Colombia


La "Sexta División"
Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia

I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

II. LA "SEXTA DIVISIÓN": UN PADRÓN DE APOYO

III. EL GOBIERNO DE PASTRANA

IV. POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

APÉNDICES


(New York: Human Rights Watch, 2001)

II. LA "SEXTA DIVISIÓN": UN PADRÓN DE APOYO

El Estado no existe como tal. Lo único que hay es la invasión. Uno no sabe si son los paramilitares, el Ejército, la Armada o la guerrilla. Todos son miedosos y arbitrarios.

-Mirta, activista negra de la costa del Pacífico

El 17 de enero de 2001, unos cincuenta paramilitares sacaron a la fuerza de sus hogares a docenas de habitantes de Chengue, Sucre.

"Los reunieron en dos grupos en la plaza principal y al otro lado del rudimentario centro de salud", informó posteriormente The Washington Post. "Después mataron a los hombres uno por uno, aplastándoles la cabeza con grandes piedras y una almádena. Cuando todo terminó, veinticuatro hombres yacían muertos en charcos de sangre. Más tarde se encontraron otros dos en fosas poco profundas. Cuando se fueron las tropas, prendieron fuego al pueblo." 1

Entre los muertos de los que se informó se encontraba un chico de dieciséis años con la cabeza separada del cuerpo. 2

El reportero del periódico The Washington Post entrevistó a más de dos docenas de habitantes que afirmaron que las Fuerzas Armadas de Colombia ayudaron a coordinar la masacre dejando paso libre a los combatientes, que se identificaron como paramilitares. Los entrevistados declararon también que los militares acordonaron la zona, fingiendo una batalla durante todo el día, lo que permitió a los paramilitares descubrir y asesinar a los colombianos que habían seleccionado como víctimas. 3

Meses antes, las autoridades locales habían advertido a los militares, la PNC y funcionarios del Gobierno de que los paramilitares planeaban llevar a cabo una masacre. Pero estas peticiones de protección resultaron inútiles. 4 Incluso cuando los paramilitares se trasladaban hacia Chengue para cometer la masacre, los mandos militares responsables de la zona ignoraron información puntual sobre vehículos, paradero y dirección de los paramilitares proporcionada por la policía local. 5

Meses después, el soldado de la Armada Rubén Darío Rojas fue detenido y acusado de suministrar armas a los paramilitares y de ayudar a coordinar el ataque. Además, la Procuraduría abrió expediente disciplinario al General de Brigada Rodrigo Quiñones y a otros cinco oficiales, por ignorar presuntamente la detallada información sobre los movimientos de los paramilitares en la zona y por no tomar medidas para evitar la masacre. En esa época, Quiñones era Comandante de la Primera Brigada Naval, responsable de la región de Chengue. 6

El caso Chengue no es nada inusual. 7 Human Rights Watch recibió informes similares de docenas de testigos, investigadores gubernamentales, defensores de los derechos humanos y periodistas durante el año 2000 y durante una misión en Colombia en enero de 2001, cuando tuvo lugar la masacre de Chengue. Constantemente, los informes describen la tolerancia y el apoyo de las fuerzas de seguridad colombianas, y en especial el Ejército, a los paramilitares, y, en algunas regiones, la coordinación activa de los militares con ellos. Incluso cuando las autoridades electas de Colombia y los altos mandos militares decían promover los derechos humanos, Human Rights Watch descubrió abundantes pruebas fiables de una colaboración continua con los grupos paramilitares responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia y de apoyo a estos grupos.

"Sigue existiendo una convivencia entre algunos sectores de las fuerzas de seguridad y los paramilitares", aseguró a Human Rights Watch un alto investigador gubernamental, que, para poder hablar con franqueza, pidió que se mantuviera su anonimato. "Hasta ahora, el Estado todavía no tiene una política clara para combatirlos". 8

Esta connivencia también se refleja en el número cada vez mayor de quejas de los ciudadanos por el apoyo directo del Gobierno a los grupos paramilitares. Un informe reciente de la Procuraduría, responsable de investigar y sancionar las infracciones administrativas de los funcionarios, descubrió que en los últimos años habían aumentado esas quejas, encabezadas por 149 quejas contra el Ejército de Colombia. 9

Además, Human Rights Watch siguió comprobando una amplia tolerancia de las Fuerzas Armadas hacia las atrocidades de los paramilitares. Una y otra vez, las autoridades civiles avisaron con mucha antelación a los mandos militares de las masacres paramilitares o incluso les alertaron cuando las masacres se estaban extendiendo. Al contrario de lo que cabría esperar, los militares no actuaron eficazmente para evitar las matanzas, proteger a los civiles o perseguir a los responsables cuando comenzaron los asesinatos. En vez de eso, alegaron distintas excusas -el tiempo, la distancia, el peligro, el exceso de trabajo o la jurisdicción- para no actuar. El resultado fue totalmente macabro: los civiles se encontraron a merced de asesinos que contaron con esa tolerancia para ejecutar, quemar y aterrorizar.

Para las autoridades civiles que intentaron que los militares intervinieran, fue profundamente frustrante. La historia que se relata a continuación, sobre una masacre en Llorente, Nariño, fue trasmitida a Human Rights Watch por un funcionario del Gobierno colombiano que solicitó permanecer en el anonimato. Según un testigo presencial a quien entrevistó este funcionario, unos 200 paramilitares entraron en Llorente y forzaron a sus habitantes a reunirse en el parque central alrededor de la una de la mañana el 24 de marzo de 2001. Con ellos se encontraba un indígena que parecía haber sido duramente golpeado. Este informante comenzó a señalar a personas a las que acusaba de ayudar a la guerrilla. Cuando unas cuarenta personas fueron separadas de la multitud de 6.000, afirmó el testigo, los paramilitares forzaron a estos cuarenta a subir a un autobús público que habían tomado. Después, los paramilitares roba ron varias motosierras a los lugareños. 10

La noche misma de la masacre, el gobernador de Nariño se comunicó con el comandante de la Marina en Tumaco para solicitarle su intervención y evitar la masacre. El Comandante le informó que no tenía conocimiento de esos hechos y que al día siguiente investigaría de qué se trataba. El gobernador le dijo que su deber era ir inmediatamente a proteger a la población civil. El comandante le respondió que él no tiene jurisdicción en esa región que eso le corresponde al Batallón [del Ejército de Colombia] que queda en Ipiales [el General José María Cabal, Batallón de Caballería Mecanizada No. Tres] (téngase en cuenta que: este Batallón queda a 250 kilómetros de Llorente y la base de la Marina a sólo 30 kilómetros). Ante esta situación, el gobernador llamó al comandante del ejército en Ipiales, éste le dijo q ue a esa hora no podía hacer nada por los peligros para su tropa porque esa zona tiene mucha guerrilla, además, que así lo intentara no podría llegar sino hasta dos días después. Ante esto el Gobernador llamó al Comandante de la División con sede en Cali, a esta división pertenece Nariño. El gobernador le advirtió a este General de Cali que si hubo una masacre ellos serían responsables por omisión. Total, no se hizo nada. Al día siguiente de la masacre, el Comandante de la División en Cali llamó al gobernador a decirle que la información que tenía era que se trataba de combates entre los paramilitares y las FARC. Esta información la dieron a conocer mediante un comunicado y así lo confirmó el DAS. Ésta fue la información oficial de los militares, ante la opinión pública y la prensa. Lo cierto es que el combate [entre las guerrillas y los paramilitares] fue ya al final y en las afueras del pueblo. Sobre los 40 desaparecidos no se dice nada [a los que se llevaron en autobús]. El gobernador públicamente ha desmentido esa información de los militares. El ejército de Ipiales llegó sólo hasta las cinco de la tarde del jueves 30 de marzo, es decir, seis días después. La Marina nunca llegó. Durante esos seis días, los paramilitares que seguían con el control del pueblo no permitieron que nadie llegara, menos la prensa. Como en otras masacres, la omisión o acción de los militares es clara. Además, dieron tiempo para que los paramilitares se retiraran.

Posteriormente, la Defensoría del Pueblo de Colombia, organismo gubernamental encargado de defender los derechos de los ciudadanos, pidió formalmente a la Procuraduría que abriera una investigación disciplinaria a la IIIa División por no haber actuado, permitiendo que se llevara a cabo la masacre. 11

Fuentes entrevistadas por Human Rights Watch que habían tenido contacto directo y reciente sobre el terreno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las describieron como unas fuerzas bien organizadas, armadas y equipadas, sin que sus efectivos parecieran precisamente perseguidos por fuerzas gubernamentales.

