En el año 2000, el Presidente Bill Clinton firmó un paquete de ayuda por valor de 1.300 millones de dólares para los países andinos involucrados en el combate contra las drogas. La mayoría era asistencia militar para Colombia, que inicialmente llegó a conocerse como "Plan Colombia" y supuso un drástico aumento del financiamiento militar estadounidense a dicho país. En el paquete final, el Congreso de Estados Unidos incluyó condiciones de derechos humanos que exigían un avance claro y convincente del Gobierno Colombiano en varios aspectos: la suspensión de miembros de las fuerzas de seguridad creíblemente acusados de haber cometido abusos a los derechos humanos; avances significativos en los procesos de crímenes de derechos humanos; y medidas para romper los lazos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares, y detener y procesar a conocidos paramilitares y sus líderes.63
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El financiamiento estadounidense ha intentado fortalecer los procesos de derechos humanos, que ahora se están viendo ampliamente debilitados por el Fiscal General.
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Reconociendo que la capacidad de Colombia para cumplir estas condiciones de derechos humanos dependería en gran parte del funcionamiento eficaz de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, el Congreso incluyó 25 millones de dólares para apoyar la labor de la Unidad y establecer oficinas satélite en todo el país. Esta ayuda se situó bajo el control del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que la dividió en dos partes: 7 millones para expandir la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General mediante la creación de 11 oficinas satélite fuera de Bogotá y la formación de fiscales e investigadores; y 18 millones para la compra de equipo forense con el fin de mejorar la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para procesar pruebas basadas en huellas digitales, balística, ADN e imágenes digitales. Se asignaron otros 300.000 dólares para cubrir los gastos de viaje de los fiscales encargados de casos de derechos humanos. 64
En su informe conjunto de 2002, los miembros del Congreso de Estados Unidos reprendieron a los funcionarios del Departamento de Justicia por no haberles consultado antes de gastar la ayuda destinada a cubrir las necesidades urgentes de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en equipo forense altamente sofisticado. Esta tecnología era incompatible con el equipo que ya estaba utilizando la policía colombiana y, a junio de 2002, dos años después de su envío, seguía sin estar en funcionamiento. 65 Aunque se puede defender su utilidad, el equipo forense no "solucionó las necesidades prioritarias en esta unidad de seguridad, movilidad y equipo de comunicaciones para los fiscales, en particular para los fiscales que trabajan en ciudades secundarias y regiones remotas", señaló el Congreso de Estados Unidos. 66
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Mientras no exista la voluntad política de perseguir estos casos, no habrá cantidad de dinero, formación o equipo que pueda mejorar la actuación de la institución.
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A junio de 2002, se habían establecido las 11 unidades que contaban con fiscales e investigadores en Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. Las unidades también recibieron computadoras, mesas, máquinas de fax, radios y equipo móvil para llevar a cabo exhumaciones. 67 Este equipo ha resultado de utilidad en la investigación de casos importantes, tales como la masacre de Bojayá del 1 de mayo de 2002, en la que los guerrilleros de las FARC-EP lanzaron bombas de cilindros de gas que hicieron impacto en una iglesia repleta de refugiados y mataron a 119 civiles. 68
Desafortunadamente, los fiscales de las oficinas satélite de la Unidad Nacional de Derechos Humanos siguen enfrentándose a obstáculos de enormes proporciones. En una visita a la nueva oficina satélite de Medellín (que cubre seis departamentos) 69, los fiscales dijeron que tenían un volumen aplastante de casos, escasos recursos, mal equipamiento, ningún fondo para viajes y un estrés constante asociado con la investigación de algunos de los criminales más peligrosos de Colombia. Incluso un caso tan notorio como la masacre de Bojayá era difícil de abordar para los fiscales. La prensa internacional llegó al lugar de los hechos a las 24 horas del ataque. Al no contar con medios independientes de transporte ni seguridad adecuada, a los fiscales les llevó diez días. Como señaló un fiscal que pidió quedar en el anonimato: "Me siento impotente… tenemos que pedirle al ejército que nos transporte en el helicóptero, y si viajamos así, la gente nos ve aterrizar en la base militar y tienen miedo de hablar con nosotros. En diez días, hay tiempo de sobra para limpiar y eliminar pruebas". 70
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Desafortunadamente, los fiscales de las oficinas satélite de la Unidad Nacional de Derechos Humanos siguen enfrentándose a obstáculos de enormes proporciones.
