Valle y Cauca (Tercera Brigada)

Los paramilitares se pasean durante el día con los brazaletes puestos, y la policía y los militares simplemente los dejan pasar. Cuando llegan comisiones oficiales, sólo se quitan los brazaletes. Los de fuera no saben más que son soldados.

En Los lazos que unen, un informe que Human Rights Watch publicó el 23 de febrero de 2000, detallamos el historial de la IIIa Brigada del Ejército de Colombia, a la que investigadores gubernamentales han vinculado con la formación de grupos paramilitares en el departamento del Valle del Cauca.

Investigadores del Gobierno colombiano nos proporcionaron información detallada que demostraba que, en 1999, la IIIa Brigada del Ejército de Colombia ayudó a establecer un grupo paramilitar llamado Frente Calima. Investigadores de la Fiscalía General dijeron a Human Rights Watch que habían recopilado pruebas precisas de la vinculación del Frente Calima con oficiales militares en servicio activo, retirados y en la reserva asignados a la IIIa Brigada; con terratenientes locales, y con paramilitares contratados de las filas de las AUC. Según estos investigadores del Gobierno y testimonios obtenidos por Human Rights Watch, la IIIa Brigada proporcionaba al Frente armas, inteligencia y apoyo logístico, y coordinaba acciones con sus miembros. ¹¹¹

Durante su misión a Valle en enero de 2001, Human Rights Watch recibió más información que vinculaba a la IIIa Brigada con la formación y el despliegue del Frente Calima. Además, lejos de tomar acciones decisivas para cortar estos lazos, castigar a los oficiales responsables y arrestar a los líderes paramilitares, el Gobierno colombiano ha hecho muy poco por enfrentarse a este grave problema.

Al contrario, la relación entre la IIIa Brigada y las AUC, de las que el Frente Calima es una de las fuerzas principales, continuó durante todo 2000 y tuvo como resultado una de las ofensivas más violentas registradas en Colombia durante ese año. En 2000, las AUC afirmaron que habían establecido otras cuatro unidades en la región: Frente Farallones, Frente Pacífico, Frente Páez y Frente Libertadores del Sur. Las AUC utilizaron estas unidades para llevar a cabo su divulgado plan de toma de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño y de establecimiento de una presencia permanente. ¹¹²

"Una y otra vez enviamos alertas tempranas al Gobierno sobre amenazas de masacres, pero nunca se hace nada", señaló a Human Rights Watch un defensor local de los derechos humanos. "Han venido comisiones del Gobierno en varias ocasiones, pero nunca vemos ningún resultado. Las masacres se realizan a pesar de todo." ¹¹³

Frente Calima

Durante su misión de enero de 2001, Human Rights Watch entrevistó a Felipe, un adolescente que trabajaba para los servicios de información de la IIIa Brigada cuando se formó el Frente Calima. En el momento de nuestra entrevista, Felipe se encontraba bajo protección por orden de la Fiscalía General, al haber recibido amenazas de muerte.

Felipe contó a Human Rights Watch que comenzó a trabajar para la IIIa Brigada cuando tenía catorce años. Recopilaba información acerca de las guerrillas a cambio de dinero. También trabajó para el Batallón Palacé, parte de la IIIa Brigada, y acompañó a unidades del Ejército en algunas operaciones. ¹¹⁴

"La primera reunión a la que asistí fue entre paramilitares y el Ejército y se celebró sobre marzo de 1999 en la sede de la IIIa Brigada en Cali", contó Felipe a Human Rights Watch. "Estaban recopilando todos los detalles sobre personas adineradas de la zona para que pudieran aportar dinero y traer a los paramilitares a la región." ¹¹⁵

Felipe identificó a dos oficiales de alto rango de la IIIa Brigada que habían asistido a la reunión. Un hombre que se autodenominaba Marcos representaba a las AUC. "Marcos me llamó unos meses después y me invitó a trabajar con los paramilitares", recordó Felipe. ¹¹⁶

Felipe aseguró a Human Rights Watch que trabajó con soldados que pasaban las vacaciones pluriempleados como paramilitares para obtener un dinero extra. "Me dijeron que les pagaban 1.000.000 de pesos por un mes de trabajo." ¹¹⁷

Según el mismo testigo, poco después de la reunión inicial, unidades del Ejército apoyaron el avance paramilitar que comenzó en julio de 1999 cerca de Buga y Tuluá. Los oficiales, dijo, se comunicaban constantemente con los paramilitares sobre el terreno mediante teléfonos celulares y radios. ¹¹⁸

El Batallón Palacé, parte de la IIIa Brigada, tiene su sede en Buga y es responsable de la región. "Yo estaba allí cuando el Batallón Palacé prestó una de sus camionetas a los paramilitares, que la utilizaron en una operación. Pero los guerrilleros la quemaron", aseguró Felipe. ¹¹⁹

El ataque en el que resultó destruida la camioneta del Ejército se produjo cerca de las poblaciones de La Moralia y Monteloro. Se cree que se trata de una de las primeras acciones realizadas por las AUC con la coordinación y el apoyo de la IIIa Brigada. En ese tiempo, un líder de las AUC que se autodenominaba Román declaró a los periodistas locales: "Estamos aquí porque muchas personas nos han pedido que estemos por esta zona, debido a que están cansadas de los hostigamientos de la guerrilla". ¹²⁰

En agosto, los paramilitares atacaron la población de El Placer, cerca de Buga. "Dos camiones paramilitares llenos de combatientes armados pasaron por un retén del Ejército el 23 de agosto", afirmó a Human Rights Watch un trabajador social que pidió permanecer en el anonimato. "Cuando ya estaban en el pueblo, los paramilitares mataron a dos personas. Otros nos dijeron que los camiones habían salido realmente del Batallón Palacé justo antes de los asesinatos." ¹²¹

Se informó de que los combatientes de las AUC llegaron a El Placer después de la medianoche, forzaron a los residentes a salir de sus casas y se llevaron a Anacarsis Morantes y Amadeo Valderrama. ¹²²

Cuatro meses antes, Valderrama había sido detenido y fotografiado por soldados del Batallón Palacé, quienes le acusaron de ayudar a la guerrilla. Según trabajadores sociales locales, a principios de agosto, Morantes y Valderrama habían huido a Buga tras la primera incursión paramilitar. Después de que las autoridades locales garantizaran su seguridad, volvieron a sus haciendas. Investigadores gubernamentales confirmaron más tarde que se había enviado un censo de los desplazados a la oficina del alcalde para obtener ayuda de emergencia. La oficina del alcalde mandó después la lista al Batallón Palacé. Los nombres de Morantes y Valderrama aparecían en la lista. ¹²³