Los constantes lazos entre muchas unidades militares colombianas y las AUC han contribuido a lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denominado "el notorio y objetivo agravamiento de la situación del respeto a los derechos humanos y al DIH en Colombia". 12 El análisis anual de la Policía Nacional de Colombia referido al año 2000 apoya esta triste afirmación. En este informe, la PNC concluye que el número de masacres registradas aumentó de 168 a 236, un incremento de casi el 40 por ciento respecto a 1999. El número total de muertes registradas en estas masacres aumentó aún más, ascendiendo a un total de 1.226 víctimas mortales, 297 más que en l999, lo que representa un incremento del 32 por ciento. 13

En general, el promedio de víctimas de la violencia política y las muertes en combate se incrementó, durante 2000, de catorce a veinte al día, según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), un respetado grupo de derechos humanos. También en 2000, se calcula que 319.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia política, lo que constituye el mayor número de personas desplazadas registrado en un solo año en los últimos cinco. 14 La CCJ calificó este aumento de "alarmante... es un dramático reflejo de la barbarie que cotidianamente estamos padeciendo en Colombia". 15 [Ver Apéndice I]

Esta tendencia parece empeorar en 2001, año en el que las autoridades han registrado, sólo en los primeros dieciocho días de enero, veintiséis masacres, con un saldo 170 colombianos muertos. 16 A finales de abril, la agencia de servicios sociales de Colombia anunció que el número de matanzas como resultado de la violencia política duplicaba el registrado el año anterior. 17 [ FOTO 1]

La mayor parte de las masacres fueron obra de grupos paramilitares, cuyo crecimiento ha sido explosivo durante el mandato del Presidente Pastrana. El grupo coordinador que agrupa a la mayoría de los paramilitares es las AUC, liderado hasta junio de 2001 por Carlos Castaño, antiguo guía del Ejército de Colombia. 18 Castaño creó las AUC a partir de los restos de un ejército privado organizado por su hermano Fidel, que aterrorizaba a los habitantes de los departamentos de Córdoba y Antioquia, al norte del país, a finales de los años 80. 19

En 1996, Castaño dijo a Human Rights Watch que había dirigido a 2.000 combatientes armados y entrenados, una información confirmada por analistas del Gobierno colombiano. 20 En 2000, afirmó que eran 11.200 combatientes, lo que supone un aumento del 460 por ciento sólo en cuatro años. 21 Aunque las estimaciones oficiales del número de paramilitares armados y entrenados son mucho más bajas, resulta evidente que las AUC han alcanzado un grado alarmante de fuerza, movilidad, potencia de fuego y capacidad tecnológica. 22

En toda Colombia, fuerzas aliadas bajo el nombre de las AUC mantienen numerosas bases y retenes permanentes, y se mueven con aparente facilidad. Utilizan faxes, Internet, vehículos todoterreno y camionetas, radios, helicópteros, ordenadores portátiles, y teléfonos celulares y vía satélite para difundir amenazas, identificar objetivos, preparar listas negras y coordinar masacres. "Ha habido un avance significativo por parte de los paramilitares, y es muy preocupante", comentó un alto investigador gubernamental consultado por Human Rights Watch. 23

Hay que tener en cuenta que la fuerza cada vez mayor de los paramilitares no se debe sólo al apoyo de las Fuerzas Armadas o a la falta de acción del Gobierno. A medida que aumenta la inseguridad en toda Colombia, algunos colombianos han llegado a considerar a los paramilitares y sus métodos como algo lamentable, pero un mal necesario. Un colombiano contó a Human Rights Watch cómo su suegra, que acababa de mudarse a la región del Magdalena Medio, recibió inmediatamente la visita de unos paramilitares de las AUC, que le dieron el número del celular del comandante local de las AUC para que lo utilizara en caso de emergencia, como una línea directa de la Policía. "Garantizan que reaccionarán en quince minutos si ella informa de alguna actividad extraña", dijo su yerno a Human Rights Watch. 24

Castaño ha aprovechado este avance realizando una campaña en los medios para promocionar el modelo paramilitar como la única forma de derrotar a la guerrilla. En marzo de 2000, Castaño concedió al canal colombiano Caracol su primera entrevista televisiva. Desde entonces, medios como The Washington Post, Le Monde, la BBC, la revista Time y la agencia de noticias Reuters han publicado entrevistas con él, al igual que los diarios colombianos El Tiempo y El Colombiano. Las AUC muestran regularmente en su sitio web estas entrevistas y sus propias opiniones sobre sucesos que ocurren en Colombia o en el resto del mundo. 25

Las guerrillas que se oponen al Gobierno colombiano también continúan cometiendo graves abusos: masacres, ejecuciones extrajudiciales, toma de rehenes y la utilización de armas de efectos indiscriminados, como bombas de gas. Human Rights Watch ha condenado repetidamente estos abusos y ha solicitado a los líderes de las guerrillas colombianas que den instrucciones claras y estrictas a sus fuerzas para que cesen inmediatamente todas las actividades que violen el derecho internacional humanitario. Estas instrucciones no deberían someterse a ninguna negociación, puesto que son obligatorias y se aplican por igual a todas las partes del conflicto, independientemente de su cumplimiento por las otras partes 26

A medida que aumenta la violencia, la distinción entre combatientes se desvanece en las mentes de muchos colombianos. "El estado no existe como tal ", comentó Mirta, una activista de color de la costa colombiana del Pacífico que solicitó a Human Rights Watch permanecer en el anonimato. "Lo único que hay es la invasión. Uno no sabe si son los paramilitares, el Ejército, la Armada o la guerrilla. Todos son miedosos y arbitrarios". 27 [ FOTO 2]

Putumayo (Vigésimo Cuarta Brigada)

Darío siempre sabía con antelación cuándo se iba a producir una redada del Ejército, así que podía tomar medidas para que no encontraran nada. Los paramilitares tenían radios y teléfonos celulares y mantenían una estrecha comunicación con agentes de la Policía y sus contactos militares.

-Pilar, una contable que trabajó para las AUC

Cuando la testigo que llamamos Pilar se encontró por primera vez con el hombre que conocía como Darío en febrero de 2000, supuso que era un soldado del Ejército de Colombia. Vestido de camuflaje, Darío se encontraba junto a un oficial del Ejército de Colombia que ella conocía como Mayor Cuéllar, según contó a Human Rights Watch. Ambos se conocieron en Puerto Asís, el mayor centro urbano del departamento del Putumayo. 28

Pilar dijo que el Mayor Cuéllar le presentó a Darío como un amigo personal. 29 Según documentos del Gobierno colombiano que se citan en este informe, el Mayor Cuéllar era entonces el comandante del Batallón de Infantería No. 25 Domingo Rico, con sede en las cercanías de Villagarzón e integrante de la XXIVa Brigada. 30

Más adelante, dijo Pilar, Darío le pidió ayuda con las tareas de contabilidad; pero hubo de pasar un mes, según afirma, para que se diera cuenta de que Darío era, en realidad, el jefe financiero de las AUC en el Putumayo. 31

"Un amigo que nos había visto hablando en la discoteca Metrópolis me llevó a un lado y me preguntó si sabía que era un líder paramilitar", contó Pilar a Human Rights Watch durante una entrevista en Puerto Asís. Metrópolis es la mayor sala de baile de la ciudad. "En ese tiempo ya había empezado a hacer algunos trabajos para él y temía que, si paraba de repente, pudiera sospechar, así que continué trabajando para él hasta septiembre". 32

Así conoció Pilar la alianza que testigos oculares, investigadores gubernamentales y autoridades locales dijeron a Human Rights Watch que existía, desde 1999 y durante todo el 2000, entre la XXIVa Brigada, algunos oficiales de la PNC y los paramilitares. Durante una misión en el Putumayo en enero de 2001, Human Rights Watch obtuvo pruebas numerosas detalladas y sólidas de la estrecha alianza entre la XXIVa Brigada con los paramilitares, y, como resultado de ella, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y amenazas de muerte. La XXIVa Brigada coordinaba de forma regular acciones con los paramilitares y les permitía obrar abiertamente, e incluso establecer una de sus bases principales muy cerca de unas instalaciones militares. En su base, los paramilitares disponían de un campo de entrenamiento que atraía a docenas de combatientes sin experiencia de toda Colombia. Según Pilar, y confirmado por el personero local, los paramilitares p agaban regularmente a oficiales militares por su cooperación.

En un caso confirmado por el personero y que se detalla en este informe, las pruebas sugieren que un oficial del Ejército acordó con los paramilitares el asesinato de un pariente cercano. En otro que describimos en estas páginas, Óscar Cardona, un afligido padre cuyo hijo había sido asesinado por los paramilitares, regateó el pago de una indemnización bajo supervisión de oficiales de la PNC.

Hasta la fecha, las autoridades gubernamentales no han hecho mucho por investigar esta alianza o a los oficiales del Ejército de Colombia que puedan haberla fomentado. Algunos soldados han sido trasladados fuera del Putumayo y un batallón fue eliminado por reconversión. Sin embargo, el oficial que dirigía la XXIVa Brigada en 2000, el Coronel Gabriel Ramón Díaz Ortiz, va a ser ascendido a General y no parece que vaya a enfrentarse a ninguna acción disciplinaria. Cuando este informe se mandó a la imprenta, a Human Rights Watch le seguían llegando informaciones que señalaban que la alianza entre la XXIVa Brigada y los paramilitares continuaba.

