El gobierno de Raúl Castro continúa reprimiendo el disenso y desincentivando la crítica pública. Mientras que, en años recientes, el gobierno cubano ha apelado con menos frecuencia a sentencias prolongadas para castigar a sus críticos, en el mismo período se incrementó significativamente la cantidad de detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otros críticos. Otras tácticas represivas empleadas por el gobierno incluyen golpizas, actos públicos de denigración y despidos.

En diciembre de 2014, el Presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba y moderaría las restricciones a los viajes a la isla y el comercio con esta, a cambio de varias concesiones por parte del gobierno cubano, incluyendo el compromiso de liberar a 53 presos políticos y permitir que representantes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos visitaran la isla.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento por períodos breves

El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) —una organización independiente de derechos humanos que el gobierno considera ilegal— recibió más de 7.188 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2014, lo cual representa un drástico incremento en comparación con las cerca de 2.900 recibidas en 2013 y las 1.100 en 2010 durante el mismo período.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos, y los amenazan con la posibilidad ser condenados penalmente si continúan participando en actividades “contrarrevolucionarias”. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para mostrar que existe un patrón de conducta delictiva. Los disidentes afirman que estas advertencias buscan disuadirlos de participar en actividades que se consideran críticas del gobierno.

A menudo se practican detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o en reuniones para debatir sobre política. Por ejemplo, en los días previos a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrolló en La Habana el 28 y 29 de enero de 2014, al menos 40 personas fueron detenidas arbitrariamente, y 5 debieron permanecer bajo arresto domiciliario hasta la conclusión de la conferencia, según la CCDHRN.

Es común que integrantes de las Damas de Blanco —una organización, que el gobierno considera ilegal, fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos— sean detenidas antes y después de asistir a la misa de domingo. El 4 de mayo, por ejemplo, más de 80 mujeres fueron detenidas a lo largo de la isla antes de asistir a misa. El 13 de julio, 129 integrantes de la organización fueron detenidas cuando se preparaban para acudir a ceremonias conmemorativas de los cubanos que perdieron la vida intentando abandonar la isla en 1994.

Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados durante horas o incluso días. El ex preso político Guillermo Fariñas, quien fue puesto bajo prisión domiciliaria mientras se llevaba a cabo la conferencia de la CELAC y luego fue arrestado cuando intentó salir de su vivienda, denunció que sufrió la factura de dos costillas y otras lesiones debido a golpizas que recibió mientras estaba detenido. Yilenni Aguilera Santos, una integrante del movimiento Damas de Blanco en Holguín, denunció que sufrió la perdida de un embarazo a causa de una violenta golpiza propinada por agentes de seguridad tras ser arrestada cuando se dirigía a misa el 22 de junio.

Presos políticos

Incluso luego de que decenas de presos políticos obtuvieran la libertad condicional en diciembre de 2014, decenas más permanecen en las cárceles cubanas, según organizaciones locales de derechos humanos. Estos grupos estiman que habría más presos políticos, cuyos casos no pueden documentar debido a que el gobierno impide que organizaciones de derechos humanos independientes nacionales o internacionales ingresen a las prisiones.

Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías de debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” a los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual impide que exista una independencia judicial genuina.

Libertad de expresión

El gobierno controla todos los medios de comunicación existentes en Cuba y restringe fuertemente el acceso a información que provenga del extranjero, lo cual socava gravemente el derecho a la libertad de expresión. Sólo una proporción ínfima de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. Si bien personas que viven en ciudades como La Habana, Santiago de Cuba o Santa Clara cuentan con acceso a Internet, aquellas que viven en zonas más rurales no tienen posibilidad de acceder a Internet.

Un decreto gubernamental de mayo de 2013 destinado a ampliar el acceso a Internet dispone que este no podrá ser utilizado para actividades que atenten contra la “seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional” de Cuba, condiciones amplias que podrían ser aplicadas contra críticos del gobierno.

Son pocos los periodistas y blogueros independientes que logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. Sin embargo, quienes publican información que se considera crítica del gobierno a veces son objeto de campañas de desprestigio, agresiones y detenciones arbitrarias, y lo mismo ocurre con artistas y académicos que exigen mayores libertades.

En mayo de 2014, la bloguera Yoani Sánchez presentó el sitio web 14ymedio, el primer periódico independiente en línea de Cuba. En pocas horas, el sitio web fue objeto de un ataque cibernético, y los lectores fueron redirigidos a una página que contenía críticas feroces contra Sánchez. El sitio fue restablecido al día siguiente, pero fue bloqueado nuevamente varios días después, y desde entonces no puede ser visitado por los usuarios de Internet en Cuba.

