Colombia


Guerra sin cuartel
Colombia y el derecho internacional humanitario




(New York: Human Rights Watch, 1998)

IV. VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO POR PARTE DE LOS PARAMILITARES (continuación)

Asesinatos y tortura

Edilma Ocampo y Stella Gil: El 21 de febrero de 1996, Ocampo y Gil, su hija, fueron capturadas en su casa del municipio de Las Cañas, cerca de Turbo, Antioquia, por paramilitares pertenecientes a las ACCU. Según las organizaciones de derechos humanos, los paramilitares, algunos de los cuales estabanencapuchados, las ataron y las acusaron de pertenecer a la guerrilla. “Para ellas tenemos un trato especial,” se informó que dijeron. Los paramilitares les golpearon y las decapitaron. Posteriormente, los paramilitares las abrieron en canal y colocaron el cuerpo de Gil sobre el de Ocampo. Los paramilitares dijeron a los residentes que tenían seis meses para abandonar totalmente el municipio. Prometieron que si no lo hacían, volverían e incendiaran lo que encontraran en su camino.110

 

  Los paramilitares les golpearon y las decapitaron.

Héctor Hernán Correa, Jairo de Jesús Sepúlveda, y William de Jesús Villa García: Este hombre retrasado mental se encontraba en su casa de La Granja, Antioquia, cuando una unidad de las ACCU compuesta de unos 20 hombres llegó el 11 de julio de 1996. Los residentes se apresuraron a cerrar las puertas y las ventanas, pero los paramilitares empezaron a echar abajo la puerta de la casa de Correa. Mientras el anciano padre de Correa se ocultó en el baño, él y su madre se agazaparon en la cocina. Los militares se introdujeron en la cocina, agarraron a Correa, lo arrastraron hasta la sala y le mataron de un disparo. La madre fue arrastrada hasta la sala, donde vio el cadáver de su hijo. “Dónde están las armas?” le preguntaron los paramilitares. Cuando el hombre preguntó si el hombre que había matado era su esposo, la madre de Correa dijo que sí con la esperanza de proteger a su marido, que seguía oculto en el baño. Antes de salir, los paramilitares saquearon la casa de Correa y se llevaron ropa, una radio y hasta la foto de escuela de Correa colgada en la pared. Durante el día en La Granja, las ACCU también asesinaron a Jairo de Jesús Sepúlveda, un maestro que sacaron a la fuerza de un polideportivo, y al primo de Correa, William de Jesús Villa García, al que dispararon desde la escalera donde había estado pintando una casa. Se informó que, antes de salir, los paramilitares dijeron a los residentes que “la cosa apenas empezaba,” y que iban a seguir actuando hasta “acabar con todos los que para ellos tuvieran algo que ver con la guerrilla.” Tres días más tarde, la familia Correa abandonó La Granja.111

Guillermo León Barrera Henao, Francisco Javier Taborda Taborda y Álvaro Vásquez: Barrera y Taborda, ambos conductores profesionales, fueron sacados de sus casas por miembros de las ACCU el 13 de junio de 1996, en una aldea del Chocó conocida como El Siete. Los paramilitares les obligaron a sentarse debajode una imagen de la Virgen María antes de torturarles y ejecutarles.112 Los mismos paramilitares intentaron apropiarse de un vehículo conducido por Vásquez, que se negó a entregar las llaves. Fue sacado por la fuerza del vehículo y disparado, e incendiaron su automóvil. Las ACCU hicieron pintadas en el área que decían, “Muerte a sapos, fuera guerrilleros del suroeste, ACCU.” Las ACCU también repartieron panfletos en los que se atribuían los asesinatos.113

Corregimiento Coyongal: El 9 de diciembre de 1996, paramilitares pertenecientes a las ACCU tomaron este municipio de Magangué, Bolívar, y detuvieron a tres residentes, Pedro Nolasco Arroyo Martínez, Tomás López y Jacobo Rivera. Los miembros de las ACCU les acusaron de colaborar con la guerrilla. Arroyo y López trabajaban en los barcos que ofrecen transporte público, y Rivera era un vendedor ambulante. Dos días después, los residentes hallaron sus cadáveres con marcas de tortura.114 Un año más tarde, el área seguía acosada por la violencia paramilitar y los retenes de las ACCU a lo largo del río seguían operando sin interferencias del gobierno.115

