La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
El Papel de la Comunidad Internacional
Informes Relevantes de Human Rights Watch

La Defensa de los Derechos Humanos

La defensa de los derechos humanos siguió siendo una profesión arriesgada en Colombia. En los primeros nueve meses de 1998, fueron asesinados al menos seis defensores de los derechos humanos, entre ellos investigadores del Gobierno, funcionarios encargados de investigar las denuncias de violaciones de derechos. Uno de los departamentos más peligrosos para el trabajo de derechos humanos fue Antioquia. El 27 de febrero de 1998, tres sicarios abatieron a tiros al abogado de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, en su oficina de Medellín. Se trataba del cuarto presidente del Comité asesinado desde 1987. Cuando se escribió este informe, dos hombres vinculados a las AUC estaban detenidos en relación con el asesinato.

Menos de dos meses después de la muerte de Valle, tres sicarios mataron al abogado de derechos humanos Eduardo Umaña, en su apartamento de Bogotá. El asesinato de Umaña se produjo poco después de que las Naciones Unidas aprobaran una declaración apoyando el trabajo de los defensores de los derechos humanos en Colombia. Durante una huelga de empleados del Estado, el 19 de octubre, Jorge Ortega, vicepresidente de uno de los sindicatos más importantes de Colombia y defensor de los derechos humanos, fue asesinado. Ortega había recibido muchas amenazas de muerte y había solicitado protección por última vez al Gobierno un día antes de su muerte. No obstante, el Gobierno había retrasado la asignación de un guardaespaldas y Ortega estaba sólo cuando un pistolero le disparó frente a su apartamento de Bogotá.

La Vigésima Brigada del Ejército Colombiano siguió amenazando a defensores de los derechos humanos hasta poco antes de la suspensión de sus operaciones y su posterior reorganización con el nombre de Centro de Inteligencia Militar (CIME). Cuando Human Rights Watch declaró correctamente que los investigadores del Gobierno consideraban que los asesinatos de Valle y Umaña podían estar vinculados con la Vigésima Brigada, el Comandante del Ejército dirigió sus ataques al director de la división de las Américas de Human Rights Watch, al que calificó de "enemigo de Colombia." Cuando al día siguiente asesinaron a un general retirado y ex ministro de defensa en Santafé de Bogotá, el 12 de mayo de 1998, el ejército volvió a acusar a Human Rights Watch, esta vez de una "campaña de difamación y calumnia contra las fuerzas militares" que "condujo al asesinato."

Posteriormente, la Vigésima Brigada aportó información falsa a la Fiscalía General implicando en el asesinato a Justicia y Paz, una organización respetada de derechos humanos. El 13 de mayo, los soldados tomaron las oficinas de la organización. Los soldados concentraron el registro en las oficinas de "Nunca Más," un proyecto de investigación patrocinado por Justicia y Paz que documenta crímenes de lesa humanidad. Obligaron a los empleados a arrodillarse a punta de pistola, según dijeron, para poder tomarles fotos, un acto cuya finalidad era probablemente sembrar el terror y evocar una ejecución sumaria. Durante el registro, los soldados se dirigieron a los empleados llamándoles "guerrilleros" y les filmaron en video junto con documentos de la oficina. En un momento, los soldados pidieron detalles precisos sobre la oficina con el fin de construir posteriormente un modelo a escala, aparentemente para planear nuevas incursiones. Además, los soldados instalaron una cámara para filmar a los defensores de los derechos humanos reunidos en el exterior para mostrar su preocupación.

Los investigadores del propio Gobierno fueron atacados. En septiembre, los investigadores judiciales Edilbrando Roa López y Jhon Alejandro Morales Patiño, asignados a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General para investigar una serie de masacres relacionadas con paramilitares en Sonsón, Antioquia, fueron secuestrados en un retén y asesinados posteriormente. Cuando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General emitió órdenes de arresto contra Carlos Castaño y su hermano mayor, Fidel, por ser los autores intelectuales de los asesinatos en 1997 de los empleados del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado, y del padre de ésta, Carlos Alvarado, Carlos Castaño envió amenazas de muerte a la unidad. Cuatro de los presuntos asesinos están detenidos.

En julio, las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar divulgaron una amenaza con los nombres de Osiris Bayther, Presidente del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), una organización de derechos humanos colombiana que trabaja en la región del Magdalena Medio, y de Heriberto Hernández, Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), calificándolos de "objetivos militares" por colaborar presuntamente con la guerrilla. También amenazaron al padre Javier Giraldo, director de Justicia y Paz y viejo defensor del cese de la impunidad de las fuerzas de seguridad.

En las postrimerías de los asesinatos de Valle y Umaña, la administración Samper destinó casi un millón de dólares en fondos de emergencia para la protección de los defensores de los derechos humanos, equipándolos con chalecos antibalas, cámaras de seguridad y reforzando las puertas de las oficinas, medidas recomendadas por la Policía Nacional. Además, la Procuraduría (la agencia del Gobierno encargada de investigar las denuncias de mala conducta oficial) había aceptado revisar los documentos oficiales de inteligencia con el fin de eliminar de ellos las referencias al trabajo de derechos humanos como una actividad delictiva. Sin embargo, cuando se escribió este informe no se había adoptado ninguna de las medidas de seguridad y el Procurador no había iniciado todavía la revisión de los documentos de inteligencia.