Entre los paramilitares acusados de identificar a Morantes y Valderrama se encontraba Tatabro, antiguo informador de la guerrilla que se había pasado al Ejército. Tatabro residía regularmente en el Batallón Palacé y vestía uniforme de camuflaje. Según la información disponible, antes de que los paramilitares asesinaran a los hombres, Tatabro se levantó la capucha y fue reconocido por los residentes. ¹²⁴

"A TATABRO algunas veces lo paraban a la entrada del batallón para retenes y ayudar a requisar", dijo otro testigo a los investigadores. "Él era el que decía qué personas conocía de las personas que pasaban en los carros y a los que requisaban, lo tenían para identificar gente." ¹²⁵

Testigos del Gobierno y residentes locales entrevistados por Human Rights Watch dijeron que el Ejército no hizo nada por perseguir o capturar a los paramilitares. ¹²⁶ Incluso cuando el Comandante del Batallón Palacé, el Coronel Rafael Hani, negaba la presencia paramilitar, los policías locales presentaban boletines regulares y detallados sobre el avance del Frente Calima. Según declaró a investigadores gubernamentales un testigo de una reunión de emergencia organizada por el alcalde de Buga a la que asistió el Coronel Rafael Hani, el oficial desestimó los informes de que había paramilitares en la zona. Para el Coronel Hani las personas que afirmaban ser "desplazadas" por la violencia eran simplemente guerrilleros. ¹²⁷

Otro testigo gubernamental que trabajaba como agente de inteligencia del Ejército y que tenía regularmente contacto con los paramilitares declaró que los paramilitares consideraban al Coronel Hani como uno de sus mejores aliados. "[el Coronel Hani] fue quien más ayudó a los paramilitares, proporcionándoles alimentos, dinero, uniformes de camuflaje de estilo `tigre', todo lo que necesitaran." ¹²⁸

Durante meses, nos dijeron los residentes, los paramilitares tuvieron una base permanente en la región. "En el centro del Valle, se sabe mucho sobre los paramilitares, pero no se hacen los operativos necesarios para capturarlos", afirmó un alto investigador del Gobierno. ¹²⁹

Los investigadores identificaron varias bases paramilitares permanentes en la región, entre ellas, una situada en la hacienda La Iberia, cerca de Tuluá. Tras una visita a la región, la Oficina del ACNUDH reportó que el 24 de marzo de 2000 había informado al Gobierno de la existencia de esta base. Sin embargo, ni el Ejército ni la Policía tomaron ninguna medida contra ella y la base permaneció allí hasta 2000. ¹³⁰

La carretera a Buenaventura

Tras establecerse en el centro del departamento del Valle, las AUC comenzaron a empujar hacia el sur y hacia el oeste, adoptando como objetivo la carretera que conecta la ciudad de Cali con el puerto principal de Colombia, Buenaventura. Los habitantes de la zona señalan la masacre del 11 de mayo de 2000 que tuvo lugar cerca de Sabaletas, Valle, como el punto de partida de una ofensiva paramilitar. Según declararon los habitantes de la zona a una misión investigadora del Gobierno, al menos ocho hombres fuertemente armados y uniformados asesinaron a doce residentes y secuestraron a otros cinco. ¹³¹

Las mismas personas contaron a la misión del ACNUDH que anteriormente los miembros de las fuerzas de seguridad les habían dicho que enviarían "a los paramilitares" contra aquellos que no ayudaran a capturar a las guerrillas. ¹³²

La misión del ACNUDH observó que los habitantes y las autoridades locales expresaban repetidamente su indignación por la facilidad con la que las AUC se habían movido por una zona que durante mucho tiempo había tenido permanentemente una fuerte presencia militar y policial:

Sorprende la facilidad con que el grupo armado que asesinó y desapareció tantas personas en una misma jornada, pudo realizar todo un itinerario criminal sin ser vistos por el Ejército a través de los retenes militares que tiene sobre la carretera, especialmente el corregimiento de Zacarías, ubicado a 10 minutos de Sabaletas y el Danubio donde hay puesto militar permanente, además del ubicado sobre la carretera en la entrada de las instalaciones de la Hidroeléctrica del Alto Anchicayá. Sorprendidos se encuentran además los testigos por la cantidad de uniformados que realizaron la incursión (cerca de 80 hombres bien armados y uniformados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares que se movilizaban en 2 camiones y 2 camionetas -alguna de ellas color vino tinto fue reconocida por la comunidad pues transitó por allí hace 6 meses con el Ejército-, cuando la región solo cuenta con u na entrada (Sabaletas) y una salida (Queremal), ambas custodiadas por Fuerza Pública). ¹³³

Las comunidades afrocolombianas de la región -aproximadamente el 20 por ciento de la población de Colombia pertenece a estas comunidades que se concentran a lo largo de la costa del Pacífico- se vieron golpeadas con especial dureza. Desde que la constitución colombiana de 1991 reconociera el derecho de los grupos étnicos de Colombia a organizarse, los afrocolombianos se han movilizado políticamente para pedir tierras y reclamar otros derechos. "Eso significa que somos un obstáculo para las guerrillas y los paramilitares, que quieren controlar a las comunidades negras", dijo un organizador a Human Rights Watch. "Los paramilitares constituyen ahora la principal amenaza." ¹³⁴

La historia que Jorge Isaac Aramburo, profesor y organizador afrocolombiano, relató a Human Rights Watch es especialmente dramática. Aramburo, residente de Buenaventura, Valle, supo en septiembre de 2000 que su nombre se encontraba en una lista de supuestos partidarios de la guerrilla que estaban haciendo circular los paramilitares. El 6 de septiembre de 2000, antes de abandonar el pueblo por razones de seguridad, se detuvo en casa de una hermana viuda a dejar dinero. ¹³⁵ [FOTO 6]

Más tarde se dio cuenta de que los paramilitares le habían visto entrar en la casa, pero no se percató de que había dejado abierta la puerta trasera. Cuando salió, unos hombres armados entraron en la casa y asesinaron a cinco de los sobrinos de Aramburo. También resultó muerto un amigo que estaba de visita, primo de uno de los mejores jugadores de fútbol de Colombia. ¹³⁶ Según las declaraciones de testigos a periodistas locales, los asesinos habían alineado a los hombres contra la pared y los habían ejecutado uno por uno. ¹³⁷

Tal y como señalaron miembros del Parlamento Europeo en una carta al Presidente Pastrana en mayo de 2001, a pesar de una serie de masacres y de alertas sobre otras masacres planeadas, la presencia paramilitar no sólo continuó, sino que creció a finales de año, aun con la presencia permanente de la Armada en Buenaventura. ¹³⁸

