III. EL GOBIERNO DE PASTRANA

Aunque las Fuerzas Armadas continúan con una agresiva campaña publicitaria para limpiar su imagen, sobre el terreno siguen apoyando firmemente a los grupos paramilitares.

El Gobierno de Pastrana no ha hecho prácticamente nada para ocuparse de las atrocidades cometidas por los paramilitares ni de la colaboración constante entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares abusivos. Tal como lo describió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 2000, la respuesta del Gobierno al empeoramiento de la situación de los derechos humanos ha sido "débil e inconsistente". ²²⁷

Existe gran cantidad de información disponible sobre quién comete atrocidades y por qué. A veces esta información se revela con gran detalle mucho antes de cualquier ataque. Sin embargo, los intentos del Gobierno por identificar y castigar a los responsables son débiles y en ocasiones totalmente ficticios, y se toman pocas medidas para neutralizar la violencia planeada antes de que haya víctimas que lamentar.

"Sabemos que hay personas de buenas intenciones en el Gobierno, pero la política del Estado no responde a estas intenciones", comentó un sindicalista de Valle. ²²⁸

Con la notable excepción de la Fiscalía General y su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de un grupo de oficiales de alto rango de la PNC, de la Defensoría y de funcionarios aislados, el Gobierno de Pastrana ha dedicado la mayor parte de su tiempo y su energía a elaborar una sofisticada campaña de relaciones públicas para destacar sus buenas intenciones. Pero esta campaña todavía ha de traducirse en medidas eficaces que se ocupen de las fuentes de la violencia, especialmente de los continuos lazos entre los grupos militares y paramilitares.

Un alto funcionario del Gobierno lo expuso de esta forma: "Hay una fractura entre el poder civil y el poder militar. Las autoridades políticas dan órdenes que se combate el paramilitarismo, y el poder militar las oye pero no las cumple". ²²⁹

"Las Fuerzas Armadas están llevando a cabo un doble juego", comentó un observador internacional a Human Rights Watch."Aunque continúan con una agresiva campaña publicitaria para limpiar su imagen, sobre el terreno siguen apoyando firmemente a los grupos paramilitares." ²³⁰

Órdenes de arresto sin ejecutar

Una forma de medir el fracaso del Gobierno de Pastrana en la adopción de medidas consiste en analizar lo que ocurre con las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía General para supuestos paramilitares. Según miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General (CTI), en enero de 2001 este organismo tenía más de 300 órdenes de arresto pendientes contra supuestos miembros de las fuerzas paramilitares. Entre ellas había al menos veintidós órdenes diferentes contra Carlos Castaño, por masacres, asesinatos y secuestros de defensores de los derechos humanos y de un senador colombiano. ²³¹

Sin embargo, el CTI ha tenido cada vez más dificultades para efectuar detenciones. En 1998, por ejemplo, el CTI efectuó 120 detenciones con este tipo de órdenes. Ese número descendió hasta ochenta y ocho en 1999 y a sesenta y cinco en 2000. ²³² [Ver Apéndice II]

Investigadores gubernamentales de cuatro instituciones diferentes consultados por Human Rights Watch culparon del descenso en el número de detenciones a las Fuerzas Armadas colombianas. Según estos investigadores, las Fuerzas Armadas se negaron a enviar tropas para efectuar las detenciones e incluso filtraron los planes de arresto a los paramilitares.

"Hay casos donde no podemos hacer efectivas las órdenes de captura para los paramilitares porque nos hace falta capacidad militar para enfrentarlos", explicó un alto investigador gubernamental, que solicitó permanecer en el anonimato. Cuando las Fuerzas Armadas colombianas están implicadas, dijo este investigador, "la información se filtra y cuando llegamos no hay nadie. En muchos casos saben dónde están pero no actúan". ²³³

Por su parte, las Fuerzas Armadas afirmaron haber detenido a paramilitares y, con frecuencia, ilustraron estas afirmaciones con gráficos en color realizados con PowerPoint. Pero investigadores civiles gubernamentales insistieron a Human Rights Watch que la mayor parte de los que aparecían como detenidos en las cuentas de las Fuerzas Armadas no eran más que personal de bajo nivel, ni líderes ni organizadores clave. La Fiscalía, actuando a veces en colaboración con el CTI y la PNC, posee un registro mucho mejor de detenciones de líderes paramilitares. ²³⁴

Por ejemplo, el 24 de mayo de 2001, la Fiscalía General practicó detenciones y registros sin precedentes en la ciudad de Montería, Córdoba, considerada durante mucho tiempo una fortaleza de Carlos Castaño. En la redada participó una unidad especial del Ejército de Colombia traída desde Bogotá. Posteriormente se informó de que las autoridades habían realizado treinta y un registros y habían detenido al menos a cinco personas que presumiblemente tenían lazos con los paramilitares. Entre las casas registradas se encontraba una que pertenecía a Salvatore Mancuso, El Mono, presunto miembro de alto nivel de las AUC, buscado en relación con varias masacres. ²³⁵ Resulta significativo el hecho de que los fiscales emplearan soldados de la capital y no de Montería, un feudo paramilitar, donde desde hace tiempo se vincula a la IXa Brigada co n el apoyo a los paramilitares.

