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El Papel de la Comunidad Internacional
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El Papel de la Comunidad Internacional

La Organización de las Naciones Unidas

El 6 de abril de 1997 fue la fecha de la apertura oficial de la oficina en Bogotá de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la embajadora Almudena Mazarrasa y compuesta por cinco expertos y un director adjunto. En 1998, la oficina continuó presionando el Gobierno en temas de derechos humanos, entre ellos las reformas del código penal militar y el respeto al derecho internacional humanitario. Los expertos viajaron por todo el país para documentar abusos y celebraron reuniones periódicas con funcionarios del Gobierno, representantes de las organizaciones de derechos humanos y colombianos que querían presentar quejas.

Durante la 54ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la oficina presentó su primer informe, que fue considerado implacable. En el informe se concluía que existían abundantes pruebas de continuas acciones conjuntas de militares y paramilitares que se saldaban con violaciones de los derechos humanos, así como de un incumplimiento del derecho humanitario por todas las partes en conflicto.

En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos aumentó el número de expertos en la oficina de Bogotá de siete a 12. Además, la alta comisionada Mary Robinson expresó su profunda preocupación sobre Colombia y señaló que la mayoría de las violaciones denunciadas había sido atribuida a paramilitares que operaban con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Robinson señaló también que seguían produciéndose muchos intentos de asesinato, entre ellos las llamadas operaciones de limpieza social contra personas de la calle y niños sin hogar. En octubre, durante su visita a Colombia, Robinson se pronunció enérgicamente en defensa de los defensores de los derechos humanos y en contra de la impunidad de los oficiales, que sigue reinando en los tribunales administrados por las fuerzas armadas.

La Unión Europea

Algunas embajadas y diplomáticos europeos adoptaron una postura destacada con la intención de disminuir la violencia política y el sufrimiento que provoca. Por su parte, la Unión Europea continuó presionando a Colombia para que mejorara su historial en materia de derechos humanos y emitió declaraciones contundentes criticando la impunidad y reclamando la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Tras los asesinatos de los defensores de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña, el Parlamento Europeo aprobó resoluciones condenando las muertes y reclamando a las autoridades colombianas que investigaran y adoptaran medidas urgentes, eficaces y preventivas para proteger y salvaguardar la actividad de los que trabajan por los derechos humanos, sociales, sindicales y campesinos y de los líderes políticos, y disolver los grupos paramilitares.

Estados Unidos

Estados Unidos condujo una política de dos caras en Colombia. Por una parte, la administración Clinton convirtió los derechos humanos en una parte importante de sus relaciones con Colombia y apoyó las negociaciones de paz. Al mismo tiempo, la guerra contra el narcotráfico se mantuvo en el centro de la política estadounidense. En el año fiscal 1998, se habían previsto para Colombia 119 millones de dólares en ayuda antidroga, que incluía equipo y capacitación. Se esperaba un aumento considerable en el presupuesto definitivo de 1999 con la inclusión de seis helicópteros Black Hawk para la Policía Nacional.

En 1998, el Departamento de Estado publicó el informe sobre Colombia más detallado y crítico en materia de derechos humanos hasta ahora, en el que se concluía que "las fuerzas armadas cometieron numerosos y graves abusos de los derechos humanos." Además, en el informe se señalaba que "la administración Samper no había adoptado medidas para frenar los abusos cada vez mayores cometidos por los grupos paramilitares, lo que rayaba en una política de aquiescencia tácita."Con respecto a la impunidad, en el informe se indicaba que "a finales de año [1997], las fuerzas armadas ejercían su competencia sobre muchos casos relacionados con personal militar acusado de abusos, un sistema que ha establecido un historial casi ininterrumpido de impunidad."

A este informe le siguió una carta en abril de la secretaria de Estado Madeleine Albright al senador Patrick Leahy, co-patrocinador de una enmienda que imponía condiciones en materia de derechos humanos a la ayuda antidroga ofrecida por el Departamento de Estado. La llamada Enmienda Leahy prohibía que estos fondos se entregaran a una unidad de las fuerzas de seguridad de otros países si la Secretaria de Estado contaba con pruebas creíbles de que la unidad en cuestión había cometido graves violaciones de los derechos humanos, a menos que la Secretaria determinara e informara a los comités de apropiaciones del Congreso de que el Gobierno involucrado estaba adoptando medidas efectivas para impartir justicia a los miembros responsables de la unidad de las fuerzas de seguridad.