La ofensiva de Cauca

En febrero de 2000, las AUC anunciaron públicamente un plan para avanzar hacia el sur, al departamento del Cauca. En una carta a los alcaldes de la zona, con copia para el Gobernador, los líderes de las AUC decían que sacarían a los combatientes del departamento del Valle del Cauca y arrebatarían el control a las guerrillas. "Cualquier ciudadano o autoridad civil, que brinde cualquier tipo de colaboración a la subversión a partir de nuestra llegada al Departamento del Cauca, será declarado objetivo militar", avisaba la carta. ¹³⁹

El 11 de mayo de 2000, las AUC repitieron sus amenazas, esta vez al Gobernador del departamento del Cauca, César Negret Mosquera:

Tal como le habíamos anunciado públicamente las AUC, hemos llegado al departamento del Cauca con nuestro frente de guerra CALIMA. En el día de ayer incursionamos en algunos corregimientos del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle, y en otros caseríos pertenecientes al departamento del Cauca, con el resultado de catorce guerrilleros de las FARC dados de baja por nuestras tropas en combate y doce guerrilleros ejecutados de civil. Usted señor Gobernador, quien representa la máxima autoridad departamental, está fortaleciendo descaradamente a las guerrillas en el departamento del Cauca. ¹⁴⁰

Los habitantes de Cauca declararon en repetidas ocasiones a Human Rights Watch que tropas del Ejército de Colombia realizaban operaciones a las que seguía rápidamente la llegada de un gran número de paramilitares. Según dijo un testigo a Human Rights Watch, en junio de 2000, a una ofensiva del Ejército en las afueras de Timba, Cauca, le siguió horas después la llegada de paramilitares de las AUC. Los paramilitares se acercaron a pesar de que helicópteros militares seguían sobrevolando la zona y los surcos de los vehículos blindados Cascabel del Ejército aún estaban frescos. ¹⁴¹

"Cuando ataca la guerrilla, el Ejército responde en menos de dos horas", afirmó un personero de Cauca que pidió que no se mencionaran ni su nombre ni su pueblo. "Pero a pesar de las matanzas cada tres o cuatro días, nunca hubo una respuesta del Ejército contra los paramilitares. No se me ocurre un solo enfrentamiento entre ellos." ¹⁴²

El personero siguió contando que en otra ocasión las AUC entablaron un combate con una unidad de la guerrilla UC-ELN y una hora después llegó el Ejército para unirse al ataque a la guerrilla. ¹⁴³

El personero también relató a Human Rights Watch que los habitantes le aseguraron haber visto al Comandante del Batallón de Pichincha conversando con Pirri, un comandante de las AUC, sobre el lugar donde debería albergarse a las familias desplazadas. "Pero la gente tenía demasiado miedo de realizar declaraciones formales", observó. Tras saber que su nombre estaba en una lista negra, este personero dimitió y huyó a Bogotá. ¹⁴⁴

Otros habitantes de Timba dijeron a trabajadores sociales locales entrevistados por Human Rights Watch que habían visto a soldados del Ejército y paramilitares intercambiando uniformes, de manera que los soldados aparecieran de día como miembros del Ejército y de noche como paramilitares. ¹⁴⁵

En La Esperanza, Cauca, la Navidad marcó la llegada de hombres armados que se identificaron como miembros de las AUC. Unos 200 residentes huyeron a la cercana Timba, donde se refugiaron en la escuela local. Se informó de que las AUC ordenaron a las familias abandonar sus casas y, cuando se hubieran realizado las masacres, volver con la seguridad "garantizada". ¹⁴⁶

En Jamundí, una población cercana, un funcionario municipal que desde entonces ha huido de la zona, contó a Human Rights Watch que los paramilitares y el Ejército se reunían regularmente en el Plazas, un hotel local. "Los paramilitares se pasean durante el día con los brazaletes puestos, y la Policía y los militares simplemente los dejan pasar. Cuando llegan comisiones oficiales, sólo se quitan los brazaletes. Los de fuera no saben más que son soldados." ¹⁴⁷

La búsqueda de Enrique

Cuando Enrique, quien solicitó a Human Rights Watch permanecer en el anonimato, se enteró por miembros de su familia de que su tía había desaparecido en Santander de Quilichao, tomó el primer vuelo de Bogotá a Cali y luego un autobús al pueblo para comenzar la búsqueda. Le dijeron que su tía había sido secuestrada por los paramilitares un domingo por la mañana. ¹⁴⁸

Aunque la PNC mantiene un puesto en el pueblo, a Enrique le advirtieron de que los paramilitares patrullaban las calles por la noche con el permiso de la Policía. ¹⁴⁹ "Tenemos casos donde los paramilitares han matado gente en el casco urbano de Santander de Quilichao, y aún así la policía nacional no reacciona", declaró un alto investigador gubernamental a Human Rights Watch. ¹⁵⁰

"Los paramilitares dijeron que iban a dejar ir a mi tía y que solo debía esperar", contó Enrique a Human Rights Watch. Enrique encontró sin ayuda la base paramilitar a tan solo quince minutos del centro del pueblo. Mientras, docenas de soldados patrullaban las calles. "Después nos dijeron que buscáramos en el río Cauca. La encontramos torturada y muerta. Pudimos identificar el cuerpo por un anillo y una marca en su piel. Sus dedos estaban completamente rotos hacia atrás. Le habían disparado en un ojo, que había perdido." ¹⁵¹

Según los habitantes de Cali, aparecen entre tres y cuatro cuerpos a la semana flotando en el río Cauca, que separa el centro de Cali del aeropuerto internacional y que está atravesado por el puente que utiliza la mayoría de los que viajan en avión para entrar o salir de la ciudad. Los pescadores y quienes recogen arena del lecho del río para venderla suelen ser los que hallan cadáveres y miembros. ¹⁵² A veces se encuentran hasta diez cuerpos juntos, con las manos atadas, y con varios disparos. ¹⁵³

Terror en Cajibío

El terror causado por el avance de los paramilitares en Cauca es indescriptible. Cuando las AUC llegaron al amanecer a un caserío cerca de Cajibío, Cauca, el 22 de noviembre de 2000, Ana Zoraida Campo estaba en casa de su familia. Los paramilitares exigieron que saliera su marido, pero éste no se encontraba en esa casa. Campo estaba demasiado asustada para abrir. Los paramilitares derribaron la puerta y se llevaron a su hermano Arsenio diciendo que sería un rehén hasta que apareciera otro hermano. Días después, ella efectuó este relato al personero en Popayán, la capital de Cauca:

Nos sacaron a la plaza donde estaba la mayoría del pueblo, al llegar nosotros allá vimos que mi hermano menor Yonir Campo también lo tenían amarrado, luego nos dividieron en dos grupos mujeres y hombres, a los hombres los hicieron hacer una fila y luego los iban requisando y pidiéndoles papeles, luego llamaron a los dueños de las tiendas, entre éstos está mi hermano mayor Alcibiadez Camayo y mi sobrino James Camayo a ellos también los amarraron... de ahí ya dijeron que necesitaban la mujer que no quería abrir la puerta, entonces yo levanté la mano y les dije que yo era entonces cogieron y me amarraron y dijeron que a todos los que nos tenían ahí amarrados que éramos once (11) nos iban a matar.