Eli Gómez Osorio: Este personero de El Carmen de Viboral, Antioquia, estaba investigando los informes que indicaban que miembros del Batallón Barbacoas colaboraban con los paramilitares y habían violado a unas residentes locales en 1996. Después de que los soldados visitaran a los finqueros que habían presentado denuncias para obligarles a retirarlas, Gómez se reunió con el Comandante de la Cuarta Brigada, el Gen. Alfonso Manosalva (ahora fallecido) para presentar una queja. Posteriormente, empezó a recibir amenazas. El 26 de noviembre de 1996.Hombres considerados miembros de las ACCU le interceptaron en el municipio y le mataron de un disparo.116

José Miguel Domicó: Domicó, un miembro de la comunidad indígena emberá katío, fue capturado por las ACCU cerca de su municipio en la región de Dabeiba, Antioquia, el 21 de diciembre de 1996. Las ACCU habían detenido a otros miembros de la misma comunidad este mismo mes. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado con varios impactos de bala y heridas. Las ACCU se atribuyeron la muerte de Domicó, pero alegan que se dedicaba a instalar minas.117 Aunque Domicó fuera combatiente, en este caso está claro que estaba fuera de combate cuando lo mataron.

 

  Los paramilitares les obligaron a sentarse debajode una imagen de la Virgen María antes de torturarles y ejecutarles.

Marino López: El 27 de febrero de 1997, unos 60 miembros de las ACCU armados y uniformados llegaron a Vijao, Chocó, e instalaron en el municipio tres ametralladoras sobre trípodes. Después de ametrallar indiscriminadamente el municipio, donde estaban viviendo algunos guerrilleros, capturaron a 20 residentes a los que acusaron de apoyar a la guerrilla. Les dieron a los residentes tres días para salir del área. Cuando los paramilitares estaban registrando el municipio casa por casa, descubrieron un uniforme militar y municiones en la casa de Marino López. Aunque López y los residentes insistieron en que el material era propiedad de otra persona, los paramilitares se llevaron a López a un río cercano, lo decapitaron y le cortaron un brazo y una pierna antes de arrojar su cuerpo al río. Los residentes dijeron a los trabajadores de ayuda humanitaria que los paramilitares patearon la cabeza de López como si se tratara de una pelota de fútbol antes de deshacerse deella.118 Los investigadores del gobierno no quisieron desplazarse a la zona por motivos de seguridad.119

Claudio Manuel Pérez, Javier Galarcio y Álvaro Taborda: En 1996, estos tres maestros fueron capturados y asesinados por las ACCU por llevar presuntamente a cabo el atentado con bomba a la sede de FUNPAZCOR y la Federación de Ganaderos de Córdoba en Montería, Córdoba. En una carta a Human Rights Watch, las ACCU afirmaron que habían condenado a los tres maestros después de una investigación.120 Posteriormente, Castaño dejó escuchar a la corresponsal del New York Times una cinta con la presunta confesión de Taborda, en la que decía que había vendido información que permitió a las FARC instalar la bomba que en octubre de 1996 acabó con la vida de cuatro transeúntes.121 No se han dado explicaciones sobre el paradero de los restos de Taborda. La Fiscalía General está investigando a las ACCU por los asesinatos.122 En base a esta información, no podemos determinar si estas personas eran combatientes. No obstante, aunque fueran miembros de las FARC, estaban protegidos por el artículo 7 del Protocolo II, que prohíbe el asesinato de combatientes fuera de combate. Además, el procedimiento de las ACCU en este caso demuestra la decisión consciente de sus líderes de no implementar de manera alguna un proceso que mínimamente seacerque al concepto de juicio justo para los detenidos, como lo exige el artículo 6 del Protocolo II.

