El Papel de la Comunidad Internacional

La Organización de las Naciones Unidas

Conocida oficialmente con el nombre de Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), la comisión de la verdad guatemalteca patrocinada por la ONU empezó su trabajo en agosto de 1997; su informe estaba previsto para diciembre de 1998. El principal comisionado de la CEH, Christian Tomuschat, ex Experto Independiente de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala, denunció públicamente la falta de colaboración del ejército al no suministrar documentos ni conceder entrevistas a sus investigadores, una violación de los acuerdos que establecían la comisión.

La detención del 17 de julio del coronel Otto Noack fue ejemplo de la obstinación del ejército. A principios de julio, en una entrevista con Radio Netherlands, Noack reconoció que miembros tanto del ejército como de la guerrilla habían cometido graves violaciones de los derechos humanos. Sugirió que todos ellos debían declarar ante la CEH y, si fuera necesario, solicitar la amnistía a la justicia guatemalteca. Los comentarios de Noack provocaron su detención por hablar con la prensa sin el consentimiento previo de sus superiores militares, una norma militar que raramente se aplicaba.

Tras visitar a Noack en el centro de detención, Tomuschat instó a otros oficiales a que siguieran su ejemplo y admitieran los abusos en el pasado y denunciaran al ejército guatemalteco por la medida adoptada. El Gobierno acusó a Tomuschat de entrometerse en asuntos internos y anunció que iba a presentar una queja formal ante el secretario general de la ONU pidiendo la destitución de Tomuschat.

Tras la firma de los acuerdos de paz, el trabajo de MINUGUA se amplió para abarcar, además de la observación de los derechos humanos y el cabildeo, la asistencia en la aplicación de varios acuerdos así como amplios esfuerzos de fortalecimiento institucional dentro del Ministerio Público, la PNC y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Lo que inevitablemente dejó pocos recursos para la verificación de los derechos humanos. El asesinato del obispo Gerardi y las amenazas crecientes contra los defensores de los derechos humanos sugirieron lo prematuro de la reducción de los recursos dedicados exclusivamente a la verificación de los derechos humanos.

Durante su sesión anual de 1998 en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puso fin, por primera vez desde 1982, al mandato de su experto especial encargado de informar sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. (Durante varios años, el experto en Guatemala tenía el estatuto de "relator especial", lo que situaba a Guatemala en el grupo de países con peor situación en materia de derechos humanos. En los últimos años, se asignó un "experto independiente" a Guatemala, que ofrecía informes detallados así como asesoraba al Gobierno sobre mejoras en materia de derechos humanos.) El Gobierno incorporó muchas de las recomendaciones presentadas por los expertos independientes Christian Tomuschat y Mónica Pinto, aunque algunas de las reformas que habían reclamado--tales como el control civil de las tareas de hacer cumplir la ley y de inteligencia y la supresión de las fuerzas de seguridad clandestinas--se quedaron en promesas incumplidas.

Estados Unidos

Aunque la administración Clinton apoyó enérgicamente al gobierno de Arzú, en la revisión anual del Departamento de Estado de las condiciones de derechos humanos en Guatemala se ofreció información objetiva sobre una amplia gama de abusos. Entre la ayuda de Washington a Guatemala se encontraba la capacitación del ejército en asuntos no relacionados con el combate tales como la planificación, la administración y las relaciones con civiles. Cabe destacar que la administración ofreció asistencia a toda una serie de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos e indígenas, algunas de ellas bastante críticas del Gobierno y el ejército. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala respondió a los comunicados en apoyo del párroco de El Estor, el ciudadano estadounidense Dan Vogt, y convenció a los investigadores policiales para que indagaran en relación con las amenazas que había recibido en agosto.


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