Pero incluso estas detenciones pueden resultar ilusorias. Desde 1998, al menos quince supuestos líderes paramilitares que habían sido detenidos han pasado después por delante de los guardias, soldados y policías camino de la libertad: ²³⁶

Omar Yesud López Alarcón: considerado el jefe de la facción norte de las AUC. Se fugó de la prisión de Cucutá, Norte de Santander, el 17 de mayo de 2001. Había sido detenido a finales de 2000, acusado de ser el cerebro de distintas masacres en el noreste de Colombia. ²³⁷

Martín Villa Montoya: presunto participante en la masacre de El Salado. ²³⁸ Se fugó de la prisión donde se encontraba detenido en marzo de 2001, sólo unos días después de que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General presentara cargos formales contra él y contra otros catorce presuntos participantes en el asesinato de treinta y seis personas. ²³⁹

Jorge Iván Laverde Zapata, alias Sebastián o El Iguano: el 22 de noviembre de 2000, cuando Laverde, acusado de pertenecer a las AUC, estaba siendo intervenido en un hospital, llegaron treinta miembros de su grupo para escoltarle hacia la libertad. Aunque se consideraba a Laverde un comandante paramilitar y el hombre de confianza de Carlos Castaño, los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de su custodia no tomaron medidas especiales para evitar su fuga o detener a los pistoleros de las AUC. ²⁴⁰ De hecho, se sabía que existía el riesgo de que Laverde se fugase, puesto que ya lo había hecho después de que la PNC lo detuviera el 18 de enero de 2000 cerca de Turbo, Antioquia. ²⁴¹ Cuando huyó por segunda vez, se informó de que Laverde tenía tres órdenes de arresto contra & eacute;l por homicidio y actividades paramilitares, y de que estaba considerado un comandante de las AUC en el departamento del Norte de Santander. ²⁴²

Salomón Feris Chadid: oficial militar retirado vinculado a asesinatos en el departamento de Sucre. Escapó varias semanas después de su detención en agosto de 2000. ²⁴³

Francisco Javier Piedrahíta: fue detenido y acusado de financiar a los paramilitares en la costa caribeña de Colombia. Escapó tranquilamente el 31 de diciembre de 1999 cuando era escoltado hasta una clínica de Barranquilla para ser intervenido. ²⁴⁴

Humberto Caicedo Grosso: parece que un corte de pelo de estilo militar fue todo lo que necesitó este supuesto paramilitar, conocido como HK, para salir de la VIa Brigada del Ejército en Yopal, Casanare, dos días después de su detención el 18 de febrero de 2000. Aparentemente, Caicedo escapó por la entrada principal de la brigada. Según un informe de El Espectador, la fuga ni siquiera fue registrada por el Ejército de Colombia hasta el 8 de marzo. La Fiscalía General abrió posteriormente una investigación a dos coroneles y un capitán del Ejército por su presunta participación en la preparación de la fuga. ²⁴⁵ Caicedo estuvo implicado después en la mayor toma de rehenes registrada en Colombia: el secuestro, el 16 de mayo de 2001, de 198 trabajadores africanos de las palmeras en el departamento de Casanare. Posteriormente se informó de que todos los trabajadores habían sido liberados. ²⁴⁶

Héctor Buitrago, Tripas: Buitrago fue detenido en conexión con la muerte de once personas tras el ataque del 3 de octubre de 1997 a una comisión judicial del Gobierno en las afueras de San Carlos de Guaroa, Meta. La comisión pretendía incautarse el rancho de un supuesto narcotraficante que financiaba grupos paramilitares. Buitrago escapó cuando se le trasladaba de una cárcel de Villavicencio a un hospital local tras quejarse de síntomas de infarto cardiaco. Hombres armados interceptaron el vehículo que lo trasladaba y mataron a Carmen Rosa Burgos, la enfermera que le atendía. ²⁴⁷

