelaria. Entre las personas que recibieron amenazas se contaron Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), grupo que ha desempeñado un papel importante en la defensa de los derechos de los presos, y Noel Azócar, Presidente de la Fundación de los Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, que ha denunciado ejecuciones sumarias a manos de la policía estadual de Anzoátegui. Las amenazas de muerte dirigidas contra voluntarios de la Red de Apoyo tendrían una vinculación directa con su labor en favor de las víctimas de la brutalidad policial. El 5 de junio, Nilson Enrique Benítez Videz, taxista, y José Pirela, herrero, habrían muerto a manos de miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CPTJ). Los parientes de las víctimas, que impugnaron con fuerza la versión policial de las muertes, pidieron ayuda a la Red de Apoyo. En seguida, varios parientes y dos voluntarios de la Red de Apoyo, Sergio Salvador y Maridex Valera, comenzaron a recibir llamados telefónicos anónimos. Cuando levantaban el auricular sólo oían ruidos de máquinas de oficina. A Sergio Salvador, que acompañaba a algunos parientes de presos, lo siguieron vehículos con las ventanas oscurecidas, cuando quiso entrevistar a testigos cerca del lugar de las ejecuciones. El 27 de julio se le acercaron en la calle dos individuos quienes le dijeron que si insistía en la exhumación de los cadáveres de López y Pirela, "él sería el próximo en ser exhumado."

En junio, PROVEA denunció que en el estado Aragua funcionarios del gobierno estatal habían acusado públicamente a defensores de los derechos humanos de defender delincuentes y obstaculizar el cumplimiento de la ley. Los funcionarios habrían alentado a personas que decían representar grupos vecinales, a agredir físicamente a los activistas. En el informe anual de PROVEA se señalaba que Aragua era el estado con el mayor número de ejecuciones extrajudiciales de Venezuela, más de treinta supuestos casos. Durante los siete primeros meses de 1998, la organización registró sólo siete casos.

El 5 de junio, tres hombres que dijeron ser policías, detuvieron en la calle a Carlos Nieto Palma, abogado de derechos humanos y presidente de un grupo de reforma carcelaria llamado Una Ventana a la Libertad, al llegar a su oficina en el centro de Caracas, y lo conminaron a que los acompañara. Lo llevaron en automóvil a una casa donde lo interrogaron sobre sus actividades, le dieron a entender que sospechaban que era instigador de revueltas carcelarias y le advirtieron que "tuviera cuidado en lo que se metía, ya que ellos estaban vigilando, y que dejara quietos a los presos para que se mataran entre ellos."