Posteriormente, los paramilitares liberaron a ocho de los rehenes, incluyendo a Campo y sus hermanos. Se llevaron a cuatro aldeanos a la carretera que conduce al cementerio y los ejecutaron. ¹⁵⁴

Esa misma unidad paramilitar continuó con las detenciones hasta el 24 de noviembre, según relataron algunas personas. En esa fecha, la unidad llegó a la población de La Pedregosa con cinco hombres con las manos atadas y sujetos por el cuello. Los paramilitares cortaron las líneas telefónicas del pueblo e instalaron un retén para impedir la salida y registrar a cualquiera que llegara. Tras pasear a los cinco rehenes por todo el pueblo, los paramilitares los ejecutaron en la iglesia local, aunque había un helicóptero militar colombiano sobrevolando el campanario. En ese momento, el sacerdote local estaba celebrando una primera comunión y los asistentes a la ceremonia vieron la ejecución, estupefactos, cuando salían de la iglesia. ¹⁵⁵

Los testigos también reportaron a la Procuraduría que los paramilitares hablaron por radio con la tripulación del helicóptero y que éste se alejó de la zona sin actuar contra los paramilitares. ¹⁵⁶

Las autoridades locales celebraron un Consejo de Seguridad en Popayán el 22 de noviembre y solicitaron a las fuerzas de seguridad que tomaran medidas para detener la matanza. Durante la reunión, el Alcalde de Morales denunció que las AUC ya les habían amenazado a él y a otros cuatro candidatos a la alcaldía. ¹⁵⁷ Un mes antes, las AUC habían hecho circular un panfleto anunciando una "limpieza social" de los candidatos y sus partidarios, a quienes acusaban de favorecer a la guerrilla. ¹⁵⁸

Pero, la llegada de las fuerzas gubernamentales no aplacó los temores, sino que los incrementó. Según una asociación de grupos defensores de los derechos humanos con sede en Cauca, tropas pertenecientes al batallón de la IIIa Brigada José Hilario López, con sede en Popayán, llegaron a pueblos en las afueras de Cajibío el 12 de diciembre de 2000, menos de un mes después de que las AUC llevaran a cabo sus primeras matanzas. Sin embargo, en lugar de perseguir a los paramilitares, los habitantes aseguraron que los soldados comenzaron a detener a aldeanos. Se informó de que unos soldados desnudaron a tres jóvenes que iban a cosechar café y les dieron una paliza. Otros soldados dispararon al suelo junto a los pies y cerca de los oídos de un líder local mientras le decían que querían "hacerlo hablar".

Las informaciones señalan que, antes de irse, los militares amenazaron a los aldeanos: "Esperen que para la Navidad les vamos a apretar las guebas para dañarles la Navidad". ¹⁵⁹

Los soldados cumplieron con retraso la amenaza. El 10 de enero de 2001 llegaron a casa de Edelmira Montenegro Álvarez, una agricultora de los alrededores de Cajibío. Según el testimonio que Montenegro prestó ante el personero de Cajibío dos días después, un soldado comenzó a preguntarle por el paradero de su cuñado, Saulo Campo, y de sus vecinos. Cuando ella respondió que no había nadie más en la casa, el soldado vertió amenazas contra ella y los ausentes: " [ ese] huevoncito [sic], que saludos le dejaban y que se cuide, porque el rabito ya le estaba oliendo a formol." ¹⁶⁰

En casa de Campo, según testificó más tarde su esposa, los soldados registraron los dormitorios, cogieron un par de pantalones verdes de su marido y los quemaron. Tras amenazarla y golpearla con un rifle, se fueron. La familia huyó más tarde por miedo a más ataques. ¹⁶¹

Menos de una semana después, presuntos paramilitares llevaron a cabo la mayor masacre acontecida hasta la fecha en la región: la ejecución de diez hombres a los que sacaron de un autobús público a solo quince minutos de Popayán. Una de las víctimas, José Luis Campo, de veinte años, acababa de terminar el servicio militar obligatorio. Fue asesinado mientras montaba en bicicleta junto al autobús detenido, al parecer porque los paramilitares no querían testigos. ¹⁶²

Los paramilitares no fueron los únicos asesinos. En un supuesto intento por detener el avance paramilitar, los grupos guerrilleros FARC-EP atacaron el 8 de octubre de 2000 la población de Ortega, en las afueras de Cajibío, Cauca. Según la Defensoría, los guerrilleros detuvieron a diez habitantes, entre ellos un chico de quince años, los ataron, los forzaron a tirarse al suelo y los mataron a tiros. A continuación decapitaron tres de los cuerpos. Antes de irse, las FARC-EP destruyeron cuarenta y dos edificios, la capilla del pueblo y un centro de reunión de los protestantes. El ataque se consideró una venganza porque el pueblo se había negado un mes antes a permitir que los guerrilleros quemaran su centro de salud. ¹⁶³ Se cree que en diciembre de 2000 las FARC-EP asesinaron a cuatro indígenas colombianos en el Cauca porque sospechaban que apoyaban a los param ilitares o porque se negaron a luchar contra ellos. ¹⁶⁴

Los ataques paramilitares de noviembre alrededor de Cajibío hicieron que una comisión de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales visitara y preparara una solicitud especial de alerta temprana que pedía al Gobierno que tomara medidas especiales para proteger a la población civil. La solicitud fue enviada el 1 de diciembre. En ella figuraban los lugares exactos donde se creía que se producirían nuevos ataques. Sin embargo, cinco meses después, el Gobierno colombiano todavía tenía que acusar formalmente el recibo de la solicitud de alerta temprana. ¹⁶⁵

Aunque el Gobierno envió una comisión de investigación el 11 de enero de 2001, después de su partida no se tomaron medidas visibles o eficaces que detuvieran la violencia paramilitar. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH) promulgó medidas de precaución para hacer que el Gobierno pusiera en marcha medidas de emergencia para proteger a las autoridades locales y a los miembros de las organizaciones sociales que operaban en la zona. ¹⁶⁶ Pero incluso en mayo de 2001, Human Rights Watch seguía recibiendo informes que indicaban que los paramilitares continuaban moviéndose libremente por Cajibío, a pesar de que el Ejército de Colombia estaba permanentemente en las cercanías. ¹⁶⁷