Las AUC Entran en el Putumayo

Algunos habitantes de la zona aseguraron a Human Rights Watch que las AUC anunciaron por primera vez su intención de enviar fuerzas al Putumayo en enero de 1998. Durante más de una década, las FARC-EP habían ejercido un control de facto sobre la región, actuando incluso como fuerzas locales judiciales y policiales. 33 Con el incremento de los cultivos de coca en los años noventa, la mayor parte de ellos gravados por las guerrillas, el Putumayo se había convertido en un importante baluarte estratégico y financiero para las FARC-EP que los paramilitares querían hacer suyo. 34

Un año después de su anuncio, las AUC cometieron la mayor masacre registrada hasta la fecha en el Putumayo: la matanza, el 9 de enero de 1999, de al menos veintiséis personas y la desaparición forzada de otras catorce en la población de El Tigre, cerca de Puerto Asís. 35

Desde ese momento, dijeron los entrevistados a Human Rights Watch, la presencia paramilitar creció pueblo a pueblo y ciudad a ciudad. Un año más tarde, los paramilitares controlaban la ciudad de Puerto Asís y mantenían retenes regulares, cuyo paso debía ser negociado por los habitantes de la zona, incluso para hacer los recados cotidianos. Por ejemplo, el 22 de septiembre de 2000, José Agustín Martínez acompañó a su madre para pasar el puente principal sobre el río Putumayo, que separa Colombia de Ecuador. De profesión monociclista, Martínez no era del Putumayo, sino que estaba actuando con el circo Latin Brothers en Puerto Asís. Según su esposa, que testificó más tarde ante las autoridades, los paramilitares que le detuvieron en un retén de las AUC en el lado colombiano de la frontera tenían a otro José Martínez -nombre común en Colombia- en una l ista negra. Según la madre de Martínez le contó a su esposa, los paramilitares detuvieron a Martínez y a día de hoy sigue desaparecido. 36

Fueron asesinadas tantas personas, dijo el sacerdote local a Human Rights Watch, que nadie ha llevado un registro preciso. Su propio registro, con los nombres y las causas de la muerte de aquellas personas que habían recibido un entierro católico, constituía uno de los pocos medios para medir el nivel de miedo y dolor que se había apoderado de la ciudad. En la mayoría constaba la palabra "asesinato" como la causa de muerte, y el sacerdote presumía que la mayor parte de ellos se podía atribuir a los paramilitares o las FARC-EP. 37 [FOTO 3]

Germán Martínez (sin relación) es el personero de Puerto Asís que escuchó el testimonio de la esposa de Martínez. El personero es el funcionario municipal cuyo trabajo consiste en recibir las quejas de los ciudadanos y asegurarse de que llegan a las autoridades pertinentes. Martínez dijo a Human Rights Watch que en los años 1999, 2000 y 2001 reunió docenas de testimonios similares sobre desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas por parte de los paramilitares. También recopiló pruebas de que los paramilitares trabajaban con el apoyo y la tolerancia del Ejército de Colombia y la Policía de Puerto Asís. 38

Martínez describió ante Human Rights Watch y en documentos oficiales la relación entre paramilitares y militares como un "matrimonio". 39

El personero discutió con frecuencia sus preocupaciones públicamente con oficiales militares y de la Policía, con la esperanza de detener los asesinatos y promover la detención de los responsables. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2000, el alcalde de Puerto Asís convocó una reunión especial para discutir una ola de asesinatos. Martínez afirmó públicamente que parte del problema era que los paramilitares eran "intocables", a pesar de que él había informado personalmente a la Policía sobre su papel en al menos cuatro desapariciones forzadas. 40

El Ejército de Colombia y la Policía de Puerto Asís, dijo, no reaccionaron a sus informes investigando y realizando detenciones, sino negando su información y amenazándole:

En la base Militar del Batallón 25 [integrante de la XXIVa Brigada], acantonado en la salida de Puerto Asís, hacia Santana, existe a 500 metros un sitio habitado por personas pertenecientes a paramilitares que es una casa abandonada y además, por esta misma vía transportan a las personas que han desparecido (sic) en el municipio de Puerto Asís, hacia la HACIENDA VILLA SANDRA... El Coronel GABRIEL DIAZ [sic], Comandante de la Vigésimo Cuarta Brigada del Ejército Nacional decía desconocer la presencia de grupos paramilitares en este sector y no tener información al respecto, le informé como personero municipal que estos grupos actuaban con suficiente libertad en el casco urbano de Puerto Asís y que se encontraban ubicados en la HACIENDA VILLA SANDRA, cerca al Batallón 25 y la sede de la Brigada [XXVIa], por lo que esta información llegó a conocimiento de los paramilitares, quienes me amenazaron por lo que había dicho en el Consejo de Seguridad. A raíz de este Consejo de Seguridad, posteriormente (sic) fui amenazado por el señor mayor CARLOS KENEDY VELOZA LANCHEROS, de la policía, quien personalmente me dijo que totalmente estaba molesto e indignado por lo que yo había dicho en el Consejo de Seguridad y que mi problema, no era por el ejercicio de mis funciones, sino por mi lengua, diciéndome al final, `vamos a ver quién se revienta primero usted o yo'. 41

Testimonio del agente de la PNC Gilberto López

Otro habitante de Puerto Asís que testificó formalmente sobre los lazos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares provenía del interior de la fuerza policial. El agente de la PNC Gilberto López se dirigió por primera vez al personero el 4 de agosto de 2000 para quejarse de lo que él denominó "irregularidades" cometidas por grupos paramilitares. 42

López volvió un mes después para ampliar su primera declaración. Según su relato, el 13 de agosto de 2000 recibió una llamada telefónica del comandante militar de las AUC en el Putumayo, un hombre conocido como Camilo. Mientras Darío se encargaba de las finanzas, el comandante militar de las AUC, Camilo, se encargaba de la lucha. Algunas informaciones le señalan como ex teniente de la policía, destituido tras ser vinculado a los paramilitares y a violaciones a los derechos humanos durante su destino en la región de Urabá. 43

López dijo que Camilo le había informado de que los paramilitares visitarían el destacamento de la Policía en Orito, una población a una hora de Puerto Asís donde López trabajaba en esa época. López dijo al personero: los paramilitares quieren "conversar unos asuntos conmigo".

Uno de los emisarios era un paramilitar que se llamaba a sí mismo Yaír:

[Yaír] Ya había hablado con todas las autoridades del pueblo y el único que faltaba era yo... manifestándome que un alto mando de esa organización había autorizado una partida mensual para mí, sin ningún comprometimiento y que lo tomara como una forma de colaboración y que era una buena suma... El acompañante del mencionado señor me insistió por dos oportunidades más, que recibiera la plata, que lo pensara muy detenidamente. 44

El agente López realizó al día siguiente una tercera y última declaración al personero, esta vez identificando a uno de los oficiales al mando y a otros agentes que, según él, trabajaban directamente con los paramilitares. López describió que en su servicio como escolta del Mayor de la PNC Carlos Kenedy Veloza, recibió en el mes de abril la orden de éste de reunirse con él en un lugar determinado de Puerto Asís. Cuando López llegó, según su testimonio, el Mayor Veloza, su otro policía de escolta y el policía conductor no estaban. El escolta y el conductor le dijeron luego que el Mayor Veloza no había asistido al encuentro porque había estado con líderes paramilitares en Villa Sandra, la sede paramilitar. 45

El asesinato de Óscar Cardona

Informaciones sobre la visita del Mayor Veloza a Villa Sandra llegaron hasta el personero de forma independiente, a través de un habitante de la zona que dijo haber sido testigo de ella.

En su testimonio, Óscar Cardona Aguirre explicó que su hijo, también llamado Óscar, había sido asesinado por los paramilitares en Puerto Asís el 10 de abril de 2000. Tras trasladar el cuerpo de su hijo del hospital a la casa familiar para velarlo, Cardona fue a Villa Sandra para hablar directamente con el comandante de las AUC Camilo. Cardona era bien conocido entre los policías, puesto que hacía reparaciones en el cuartel de la Policía:

A partir de las dos y media de la tarde salí para la Hacienda Villa Sandra donde se encontraban ubicados los paramilitares en compañía del Mayor Carlos Veloza y del Capitán Sierra en el carro de la policía y hablé directamente con el Comandante alias Camilo, a esta hacienda entramos sólo los tres los escoltas se quedaron en la primera planta y arriba en el segundo piso donde se encontraba el Comandante Camilo llegamos lo saludamos y el Mayor Veloza le dijo "Yo nunca he querido venir acá, pero con base a las circunstancias que se han presentado ustedes nos han ofendido y me han ofendido a mí por la canallada que han hecho con el hijo del maestro, quien es un señor que apreciamos mucho en Puerto Asís, porque se preocupa que en la estación todo nos funcione bien, entonces quiero que me aclaren esa muerte. 46

Cardona contó que Camilo intentó justificarse diciendo que los paramilitares tenían información que indicaba que el hijo de Cardona había robado una motocicleta. Sin embargo, el padre del chico aseguró que la motocicleta era de un amigo de su hijo que se la había prestado. Camilo reconoció que sus hombres habían cometido un error, abrió una cartera, sacó 400.000 pesos y se los dio a Cardona con estas palabras: "Tenga patrón, esto no le va a devolver a su hijo pero le va a servir para ayudar a los gastos". 47

Esa misma noche, otro paramilitar que se denominaba a sí mismo Mario fue a casa de Cardona. Temiendo ser asesinado por haberse enfrentado a Camilo, Cardona pidió a su hija que llamara al Capitán Sierra. Éste vino inmediatamente, vio a Mario, pero no hizo nada. Cuando la hija de Cardona le preguntó a Mario por la razón de su visita, él contestó que venía para pedir perdón y le dio a la familia Cardona otro millón de pesos. 48

Las finanzas de las AUC en el Putumayo

No era raro que los paramilitares indemnizaran a los habitantes locales por sus errores o que pagaran a oficiales militares y de la Policía por su colaboración, como las AUC habían ofrecido hacer con el agente López. Pilar dijo a Human Rights Watch tener conocimiento directo de la manera en que los paramilitares organizaron sus finanzas en 2000, puesto que ella era responsable de registrar sus ingresos y gastos en un disquete de ordenador, realizando informes mensuales para Darío, el jefe financiero de las AUC, e incluso llevando en mano algunos pagos a familias de oficiales.