Jacinto Soto Toro, alias Lucas o Aníbal: importante contable de las AUC, salió de la prisión Bellavista de Medellín el 2 de noviembre de 1998. ²⁴⁸ El CTI lo había detenido el 30 de abril de 1998, al descubrirlo en una oficina donde, según las autoridades, se realizaba la contabilidad de los paramilitares y se guardaban documentos relacionados con cuentas corrientes, negocios falsos y nombres de colombianos que habían donado dinero u otros bienes. ²⁴⁹ Según el director de la prisión, Soto pudo escapar porque tenía un documento falso firmado por un fiscal local que autorizaba a los guardas a liberarle. ²⁵⁰

Existen informaciones que aseguran que otros líderes paramilitares en prisión siguen organizando acciones militares desde sus celdas. ²⁵¹

Oficiales militares acusados o condenados por asesinato y por ayudar a los paramilitares también han eludido la detención con facilidad. Según la Fiscalía General, desde 1996, al menos cuarenta y cuatro soldados implicados en delitos graves han abandonado las instalaciones militares donde estaban bajo custodia. Diecisiete fugitivos abandonaron instalaciones que estaban bajo el mando de la IVa Brigada, con sede en Medellín, la brigada, con el peor historial. El teniente Carlos Alberto Acosta Tarazona llegó incluso a escapar dos veces, la última, de unas instalaciones especiales de las Fuerzas Armadas en Tolemaida. ²⁵²

Mayor Diego Fino: detenido y acusado de complicidad en el asesinato, en 1999, de Álex Lopera, antiguo asesor para la paz del departamento de Antioquia, y de dos personas más. En aquel tiempo era comandante y dirigía el Batallón Juan del Corral, integrante de la IVa Brigada. En marzo de 2000 abandonó la IVa Brigada, en cuyas instalaciones se había informado que estaba detenido. ²⁵³ En junio de 2001, un juez civil declaró a Fino culpable in absentia del triple asesinato. ²⁵⁴

Mayor David Hernández: Comandante del Batallón de Granaderos de la Cuarta Brigada, fue detenido en relación con el asesinato en 1999 de Álex Lopera, antiguo asesor para la paz del departamento de Antioquia, y de dos personas más. Durante su declaración ante los fiscales, Hernández juró que escaparía y se uniría a los paramilitares si le acusaban del asesinato de Lopera, una afirmación que los soldados bajo su mando también le habían oído hacer. Aunque Hernández fue detenido en la IVa Brigada, pudo escapar a finales de enero de 1999. ²⁵⁵ Algunas informaciones apuntan a que en la actualidad dirige una unidad de las AUC en el departamento de Valle. ²⁵⁶ En junio de 2001, un juez civil encontró a Hernández culpable in absentia del triple asesinato. ^{< a href="#P901_194656" name="P901_194657">257} Según la Escuela de las Américas del Gobierno de los EE.UU., Hernández se entrenó dos veces en sus instalaciones de Fort Benning, Georgia, en 1985 y 1991.

Teniente Carlos Alberto Acosta Tarazona: condenado en octubre de 1995, junto a tres de sus subordinados en la Va Brigada, por asesinato y apoyo a grupos paramilitares en la región de Chucurí, Santander. El 22 de junio de 1994, el juez determinó que Acosta había detenido a un fiscal enviado a arrestar a un líder paramilitar. La investigación posterior demostró que Acosta y sus hombres habían atado al fiscal, a su conductor y a un guía, les habían matado y habían arrojado sus cuerpos a un río. Tras recibir una condena a cincuenta y seis años de prisión, Acosta comenzó a cumplirla en un centro de detención cerca de su ciudad natal. Un mes después se le permitió visitar la casa de sus padres acompañado de la Policía Militar; salió tranquilamente a comprar tabaco y no volvió. Acosta volvió a ser capturado en Bogotá unos dí ;as después y enviado al centro principal de detención de las Fuerzas Armadas en Tolemaida. En julio de 1999 escapó de nuevo. Acosta se unió a las AUC y, en junio de 2000, lo anunció públicamente en una entrevista televisada. Algunas informaciones apuntan a que en ese momento dirigía una unidad en el departamento de César. ²⁵⁸ Sin embargo parece que las AUC ordenaron matarle un mes después a consecuencia de una disputa. ²⁵⁹