Incluso cuando las organizaciones humanitarias, la Iglesia, los líderes municipales y las víctimas testificaban sobre el régimen de terror en la región, y cientos de familias desplazadas y sus hijos abarrotaban iglesias y escuelas, los oficiales del Ejército Colombiano responsables del orden público negaban que estuviera pasando nada fuera de lo normal. "En estos momentos tenemos unidades en la parte alta de la montaña y no se nos ha informado nada extraño", aseguró el Comandante del Batallón Pichincha, Teniente Coronel Tonny Vargas, a la edición de Cali de El País. "De la misma manera, ningún campesino nos ha indicado quién fue el que impuso esa orden de desalojar las casas." ¹⁶⁸

La ofensiva paramilitar en la región atrajo la atención internacional durante las festividades de Semana Santa de 2001, cuando las gentes comenzaron a reportar una serie de masacres llevadas a cabo por las AUC a lo largo del río Naya, que separa los departamentos del Valle y del Cauca. En ese momento, los comandantes locales del Ejército dijeron a los periodistas que no tenían pruebas de que los paramilitares estuvieran en la región. ¹⁶⁹ Un corresponsal de Los Angeles Times visitó después la zona y reconstruyó lo que ocurrió:

[Los paramilitares] hicieron primero una carnicería con Gladys Ipia, de 18 años, cortándole la cabeza y las manos con una motosierra. A continuación, mataron a seis personas en un restaurante bajando el camino. A algunos les dispararon, a otros los apuñalaron. A un hombre lo acuchillaron hasta la muerte y luego lo quemaron. Y así se extendieron, 200 hombres y adolescentes pertenecientes al mayor grupo paramilitar ultraderechista de Colombia, los Grupos de Autodefensa Unidos de Colombia. La Semana Santa se convirtió en una procesión de muerte a medida que las fuerzas recorrían andando unos 100 kilómetros desde la cabecera del río Naya en los altos Andes hacia su desagüe en las selvas de las tierras bajas, deteniéndose para matar brutalmente en caseríos a lo largo del camino. Para cuando habían cruzado la región del Naya, un tramo remoto y asombrosamente bello de la costa colombiana del Pacífico, al menos 27 personas habían resultado asesinadas, otras 20 desaparecidas y supuestamente también muertas. Algunos eran guerrilleros de izquierdas. Otros eran campesinos. Uno fue encontrado extendido en un campo de fútbol como una muñeca abandonada. Casi todas las víctimas eran indígenas o negros. La violencia hizo que miles de personas huyeran. ¹⁷⁰

La Defensoría determinó más tarde que las AUC habían asesinado hasta cuarenta personas en el Alto Naya y habían forzado el desplazamiento de al menos otras 1.000. En su resumen de los hechos, el informe de la Defensoría concluyó:

Para la Defensoría del Pueblo, resulta inexplicable la forma cómo aproximadamente 500 hombres de las autodefensas pudieron realizar una movilización de estas características, sin ser advertidos, más aún cuando la zona por donde se estima incursionaron los hombres armados al área, se encuentra situada a 20 minutos del corregimiento de Timba, lugar en donde está ubicada la base del Ejército Nacional, desde el 30 de marzo del año en curso. ¹⁷¹

Responsabilidad de oficiales

Hasta noviembre de 2000, la IIIa Brigada estaba bajo el mando del General de Brigada Jaime Ernesto Canal Albán y cubría los departamentos del Valle y del Cauca. Human Rights Watch no tiene conocimiento de que haya sido sometido a ninguna clase de investigación.

El General Canal dimitió el 3 de noviembre de 2000. ¹⁷² Posteriormente, el Ministro de Defensa dejó claro que la dimisión de Canal no tenía nada que ver con los supuestos lazos entre la IIIa Brigada y los paramilitares, sino que era causa del desacuerdo de Canal con la decisión del Gobierno de negociar con la UC-ELN para la liberación de los dieciocho civiles que quedaban de los secuestrados en Kilómetro 18, un conocido restaurante de la carretera entre Cali y Buenaventura. ¹⁷³ [FOTO 7]

Hasta la fecha, las únicas medidas tomadas para romper los lazos entre la IIIa Brigada y los paramilitares han corrido a cargo de la Fiscalía General. En diciembre de 2000, los fiscales detuvieron al Coronel Rafael Hani, Comandante del Batallón Palacé, con sede en Buga, Valle. Estos fiscales aseguraron a Human Rights Watch que poseen pruebas rotundas de que Hani creó grupos paramilitares, los dotó de vehículos y suministros, y coordinó acciones con ellos. Las pruebas, según los investigadores, son "extremadamente convincentes e implican un apoyo directo y una participación en crímenes paramilitares". El apoyo de Hani a los paramilitares, decían los investigadores, fue una "flagrancia". ¹⁷⁴

El Presidente Pastrana convocó en enero de 2001 una reunión de emergencia entre la Fiscalía General y el alto mando militar. La reunión pasó prácticamente desapercibida. Un funcionario del Gobierno que asistió a ella contó a Human Rights Watch que los oficiales protestaron amargamente por la detención del Coronel Hani. "No pueden dar con los autores intelectuales, entonces a los militares nos están cogiendo por el delito de omisión", comentó ante los periodistas el General Francisco René Pedraza, Comandante de la IIIa Brigada. ¹⁷⁵

Tras la incursión paramilitar en toda la región del Alto Naya, que une Valle y Cauca, el Ministro de Defensa de Colombia anunció el 1 de mayo de 2001 que la Armada había capturado a setenta y tres supuestos miembros de las AUC acusados de haber participado en las acciones paramilitares. ¹⁷⁶ Carlos Castaño asumió públicamente su responsabilidad en los asesinatos al mismo tiempo que las autoridades retiraban cuerpos en cabestrillos sujetos bajo los helicópteros. ¹⁷⁷

Magdalena Medio (Quinta Brigada)

El fin de semana de Navidad y año nuevo serán de dolor y sangre.

En esta ciudad colombiana a orillas del río Magdalena corrían insistentes rumores de que las AUC planeaban cumplir la promesa de su comandante: "tomar café" en una cafetería local antes de finales de 2000. En los once meses anteriores, la ofensiva de las AUC había sacado a los guerrilleros de la UC-ELN de sus antiguos baluartes en las montañas del norte. Incluso cuando el Gobierno colombiano intentó establecer una zona especial en la región para mantener conversaciones de paz con la UC-ELN, las AUC, totalmente contrarias a cualquier negociación, reclamaron las poblaciones de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches y San Pablo, dando lugar a los acontecimientos que arrastrarían las negociaciones hasta el año 2001, dejando pocas esperanzas de éxito. ¹⁷⁸

A pesar de la omnipresencia de las AUC, el Ejército y las fuerzas policiales tuvieron pocos enfrentamientos con ellas, si es que se registró alguno. Caso tras caso, grupos de defensa de los derechos humanos, organizaciones campesinas, líderes religiosos y residentes en la zona describieron la política de tolerancia y, en algunos casos, de abierta colaboración entre las AUC, la Policía local y unidades bajo el mando del Comandante de la Va Brigada, con sede en Bucaramanga. ¹⁷⁹