Entre los gastos regulares, dijo, había pagos mensuales a oficiales militares y de la Policía, algunos de los cuales incluso visitaban la casa de Darío para recoger el dinero. Según el relato de Pilar a Human Rights Watch, estos pagos se basaban en el rango: "Cada capitán recibía entre 2.000 y 3.000 dólares al mes, los mayores percibían 2.500 dólares, y un teniente 1.500 dólares. También se pagaba a los coroneles, pero no directamente". Según Pilar, "enviaban intermediarios para recoger el dinero". 49

Pilar dijo que en agosto y octubre había enviado personalmente dinero a través de Servientrega, un servicio local de transferencias, a la esposa de un mayor de la XXIVa Brigada. 50 El personero contó a Human Rights Watch que más tarde pudo confirmar esta operación consultando los registros de Servientrega. 51

Pilar dijo que en ocasiones había visto al propio Mayor de la XXIVa Brigada en casa de Darío, en Puerto Asís, y también a un capitán del Ejército colombiano. Otro ávido agente antinarcóticos de la PNC también fue a la casa a recoger su cuota de marzo, recordó Pilar, aunque no sabía su nombre. "Se me había caído el disquete [de las cuentas] y vi fuera su camioneta de la PNC. Él estaba dentro contando la plata". 52

Una vez, según Pilar, Darío le dijo que había pagado a otro mayor de la XXIVa Brigada más de 12.500 dólares para comprar uniformes militares. "El mayor era alto y de piel oscura", recordó Pilar. "Nunca envió los uniformes y Darío estaba enfadado con él." 53

En una declaración formal que Pilar realizó ante el personero, explicó que las solicitudes de efectivo eran constantes: "Darío me dijo una vez, que vivía cansado, mamado, tanto con los del Ejército como los de la Policía, por que lo habían cogido de lechero, cuando no era los $200,000, $300,000, que iba uno, otro a pedir plata eran entonces los tiquetes aéreos. Nunca supe el nombre del oficial, pero sé que era de la Policía que estaba pidiendo una cuota de $40,000,000, para poder adquirir un inmueble casa en Bogotá." 54

En general, este dinero parece haber sido una sabia inversión para las AUC. A pesar del minucioso examen y de decenas de visitas de misiones internacionales y periodistas extranjeros, la Policía de Puerto Asís y la XXIVa Brigada negaron constantemente cualquier lazo con grupos paramilitares de la región, incluso cuando la relación era obvia. Un taxista contó a Human Rights Watch cómo veía a los paramilitares cruzar regularmente las puertas del aeropuerto, unas instalaciones fuertemente custodiadas por la Policía y la XXIVa Brigada. 55

"Darío siempre sabía con antelación cuándo se iba a producir una redada del Ejército, así que podía tomar medidas para que no encontraran nada", explicó Pilar. "Tenían radios y teléfonos celulares y mantenían una estrecha comunicación con agentes de la policía y sus contactos militares." 56

Pilar también se encargaba del resto de los gastos de las AUC, incluyendo los salarios de los combatientes y otros gastos. En el Putumayo, declaró a Human Rights Watch, los combatientes paramilitares recibían un salario que dependía de su experiencia, rango y situación: "Los combatientes de las zonas rurales percibían un mínimo de 550.000 pesos al mes, que incluía dinero para alimentos. En las zonas urbanas, percibían 700.000 pesos al mes, que se incrementaban si eran ascendidos." 57

Según Pilar, entre los gastos fijos figuraban pistolas, municiones, provisiones y facturas de teléfono. Los extras podían ser desde ataúdes para los paramilitares muertos en combate, hasta sumas para pagar a los informadores. En general, según su testimonio, ella supervisaba un presupuesto de alrededor de 650.000 dólares al mes. 58

Según Pilar, la mayor parte de los ingresos que registraba todos los meses provenían de los impuestos sobre la cocaína. Los mayoristas pagaban una cuota a los paramilitares por cada kilo de cocaína pura que se adquiría en los pueblos que controlaban. Los laboratorios donde se cristalizaba la cocaína pura también pagaban una cuota. Por ejemplo, un pequeño laboratorio pagaba a los militares un mínimo de 3.500 dólares al mes. 59

Cuando Pilar terminaba su informe mensual, lo grababa en un disquete y se lo daba a Darío. "Darío enviaba el disquete a un hombre que llamaba Rafael en Cali. Era el comandante de Darío y tenía un lazo directo con uno de los hermanos de Carlos Castaño, que forma parte del alto mando de las AUC." 60

Rafael visitaba con frecuencia Puerto Asís, contó Pilar a Human Rights Watch. En julio de 2000, dijo, presidió un campamento de entrenamiento paramilitar en Villa Sandra. El campamento atrajo a combatientes sin experiencia de toda Colombia, comentó Pilar, incluyendo a una mujer que ganó un concurso de excelencia en combate. Para llegar allí, los paramilitares pasaban regularmente, e incluso diariamente, por delante de la XXIVa Brigada. "Darío me dijo que venían paramilitares de toda Colombia para una sesión de entrenamiento de dos semanas, por lo que necesitaba gastar dinero extra en camas, alimentos y otros suministros", contó Pilar a Human Rights Watch. 61

Ataque a Puerto Vega

Pilar también dijo que Darío y otros paramilitares le decían con frecuencia que coordinaban operaciones militares directamente con la XXIVa Brigada, entre ellas, un ataque en junio de 2000 a Puerto Vega, un puerto justo al otro lado del río Putumayo desde Puerto Asís. Docenas de periodistas habían hecho la crónica de cómo las FARC-EP controlaban el pueblo antes y después de enfrentamiento. 62

Las Fuerzas Armadas colombianas anunciaron su acción en Puerto Vega, afirmando que los soldados habían asesinado a un comandante de las FARC-EP llamado Rodolfo, que se rumoreaba que era hermano de Raúl Reyes, un miembro de la Secretaría General de las FARC-EP. 63

Sin embargo, según Pilar, el ataque se realizó junto con las AUC:

Los paramilitares me dijeron que sus comandantes habían sido transportados en un helicóptero del Ejército. Un informador de la zona fue quien ofreció recogerles. Durante el combate, los paramilitares mataron a dos guerrilleros y, como recompensa, se llevaron sus pertenencias, incluyendo el CD portátil de Rodolfo. Vi unos diez en casa de Darío cuando volvieron del combate, todavía con las caras pintadas y el uniforme. Dos de los paramilitares, que se llamaban a sí mismos Yaír y Coco, afirmaron que eran ellos quienes habían matado a Rodolfo, no las Fuerzas Armadas. 64

Según Pilar, Yaír pertenecía a los combatientes de las AUC y era un antiguo soldado del Ejército. Entrevistado independientemente por Reuters en mayo de 2000, Yaír afirmó haber servido en las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia y haber recibido entrenamiento de los Soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos (US Special Forces Rangers) y de las SEAL de la Marina estadounidense durante sus ocho años en las Fuerzas Armadas colombianas. "Tenemos la capacidad militar y operativa para despejar las zonas donde se encuentra la guerrilla... de forma que las tropas del Ejército puedan establecer sus bases para abastecer las zonas de vehículos y otros medios de transporte", dijo Yaír a Reuters. 65

El puesto de trabajo, campo de batalla

Con la esperanza de conseguir salir de su trabajo en las AUC, Pilar aceptó un empleo en una institución pública en Puerto Asís en septiembre de 2000. Para su sorpresa, descubrió que era casi tan peligroso como llevar las cuentas de Darío, según manifestó a Human Rights Watch. El lugar de trabajo, dijo Pilar, "era un infierno". Con preocupación constató que la batalla entre las FARC-EP, los paramilitares y las fuerzas de seguridad continuaba entre sus paredes. 66

Pilar trabajó para un viceadministrador. Después de octubre, afirmó, ya no llevaba las cuentas de Darío, pero seguía recibiendo frecuentes llamadas suyas. Pilar atribuía a estas llamadas un interés romántico que no era correspondido, pero temía que, si no las aceptaba, ella y los suyos correrían peligro. 67

"Darío me dijo que uno de los [administradores] había pedido ayuda a los paramilitares para librarse del director, de forma que este [administrador] pudiera llegar a director", recordó Pilar en su conversación con Human Rights Watch. Tanto el director en ese momento como el rival que quería su puesto fueron llamados a Villa Sandra al menos una vez, según Pilar. "Afortunadamente, el director dimitió y [el rival aspirante] se convirtió en el nuevo director." La alternativa, observó Pilar, era que el director titular fuese asesinado, de forma que su rival, que había logrado el apoyo de los paramilitares, pudiera ocupar su lugar. 68