Diego Márquez Zapata: El 18 de marzo de 1997, paramilitares identificados como miembros de las ACCU sacaron por la fuerza de su casa a este líder local y miembro de un comité de derechos humanos, y lo mataron disparándole a 50 metros de distancia. Márquez había informado en julio de 1996 que tenía en su posesión una “lista negra” divulgada por el comandante de Policía de Salgar, Antioquia, que aparentemente había sido redactada por las ACCU. La lista iba dirigida al Batallón de Infantería Cacique Nutibara, y calificaba a cinco personas, entre ellas Márquez, de guerrilleros o colaboradores de la guerrilla.123

La Victoria de San Isidro, Cesar: El 24 de marzo de 1997, las ACCU tomaron este municipio y obligaron a sus 600 residentes a reunirse en la plaza central a las 4 a.m. William Pérez Durán, consejero municipal, y Calixto Oñate, residente, intentaron huir y fueron muertos a tiros. Mientras los paramilitares registraban las casas, se llevaron dinero y joyas. Según un informe de los residentes, “dijeron que todas las personas que estuvieran en la lista los iban a matar y que los negocios grandes que le vendieron a la guerrilla los quemaban y mataban a los dueños.” Cuando los combatientes de las ACCU salieron del lugar, se llevaron consigo a siete residentes. A unos 300 metros del municipio, ejecutaron a Edelfonso Rangel Contreras y a José Daniel Quintero, cuyo cuerpo mostraban signos de tortura. Uno de los residentes, Manolo Durá, denunció que uno de los paramilitares le cortó una parte de la barba junto con la piel como “recuerdo” de la visita. El resto de rehenes fueron liberados.124

Juan Camacho Herrera: Después de seis meses de rumores de que las ACCU planeaban tomar el municipio de Río Viejo, Bolívar, llegaron unos 60 hombres fuertemente armados, el 25 de abril de 1997, y convocaron por la fuerza a los residentes en la plaza central. Allí ejecutaron a Juan Camacho Herrera, un vendedorambulante, al que decapitaron. Los residentes informaron a los periodistas que les dijeron que lo habían hecho “para dar ejemplo de cómo se debe matar a un guerrillero.” Los paramilitares también buscaron al alcalde de Río Viejo, que consiguió escapar por la puerta trasera de su casa mientras hombres armados derribaban la puerta principal. Al no poder encontrarle, los paramilitares destrozaron parte de su casa y saquearon sus efectos personales.125 El alcalde Luis Santiago de la Rosa dijo a las autoridades que regresar sería “cavar mi propia tumba.” El alcalde De la Rosa renunció al cargo posteriormente.126

Luis Fernando Rodríguez, Darío de Jesús Londoño Vargas y José Jairo Blandón: El 17 de mayo de 1997, el autobús público donde viajaban estos tres hombres fue detenido en un retén de las ACCU cerca de Betulia, Antioquia. Rodríguez y Londoño eran pasajeros; Blandón era el asistente del conductor. Paramilitares con listas de nombres les obligaron a salir del autobús y les asesinaron. Las autoridades encontraron documentos de las ACCU alrededor de los cuerpos cuando los recuperaron posteriormente. Además, las autoridades dijeron a la prensa que los cadáveres de los muertos habían sido rociados con un liquido corrosivo que los despellejó.127

Toma de rehenes

Familiares de guerrilleros: Entre julio y noviembre de 1996, las ACCU tomaron como rehenes al menos 20 familiares de combatientes de las FARC y el ELN, a los que mantuvieron bajo amenaza de muerte como represalia por la toma de rehenes por parte de la guerrilla. Ninguno de los rehenes estaba involucrado en actividades guerrilleras.128 Las ACCU se atribuyeron los secuestros de los siguientes rehenes, y algunos de ellos pudieron ver a representantes del CICR y mantenercorrespondencia con su familia durante el secuestro. En su informe de la Tercera Cumbre, las AUC concluyeron que la estrategia “ha demostrado alta eficacia frente a la desmoralización del enemigo” y debe continuarse. Todos los rehenes fueron liberados posteriormente.129 Entre los rehenes se encontraban:

· José Ricardo Sáenz Vargas, hermano de Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, un miembro de la Secretaría General de las FARC. Sáenz fue secuestrado por miembros de las ACCU el 24 de julio de 1996. El 28 de marzo de 1997, fue liberado junto con otros rehenes bajo los auspicios del CICR y la Iglesia Católica.130