También se ha informado de que otros soldados condenados por crímenes graves, como asesinato, han entrado y salido de sus celdas a voluntad y han participado en otros delitos mientras se les suponía en prisión. Por ejemplo, los sargentos Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho fueron detenidos en el Batallón de Artillería No. 12 de Bogotá, tras ser condenados por su papel de pistoleros en el asesinato del Senador Manuel Cepeda en 1994. Sin embargo, investigadores del Gobierno dijeron a Human Rights Watch que estos hombres continuaron trabajando como agentes de la inteligencia militar hasta el 14 de julio de 1999. Ese día, Zúñiga y Medina se encontraban entre los soldados que participaron en una operación realizada por el Ejército que acabó con el asesinato de otro soldado fugado, el teniente José Simón Talero. ²⁶⁰

Tras la fuga del mayor Fino en marzo de 2000, el General Tapias anunció que las Fuerzas Armadas establecerían un nuevo centro de detención más seguro en la base del Ejército en Tolemaida. ²⁶¹ Sin embargo, no parece que las promesas hayan llevado a mejoras desde la fuga del Teniente Acosta de las instalaciones de Tolemaida. Por lo que sabe Human Rights Watch, las Fuerzas Armadas no han tomado ninguna medida para establecer este centro ni para asegurar que los oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos o de apoyar a grupos paramilitares sean custodiados en instalaciones totalmente seguras.

Falta de apoyo

Lejos de fortalecer las instituciones gubernamentales que investigan los casos de violación a los derechos humanos, el Gobierno de Pastrana las ha debilitado considerablemente, recortando sus presupuestos, protegiendo inadecuadamente a los fiscales e investigadores y no proporcionando los fondos adecuados para proteger a los testigos.

Según el Fiscal General Alfonso Gómez, las reducciones han sido tan extremas que amenazan a la Unidad de Derechos Humanos con una "parálisis [...] Particularmente las Unidades, incluida la de Derechos Humanos, que para cumplir sus funciones tiene que hacer desplazamientos continuos, los cuales estamos al borde de suspender por la ausencia de presupuesto". ²⁶²

Esto resultó extraordinariamente evidente para Human Rights Watch en una visita a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos en enero de 2001. Durante la entrevista, un fiscal llamaba desesperadamente a distintos funcionarios intentando conseguir una plaza en un helicóptero del Ministerio del Interior para que un colega pudiese ir a investigar masacres en el departamento de Valle. Afirmó que estos incidentes eran algo normal. "El Gobierno ha recortado el presupuesto de la Fiscalía General, así que, cada vez que tenemos que desplazarnos, hemos de ir a la oficina del Presidente con nuestra solicitud, lo que se lleva mucho tiempo y, a veces, resulta inútil", dijo a Human Rights Watch el fiscal, que pidió permanecer en el anonimato. "No hay suficientes coches para poder realizar nuestras investigaciones ni tampoco gasolina para los pocos de los que disponemos". ²⁶³

En otro incidente, familias desplazadas de la costa del Pacífico que buscaban desesperadamente ayuda del Gobierno descubrieron que, tras la llegada de un helicóptero del Ministerio del Interior con autoridades a bordo, éstas esperaban que ellos pagaran el combustible. "Los soldados no aceptaron el bono que traían, así que tuvimos que reunir el dinero entre todos como pudimos", reconoció a Human Rights Watch uno de los desplazados. "Las misiones llegan una tras otra, y a veces realizan informes, pero eso no cambia nada". ²⁶⁴

El Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía General continúa con una grave carencia de fondos, lo que limita drásticamente el período de tiempo que los testigos pueden recibir protección. Un testigo entrevistado por Human Rights Watch proporcionó un valioso testimonio al Fiscal General sobre la colaboración entre la IIIa Brigada del Ejército de Colombia y los paramilitares. A cambio, se le prometió protección; pero sólo la recibió durante tres meses, tras los cuales se le comunicó que él era responsable de proteger su propia vida. La misma persona contó a Human Rights Watch que a otros nueve testigos con testimonios similares también se les dijo que la protección se limitaba a tres meses. ²⁶⁵ [FOTO 10]

Otro testigo de los mismos lazos entre paramilitares y la IIIa Brigada fue asesinado en el exterior de la Defensoría en Cali durante la pausa para el almuerzo, mientras testificaba para las autoridades que estaban dentro. ²⁶⁶ "Tienes protección durante un par de meses; luego, mala suerte", dijo un funcionario del Gobierno a Human Rights Watch. ²⁶⁷

Algunos colombianos amenazados han recurrido a sus propias medidas para protegerse. Un sindicalista se desplazó varios departamentos para adquirir una licencia para su revólver que ahora lleva enfundado en el pantalón y permanentemente cargado. ²⁶⁸