Una tensión similar resultaba evidente en el único hospital del pueblo, donde la guerrilla y los paramilitares competían por el control y el acceso a los médicos y las medicinas. El 1 de septiembre de 2000, una familia del pueblo llegó con su hijo de un año, Brayan Moreno Guamán, al servicio de urgencias. No satisfechos con el tratamiento, se lo llevaron a casa al día siguiente, según la pediatra que lo supervisaba. Esa misma tarde, la pediatra, Dra. María Fernanda Ramírez, recibió una llamada urgente para que volviera al hospital. En una declaración que la Dra. Ramírez hizo más tarde ante el personero de Puerto Asís describió así lo ocurrido:

El médico de urgencias me comunica que los familiares del paciente se encuentran en el servicio de urgencias con los paramilitares exigiendo mi presencia inmediata... me desplacé de inmediato al servicio de urgencias, dos minutos después llegan dos hombres, uno de ellos es el abuelo del paciente y el otro me informó que necesitaba oír mi versión de lo que había pasado con el paciente. Según él, tenía información de que yo no lo había atendido adecuadamente. 69

La Dra. Ramírez descubrió más tarde que una enfermera pudo haber tratado a la familia con brusquedad. Preocupados por su hijo enfermo, habían apelado a las autoridades con más poder en el pueblo, las AUC. En su declaración, la Dra. Ramírez describió cómo paramilitares armados esperaban regularmente en el hospital mientras sus colegas recibían tratamiento, incluso cuando policías y soldados armados entraban y salían con normalidad. 70

Rápidamente se propagó la noticia de que la Dra. Ramírez había informado del incidente al personero y que había dicho que los paramilitares la habían amenazado. Aunque los paramilitares podrían haber pasado por alto el incidente, no toleraron que se hiciera público y se atrajera una atención no deseada hacia su control sobre Puerto Asís.

Según Pilar, Darío la llamó y se lamentó de tener órdenes de asesinar a la Dra. Ramírez. "Darío me llamó para decirme que estaba asombrado de que fueran a asesinar a un médico". 71 Sin embargo, la Dra. Ramírez huyó de Puerto Asís antes de que terminara la semana y ha abandonado Colombia. 72

La desaparición de Nancy

Pilar también ayudó al personero a desentrañar un caso que sucedió en 2000. Se trataba de la desaparición de Nancy, una estudiante que desapareció en Puerto Asís. 73

"Un padre [el de Nancy] vino a mi oficina a denunciar que su hija había desaparecido", dijo Martínez a Human Rights Watch. "Su padre me dijo que [un familiar cercano], un [oficial] del Ejército de Colombia que trabajaba en el Batallón No. 31 en Orito, la había llamado para pedirle que fuera a Orito a ayudarle a resolver un problema. Ella pidió prestado a su padre el dinero para el avión y llegó en un vuelo regular de Satena. Luego desapareció. Cuando su padre llamó [al oficial del Ejército], éste afirmó que nunca le había pedido que fuera a Orito." 74

Martínez aconsejó al preocupado padre que repartiera octavillas por Puerto Asís con la fotografía de Nancy y un número de teléfono, y así lo hizo. "Unos días después, estaba apuntando información de Pilar, que comentó algo sobre uno de los paramilitares que decía que, tras haber visto un prospecto, se dieron cuenta de que habían asesinado a una inocente por error." 75

En su declaración al personero, Pilar relató que Darío le había contado que uno de sus teléfonos celulares se había "calentado". "Recuerdo que me dijo preocupado, histérico [sic], ajá, es que hay muchos carteles pegados en el hospital, qué cagada, que por prestar unos teléfonos a alguien del Ejército y se los habían calentado, por que él, les dio una información y lo que le hicieron al final fue un favor personal y que eso fue una cagada. Porque este militar les había dicho que era guerrillera que llegaba." 76

"Comparando ambos testimonios", contó Martínez a Human Rights Watch, "descubrí que los paramilitares se referían a Nancy". Martínez supo que el oficial del Ejército quería deshacerse de ella por razones personales, "así que dijo a los paramilitares que una guerrillera con el aspecto de su pariente bajaría del vuelo de Satena ese día. Lo que parece haber sucedido es que se llevaron a Nancy directamente del aeropuerto y la asesinaron. Creo que puede ser una de las personas enterradas en Villa Sandra. El oficial del Ejército utilizó uno de los teléfonos celulares de los paramilitares para efectuar la llamada, como pude documentar después con los registros de la compañía telefónica." 77

Investigaciones oficiales

El trabajo insistente y detallado del personero de Puerto Asís dio lugar a varias visitas de la oficina del ACNUDH en Bogotá. Tras expresar al Gobierno, en repetidas ocasiones, su preocupación sobre la descarada alianza de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, y después de no recibir una respuesta efectiva, la Alta Comisionada, Mary Robinson, incluyó esta descripción de la situación en su informe anual, publicado en febrero de 2001:

A la entrada de la vereda El Placer es notoria la existencia de un retén paramilitar apenas a quince minutos de La Hormiga (Putumayo), donde se asienta un Batallón del Ejército perteneciente a la Brigada XXIV. Ocho meses después de que la Oficina reportara su observación directa del mismo, el retén seguía operando. Las autoridades militares negaron por escrito que esa posición paramilitar existiera. También la Oficina observó que en la hacienda "Villa Sandra", entre Puerto Asís y Santa Ana, del mismo departamento, los paramilitares se mantenían operando a pocos minutos de las instalaciones de la Brigada XXIV del Ejército. Con posterioridad se informó de dos allanamientos realizados por la fuerza pública que, al parecer, no dieron resultados. Sin embargo, la existencia y mantenimiento de dicha posición paramilitar es de pleno conocimiento público, tanto así que fue visitada en repetidas oportunidades por periodistas internacionales, quienes publicaron sus entrevistas con el comandante paramilitar. Testimonios recibidos por la Oficina dan cuenta, incluso, de reuniones entre miembros de la fuerza pública y paramilitares en la misma hacienda "Villa Sandra." A fines de julio, la Oficina alertó a las autoridades sobre la inminencia de una incursión paramilitar en el casco urbano de La Dorada, municipio de San Miguel (Putumayo), la cual efectivamente tuvo lugar el 21 de septiembre. Los paramilitares permanecieron varias semanas en la localidad, a pesar de que ésta se encuentra a pocos minutos de la base del Ejército en La Hormiga. 78

En septiembre, llegaron a Puerto Asís investigadores enviados personalmente por el jefe de la Procuraduría de Colombia como resultado de las preocupaciones de la oficina de la ONU. No es habitual que la Procuraduría envíe a altos investigadores, que suelen reservarse para casos especialmente delicados o crímenes presuntamente cometidos por oficiales de alto rango. En su declaración a los investigadores de la Procuraduría, Martínez volvió a resumir la ola de asesinatos y desapariciones forzadas que había inundado su oficina:

Puedo afirmar haber visto en varias oportunidades personal de la Fuerza Pública, Ejército, hablando en la vía pública, con estas personas que son reconocidas en el pueblo como paramilitares. Puedo afirmar que no solamente hay conductas omisivas, sino que lo que existe aquí es un trabajo coordinado entre fuerzas legales, que se suponen legales, y fuerzas ilegales, que se suponen ilegales. 79

Un día después, investigadores de la Procuraduría advirtieron que desde la base de la XXIVa Brigada se podía ver "perfectamente" una casa paramilitar, cuya entrada, fuertemente custodiada se encontraba a menos de 500 metros. Más adelante en la carretera se encontraba Villa Sandra, donde los investigadores observaron que miembros de las AUC armados y uniformados jugaban al billar a plena vista de un tráfico intenso. 80 [Ver FOTO 4]

Durante su visita a Puerto Asís, Human Rights Watch pudo documentar la geografía que Martínez, la oficina de la ONU y la Procuraduría describen para subrayar la proximidad entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Desde el aeropuerto, una carretera fuertemente militarizada sale de la ciudad por el oeste. Durante dos días, Human Rights Watch observó a varias unidades del Ejército de Colombia patrullando la carretera con equipos de combate. En rápida sucesión, la carretera pasa por la Policía antinarcóticos, la base paramilitar en la hacienda Villa Sandra y la XXIVa Brigada. El trayecto desde el aeropuerto hasta la XXIVa Brigada llevó a Human Rights Watch veinte minutos. Cuando Human Rights Watch visitó Puerto Asís, Pilar y el personero nos dijeron que Darío y el nuevo comandante militar del grupo, Enrique, habían trasladado su cuartel general a la población de La Hormiga, y Villa Sandra aparecía desierta.

