La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
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La Defensa de los Derechos Humanos

Las condiciones generales de los observadores de los derechos humanos en Guatemala continuaron siendo precarias. En el informe de junio de MINUGUA se señalaba "un aumento en las denuncias de amenazas e intimidaciones contra personas y entidades que trabajan en derechos humanos..." El hecho más dramático fue el asesinato del obispo Juan José Gerardi, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

El 24 de abril de 1998, ante los ojos de todo el país, el obispo Gerardi presentó Guatemala: Nunca Más, una obra de cuatro tomos en la que se documentan las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y los insurgentes durante los 36 años de guerra civil. En el informe--la culminación de tres años de investigación con la participación de más de 600 personas--se concluía que el ejército, otras fuerzas oficiales, las patrullas civiles patrocinadas por el Estado y los escuadrones de la muerte clandestinos eran responsables del 90 por ciento de las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, mientras que se atribuía el 10 por ciento restante de los abusos a la alianza guerrillera URNG.

Sólo dos días después de la presentación pública del informe, en la tarde del 26 de abril, monseñor Gerardi fue golpeado hasta la muerte con un bloque de hormigón cuando entraba en su casa en la parroquia de San Sebastián, en Ciudad de Guatemala. Aunque varias personas fueron detenidas y puestas en libertad posteriormente, y una seguía detenida, a finales de 1998, el crimen no se había resuelto y continuaba teniendo repercusiones políticas. El 21 de octubre, el fiscal del Gobierno formuló cargos contra un párroco que residía en la misma casa parroquial, el reverendo Mario Orantes, a pesar de que no existían pruebas que lo incriminaran.

Durante toda la investigación, hizo todo lo posible para rechazar la idea de que el asesinato tenía motivos políticos. El 30 de abril, un indigente, Carlos Enrique Vielman Viani, fue detenido y acusado del asesinato. El ministro del interior Rodolfo Mendoza anunció que el crimen estaba a punto de resolverse, sugiriendo que se trataba de un caso de delincuencia común. Unos tres meses más tarde, Vielman fue puesto en libertad dado que tanto las autoridades eclesiásticas como gubernamentales acordaron que no estaba involucrada en el asesinato. El 22 de julio, las autoridades detuvieron al padre Mario Orantes, el párroco que también residía en la casa parroquial de San Sebastián, junto con la cocinera de la parroquia, Juana Margarita López. La principal prueba del Estado contra los dos acusados consistía en una fotografía ampliada del cadáver, que según algunos expertos mostraba una mordedura de perro que no se había constatado durante la autopsia; las marcas correspondían presuntamente con los dientes del pastor alemán de Orantes. Aunque el cuerpo del obispo Gerardi fue exhumado en septiembre y los especialistas forenses presentes de Guatemala y Estados Unidos concluyeron que no existían marcas de mordedura de perro, el párroco fue acusado posteriormente de asesinato y permaneció encarcelado. (Se informó de que un especialista español presente no coincidió con la opinión de sus colegas.)

Los errores y la negligencia en la investigación por parte de las autoridades guatemaltecas empezaron en la escena del crimen, que el agente de Ministerio Público no salvaguardó adecuadamente. A pesar de los años de capacitación, impartida por expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Guardia Civil de España, en preservación de la escena del crimen, las autoridades permitieron que los curiosos se movieran libremente por el lugar, entre ellos dos personas que trabajaban presuntamente para el EMP. En las cintas de video de la noche del crimen se observa al fiscal Otto Ardón y su investigador examinando la presunta arma del delito sin guantes de látex y caminando por los charcos de sangre que rodeaban el cuerpo del obispo. No se hicieron los esfuerzos necesarios para salvaguardar las pruebas mientras se enviaban las muestras forenses a la PNC y al laboratorio forense del Ministerio Público en frascos sin sellar.

Poco después del asesinato, el Gobierno creó una Comisión de Alto Nivel para apoyar la investigación y facilitar la comunicación entre la Iglesia y el Ministerio Público. La comisión estaba compuesta de funcionarios del Gobierno con experiencia judicial y en asuntos relacionados con los derechos humanos. Sin embargo su trabajo fue decepcionante; en mayo y junio, rechazó o ignoró una serie de peticiones de la Iglesia, como que la comisión solicitara al Gobierno británico el envío de un detective del Scotland Yard y que la comisión sustituyera al fiscal del Ministerio Público asignado al caso, Otto Ardón, por sus anteriores vínculos con el ejército.

A finales de mayo, la ODHAG suministró un número de licencia de un vehículo registrado en una base militar, que había sido visto dando vueltas alrededor de la parroquia en la noche del crimen, así como los nombres del general retirado Byron Disrael Lima Estrada y de su hijo, el capitán Byron Miguel Lima Oliva del EMP, que, según la ODHAG, estaban relacionados con el asesinato. Se informó que la comisión respondió ofreciendo información pública sobre los documentos de registro del vehículo, negó que el general retirado tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigar al capitán Lima Oliva. El Gobierno disolvió la comisión en julio.

A finales de julio, después de que el coordinador de la ODHAG, Ronalth Ochaeta, mencionara a los dos militares en una conferencia de prensa en Madrid, el Gobierno anunció que ambos serían investigados.

Tras la muerte de monseñor Gerardi, miembros de la ODHAG fueron sometidos a vigilancia esporádica por parte de personas desconocidas y recibieron amenazas anónimas por teléfono. La semana siguiente de la muerte del obispo, Carlos Federico Reyes López, coordinador del equipo de antropología forense de la ODHAG, recibió varias llamadas de teléfono con amenazas en su oficina. Reyes López había participado de cerca en las primeras fases de la investigación del caso Gerardi y testificó sobre el mismo ante el Congreso de Estados Unidos.

El sacerdote católico Pedro Nota, que colaboró estrechamente en la preparación y divulgación del informe Guatemala: Nunca Más, también recibió amenazas graves. El 28 de abril de 1998, un pickup con doble cabina rodeó su casa durante 30 minutos. El 4 de mayo, un sedán blanco con vidrios polarizados y sin licencia se detuvo ante su casa. Un hombre salió del vehículo, tomó furtivamente algunos fotografías y salió del lugar. Seis días después, cuando la mujer de un trabajador de la parroquia del padre Nota salía para hacer compras, observó a dos personas detrás de ella acompañadas por el mismo sedán blanco. Cuando se disponía a cruzar la calle, los dos hombres le cerraron el paso y le dijeron que le dijera al sacerdote que huyera del país porque lo tenían controlado e iban a matarle si no se iba. El padre Nota salió de Guatemala el 24 de mayo.

El 12 de julio, un miembro de la ODHAG recibió una llamada telefónica en la que el hombre al otro lado de la línea dijo: "te tenemos controlado, hijo de puta. Vamos a matarte y ni siquiera te darás cuenta." Este miembro de la ODHAG, acompañado por otros miembros de la oficina y representantes de MINUGUA, había ido el día anterior a la frontera entre Guatemala y El Salvador para recoger un cargamento de copias del informe Guatemala: Nunca Más.

El 16 de agosto, Dan Vogt, sacerdote de la parroquia de El Estor, Izabal, fue alertado por un amigo que había escuchado recientemente a personas discutiendo un plan para asesinar a Vogt en un robo fingido. Otro informante dijo al párroco que personas que no se identificaron le habían preguntando sobre las idas y venidas de Vogt. El sacerdote ha sido objeto de numerosas amenazas de muerte relacionadas con su trabajo de derechos humanos en El Estor.