Funcionarios e investigadores del Gobierno coinciden en que la falta de fondos hace que no puedan recopilar pruebas sobre los lazos entre militares y paramilitares. "Pregunté [a un funcionario del Gobierno] si él podría garantizar la seguridad de testigos si firmaban una solicitud, pero contestó honestamente que no," afirmó un defensor de los derechos humanos en Cauca. "Así que los testigos desaparecieron por miedo". ²⁶⁹

Investigadores gubernamentales coinciden también en que su trabajo sigue siendo muy peligroso, en parte porque continúan enfrentándose a amenazas y hostigamientos, incluyendo los de las Fuerzas Armadas. Oficiales de alto rango del Ejército han descrito repetidamente estas investigaciones como inspiradas en motivos políticos y como "una persecución que afecta la moral de las tropas", por citar las palabras del Comandante del Ejército de Colombia Jorge Mora. ²⁷⁰

Según el Fondo de Solidaridad con Víctimas de la Rama Judicial, entre enero y septiembre de 2000, once trabajadores judiciales fueron asesinados, otros once desaparecieron, veintiuno recibieron amenazas de muerte y tres fueron objeto de ataques a los que sobrevivieron; la mayoría de las víctimas pertenecían al CTI. ²⁷¹

El evidente desinterés del Gobierno de Pastrana por llevar a cabo una reforma en materia de derechos humanos se refleja en la relación cada vez más problemática con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bogotá. Tal y como el Alto Comisionado advirtió en su informe de 2000, "la abrumadora mayoría de las respuestas del Gobierno a las comunicaciones de la Oficina sobre casos y situaciones específicas (como alertas tempranas) han resultado insatisfactorias, inoperantes y puramente burocráticas. Aunque el mismo Presidente Pastrana ha tomado nota seriamente de estas situaciones, la débil respuesta del Gobierno al diálogo con la Oficina no se ha corregido sustancialmente y las posibilidades de la Oficina han sido verdaderamente infrautilizadas por el Gobierno". ²⁷²

Exigencia de responsabilidades cuestionable

El Gobierno de Pastrana ha destituido en repetidas ocasiones a oficiales militares en activo vinculados a violaciones a los derechos humanos y al apoyo a grupos paramilitares, y lo ha hecho sin asegurarse de que la información contra ellos fuera totalmente investigada ni, en su caso, enviada a la Fiscalía General para iniciar un procedimiento. Los oficiales son simplemente destituidos, sin ser sometidos a ninguna investigación penal.

Lejos de promover los derechos humanos, estas destituciones refuerzan la anarquía y la impunidad y fortalecen a los paramilitares, que dan la bienvenida a los ex oficiales con generosos sueldos, coches, teléfonos celulares e incluso tierras. Según Carlos Castaño, las AUC emplean en la actualidad al menos a treinta y cinco ex oficiales de alto rango, a más de cien ex oficiales de baja graduación y a mil ex soldados o ex policías. ²⁷³

La práctica de destituir a un gran número de miembros de las fuerzas de seguridad comenzó después de que Colombia pusiera en marcha una reforma del Código Penal Militar. De acuerdo con la reforma, los comandantes podían destituir sumariamente a oficiales y soldados sin ninguna explicación. El Gobierno de Colombia utilizó este poder por primera vez el 16 de octubre de 2000, cuando anunció que 388 miembros de las Fuerzas Armadas habían sido destituidos. El Gobierno no facilitó información sobre las razones de las destituciones. Sin embargo, investigadores del Gobierno reconocieron a Human Rights Watch que creían que ninguno de los 388 se enfrentó a un procesamiento como resultado de la información que llevó a su destitución. ²⁷⁴

Posteriormente, el diario colombiano El Espectador informó de que una investigación interna del Gobierno había descubierto que diecinueve de los 338 se habían unido a las AUC tras su destitución. Algunas informaciones señalaban que varios de ellos estaban utilizando, para entrenar a las tropas paramilitares, las técnicas aprendidas en las Fuerzas Armadas. ²⁷⁵ Carlos Castaño dio crédito a estos informes en una entrevista con el periódico The Washington Post. Castaño afirmó que treinta de los 388 hombres tenían lazos con las AUC. ²⁷⁶ De hecho, varios de los oficiales destituidos anunciaron más adelante, en declaraciones a la televisión colombiana, que planeaban unirse a las AUC. ²⁷⁷

En diciembre de 2000, el Ministro de Defensa, Luis Ramírez, reconoció que algunos soldados destituidos por las Fuerzas Armadas habían encontrado un nuevo trabajo en las AUC. "Es muy triste, pero es una realidad del país", aseguró ante los periodistas. ²⁷⁸