Como comentó un observador internacional a Human Rights Watch, "Los paramilitares no podrían hacer lo que están haciendo sin el apoyo absolutamente grosero de la policía." ¹⁸⁰

Durante una misión de Human Rights Watch al Magdalena Medio en enero de 2001, algunos testigos describieron cómo los paramilitares pudieron mantener su centro de mando en San Blas, a las afueras de la población de San Pablo, durante todo el año 2000. La base, dotada de equipo de comunicaciones, barracones y una flota de vehículos, se utilizaba para convocar a los líderes locales, reunir y distribuir armas y vehículos, y entrenar a cientos de combatientes paramilitares. Tras una visita a la región, la Oficina del ACNUDH informó al Gobierno sobre esta base. ¹⁸¹ Sin embargo, no fue atacada ni una sola vez por las fuerzas de seguridad colombianas en 2000, ni siquiera después de que un grupo de personas que se habían reunido de forma independiente con Carlos Castaño en sus terrenos informara de su existencia a las más altas autoridades de Colombia, incluido el Presidente Pastrana. ¹⁸² [FOTO 8]

Hasta marzo de 2001 las fuerzas de seguridad colombianas no ocuparon el centro de mando de las AUC en San Blas. En ese momento, el General Martín Carreño Sandoval, Comandante de la Va Brigada, anunció que sus tropas habían tomado un "fortín" paramilitar, rifles AK-47, municiones y un equipo de comunicaciones. También se informó de que los soldados encontraron cinco laboratorios de cocaína, dieciséis kilos de cocaína pura y 85.000 litros de los productos químicos utilizados para cristalizarla en polvo para su exportación. Sin embargo, ni un solo paramilitar fue detenido, lo que sugiere, como Castaño había dicho previamente a los visitantes, que recibieron un aviso previo preciso de la redada. ¹⁸³

"Cuando viajé recientemente por el río Magdalena con una misión humanitaria, estaba completamente controlado por los paramilitares", dijo a Human Rights Watch un periodista que solicitó permanecer en el anonimato. El primer control paramilitar, dijo, estaba sólo a quince minutos al norte de Barrancabermeja. Este periodista afirmó reconocer en una ocasión a un soldado del Ejército de Colombia con un brazalete de las AUC. "Los lazos entre el Ejército de Colombia y los paramilitares son evidentes." ¹⁸⁴

Asalto urbano

La ciudad de Barrancabermeja, sede de la mayor refinería de petróleo de Colombia y de un bullicioso puerto fluvial, es un punto crucial para la salud económica del país. Durante casi tres décadas, la UC-ELN controló los barrios del este y los utilizó para reclutar nuevos militantes, extorsionar y proveer a las unidades rurales. Pero ese dominio se resintió cuando, en 2000, las AUC comenzaron a concentrarse en forzar a las guerrillas, y a cualquiera sospechoso de apoyarlas o simpatizar con ellas, a salir de la región y de la propia ciudad.

Durante el año, las autoridades de la ciudad registraron 567 homicidios en una población de 250.000 personas, una cifra sin precedentes. Fueron doce más que los registrados en el mismo período en la ciudad de Los Ángeles, cuya población es de casi diez millones de personas. La mayor parte de las víctimas de Barrancabermeja murieron por heridas de bala y se cree que fueron asesinadas por los paramilitares. ¹⁸⁵ En 2000, Barrancabermeja tuvo una tasa de homicidios de 227 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. ¹⁸⁶

El Obispo Jaime Prieto dijo a Human Rights Watch que creía que la mayoría de los fallecidos no eran combatientes, sino víctimas de la sospecha de simpatizar o apoyar a la guerrilla o a los paramilitares. "Por cada persona que pueda haber ayudado a las guerrillas, dos que nada tienen que ver con ellas son asesinadas", dijo. ¹⁸⁷

Conforme se acercaba el fin de año, los habitantes de Barrancabermeja alertaron a grupos de derechos humanos y a las autoridades porque las AUC habían prometido que "el fin de semana de Navidad y Año Nuevo serán de dolor y sangre." ¹⁸⁸

Para prepararse, según se informó, los paramilitares reclutaron a muchos jóvenes locales ofreciéndoles categoría, armas, teléfono celular y un salario regular que superaba al que podían conseguir con un empleo legal. En la actualidad, Barrancabermeja registra una tasa de desempleo de más del 30 por ciento. "Ofrecían un salario de 500.000 pesos al mes", explicó Francisco Chico Campos, miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, un grupo de defensa de los derechos humanos. "Pagaban a los dueños de tiendas por los suministros con un mes de adelanto y contrataban con conductores de taxis un mes entero de servicio." ¹⁸⁹

El 4 de noviembre comenzó la tan rumoreada ofensiva. Según informaron grupos de defensa de los derechos humanos, unos cincuenta hombres armados y uniformados, que portaban brazaletes de las AUC, aparecieron en los vecindarios de María Eugenia, El Paraíso, Campestre y Altos de Campestre. Con listas en la mano, sacaron a siete personas y las mataron en el acto. Cuando supieron que una de las personas de la lista no se encontraba en casa, se llevaron a sus hermanos, Oswaldo y Rodrigo Buitrago. Los dos hombres permanecen desaparecidos. Los habitantes de estos barrios llamaron desesperadamente a la Policía y a la base local del Ejército, pero no obtuvieron una respuesta efectiva. ¹⁹⁰

"A las catorce horas del asalto, habíamos confirmado la información proporcionada por CREDHOS", dijo un alto investigador gubernamental a Human Rights Watch. "Pero prácticamente no hubo respuesta por parte de la Policía o de las Fuerzas Armadas." ¹⁹¹

Asalto a Miraflores y Simón Bolíva

Según el relato de algunos habitantes de la zona a grupos de defensa de los derechos humanos, algo más de un mes después, la noche del 22 de diciembre, docenas de hombres uniformados y fuertemente armados, que lucían brazaletes de las AUC, hicieron un segundo intento de entrar en la ciudad, en los barrios del este: Miraflores y Simón Bolívar. Los hombres entraron a la fuerza en las casas reteniendo a sus moradores como rehenes. Las familias se vieron obligadas a alimentar y vestir a los paramilitares bajo amenazas de muerte. ¹⁹²

"Vi a los paramilitares entrar en esos vecindarios el 24 de diciembre y me resultó evidente que era el resultado de la coordinación entre las AUC y la Policía", afirmó a Human Rights Watch un testigo que solicitó permanecer en el anonimato. ¹⁹³