· Carmen Emilia de Arango, la madre de Luciano Arango Marín, alias Iván Márquez, un miembro de la Secretaria General de las FARC. Arango fue secuestrada el 16 de octubre de 1996 junto con su hija, Edna Maritza Arango. El 2 de diciembre de 1996, Carmen fue liberada junto con Isabel Ruiz de Chamorro, madre del comandante conocido como Ernestino de la UC-ELN, mientras que Edna fue liberada el 28 de marzo de 1997.131

· Janeth Torres Victoria, hermana de Hernando Torres Victoria, que utiliza el nombre de Pablo Catatumbo como comandante de las FARC. Torresfue secuestrada en Cali el 29 de julio. Fue liberada el 16 de diciembre de 1996.132

· Leonor Palmera de Castro, hermana de Ricardo Palmera, conocido como Simón Trinidad, comandante de las FARC. Palmera fue secuestrada en Valledupar el 25 de agosto de 1996. Fue liberada el 28 de marzo de 1997.133

· Guillermo López Nieto y sus dos hijos, Germán López Bustos y Diana María López, fueron secuestrados por miembros de las ACCU que se identificaron como miembros de la Fiscalía General, el 13 de septiembre de 1996, en Medellín, Antioquia. El otro hijo de López, Bernardo, es un miembro del EPL. Las ACCU volvieron a la casa el mismo día para llevarse a otros familiares, que ya habían huido. Los tres miembros de la familia López fue liberados a finales de septiembre.134

· Nuria Carvajal Reales, hermana de William Manjarres, que utiliza el nombre de Adán Izquierdo como comandante de las FARC, y su esposo, Luis Alberto Montoya, fueron secuestrados cerca de Santa Marta, Magdalena, el 10 de noviembre de 1996. Fueron liberados el 28 de marzo de 1997.135

Ataques a trabajadores e instalaciones médicas y a ambulancias

Luz Marina Arteaga: Según las organizaciones de derechos humanos, este médico y dos propietarios de comercios fueron secuestrados por las ACCU el 3 de marzo de 1996, cerca de Mutatá, Antioquia. Los paramilitares mataron posteriormente a los dos comerciantes. Durante los dos días que duró el secuestro, los paramilitares le dijeron a Arteaga que “iban a exterminar a toda la gente del municipio que teníala más mínima relación con la guerrilla.” Arteaga fue liberado, al parecer para hacer llegar este mensaje al resto de los residentes.136

Trabajadores de la salud de Bolívar: Tras una serie de ataques en el sur de Bolívar que incluyeron amenazas a los trabajadores de la salud, las autoridades sanitarias del departamento informaron que siete municipios (entre ellos Tiquisio y Río Viejo, antes mencionados) carecían totalmente de atención médica, dado que los doctores, las enfermeras y los trabajadores sanitarios habían huido por miedo a perder la vida. En varias incursiones, los miembros de las ACCU habían exigido a los trabajadores de la salud que les entregaran una lista de los guerrilleros a los que habían atendido.137

Norberto y Silvio Baquiaza Tascon: Según las organizaciones de derechos humanos, el 25 de diciembre, estos dos hermanos se encontraban en una fiesta de Navidad cuando paramilitares que se identificaron como miembros de las ACCU tomaron el municipio de San Juan del Ité. Los paramilitares, que dispararon indiscriminadamente, hirieron de gravedad a dos hombres, entre ellos Norberto. Silvio llevó a Norberto a una clínica en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, donde le dieron primeros auxilios y le pusieron en una ambulancia para trasladarle a Medellín. Sin embargo, paramilitares encapuchados detuvieron la ambulancia cerca de El Porce. Sacaron por la fuerza de la ambulancia a Norberto y a Silvio y los ejecutaron con dos tiros de gracia.138

Amenazas contra la población civil

Elecciones municipales de octubre: Las ACCU prohibieron las campañas electorales en municipios de los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, y amenazaron de muerte a los miembros de partidos de izquierda por sus presunta relación con la guerrilla. También amenazaron a los políticos que presuntamentehabían negociado acuerdos con la guerrilla en sus regiones. En una entrevista con El Tiempo, Carlos Castaño se atribuyó las amenazas.139