Sin embargo, el Ministro Ramírez autorizó más destituciones sin investigaciones criminales. En marzo de 2001, el Ministerio de Defensa anunció otra purga, que esta vez incluyó a veinte oficiales y quince hombres alistados, la mayor parte de ellos procedente del Ejército. Tampoco entonces se dio ninguna explicación sobre las destituciones ni hubo pruebas de que alguno de ellos se enfrentara a una investigación por violaciones a los derechos humanos. ²⁷⁹

También en marzo, el Comandante de la XXIVa Brigada, el General Antonio Ladrón de Guevara, dijo a los periodistas que todo el Batallón Antiguerrilla No. 31 Sebastián de Belalcazar, que estaba bajo su mando, había sido trasladado desde el departamento de Putumayo, donde tenía su sede, a Bogotá, después de que al menos treinta soldados desertaran para unirse a los paramilitares. Oficiales de las Fuerzas Armadas admitieron que existía un problema con los soldados convertidos en paramilitares que mantenían contacto con sus colegas en activo. ²⁸⁰

Mientras tanto, oficiales con lazos bien documentados con grupos paramilitares, y supuestamente responsables de asesinatos, no sólo permanecen en servicio activo, sino que son ascendidos. Quizás el caso más conocido sea el que implica al General de la Armada Rodrigo Quiñones, a quien investigadores del Gobierno han vinculado al menos con cincuenta y siete asesinatos de sindicalistas, trabajadores de los derechos humanos y líderes comunitarios en 1991 y 1992, cuando era coronel. En esa época, el Coronel Quiñones era Jefe de la Inteligencia de la Armada y dirigía la Red 7 de la Inteligencia de la Armada, con sede en Barrancabermeja, Santander. ²⁸¹

La única sanción que Quiñones ha recibido hasta ahora ha sido una reprensión severa ordenada por la Procuraduría, el organismo oficial que supervisa la conducta de los empleados gubernamentales, entre ellos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. La Procuraduría concluyó que Quiñones organizó las redes de los asesinos responsables de esas muertes. Pero la Procuraduría determinó también que el asesinato no estaba clasificado como una infracción administrativa bajo la normativa vigente, de forma que la sanción máxima que este organismo podía imponer por asesinato era una reprensión severa, una carta de amonestación dentro de su expediente laboral. ²⁸²

Más adelante, a Quiñones le fue asignado el mando de la Ia Brigada de la Armada, y era responsable de la región donde se produjo la masacre de El Salado en febrero de 2000. En esta aldea de Bolívar, unos 300 paramilitares asesinaron, violaron y torturaron durante tres días, dejando un saldo de treinta y seis muertos. Al igual que en la masacre de Chengue, en El Salado, testigos de los hechos dijeron a los periodistas que unidades militares y de la policía situadas a unas cuantas millas no habían hecho nada por detener la matanza. En vez de eso, según los testigos, instalaron un retén poco después de que comenzara la matanza para evitar que grupos de socorro y de defensa de los derechos humanos entraran en la zona. "A algunos les dispararon, pero muchos fueron apaleados con garrotes y luego apuñalados con navajas o cortados en trozos con machetes", contó un testigo al periódico The New York Times. &qu ot;Unos cuantos fueron decapitados o estrangulados con alambres de metal, mientras que a otros les cortaron la garganta". ²⁸³

En su informe anual, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también registró testimonios sobre la participación directa de miembros de las Fuerzas Armadas en la masacre de El Salado. ²⁸⁴

Quiñones fue ascendido a general tres meses después de la masacre de El Salado. Aunque altas autoridades colombianas han asegurado en repetidas ocasiones a funcionarios estadounidenses que será jubilado por cuestiones de derechos humanos, Quiñones sigue en servicio activo y es regularmente ascendido a puestos de influencia. ²⁸⁵ Actualmente es el Jefe de Personal de la Armada, el segundo oficial de más alto rango del servicio. ²⁸⁶

Juegos estadísticos

El Gobierno de Pastrana ha invertido mucha energía, tiempo y dinero en una campaña de relaciones públicas diseñada para demostrar que ha realizado importantes avances para mejorar la protección de los derechos humanos. La campaña genera multitud de informes, declaraciones, gráficos, tablas, comunicados de prensa y folletos que afirman que se han conseguido notables mejoras. Pero, tras revisar gran parte de estos materiales, Human Rights Watch concluyó que se trata de materiales poco fiables, en ocasiones contradictorios, a menudo ficticios y sensibleros, y, con frecuencia, simplemente erróneos.