En Puerto Asís, Reuters observó cómo los paramilitares, a los que los lugareños llamaban los Power Rangers por la popular serie de dibujos animados montaban patrullas en el pueblo día y noche, "ante las mismas narices de un importante destacamento policial en la XXIVa Brigada del Ejército. A pesar de tres órdenes de arresto emitidas desde que se unió a las AUC hace tres años, Yaír, llamado así por un mercenario israelí que entrenaba a asesinos de la mafia de la droga en los años 80, se mueve con libertad dentro y fuera del pueblo, pasando sin problemas por controles militares." 81

Mientras viajaban a la cercana población de La Hormiga en transporte público, investigadores de la Procuraduría fueron detenidos por paramilitares de las AUC vestidos de civiles. Este retén llevaba instalado permanentemente un año, desde que los paramilitares llevaron a cabo la masacre de once personas en el caserío cercano de El Placer, el 7 de noviembre de 1999. 82 La Hormiga está bajo control de la XXIVa Brigada y su Batallón Antiguerrilla No. 31 Sebastián de Belalcázar.

Durante la parada, los paramilitares pidieron identificaciones y una explicación del propósito de la visita de cada pasajero. Una vez en el pueblo, los investigadores fueron seguidos por otro paramilitar que llevaba uniforme de camuflaje, brazalete de las AUC y rifle. La Hormiga estaba fuertemente militarizada, pero los investigadores de la Procuraduría aseguraron que les resultaba imposible distinguir entre los miembros del Ejército de Colombia y los combatientes paramilitares:

"Dejamos constancia que durante el tiempo que permanecimos en el poblado observamos permanente patrullaje de los integrantes de las autodefensas a pie y en camionetas, observando que los que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, en sus uniformes se distinguía la leyenda Ejército." 83

Cinco días después de esta declaración, las FARC-EP impusieron una huelga armada en el departamento del Putumayo, prohibiendo totalmente cualquier movimiento. En un retén, guerrilleros de las FARC-EP hablaron con un corresponsal del San Francisco Chronicle sobre las razones de la huelga, que amenazaba con privar de alimentos y de servicios básicos, como la asistencia sanitaria, a los 350.000 habitantes de la región. Unos tres kilómetros más abajo en la carretera, el sargento del Ejército Jairo López declaraba pausadamente al mismo reportero que, cuando su unidad se moviera, los paramilitares tomarían el control. "Tienen una lista [de personas a las que querían matar]", dijo al San Francisco Chronicle. "Hay muchas personas en ella, 20 ó 30." 84

Basándose en sus pesquisas, los investigadores de la Procuraduría invocaron un procedimiento especial que insta al jefe de la Procuraduría a interrogar inmediatamente a los funcionarios implicados y a recomendar medidas disciplinarias específicas, incluyendo despidos o multas. Aunque las medidas se solicitaron el 9 de octubre de 2000, cuando este informe se mandó a la imprenta, la Procuraduría todavía no había tomado ninguna medida, una omisión que no se ha explicado. 85

Que nosotros sepamos, todos los oficiales nombrados en la investigación de la Procuraduría por su presunto incumplimiento de sus obligaciones y por no tomar medidas contra los paramilitares -el Coronel del Ejército Gabriel Díaz y los capitanes de la PNC Ohover de Jesús Cáceres Díaz, Jorge Raúl Sierra Suárez, Javier Alexander Parra Prada, y el Mayor Carlos Veloza Lancheros- siguen en activo. Mientras se redactaba este informe, el Coronel Díaz estaba terminando el curso para su ascenso al grado de general. 86

"El Coronel Gabriel Díaz nos dijo que la información sobre los paramilitares eran sólo historias sin pruebas", afirmó a Human Rights Watch un observador internacional que había entrevistado al Comandante de la XXIVa Brigada. "Incluso nos dijo que se estaba realizando un registro mientras estábamos sentados en su oficina, pero que no habían encontrado nada." 87

Human Rights Watch entrevistó a varios observadores que contaron cómo el Coronel Díaz les había informado de registros en curso en Villa Sandra, que no dieron como resultado el hallazgo de ningún indicio de paramilitares, a pesar de que esos mismos observadores habían visto a paramilitares en Villa Sandra ese día. El Coronel Díaz montó otro espectáculo similar, descrito más tarde en el semanario Cromos. La revista visitó el Putumayo en octubre de 2000, durante la huelga armada de las FARC-EP. Como observaron los periodistas, "no se necesita mucha inteligencia militar para corroborar [la presencia paramilitar]. Durante las cuatro ocasiones que CROMOS pasó por allí, un grupo de las AUC uniformado y con fusiles jugaba billar a la vista de todos los viajeros". 88

Cuando los reporteros de Cromos comentaron al Coronel Díaz lo que habían visto, Díaz respondió: "Ése es un tema que tienen las ONG para enlodar el nombre del Ejército ". Entonces les enseñó un expediente con varios registros de búsquedas realizadas por el Ejército que no habían descubierto pruebas de la presencia de ningún grupo armado. Sin embargo, cuando los periodistas de Cromos salieron de la XXIVa Brigada y pasaron por Villa Sandra ese mismo día, los paramilitares armados y uniformados que habían visto antes seguían jugando al billar. 89

Para otras personas entrevistadas por Human Rights Watch, la relación entre la XXIVa Brigada y los paramilitares era tan clara, y tan aparentemente normal, que el Coronel Díaz se burló de ella abiertamente. Según un observador, que habló con Human Rights Watch con la condición de permanecer en el anonimato, durante una visita en diciembre de 2000 a la XXIVa Brigada y al Coronel Díaz, este oficial señaló tranquilamente a un conocido paramilitar que pasaba por delante de la base militar, pero no hizo ningún esfuerzo por detener e investigar al paramilitar, tal como lo exige la ley. 90

Detenciones de la Fiscalía

El 15 de diciembre de 2000, un equipo especial enviado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General llegó a Puerto Asís para realizar detenciones de supuestos miembros paramilitares. Pero tuvieron poco éxito, arrestando sólo a un paramilitar conocido como El Russo. 91

Pilar contó a Human Rights Watch que Darío, con quien habló por teléfono después de la detención, le dijo que cogieron a El Russo porque no entendió las señales que realizaron con las manos los policías que custodiaban la entrada del aeropuerto de Puerto Asís. "Algunos policías estaban sentados en el restaurante El Paisa, delante del aeropuerto, e intentaban decirle con señales que se fuera, que había peligro", dijo Pilar. "Él no lo entendió." 92

Podría haber sido peor, comentó Pilar que le dijo Darío. Mientras los fiscales escoltaban a El Russo en un vuelo comercial fuera de Puerto Asís, otros cuatro paramilitares viajaban como pasajeros regulares en el mismo vuelo, dejando el pueblo hasta que las cosas se calmaran y pudieran volver. 93

Un alto funcionario gubernamental que ayudó a coordinar la detención declaró a Human Rights Watch que la operación se consideró un éxito parcial aunque detuvieran sólo a un paramilitar. "La única razón por la que tuvo algún éxito fue porque las Fuerzas Armadas no estaban informadas", dijo. 94 Los investigadores también exhumaron dos cuerpos de una fosa en Villa Sandra. Se están realizando esfuerzos para identificarlos. 95

"Enviamos un equipo de agentes del CTI y fiscales de la Unidad de Derechos Humanos al Putumayo para efectuar detenciones, pero podemos hacer muy poco si las Fuerzas Armadas los protegen", reconoció un investigador gubernamental a Human Rights Watch. El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) emplea a los investigadores de la Fiscalía General y no está autorizado a armarlos fuertemente para realizar operaciones peligrosas, por lo que han de confiar en la PNC o en las Fuerzas Armadas. 96

Ataques a grupos indígenas

Entre los grupos más afectados por el avance de los paramilitares en el Putumayo se encuentran los pueblos indígenas que viven a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador. Unas 35.000 personas de las etnias cofán, inga, quechua y emberá viven en el Putumayo, según líderes indígenas entrevistados por Human Rights Watch. Los ataques contra ellos han pasado prácticamente inadvertidos para los medios. 97

El 26 de diciembre de 2000, individuos que se sospecha eran paramilitares asesinaron a Henry Pascal, un líder de los cofán. Una semana después, el 3 de enero, se informó de que efectivos paramilitares habían asesinado a Pablo Emilio Díaz, director de una organización de ayuda a los cofán conocida como la Fundación ZIO - AI. Se dijo que los paramilitares forzaron a Díaz a salir de su barco, lo asesinaron y arrojaron su cuerpo a un río. Sus familiares fueron amenazados de muerte si recuperaban el cadáver. Docenas de cofans se han visto forzados a huir de la zona. 98

Amenazas de muerte

Los paramilitares se dieron cuenta a principios de 2000 de que la diligencia del personero les estaba ocasionando un problema importante. En julio, contó Martínez a Human Rights Watch, él y el alcalde del pueblo fueron llamados a un matadero fuera del pueblo para reunirse con Rafael, el comandante de las AUC de Cali. Según Pilar, Rafael trabajaba directamente con uno de los hermanos de Carlos Castaño así que tenía un puesto relativamente alto en la jerarquía de las AUC. Martínez recordaba que Rafael dirigió la reunión encapuchado. 99

"Rafael quería que aclarara mi posición respecto a su grupo y yo repliqué que ya estaba bastante clara", contó Martínez a Human Rights Watch. "También me ofreció un sobresueldo. Tuvimos una discusión muy acalorada y me dijo que ya debería estar muerto. Unos días después, Camilo [el comandante militar de las AUC] me envió una botella de whisky para disculparse por el tono de Rafael." 100 [ FOTO 5]