Civiles no combatientes: Las ACCU niegan que amenazan a la población civil. En cambio, las ACCU “advierten, porque nunca han querido que la población entienda que ella les quiere hacer daño, sino que quiere prevenirla y enseñarle sobre el daño que hace la guerrilla.”140 Sin embargo, los informes sobre amenazas y las acciones llevadas a cabo cuando no se atienen a las amenazas son numerosos y creíbles. En una amenaza de las ACCU contra las comunidades del Carmen de Atrato, Bolívar, Betania, Salgar “o cualquier lugar en el suroeste de Antioquia” se asume la responsabilidad por las muertes de Guillermo Barrera, Álvaro Vásquez y Francisco Javier Taborda, todos ellos acusados de “colaborar con los Frentes Juan Camilo y Ernesto Che Guevara del ELN.” En el documento se “sentencia a muerte” a 26 personas, entre ellos alguien identificado solamente como “el médico del pueblo.”141 En 1997, las amenazas telefónicas y por escrito de las ACCU hicieron que dos investigadores del gobierno que estaban trabajando en dos masacres relacionadas con las ACCU salieran del país por motivos de seguridad. En una carta, las AUC advertían que “de insistir en su actitud persecutora y parcializada contra organizaciones civiles antisubversivas, nos veremos obligados a alzarnos en armas contra el sector subversivo escondido en dichas instituciones.”142 Las AUC también han amenazado reiteradamente a la población civil diciendo que si viajan a ciertas áreas, serán declarados “objetivos militares” y asesinados. En octubre de 1997, las AUC notificaron a los pilotos y las compañías de vuelos chárter que si volaban a Puerto Alvira o a Barranco de Mina, Guainía, su avión sería “destruido o dado de baja por cualquiera de nuestras unidades.” Las compañías suspendieroninmediatamente sus 33 vuelos diarios a la región, lo que causó carencias de alimentos y medicinas que provocaron la huida de residentes.143


CAPÍTULO V

110 Justicia y Paz, Boletín, enero-marzo de 1996, p. 37.

111 Entrevista de Human Rights Watch con sobrevivientes de La Granja, Medellín, Antioquia, 11 de diciembre de 1997; y Justicia y Paz, Boletín, abril-junio de 1996, p. 70.

112 Carta a Human Rights Watch de Raymundo Moreno Lobón, Defensoría Regional-Chocó, 28 de noviembre de 1997.

113 Justicia y Paz, Boletín, abril-junio de 1996, p. 70; y “Muerte a Guerrilleros y Militantes,” Movimiento de Autodefensas Campesinas de Urabá y Córdoba.

114 CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, octubre-diciembre de 1996, p. 53.

115 Carta de Carlos Rodríguez, CCJ, a John Donaldson, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 24 de febrero de 1998.

116 Entrevista de Human Rights Watch con Rafael Rincón, personero de Medellín y Presidente de la Asociación Nacional de Personeros, Medellín, Antioquia, 10 de diciembre de 1997; entrevista de Human Rights Watch con Carlos Castaño, 9 de julio de 1996; y Estatutos de las ACCU.

117 CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, octubre-diciembre de 1996, p. 53; y carta a Human Rights Watch de las ACCU, 27 de julio de 1997.

118 Carta a Human Rights Watch de trabajador de ayuda humanitaria, junio de 1997; carta del padre Javier Giraldo, Justicia y Paz, al Presidente Ernesto Samper, 12 de marzo de 1997; y CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, enero-marzo de 1997, p. 36.

119 Respuesta del gobierno de Colombia a los casos presentados ante la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enero-junio de 1997.

120 Carta a Human Rights Watch de las ACCU, 27 de julio de 1997; y “Gobierno anuncia medidas contra las autodefensas,” El Tiempo, 15 de enero de 1997.

121 Diana Jean Schemo, “Anti-Rebel Groups Become the Terror of Colombia,” New York Times, 26 de marzo de 1997.

122 Entrevista de Human Rights Watch con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, Santafé de Bogotá, 4 de diciembre de 1997; y carta a Human Rights Watch de Sandra Peñaloza Cuevas, Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, 6 de junio de 1997.

123 Entrevista de Human Rights Watch con María Girlesa Villegas, Defensoría de Medellín, Antioquia, 9 de diciembre de 1997; Acción Urgente de Amnistía Internacional 85/97, 26 de marzo de 1997; y CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, enero-marzo de 1997, p. 50.