"En los últimos años, la presencia y acción de los grupos paramilitares se ha multiplicado por lo menos tres veces, en capacidad ofensiva, logística, armas y víctimas", comentó un alto funcionario gubernamental que solicitó permanecer en el anonimato. "Han crecido en términos de territorios e influencia, en gran parte usando amenaza. Mientras tanto, lo único que ha cambiado en el Gobierno es el discurso. Antes negaban la existencia de paramilitares. Ahora, reconocen, pero sin llevar a cabo acciones efectivas". ²⁸⁷

Quizás el ejemplo más evidente sea la aseveración del Gobierno de Colombia, expresada repetidas veces en 2000, de que las guerrillas fueron responsables del 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos registradas en Colombia entre enero de 1995 y octubre de 2000. Resulta evidente que los funcionarios colombianos pretendían que estas cifras eximieran de culpa a las fuerzas de seguridad y los paramilitares, y responsabilizaran a los grupos de la guerrilla.

Pero esta cifra suma todas las acciones de guerra y violencia en total, sin distinguir entre violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario y otros hechos; ni siquiera proporciona pruebas suficientes que expliquen la razón de que determinadas acciones, como las emboscadas, se consideren violaciones. El resultado es que la toma de rehenes se mezcla con las masacres y las amenazas se equiparan a los ataques a poblaciones. Quizás para ocultar una metodología muy poco rigurosa, el Gobierno no ha proporcionado ninguna explicación detallada de cómo se calculó esta cifra, lo que cuestiona seriamente su exactitud. ²⁸⁸

En contraste, el Banco de Datos, patrocinado por un consorcio de grupos de defensa de los derechos humanos independientes y respetados, publica un compendio trimestral de los casos utilizados para calcular sus estadísticas, un trabajo abierto al público y rigurosamente documentado. ²⁸⁹ Según el análisis más reciente de estos datos realizado por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, los paramilitares que actúan con la tolerancia o el apoyo de las fuerzas de seguridad son responsables del 79 por ciento de los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas registradas en Colombia entre abril y septiembre de 2000. Este documento considera a las guerrillas directamente responsables del 16 por ciento de los asesinatos y los secuestros registrados con carácter de violaciones del derecho internacional humanitario; y a las fuerzas de seguridad, directamente responsables del 5 por ciento de los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas registradas en el mismo período. ²⁹⁰

Human Rights Watch también ha descubierto casos en los que los propios esfuerzos de relaciones públicas del Gobierno colombiano desmienten la adopción de medidas importantes para abordar la impunidad en torno a las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en 2000, el General Fernando Tapias, Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, subrayó, en una conferencia pública, la severidad de las fuerzas de seguridad en lo referente a las acusaciones contra sus miembros de haber violado los derechos humanos. Como prueba, Tapias afirmó que en 1999 y 2000 el Tribunal Militar Superior enjuició ochenta y cinco casos de supuestas violaciones a los derechos humanos que concluyeron con las siguientes sentencias de culpabilidad: veinticinco por asesinato, cuarenta por lesiones personales y doce por detención arbitraria. ²⁹¹

Sin embargo, esto no constituye prueba de avance ninguno, sino más bien de la constante negativa de las Fuerzas Armadas a acatar completamente el fallo de la Corte Constitucional, que ordenó que todos los casos de delitos contra los derechos humanos que estuvieran bajo jurisdicción militar fueran trasladados a la jurisdicción civil. Esta estadística reconoce que las Fuerzas Armadas y sus oficiales de mayor rango continúan burlando la ley e imponiendo equivocadamente su jurisdicción sobre casos que deberían ser enjuiciados en los tribunales civiles.

Otros resúmenes estadísticos oficiales destinados a demostrar algún avance en realidad no lo hacen. En 2000 el Ministro de Defensa, Luis Ramírez, sostenía que los tribunales militares habían trasladado 533 casos a la jurisdicción civil desde agosto de 1997, cuando el fallo de la Corte Constitucional que lo requería se hizo efectivo. En una carta a grupos colombianos de defensa de los derechos humanos, el Ministro mantenía que las estadísticas eran lo suficientemente significativas como para demostrar que la jurisdicción militar estaba cumpliendo con gran diligencia con sus límites jurisdiccionales. ²⁹²