En mayo de 2013, Roberto Zurbano, director del instituto cultural estatal Casa de las Américas, publicó un artículo en el New York Times donde denunciaba los persistentes prejuicios y desigualdades en contra de afrocubanos. Posteriormente, Zurbano fue duramente criticado a través de medios controlados por el gobierno y degradado a un cargo de menor jerarquía en el instituto.

Restricciones para viajar y separaciones familiares

Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminan la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla, un requisito que anteriormente había sido utilizado para negar el derecho a viajar a críticos del gobierno y a sus familiares. Desde entonces, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes.

Sin embargo, la reforma incluyó facultades discrecionales sumamente amplias que le permiten al gobierno restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, lo cual posibilita que las autoridades impidan la salida de personas que expresen desacuerdos con el gobierno. Por ejemplo, las autoridades le han negado en reiteradas oportunidades a Manuel Cuesta Morúa el derecho a viajar al extranjero, desde que este intentó organizar una cumbre paralela a la conferencia de la CELAC en enero de 2014.

El gobierno además continúa negándole arbitrariamente a cubanos que viven en el extranjero el derecho a visitar la isla. En agosto de 2013, el gobierno cubano le negó a Blanca Reyes, una integrante de las Damas de Blanco que vive exiliada en España, una autorización para viajar a Cuba a visitar a su padre de 93 años, que se encontraba en un delicado estado de salud y falleció en octubre, antes de que ella pudiera visitarlo.

El gobierno restringe la circulación de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217. Esta norma, diseñada para limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos una autorización del gobierno para mudarse a la capital del país. La ley se aplica a menudo para impedir que opositores viajen a La Habana para asistir a mítines, y para perseguir a disidentes originarios de otras regiones de Cuba que residen en la capital.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones están sobrepobladas y tienen condiciones antihigiénicas e insalubres que causan malnutrición y enfermedades generalizadas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas, y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según ex presos políticos. Los presos no cuentan con un mecanismo efectivo que les permita presentar reclamos, y aquellos que critican al gobierno o recurren a huelgas de hambre u otras formas de protesta son encarcelados en soledad durante extensos períodos y golpeados, se les restringen las visitas familiares, y se les niega atención médica.

Si bien el gobierno permitió que miembros elegidos de la prensa extranjera realizaran visitas supervisadas a un puñado de prisiones en abril de 2013, este continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a cárceles.

Defensores de derechos humanos

El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. A su vez, autoridades gubernamentales hostigan, agreden y encarcelan a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

Actores internacionales clave

En diciembre de 2014, el Presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba y moderaría las restricciones a los viajes a la isla y el comercio con esta. A cambio, el gobierno cubano se comprometió a, entre otras cosas, liberar a 53 presos políticos y permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja y observadores de defensa de derechos humanos de la ONU visitaran la isla.

El Presidente Obama también exigió al Congreso de Estados Unidos que levantara el embargo económico aplicado a Cuba. Por más de medio siglo, este embargo ha impuesto privaciones indiscriminadas al pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de derechos humanos en el país. La Asamblea General de la ONU ha instado reiteradamente a que concluya el embargo estadounidense sobre Cuba. En octubre de 2014, 188 de los 192 Estados Miembros votaron a favor de una resolución que condena el embargo.

La Unión Europea (UE) mantiene su “posición común” sobre Cuba, adoptada en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos. No obstante, tras una reunión celebrada en abril de 2014 en La Habana, delegados de la Unión Europea y de Cuba acordaron establecer un plan de trabajo para “normalizar” las relaciones. Funcionarios de la UE indicaron que las preocupaciones por las libertades civiles y la participación democrática continuarían incidiendo en la política de la UE con respecto a Cuba.

Durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que tuvo lugar en junio, gobiernos de toda la región pidieron que Cuba asistiera a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en 2015 en Panamá.

En noviembre de 2013, Cuba fue reelegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, imponiéndose sobre Uruguay para un puesto regional, a pesar de la deficiente situación en materia de derechos humanos y sus continuos esfuerzos por socavar la importante labor del consejo. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba votó reiteradamente para que no prosperaran medidas que pudieran permitir el seguimiento de graves situaciones de derechos humanos alrededor del mundo, oponiéndose a las resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia y Ucrania. Sin embargo, Cuba apoyó la emblemática resolución sobre orientación sexual e identidad de género que el consejo adoptó en septiembre de 2014.

 

El texto del capítulo en línea del Informe Mundial 2015 sobre Cuba ha sido actualizado en comparación con la versión impresa con la finalidad de tomar en cuenta los eventos ocurridos a finales de 2014.