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Los Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshalls) también están colaborando con la Fiscalía General de la Nación para mejorar la protección que reciben los empleados y los testigos amenazados. Durante una visita de junio de 2002 a Colombia, Human Rights Watch fue informado de que Colombia tenía previsto recibir 60 vehículos blindados para fiscales e investigadores amenazados, particularmente aquellos asignados a las nuevas oficinas satélite. "Estamos intentando que los fiscales sigan su trabajo", dijo Paul Vaky, director regional para América Latina, Oficina de Asistencia y Formación en el Desarrollo Procesal en el Extranjero (Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training, OPDAT) del Departamento de Justicia de Estados Unidos. "De otro modo, dejamos que ganen los malos". 71
Pero que estos fiscales puedan seguir haciendo su trabajo puede exigir algo más que vehículos blindados y equipo forense. El financiamiento estadounidense ha intentado fortalecer los procesos de derechos humanos, que ahora se están viendo ampliamente debilitados por el Fiscal General. Mientras no exista la voluntad política de perseguir estos casos, no habrá cantidad de dinero, formación o equipo que pueda mejorar la actuación de la institución. Hasta que los líderes de Colombia puedan garantizar al Gobierno de Estados Unidos que los fiscales colombianos actúan de manera autónoma y puede perseguir investigaciones prometedoras sin temor por sus vidas o sus carreras, se estará desperdiciando gran parte de la asistencia.
Además, la mayoría del financiamiento para las oficinas satélite procede de Estados Unidos y no está claro si el Fiscal General las mantendrá en funcionamiento sin ayuda adicional de Estados Unidos. 72 El Departamento de Estado había propuesto para el año fiscal 2003 la entrega de 10 millones de dólares adicionales a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que estaba pendiente de aprobación cuando se escribió este informe. 73
63La prensa suele informar equivocadamente de que el paquete final para Colombia incluía 1.300 millones de dólares en asistencia. Esta cifra es el total entregado a varios países andinos. De esa cantidad, Colombia recibió 860 millones, de los cuales se destinaron tres cuartas partes a la asistencia militar y policial. Menos del tres por ciento se asignó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Véase Congressional Record, 29 de junio de 2000, pp. 5527-5530. Este documento está disponible en http://www.ciponline.org/colombia/confrept.pdf.
64"SUBJECT: POST COMMENTS ON Human Rights Watch SIXTH DIVISION REPORT ON MILITARY PARAMILITARY TIES", Embajada de Estados Unidos en Bogotá, recibido por Human Rights Watch el 24 de junio de 2002.
65Entrevista de Human Rights Watch con Mary Lee Warren, Asistente del Vicefiscal General, División Criminal, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Washington, D.C., 30 de mayo de 2002.
66Conference report on H.R. 2506, the Foreign Operations Appropriations bill, 2002.
67 Entrevista de Human Rights Watch con Paul Vaky, director regional para América Latina, Oficina de Asistencia y Formación en el Desarrollo Procesal en el Extranjero (Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training, OPDAT), Departamento de Justicia de Estados Unidos, Washington, D.C., 30 de mayo de 2002.
68Human Rights Watch ha protestado las violaciones al derecho internacional humanitario por parte de la guerrilla, entre ellas el uso de bombas de cilindros de gas. Human Rights Watch, "Las FARC deben abandonar el uso de los cilindros de gas", 8 de mayo de 2002. Puede leer nuestra carta al Comandante de las FARC-EP Manuel Marulanda en http://www.hrw.org/spanish/cartas/2002/cilindros.pdf.
69Los seis departamentos cubiertos por la oficina de Medellín son Antioquia, Caldas, Chocó, Córdoba, Risaralda y Sucre.
70Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, 26 de junio de 2002.
71 Entrevista de Human Rights Watch con Paul Vaky.
72La Unidad Nacional de Derechos Humanos también recibe fondos de países europeos, entre ellos los Países Bajos y Suecia.
73La Unidad Nacional de Derechos Humanos no recibió fondos adicionales en el año fiscal 2002. International Narcotics and Law Enforcement: FY 2003 Budget Justification, Oficina para los Asuntos Relacionados con el Narcotráfico Internacional y la Aplicación de la Ley (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs), Departamento de Estado, mayo de 2002. Este documento puede consultarse en http://www.state.gov/g/inl/rls/rpt/cbj/fy2003/10559.htm.
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