En su carta, la secretaria Albright anunció que el espíritu de la enmienda se aplicaría a la mayoría de la ayuda antidroga, lo que incluía la cantidad suspendida después de que Colombia fuera "descertificada"por segunda vez consecutiva en 1997 por no cumplir los objetivos estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. A mediados de 1998, sólo se había aprobado totalmente la entrega de fondos a una unidad del Ejército Colombiano. Los funcionarios estadounidenses pidieron al Ejército Colombiano que trasladara a dos oficiales de otra unidad cuya financiación se estaba considerando debido a las denuncias pendientes de violaciones de los derechos humanos contra ellos.

Human Rights Watch y otras organizaciones protestaron la idea de que un simple traslado pudiera satisfacer las condiciones de la enmienda, dado que pedía la adopción de "medidas efectivas" para impartir justicia a los miembros responsables de la unidad de las fuerzas de seguridad. En general, se mantuvo ampliamente en secreto el método empleado por Estados Unidos para examinar las posibles violaciones de los derechos humanos por parte de las unidades de las fuerzas armadas, antes de entregarles la ayuda.

En mayo de 1998, el Gobierno adoptó una medida bien recibida con la revocación del visado del general Iván Ramírez para viajar a Estados Unidos, debido presuntamente a su vieja relación con narcotraficantes y paramilitares, y a violaciones de los derechos humanos. Además, el Washington Post informó que había sido un informante pagado de la CIA, una acusación que desmintió.

Algunos republicanos del Congreso de EE.UU. criticaron la postura de la administración en relación con la Enmienda Leahy y alegaron que las preocupaciones en materia de derechos humanos obstaculizaban la guerra contra las drogas. Encabezados por el Comité de Relaciones Exteriores y su presidente, el congresista Benjamin Gilman, los republicanos intentaron sin éxito eliminar la Enmienda Leahy del proyecto ley de operaciones extranjeras de 1998. Por el contrario, la Enmienda Leahy se incluyó en la Sección 570 de la Ley de Apropiaciones de Operaciones Extranjeras, lo que amplió considerablemente su ámbito de aplicación a toda la asistencia antidroga autorizada en virtud de esta legislación.

No obstante, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Defensa de Estados Unidos siguieron trabajando con unidades de las fuerzas de seguridad colombianas que no habían sido sometidas a una revisión en materia de derechos humanos, dado que la ayuda se autoriza en virtud de otras leyes que no incluyen condiciones de derechos humanos. Según el Washington Post, los oficiales estadounidenses continuaron capacitando a unidades colombianas en técnicas de "tiro y maniobra," antiterrorismo y reunión de inteligencia, a pesar de que no se había examinado a sus miembros. Cuando se informó de programas similares en Indonesia y Ruanda, el senador Leahy propuso leyes para prohibir que el Pentágono realice ejercicios conjuntos con violadores de los derechos humanos, a no ser que el Secretario de Defensa concluya que existe una necesidad extraordinaria de no aplicar la ley. Cuando se escribió este informe, no se había decretado dicha legislación.

Tras una serie de derrotas del ejército por parte de las FARC en los primeros meses de 1998, los funcionarios estadounidenses empezaron a referirse a Colombia como una amenaza para la seguridad en la región y mencionaron la necesidad de ayuda directa al ejército para luchar contra la guerrilla. El 31 de marzo de 1998, el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de EE.UU., declaró ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes que Colombia era "el país más amenazado en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos." Tras una visita a Colombia ese mismo mes, en lugar de exponer la grave situación de los derechos humanos en el país, Wilhelm dijo a los periodistas que las críticas a los abusos militares eran "injustas" y que la guerrilla violaba los derechos humanos con más frecuencia que las fuerzas de seguridad o los paramilitares, una afirmación que no sólo demostraba una profunda falta de entendimiento del derecho de derechos humanos, sino que también constituía una grave tergiversación de los hechos que contradecía hasta las opiniones desalentadoras del Departamento de Estado.

En lugar de mantener los derechos humanos en un lugar preferente de la agenda de la Embajada de Estados Unidos, tras asumir el cargo en marzo, el nuevo embajador Curtis Kamman impuso un virtual bloqueo informativo de las declaraciones públicas en apoyo de los derechos humanos, lo que supuso un retroceso. Aunque los funcionarios de la embajada afirmaron que los derechos humanos permanecían en la agenda privada, el efecto general fue negativo, al disminuir la importancia del tema y su impacto en Colombia en un momento crucial.

Informes Relevantes de Human Rights Watch

Guerra sin cuartel: Colombia y el Derecho Internacional Humanitario, 10/98