Meses después, Martínez, según su propio testimonio, recibió otros requerimientos de Camilo, ordenándole presentarse en Villa Sandra. Se negó, así que Camilo fue hasta él. "Confirmó que Villa Sandra era su base permanente", declaró Martínez a Human Rights Watch. "Me pidió que trabajara menos, que le dejara continuar operando allí. Como un signo de buena fe, me envió a cuatro personas que habían tomado los paramilitares y a las que planeaban asesinar. Yo me negué a trabajar con él, así que se fueron a La Hormiga, donde se encuentran ahora." 101

Pilar testificó más tarde ante el personero que Darío había hablado con ella de la primera reunión en el matadero. "Darío me dijo que Rafael había amenazado al personero", aseguró Pilar a Human Rights Watch. 102 En su declaración al personero, Pilar afirmó: "[Darío dijo] quien estaba armando tanto alboroto era ese hijueputa del Personero, que de todas formas el período del Personero iba a acabar, pero igual, tenían que pelarlo por que estaba creando muchos problemas... no saben por qué sigue vivo el personero, pero que antes de terminar su período lo mataban". 103

Pilar también describió cómo Darío había intentado amenazar a miembros del ayuntamiento para elegir a un nuevo personero que tolerara su actividad. Según pilar, Darío dijo que el que no votara así "lo declaraban objetivo militar". 104

Martínez continuó aceptando testimonios a pesar del gran riesgo personal que corría. "A través de varias fuentes, me dijeron que los paramilitares intentarían matarme antes de que completara mi período el 28 de febrero de 2001. Incluso uno de mis escoltas policiales recibió esta información y la documentó en una carta al Comandante de la Policía local." 105

Desde la misión de Human Rights Watch al Putumayo en enero de 2001, tanto el personero como el sacerdote local se han visto forzados a irse debido a las amenazas de los paramilitares. 106 Sin embargo, no tenemos conocimiento de ninguna acción disciplinaria contra la Policía de Puerto Asís o contra los oficiales al mando de la XXIVa Brigada por sus claros lazos con los paramilitares. Y esto a pesar de la atención sin precedentes que ha recibido la región por la Campaña en el sur de Colombia respaldada por Estados Unidos para erradicar la coca.

Lejos de poner empeño en limpiar la XXIVa Brigada, Estados Unidos y Colombia han hecho de esta unidad una parte clave de sus esfuerzos de erradicación realizados en diciembre de 2000 y enero de 2001, como se describe más adelante en la sección de este informe sobre política estadounidense.

Algunos habitantes de la zona dijeron a Human Rights Watch que el 20 de diciembre de 2000, el día después de que los aviones estadounidenses de fumigación comenzaran a rociar el Putumayo, los paramilitares utilizaron tres camiones para entrar en el pueblo de Puerto Caicedo, a unas dos horas al oeste de Puerto Asís. También anunciaron su intención de entrar en Mocoa, la capital del departamento, a finales de 2001.

"En sólo un mes hemos registrado al menos quince asesinatos en Puerto Caicedo como resultado del avance de los paramilitares", afirmó el sacerdote local en Puerto Asís. 107

Un habitante de Puerto Caicedo dijo a Human Rights Watch que los paramilitares tenían un mensaje espeluznante. "Los paramilitares fueron preguntando para ver quién había aplaudido cuando los guerrilleros celebraron un mitin y criticaron el Plan Colombia", afirmó el testigo. "Prometieron hacer que esas mismas personas aplaudieran el sonido de las balas." 108

En marzo de 2001, paramilitares del Putumayo se jactaban ante los periodistas visitantes de encabezar la ofensiva anticoca, tomando el control de las zonas por delante del Ejército para evitar que los guerrilleros dispararan a los aviones fumigadores. "El Plan Colombia sería prácticamente imposible sin la ayuda de las fuerzas de autodefensa [paramilitares]", dijo el comandante Wilson, miembro de las AUC al Boston Globe. 109

Un centinela paramilitar "revolvía en un paquete de víveres C del Ejército estadounidense, buscando chicle y pasteles" bajo la mirada del periodista del Boston Globe. "No hacía caso a las preguntas sobre el origen de los suministros, enviados con destino a las tres unidades antinarcóticos del Ejército de Colombia entrenadas por asesores de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos." 110


CAPÍTULO II (continuación)
REGRESAR AL PRINCIPIO

1 Scott Wilson, "Chronicle of a Massacre Foretold", The Washington Post, 28 de enero de 2001.

2 "Masacradas 25 personas", El Tiempo, 18 de enero de 2001.

3 Una respuesta que las Fuerzas Armadas de Colombia hicieron circular de forma anónima acusaba a Wilson de "oscuros intereses plagados de mala intención, cuyo objetivo se centra en manipular la verdad de los hechos y causar daño a las Fuerzas Militares de Colombia y enlodar de paso a sus Oficiales", una reacción bastante típica a los informes de colaboración militar-paramilitar que no desmentía ninguno de los datos o testimonios que aportaba el artículo. Scott Wilson, "Chronicle of a Massacre Foretold", The Washington Post, 28 de enero de 2001.

4 Carta de los habitantes de Chengue, Don Gabriel, y Salitral, Sucre, Personería de Ovejas, al Presidente Andrés Pastrana, 6 de octubre de 2000.

5 Entrevista de Human Rights Watch con un investigador gubernamental, 22 de agosto de 2001.

6 La investigación de la Procuraduría también desembocó en procedimientos disciplinarios por negligencia en el cumplimiento del deber contra, entre otros, el Coronel de la Armada Óscar Saavedra, Comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5; el Mayor Víctor Salcedo, Comandante del Batallón Antiguerrilla de la Armada No. 33; y el Coronel Miguel Yunis, Comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 3. La investigación continúa. Entrevista de Human Rights Watch con un investigador gubernamental colombiano, Washington, D.C., 22 de agosto de 2001; "Tras las rejas", Cambio, 22 de mayo de 2001; y "Caso Chengue: investigan a un general", El Espectador, 9 de julio de 2001.

7 El 31 de agosto de 2001, unos pistoleros asesinaron a la fiscal que había recopilado la mayor parte de las pruebas del caso Chengue. Yolanda Paternina volvía a su casa en Sincelejo, Sucre, cuando fue objeto del ataque. Anteriormente, Paternina había informado a sus superiores de que unos desconocidos habían entrado en su casa y destruido pertenencias familiares sin llevarse nada. Comunicación electrónica de Human Rights Watch con un investigador gubernamental, 30 de agosto de 2001; y "Chengue: asesinada fiscal", El Espectador, 31 de agosto de 2001.

8 Entrevista de Human Rights Watch con un investigador gubernamental, Bogotá, 9 de enero de 2001.

9 "Aumentan quejas por los `paras'", El Espectador, 19 de marzo de 2001.

10 Comunicación por correo electrónico entre Human Rights Watch y un funcionario del gobierno colombiano, 2001.

11 Ibíd.

12 Párrafo 16, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2001/15, 8 de febrero de 2001. Este documento se encuentra disponible en http://www.unhchr.ch/.

13 "Muertos en masacres aumentaron 32%", El Tiempo, 28 de abril de 2001.

14 Desplazamiento y derechos humanos, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, 2001. En 1999, 288.000 personas se vieron desplazadas. CODHES Informa, Boletín de Prensa N_ 26, 18 de noviembre de 1999, p. 3, y Boletín de Prensa N_ 30, agosto de 2000, p.1.

15 En estas cifras se incluyen las muertes diarias de cinco combatientes o civiles, en situaciones de combate, fuego cruzado y ataques indiscriminados incluidos.

Panorama de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 26 de febrero de 2001.

16 "Rechazan masacres", El Espectador, 23 de enero de 2001.

17 "La cifra duplica la del año pasado", El Tiempo, 22 de abril de 2001.

18 En junio, Castaño anunció su dimisión como comandante en jefe de la organización y dijo que se haría cargo del brazo político de las AUC. El significado de este cambio permanecía sin aclarar en el momento de redactar este informe.

19 Germán Castro Caycedo, En Secreto (Santafé de Bogotá: Planeta, 1996), pp. 139-232.

20 Entrevista de Human Rights Watch con Carlos Castaño, 9 de julio 1996; y con un analista de inteligencia del Gobierno colombiano, Bogotá, 2 de diciembre de 1997.

21 Entrevista de Carlos Castaño con Darío Arizmendi, Cara a Cara, Televisión Caracol, 1 de marzo de 2000.

22 Entrevista de Human Rights Watch con investigadores gubernamentales, Bogotá, 9 de enero de 2001; y "Mindefensa reveló composición de grupos ilegales: 21 mil guerrilleros contra 8 mil paras", El Colombiano, 8 de febrero de 2001.

23 Entrevista de Human Rights Watch con un investigador gubernamental, Bogotá, 9 de enero de 2001.

24 Este entrevistado solicitó permanecer en el anonimato. Entrevista de Human Rights Watch, Bogotá, 18 de enero de 2001.

25 También se encuentra disponible en el sitio web un editorial que anuncia la dimisión de Castaño como comandante en jefe de las AUC. Se puede ver en http://www.colombialibre.org.

26 Para obtener más información sobre la posición de Human Rights Watch sobre las violaciones al derecho internacional humanitario por parte de la guerrilla, véase nuestra carta al comandante de las FARC-EP Manuel Marulanda.