Durante las veinticuatro horas posteriores, las AUC ejercieron su control calle por calle y casa por casa. Según se informó, el 23 de diciembre los paramilitares instalaron retenes en siete vecindarios y exigieron a los residentes que mostraran una identificación. Esa noche, unos 150 hombres uniformados y fuertemente armados circularon por la parte nordeste de la ciudad. Se informó de que unos pistoleros asesinaron a Edwin Bayona Manosalva, un chico de diecisiete años que entraba en el domicilio familiar. ¹⁹⁴

Aunque la policía patrulló por las cercanías, aparcó vehículos blindados en las proximidades e incluso llevó a cabo registros, los habitantes de la zona aseguraron que no se acercaron a los lugares donde conocidos paramilitares mantenían rehenes. Human Rights Watch recibió numerosos informes de que, por el contrario, la Policía, tras acercarse a paramilitares armados, les permitió seguir sin molestarles. ¹⁹⁵

"Los residentes se sintieron abandonados por las autoridades", dijo un observador internacional. ¹⁹⁶

Tras la medianoche del 24 de diciembre, hombres armados que se identificaron como paramilitares entraron a la fuerza en la casa y en la tienda de Pedro Ospina, un residente de Primero de Mayo. Según la declaración que hizo más tarde a CREDHOS, los hombres le dijeron que estaban tomando posesión del edificio y le conminaron a ayudarles. "Procedieron a retener personas que transitaban por frente de mi casa y los obligaban a ingresar a la casa donde ellos estaban, una vez adentro eran interrogados, preguntándoles por la Guerrilla."

Según el relato de Ospina a CREDHOS, esa tarde un grupo de la Policía Nacional de Colombia llegó en el tanque blindado No. 178, entró en su tienda y habló con los hombres que él suponía paramilitares. Tras inspeccionar sus armas, los agentes, al parecer, avisaron a los hombres de que deberían irse por su seguridad. ¹⁹⁷ Ospina dijo más tarde a un investigador gubernamental que, en su opinión, la Policía había rescatado a los paramilitares. ¹⁹⁸

No muy lejos, presuntos paramilitares sacaron de su casa a la fuerza a Gustavo Adolfo Lobo y lo metieron en una furgoneta. Su familia encontró el cadáver al día siguiente. ¹⁹⁹

El Coronel Luis Novoa, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional de Colombia, (GRUDH INSGE), dijo a Human Rights Watch que la Policía había realizado una investigación preliminar del vehículo blindado 178. Los supuestos paramilitares, afirmó, eran en realidad agentes de policía camuflados. "Fue un error evidente no comunicar esto a los habitantes", dijo a Human Rights Watch. ²⁰⁰

Sin embargo, no explicó por qué los supuestos agentes camuflados interrogaban a la gente sobre la guerrilla, cuando los paramilitares estaban arrasando la zona, deteniendo a residentes y matándoles.

Posteriormente, las AUC confirmaron sus intenciones en una declaración pública firmada por Esteban, quien se identificó como comandante de una rama regional de las AUC denominada Autodefensas Unidas del sur de Bolívar y Santander. En una declaración enviada por fax a grupos de defensa de los derechos humanos, y distribuida a mano por la ciudad, Esteban confirmó la presencia de lo que él denominaba "nuestras unidades militares y de inteligencia en el área rural y urbana de Barrancabermeja". ²⁰¹

Estrategia de omisión y retraso

Lo que la Policía describió más tarde como una "intensificación" de sus patrullas no demostró ser ningún obstáculo para una ofensiva paramilitar que tuvo como resultado una docena de asesinatos entre el 22 de diciembre y el 5 de enero de 2001. ²⁰² Entre los hombres que supuestamente dirigían la ofensiva paramilitar se encontraba Wolman Saír Sepúlveda. Algunas informaciones señalaban que Sepúlveda, al igual que otros miembros de las AUC, había sido guerrillero de la UC-ELN hasta que cambió de bando. Un mes antes de que comenzara la ofensiva, soldados del Batallón Antiaéreo No. 2 Nueva Granada habían detenido a Sepúlveda, por creerle responsable de hacer circular una lista negra con los nombres de diez personas. Se informó de que en el momento de la detención, Sepúlveda llevab a armas y se identificó como miembro de las AUC. ²⁰³

Sin embargo, Sepúlveda no fue acusado y quedó en libertad. Volvió a los barrios del noroeste de la ciudad para aterrorizar a sus residentes hasta que fue detenido por segunda vez. ²⁰⁴

Al fin, el 24 de diciembre, después de que grupos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, la oficina en Bogotá del ACNUDH y la embajadora de Estados Unidos efectuaran literalmente docenas de llamadas telefónicas a la Policía y a comandantes del Ejército, las fuerzas de seguridad de Colombia tomaron algunas medidas en la ciudad. Sin embargo, para cuando las fuerzas de seguridad se desplegaron, los paramilitares habían retenido los vecindarios de Miraflores y Simón Bolívar durante casi veinticuatro horas. ²⁰⁵

"No hay interés y dejan que el conflicto siga", comentó un alto investigador gubernamental que visitó Barrancabermeja más tarde. "Las fuerzas del Estado pueden intervenir, pero no existe voluntad." ²⁰⁶

Las autoridades militares y policiales a quienes entrevistó Human Rights Watch negaron haber ignorado las pruebas de un avance paramilitar y argumentaron que habían establecido una "presencia general" para evitar ataques y capturar a los paramilitares. Sin embargo, reconocieron que, a pesar de su "presencia", la violencia política no se había visto prácticamente afectada. ²⁰⁷

Durante la visita de Human Rights Watch a Barrancabermeja en enero de 2001, los líderes de CREDHOS pasaron la mayor parte del tiempo utilizando los teléfonos celulares, recibiendo información detallada sobre movimientos paramilitares y transmitiendo esa información inmediatamente a las autoridades. "Transmitimos información constantemente", dijo Francisco Campos, "pero la violencia no ha parado". ²⁰⁸

La UC-ELN respondió a la ofensiva paramilitar con su propia violencia. Según los cálculos de los grupos de derechos humanos, dos tercios de las personas asesinadas entre el 22 de diciembre y el 17 de enero lo fueron a manos

de la guerrilla como supuestos colaboradores de los paramilitares. ²⁰⁹ Uno de los ataques que tuvieron lugar fue el intento de activar una bomba junto a un vehículo blindado de la Policía Nacional de Colombia el 6 de enero de 2001. Cuatro agentes resultaron sólo heridos, pero la bomba mató a los transeúntes Mérida Contreras y a su hijo de doce años, Braulio. Otra hija perdió el brazo derecho. Trece civiles más resultaron heridos, incluido un niño de tres años. ²¹⁰

Las autoridades gubernamentales informan que en enero de 2001, 200 personas fueron asesinadas en Barrancabermeja, lo que duplica el número de personas asesinadas durante el mismo período de tiempo en 2000. ²¹¹ "Aquí hay un estado de absoluta impunidad", comentó el Obispo Jaime Prieto. ²¹² Esto representa un incremento espantoso en una ciudad ya aturdida por la violencia.