La defensa de los derechos humanos siguió siendo una profesión arriesgada en Colombia. En los primeros nueve meses de 1998, fueron asesinados al menos seis defensores de los derechos humanos, entre ellos investigadores del Gobierno, funcionarios encargados de investigar las denuncias de violaciones de derechos. Uno de los departamentos más peligrosos para el trabajo de derechos humanos fue Antioquia. El 27 de febrero de 1998, tres sicarios abatieron a tiros al abogado de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, en su oficina de Medellín. Se trataba del cuarto presidente del Comité asesinado desde 1987. Cuando se escribió este informe, dos hombres vinculados a las AUC estaban detenidos en relación con el asesinato.

Menos de dos meses después de la muerte de Valle, tres sicarios mataron al abogado de derechos humanos Eduardo Umaña, en su apartamento de Bogotá. El asesinato de Umaña se produjo poco después de que las Naciones Unidas aprobaran una declaración apoyando el trabajo de los defensores de los derechos humanos en Colombia. Durante una huelga de empleados del Estado, el 19 de octubre, Jorge Ortega, vicepresidente de uno de los sindicatos más importantes de Colombia y defensor de los derechos humanos, fue asesinado. Ortega había recibido muchas amenazas de muerte y había solicitado protección por última vez al Gobierno un día antes de su muerte. No obstante, el Gobierno había retrasado la asignación de un guardaespaldas y Ortega estaba sólo cuando un pistolero le disparó frente a su apartamento de Bogotá.

La Vigésima Brigada del Ejército Colombiano siguió amenazando a defensores de los derechos humanos hasta poco antes de la suspensión de sus operaciones y su posterior reorganización con el nombre de Centro de Inteligencia Militar (CIME). Cuando Human Rights Watch declaró correctamente que los investigadores del Gobierno consideraban que los asesinatos de Valle y Umaña podían estar vinculados con la Vigésima Brigada, el Comandante del Ejército dirigió sus ataques al director de la división de las Américas de Human Rights Watch, al que calificó de "enemigo de Colombia." Cuando al día siguiente asesinaron a un general retirado y ex ministro de defensa en Santafé de Bogotá, el 12 de mayo de 1998, el ejército volvió a acusar a Human Rights Watch, esta vez de una "campaña de difamación y calumnia contra las fuerzas militares" que "condujo al asesinato."

Posteriormente, la Vigésima Brigada aportó información falsa a la Fiscalía General implicando en el asesinato a Justicia y Paz, una organización respetada de derechos humanos. El 13 de mayo, los soldados tomaron las oficinas de la organización. Los soldados concentraron el registro en las oficinas de "Nunca Más," un proyecto de investigación patrocinado por Justicia y Paz que documenta crímenes de lesa humanidad. Obligaron a los empleados a arrodillarse a punta de pistola, según dijeron, para poder tomarles fotos, un acto cuya finalidad era probablemente sembrar el terror y evocar una ejecución sumaria. Durante el registro, los soldados se dirigieron a los empleados llamándoles "guerrilleros" y les filmaron en video junto con documentos de la oficina. En un momento, los soldados pidieron detalles precisos sobre la oficina con el fin de construir posteriormente un modelo a escala, aparentemente para planear nuevas incursiones. Además, los soldados instalaron una cámara para filmar a los defensores de los derechos humanos reunidos en el exterior para mostrar su preocupación.

Los investigadores del propio Gobierno fueron atacados. En septiembre, los investigadores judiciales Edilbrando Roa López y Jhon Alejandro Morales Patiño, asignados a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General para investigar una serie de masacres relacionadas con paramilitares en Sonsón, Antioquia, fueron secuestrados en un retén y asesinados posteriormente. Cuando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General emitió órdenes de arresto contra Carlos Castaño y su hermano mayor, Fidel, por ser los autores intelectuales de los asesinatos en 1997 de los empleados del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado, y del padre de ésta, Carlos Alvarado, Carlos Castaño envió amenazas de muerte a la unidad. Cuatro de los presuntos asesinos están detenidos.

En julio, las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar divulgaron una amenaza con los nombres de Osiris Bayther, Presidente del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), una organización de derechos humanos colombiana que trabaja en la región del Magdalena Medio, y de Heriberto Hernández, Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), calificándolos de "objetivos militares" por colaborar presuntamente con la guerrilla. También amenazaron al padre Javier Giraldo, director de Justicia y Paz y viejo defensor del cese de la impunidad de las fuerzas de seguridad.

En las postrimerías de los asesinatos de Valle y Umaña, la administración Samper destinó casi un millón de dólares en fondos de emergencia para la protección de los defensores de los derechos humanos, equipándolos con chalecos antibalas, cámaras de seguridad y reforzando las puertas de las oficinas, medidas recomendadas por la Policía Nacional. Además, la Procuraduría (la agencia del Gobierno encargada de investigar las denuncias de mala conducta oficial) había aceptado revisar los documentos oficiales de inteligencia con el fin de eliminar de ellos las referencias al trabajo de derechos humanos como una actividad delictiva. Sin embargo, cuando se escribió este informe no se había adoptado ninguna de las medidas de seguridad y el Procurador no había iniciado todavía la revisión de los documentos de inteligencia.