124 Carta a Human Rights Watch de los residentes de La Victoria, marzo de 1997; CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, enero-marzo de 1997, p. 50; y “Autodefensas matan a 9 personas,” El Tiempo, 25 de marzo de 1997.

125 Acción Urgente, CREDHOS, abril de 1997; carta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Bolívar, 14 de mayo de 1997; y “‘Paras’ dan látigo en el sur de Bolívar,” El Tiempo, 30 de abril de 1997.

126 “Más Ejército para el sur de Bolívar,” El Tiempo, 2 de mayo de 1997; y “Renuncian dos alcaldes en Bolívar,” El Tiempo, 26 de junio de 1997.

127 CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, abril-junio de 1997, p. 37; y “Accu matan a 3 campesinos en Betulia,” El Tiempo, 19 de mayo de 1997.

128 En una carta a Human Rights Watch, las ACCU admitieron su responsabilidad por estas tomas de rehenes. Carta a Human Rights Watch de las ACCU, 27 de julio de 1997.

129 Entrevista de Human Rights Watch con Pax Christi, Washington, D.C., 12 de mayo de 1998.

130 En un momento de confusión, un ex guerrillero convertido en informante del Ejército dijo a la revista Alternativa que Sáenz había sido secuestrado en realidad por miembros de las ACCU que trabajaban con la Vigésima Brigada de Inteligencia, que le había reclutado para que tomara parte. El informante se retractó posteriormente. Sin embargo, Human Rights Watch ha recibido información que corrobora que la Vigésima Brigada de Inteligencia ha participado en secuestros y ejecuciones de familiares de guerrilleros (ver el caso de Jorge Velandia en la sección sobre el Ejército). “Colombia: armed groups release civilians,” ICRC News, 3 de abril de 1997; Equipo de Alternativa, “Ejército secuestró al hermano de Cano,” Alternativa, 15 de enero al 15 de febrero de 1997, pp. 18-19; y “Pille el detalle,” Alternativa, 15 de febrero al 15 de marzo de 1997, pp. 14-15.

131 “Colombia: armed groups release civilians,” ICRC News, 3 de abril de 1997; y “Paramilitares liberaron madres de jefes guerrilleros,” El Colombiano, 20 de diciembre de 1996.

132 CCJ, Colombia, Derechos Humanos y Derecho Humanitario: 1996, p. 67.

133 “Colombia: armed groups release civilians,” ICRC News, 3 de abril de 1997; y “‘Cada noche sueño con la liberación de Leonor’,” El Tiempo, 26 de marzo de 1997.

134 “Los ‘paras’ van a la universidad,” El Tiempo, 18 de febrero de 1997.

135 “Colombia: armed groups release civilians,” ICRC News, 3 de abril de 1997; y Carlos Alberto Giraldo, “Informó Pax Christi en Ginebra,” El Colombiano, 9 de abril de 1997.

136 Justicia y Paz, Boletín, enero-marzo de 1996, p. 60.

137 “Por violencia, siete municipios sin médicos,” El Tiempo, 30 de abril de 1997; y “Amenazan a médicos y maestros,” El Tiempo, 3 de mayo de 1997.

138 CREDHOS, “S.O.S. por Yondó (Antioquia)”, Barrancabermeja, 12 de febrero de 1998; y CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, octubre-diciembre de 1997, p. 49.

139 “Autodefensas boicotearán las elecciones,” El Tiempo, 28 de mayo de 1997; y Bibiana Mercado y Orlando León Restrepo, “Las Farc infiltraron listas de los partidos tradicionales,” El Tiempo, 29 de septiembre de 1997.

140 Carta a Human Rights Watch de las ACCU, 27 de julio de 1997.

141 Human Rights Watch obtuvo una copia de esta amenaza, circulada en 1996. “Muerte a Guerrilleros y Militantes,” Movimiento de Autodefensas Campesinas de Urabá y Córdoba.

142 Entrevista de Human Rights Watch, 11 de diciembre de 1997.

143 Entrevista de Human Rights Watch con Rocío López, Defensora Regional-Meta, 28 de octubre de 1997; y “Las Auc crean zona de restricción aérea,” El Colombiano, 22 de octubre de 1997.


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