27 Entrevista de Human Rights Watch con Mirta, Washington, D.C., 23 de octubre de 2000.

28 Pilar accedió a hablar con la condición de permanecer en el anonimato por miedo a represalias. Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 15 de enero de 2001; y Panorama Actual del Putumayo: Análisis Regional, Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, mayo de 2000.

29 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 15 de enero de 2001.

30 Los documentos no incluyen su nombre propio. Pilar sólo lo conocía por su rango y su apellido. Se puede encontrar una lista de unidades del Ejército Colombiano y su situación en el sitio web del Ejército Colombiano en http://www.ejercito.mil.co/organiza/.

31 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 15 de enero de 2001.

32 Ibíd.

33 Entrevistas de Human Rights Watch en el Putumayo, junio de 1992; y Situación de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Departamento del Putumayo, CINEP, MINGA, CODHES, 19 de mayo de 2000.

34 Según la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley del Departamento de Estado de EEUU, el Putumayo posee el mayor número registrado de parcelas dedicadas al cultivo de coca de toda Colombia. Entrevista de Human Rights Watch con habitantes de Puerto Asís, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001; y Panorama Actual del Putumayo: Análisis Regional, Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, mayo de 2000.

35 Posteriormente, la Fiscalía General detuvo a Luis Guillermo Millán, acusado de liderar a los paramilitares que cometieron la masacre. Panorama Actual del Putumayo: Análisis Regional, Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, mayo de 2000; y "Fiscalía responsabilizó a Millán Cardona de masacre", El Colombiano, 29 de octubre de 1999.

36 Declaración de Diana Milena López Restrepo al personero Germán Martínez, Puerto Asís, Putumayo, 2 de octubre de 2000.

37 Entrevista de Human Rights Watch con un sacerdote, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001.

38 Entrevista de Human Rights Watch con Germán Martínez, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001.

39 Ibíd.

40 Actas del Consejo de Seguridad celebrado el 4 de febrero de 2000 en Puerto Asís, en la oficina del Alcalde.

41 Los alcaldes, gobernadores o el Presidente de Colombia pueden convocar Consejos de Seguridad especiales en los que participan oficiales de las fuerzas de seguridad, funcionarios municipales y otros para desarrollar estrategias coordinadas para enfrentarse a la violencia política. Martínez ya ha completado su período como personero y ha abandonado Puerto Asís por su seguridad. Declaración de Germán Martínez, personero, a Luis Carlos Domínguez Prada, Procuraduría, 19 de septiembre de 2000.

42 Las tres declaraciones de López corroboran la declaración de Pilar y el contenido de su entrevista con Human Rights Watch. Declaración del agente Gilberto López al personero Germán Martínez, Puerto Asís, Putumayo, 4 de agosto de 2000.

43 Pilar dijo a Human Rights Watch que Camilo se llamaba Freddy Alexander Rivera y que las AUC lo ejecutaron el 19 de noviembre de 2000 por discrepar con sus comandantes. El agente Gilberto López, anteriormente citado, también señaló a las autoridades que Camilo había sido teniente de la Policía. Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

44 Declaración del agente Gilberto López a Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 18 de septiembre de 2000.

45 Declaración del agente Gilberto López a Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 19 de septiembre de 2000.

46 Declaración de Óscar Cardona Aguirre a Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 15 de septiembre de 2000.

47 Ibíd.

48 Ibíd.

49 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

50 Ibíd.

51 Entrevista de Human Rights Watch con Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001.

52 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

53 Ibíd.

54 Declaración de Pilar a Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 13 de enero de 2001.

55 Entrevista de Human Rights Watch con Estefan, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001; y Declaración de Estefan a Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 23 de octubre de 2000.

56 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

57 Ibíd.

58 Declaración de Pilar a Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 13 de enero de 2001.

59 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

60 Ibíd.

61 Ibíd.

62 Por ejemplo, véase la crónica de Juan Tamayo, "Colombian coca-growing area shaken by a guerrilla blockade", Miami Herald, 16 de noviembre de 2000.

63 "Dado de baja", Cambio, 18-25 de septiembre de 2000.

64 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

65 En la misma entrevista, Yaír afirmó que cuatro altos mandos paramilitares en Putumayo habían ostentado anteriormente insignias en la Policía o el Ejército, desde cabos a tenientes. Karl Penhaul, "Colombia death squads support US-backed offensive", Reuters, 15 de mayo de 2000.

66 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

67 Ibíd.

68 Ibíd.

69 Declaración de la Dra. María Fernanda Ramírez al personero de Puerto Asís, 4 de septiembre de 2000.

70 Ibíd.

71 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

72 Entrevista de Human Rights Watch con un observador internacional, Bogotá, 8 de enero de 2001.

73 Puesto que el caso continúa, hemos omitido detalles que pudieran servir para identificar a la víctima o a los presuntos responsables.

74 Entrevista de Human Rights Watch con Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001.

75 Ibíd.

76 Declaración de Pilar a Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 13 de enero de 2001.

77 Entrevista de Human Rights Watch con Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001.

78 Párrafo 134, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2001/15, 8 de febrero de 2001.

79 Declaración de Germán Martínez, personero, a la Procuraduría, Puerto Asís, Putumayo, 19 de septiembre de 2000.

80 Acta de Inspección practicada en la vía comprendida entre la Ciudad de Puerto Asís y la Inspección de Santana a los sitios distinguidos como: El Batallón No. 25 `Domingo Rico', la `Casa Abandonada', Hacienda Villa Sandra y la Brigada No. 24 con sede en Santana-Putumayo, Oficina de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, 20 de septiembre de 2000.

81 Karl Penhaul, "Colombia death squads support US-backed offensive", Reuters, 15 de mayo de 2000.

82 Situación de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Departamento del Putumayo, CINEP, MINGA, CODHES, 19 de mayo de 2000; y "Violence in Colombia drug zone claims 24 lives", Reuters, 8 de noviembre de 1999.

83 Acta de Visita Especial Practicada, en la Inspección de El Placer Municipio de La Hormiga (Putumayo), Oficina de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, 19 de septiembre de 2000.

84 Robert Collier, "Travelers Take Life in Their Hands in Rebel-Controlled Zone", San Francisco Chronicle, 17 de enero de 2001.

85 El jefe de la Procuraduría Jaime Bernal Cuéllar completó su mandato después de que los investigadores presentaran este procedimiento, y fue sustituido por Edgardo José Maya Villazón. Carta de los investigadores al Procurador Jaime Bernal Cuéllar, 9 de octubre de 2000.

86 En septiembre de 2001, el caso estaba atascado en la oficina del Procurador, casi un año después de ser solicitadas medidas urgentes. Carta de los investigadores al Procurador Jaime Bernal Cuéllar, 9 de octubre de 2000; entrevista telefónica de Human Rights Watch, 22 de febrero de 2001; y comunicación por correo electrónico de HRW con el Teniente Coronel Luis Alfonso Novoa Díaz, coordinador, GRUDH-INSGE, 27 de febrero de 2001.

87 Entrevista de Human Rights Watch con un observador internacional, Bogotá, 8 de enero de 2001.

88 Martha Auiz, "La gente de Puerto Asís", Cromos, 6 de noviembre de 2000.

89 Ibíd.

90 Entrevista de Human Rights Watch, Bogotá, 9 de enero de 2001.

91 Entrevista de Human Rights Watch con un funcionario gubernamental, Bogotá, 10 de enero de 2001.

92 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 15 de enero de 2001.

93 Ibíd.

94 Entrevista de Human Rights Watch con un funcionario gubernamental, Bogotá, 10 de enero de 2001.

95 Carta a Human Rights Watch de un investigador gubernamental colombiano, 16 de mayo de 2001.

96 Entrevista de Human Rights Watch con un investigador gubernamental, Bogotá, 9 de enero de 2001.

97 Entrevista de Human Rights Watch con líderes indígenas, Mocoa, Putumayo, 16 de enero de 2001.

98 Entrevista de Human Rights Watch con un representante de los cofán, Mocoa, Putumayo, 16 de enero de 2001.

99 Entrevista de Human Rights Watch con Germán Martínez, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001.

100 Ibíd.

101 Entrevista de Human Rights Watch con Germán Martínez, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001.

102 Entrevista de Human Rights Watch con Pilar, 18 de enero de 2001.

103 Declaración de Pilar a Germán Martínez, personero, Puerto Asís, Putumayo, 13 de enero de 2001.

104 Ibíd.

105 Carta del agente de patrulla (escolta) Edimer Camayo Vargas al Capitán Javier Alexander Parra Prada, Comandante, Distrito Segundo, Puerto Asís, Putumayo, 11 de enero de 2001.

106 Juan O. Tamayo, "Priest involved in Colombia war, told to `get out of town or die'", Miami Herald, 27 de febrero de 2001.

107 Entrevista de Human Rights Watch con un sacerdote, Puerto Asís, Putumayo, 15 de enero de 2001.

108 Entrevista de Human Rights Watch con un habitante de Puerto Caicedo, Mocoa, Putumayo, 16 de enero de 2001.

109 Karl Penhaul, "Outlaw role seen in Colombia effort", Boston Globe, 28 de marzo de 2001.

110 Ibíd.


CAPÍTULO II (continuación)
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