Respondiendo a la ofensiva de las AUC, el Presidente Pastrana convocó un Consejo de Seguridad de emergencia el 10 de enero de 2001, diecisiete días después de que comenzara la ofensiva. Asistieron miembros de su Gabinete, el Fiscal General Adjunto, Jaime Córboba Triviño, el Procurador, Jaime Bernal Cuéllar, el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, y el Comandante de la Policía Nacional de Colombia Luis Gilibert. Posteriormente, el Ministro del Interior, Humberto de la Calle anunció que el Gobierno había enviado fuerzas especiales del Ejército a la ciudad para "parar las masacres, acabar con el terrorismo y la especie de guerra territorial que está viviendo esta ciudad". ²¹³ [FOTO 9]

De La Calle afirmó que se enviaron más de 150 hombres. Sin embargo, las autoridades militares de Barrancabermeja dijeron a Human Rights Watch que realmente se habían desplegado cuarenta y cinco soldados de las Fuerzas Especiales. ²¹⁴

Posteriormente, el Gobierno anunció la formación de un comité ministerial con el objetivo expreso de perseguir y capturar a grupos paramilitares. En el pasado ya se anunciaron medidas similares, pero se quedaron en nada. De hecho, el Presidente Pastrana ya había anunciado anteriormente, en febrero de 2000, tras una similar serie de masacres, que organizaría un comité de este tipo. Sin embargo, el comité nunca se reunió. ²¹⁵

Objetivo: defensores de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos han sido uno de los principales objetivos del avance paramilitar en Barrancabermeja. Aunque las amenazas han sido una constante durante años, se agravaron a finales de 2000, cuando las AUC comenzaron sus esfuerzos por tomar la ciudad.

En septiembre de 2000, Mónica Madero y José Guillermo Larios, dos miembros de CREDHOS, se vieron forzados a abandonar la ciudad porque peligraba su seguridad. El 30 de septiembre se repartió una octavilla firmada por las AUC en la que declaraban "objetivos militares" a todos los miembros del consejo de CREDHOS y de la delegación local de la Asociación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y daban autorización efectiva a los paramilitares para considerarlos guerrilleros y asesinarlos. ²¹⁶

Francisco Campos, miembro del consejo de CREDHOS, comenzó a recibir amenazas telefónicas el 29 de diciembre. Supuestos paramilitares llamaban al teléfono especial que le había concedido el Ministerio del Interior para su seguridad. Seis días más tarde, unas personas, de las que consta su pertenencia a las AUC, fueron a casa de Larios y a la de Iván Madero, miembro del consejo de CREDHOS, para amenazarles a ellos y a sus colegas. ²¹⁷

También han sido atacadas organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos humanos. La Organización Femenina Popular (OFP) ha sido objeto de violencia física y amenazas. El 19 de junio, Audrey Robayo, miembro de CREDHOS y empleada de la Corporación Mujer, Familia y Comunidad, un grupo no gubernamental, recibió la llamada telefónica de un habitante del vecindario de María Eugenia que afirmó que trabajaba para las AUC. Según el testimonio que Robayo dio a CREDHOS, el vecino le dijo: "Si quiere salvar el pellejo, retírese de toda esa mierda, cierren [la Corporación] ahí, trabaje por usted, por su beneficio personal y el de su familia, no trabaje por los demás y mucho menos por la izquierda". Más tarde, la invitó a volver al trabajo social "después que nosotros entremos, regresa y hablamos del trabajo social que van a hacer". ²¹⁸

Por su seguridad, Robayo visitó la casa que mantiene en la ciudad la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Los miembros de CREDHOS, OFP y ASFADDES van acompañados prácticamente veinticuatro horas al día de voluntarios de la sede en Barrancabermeja de PBI, organización no gubernamental cuyo objetivo es proteger a los defensores amenazados, mediante una presencia física constante. ²¹⁹

En la sede de PBI, Robayo describió lo que le había sucedido. Treinta minutos después de que Robayo llegara a la casa de PBI, que no tiene identificación y que está situada en un vecindario distante, un hombre no identificado llamó a la Corporación Mujer, Familia y Comunidad en María Eugenia y dijo: "Dígale a Audrey que por qué pide ayuda, que pida ayuda cuando la vayamos a matar por sapa". ²²⁰

La persecución continuó en marzo. El día 7, dos miembros de OFP repartían folletos para promover el Día Internacional de la Mujer cuando se les acercaron unos hombres que se identificaron como miembros de las AUC. Los hombres tomaron los folletos y los quemaron. Amenazaron a las mujeres y les dijeron que abandonaran la zona. ²²¹

Pero la protección de PBI resulta cada vez más débil. El 8 de febrero de 2001, los paramilitares entraron en una casa dirigida por un grupo de bienestar social afiliado a OFP y situada en el barrio El Campestre. Los hombres requisaron el teléfono celular de un voluntario de PBI y le dijeron a él y a Jackie Rojas, miembro de OFP, que estaban considerados "objetivos militares". ²²²

"Los paramilitares no sólo nos están matando físicamente, también están acabando con nuestra capacidad de organizarnos, de ser líderes comunitarios", dijo Yolanda Becerra, presidenta de OFP. "Nos hemos visto obligados a cerrar proyectos fuera de la ciudad porque los paramilitares nos han prohibido que viajemos por el río". ²²³

La Policía Nacional de Colombia ha investigado denuncias de complicidad policial en el avance paramilitar en Barrancabermeja, pero los resultados todavía no están disponibles. El General Gilibert reconoció en una entrevista con Human Rights Watch que "se cometieron errores" cuando los paramilitares montaron su ofensiva, y se comprometió a corregirlos. ²²⁴

Sin embargo, los grupos de derechos humanos concluyeron que, en general, "pese a las manifestaciones de buena voluntad de algunos funcionarios gubernamentales, la ofensiva paramilitar continúa y las autoridades no están haciendo nada para impedirlo". ²²⁵

En lugar de actuar de forma eficaz para proteger a los defensores amenazados y detener a los paramilitares, el Comandante del Comando Operativo Especial del Magdalena Medio de la PNC (COEMM), el Coronel José Miguel Villar Jiménez, atacó a los grupos de derechos humanos. En respuesta a la carta en la que los amenazados detallaban pruebas de complicidad policial con los paramilitares, el Coronel escribió que los grupos tenían "su origen en los mismos grupos al margen de la ley que pretenden enlodar el buen trabajo que se realiza constantemente, comentarios e informaciones que a la postre tienen eco en las diferentes Organizaciones No Gubernamentales, con eco internacional. Se puede pensar que no deja de ser una artimaña para hacer ver inoperante y posible vinculación del personal Policial con grupos de Autodefensas." ²²⁶