Sin embargo, cuando Human Rights Watch analizó el material proporcionado para apoyar esta aseveración, surgió un panorama muy diferente. El Ministerio de Defensa sólo proporcionaba documentación sobre 103 casos, no sobre los 533. De los 103, sólo 51 estaban relacionados con miembros de las Fuerzas Armadas; el resto eran oficiales de Policía. De los 51, 12 habían sido acusados de delitos comunes, como permitir la fuga de presos, robo y tráfico de drogas. Sólo 39 estaban relacionados de alguna forma con delitos que podrían calificarse de violaciones a los derechos humanos, como el asesinato. La mayoría implicaban a personal de baja graduación: sargentos y tenientes. ²⁹³

En otras palabras, se trasladan menos de diez casos al año de la jurisdicción militar a la civil, y raramente atañen a oficiales de alto rango que hayan ordenado u orquestado violaciones graves. A pesar de las repetidas peticiones al Gobierno colombiano, incluso por parte de funcionarios del Congreso de los Estados Unidos, nunca se han proporcionado detalles de los 430 casos restantes que se afirma fueron trasladados. Human Rights Watch no ha encontrado ni un solo ejemplo de que las Fuerzas Armadas hayan trasladado voluntariamente de la jurisdicción militar a la civil un caso que implique a un oficial con el rango de coronel o más alto en un delito contra los derechos humanos.

En su Informe Anual sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Ministro de Defensa afirmaba que, desde el fallo de la Corte Constitucional, se habían trasladado 1.307 casos a la jurisdicción ordinaria y que algo menos de la mitad se referían a posibles violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se ha proporcionado una lista detallada de estos casos. De hecho, durante 2000, casos clave, y entre ellos el de los asesinatos en Pueblo Rico de seis niños y de otros siete en Santo Domingo -casos analizados más adelante en este informe- fueron trasladados a tribunales militares, no a las cortes civiles bajo cuya jurisdicción deberían investigarse. ²⁹⁴

Otros elementos de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano resultaron absoluta ficción, como el Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensa, creado mediante un decreto presidencial y con mucha fanfarria el 25 de febrero de 2000. Se suponía que este centro iba a encabezar una campaña contra los paramilitares; sin embargo, un año después, el centro todavía no ha celebrado su primera reunión. ²⁹⁵

Pero ello no fue obstáculo para que el Ministro del Interior, Humberto de la Calle, anunciara, el 15 de enero de 2001, otro grupo antiparamilitar: el denominado Comité antiasesino. ²⁹⁶

Finalmente, otras afirmaciones realizadas en la campaña de relaciones públicas son simplemente erróneas. En diciembre de 2000, el Ministerio de Defensa distribuyó un folleto que pretendía ser una historia de los grupos paramilitares en Colombia. Publicado en inglés y en español, estaba diseñado para un público internacional no familiarizado con la historia colombiana, y en particular para los políticos estadounidenses que pronto considerarían la entrega de una ayuda militar adicional. En ninguna línea de ese documento se puede leer que el Ministerio de Defensa reconozca un hecho histórico básico e indiscutible en Colombia: que el nacimiento de los grupos paramilitares actuales se remonta directamente a un esfuerzo de las Fuerzas Armadas colombianas por reclutar, entrenar y armar a civiles para luchar contra las guerrillas. ²⁹⁷

En vez de eso, el documento señala que estos grupos "surgen" de ejércitos privados creados por traficantes de droga. Aunque es cierto que los traficantes de droga fundaron y manipularon algunos de los primeros grupos paramilitares, estos grupos mantenían estrechos lazos con el Ejército de Colombia, que continuó entrenándolos, equipándolos y desplegándolos incluso cuando los narcotraficantes los utilizaban para sus propios objetivos. ²⁹⁸

Un documento adicional que hizo circular la Vicepresidencia, titulado Panorama de los Grupos de Autodefensa, fue un paso más allá afirmando clara -y equivocadamente-: "Es un hecho evidente que las autodefensas no tienen su origen en el Estado". ²⁹⁹

En el año 2000, la Vicepresidencia recibió 97.000 dólares de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional para apoyar sus esfuerzos por los derechos humanos. ³⁰⁰ Pero, en este caso, el trabajo del Vicepresidente sirvió para ocultar y desvirtuar la situación de los derechos humanos, no para mejorarla.

Como la CCJ advirtió en febrero de 2001, "las autoridades estatales están más dedicadas a realizar ingentes esfuerzos en materia de propaganda que a lograr resultados reales en el respeto y la protección de los derechos humanos. Numerosos anuncios y publicaciones han sido difundidas por el Gobierno en los últimos meses para dar la impresión de que está combatiendo a los agentes violentos. En el mejor de los casos, la crudeza de los hechos indica una total incompetencia para hacerles frente, cuando no una tolerancia o complicidad con los mismos". ³⁰¹