En octubre de 2014, Evo Morales fue reelegido presidente de Bolivia con el 61 por ciento de los votos, y el partido gobernante obtuvo dos tercios de las bancas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Las amenazas a la independencia judicial y la impunidad de delitos violentos y de violaciones de derechos humanos siguen siendo problemas serios en Bolivia. El uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva y las demoras en los juicios atentan contra los derechos de los acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria.
El gobierno del Presidente Morales continuó acosando a defensores de derechos humanos y periodistas críticos durante 2014, y no respetó plenamente el derecho de los grupos indígenas a su consentimiento libre, previo e informado. La violencia contra mujeres y el trabajo infantil continúan siendo graves preocupaciones.
Independencia judicial y acceso a justicia
Durante años, la corrupción, las demoras y la interferencia política han caracterizado al sistema judicial boliviano. La constitución de 2009 previó elecciones judiciales con el fin de reformar los altos tribunales de Bolivia, pero la Asamblea Legislativa Plurinacional seleccionó a los candidatos a través de un proceso que careció de transparencia y no consideró adecuadamente sus aptitudes.
En julio de 2014, la Asamblea Legislativa Plurinacional había iniciado un proceso de destitución contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a una ley de 2010 que habilita a la legislatura a destituir jueces y aplicarles sanciones penales, lo cual socava la independencia judicial. Hasta noviembre, los tres magistrados habían sido suspendidos y al menos uno más estaba siendo investigado.
Impunidad de abusos y delitos violentos
Bolivia ha logrado escasos avances en el juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, y no ha resarcido adecuadamente a las víctimas de violencia política. Una de las causas ha sido la negativa de las Fuerzas Armadas a brindar información sobre el destino de personas asesinadas o desaparecidas durante ese período. La propuesta de crear una comisión de la verdad —integrada por siete miembros, incluidos cuatro designados por el gobierno— que investigue estos delitos se encontraba pendiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional a la fecha de preparación de este informe.
Los esfuerzos para juzgar a los presuntos responsables de muertes ocurridas en 2008 durante enfrentamientos violentos entre defensores y detractores del Presidente Morales han logrado avances escasos. En septiembre de 2014, un tribunal de La Paz aún estaba examinando la prueba en un caso vinculado con Leopoldo Fernández, ex prefecto de Policía del departamento de Pando, y cinco funcionarios locales, acusados en 2008 por su rol en el asesinato de 13 personas. La ineficacia fiscal ha socavado el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho de los acusados al debido proceso.
El gobierno no ha reabierto la investigación sobre el asesinato de dos ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en abril del 2009, a quienes el gobierno señaló como mercenarios involucrados en una conspiración separatista. Fueron abatidos y asesinados por la policía, luego de que esta irrumpiera a la fuerza en sus habitaciones de un hotel en Santa Cruz. Informes creíbles sugieren que al menos dos de los tres hombres habrían sido ejecutados extrajudicialmente. En octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que un ciudadano croata-boliviano implicado en el caso había sido detenido arbitrariamente, y pidió a Bolivia que ordene su inmediata libertad.
El gobierno aún no ha investigado exhaustivamente el uso excesivo de la fuerza empleado por la Policía en 2011 para dispersar una manifestación mayormente pacífica contra la propuesta de construir una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (conocido como “TIPNIS”). Miembros de la Policía amordazaron y golpearon a los manifestantes y los despojaron de sus ropas, según la Defensoría del Pueblo.
La falta de acceso a la justicia ha causado linchamientos contra ciudadanos o policías creídos responsables de delitos. Diez personas habrían muerto en linchamientos en 2013, y al menos otras once en 2014. la impunidad de los linchamientos continúa siendo la regla.
Jurisdicción y abusos militares
Las violaciones de derechos humanos contra soldados siguen siendo un problema. En mayo, un soldado que lideró una manifestación que exigía mejores condiciones laborales para oficiales de bajo rango fue acusado de sedición y rebelión. En julio, cinco soldados fueron presuntamente desnudados, golpeados y sometidos a descargas eléctricas por sus superiores debido a la perdida de un fusil.
El Tribunal Constitucional Plurinacional determinó en diciembre de 2012 que la justicia penal ordinaria tenía competencia para juzgar la causa sobre la muerte de un conscripto ocurrida en 2011 tras un ejercicio de entrenamiento, a causa de que los instructores presuntamente lo golpearon en la cabeza y el tórax. El tribunal exhorto a los legisladores a que reformaran el Código Penal Militar de Bolivia para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas en la justicia ordinaria. En noviembre, el código aún no había sido reformado.
Debido proceso y condiciones carcelarias
La amplia discrecionalidad de los jueces para disponer la prisión preventiva y la falta de acceso a defensores de oficio han socavado el derecho al debido proceso de los acusados, en particular entre los sectores de bajos recursos de Bolivia.
Bolivia presenta uno de los mayores índices de presos no condenados en la región (más del 80 por ciento, hasta diciembre de 2013). El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios han aumentado la sobrepoblación y las condiciones deficientes en las cárceles, donde la alimentación y la atención médica son inadecuadas y el control interno a menudo queda en manos de los presos. Hasta febrero de 2014, había 14.700 presos en cárceles con una capacidad máxima para 4.884 personas, según la Defensoría del Pueblo.
En septiembre, cuatro personas murieron y 11 resultaron heridas durante enfrentamientos entre detenidos en una cárcel de máxima seguridad en Cochabamba. Según la Defensoría del Pueblo, los guardias penitenciarios no controlaron una fiesta organizada por los internos, ni asistieron a las víctimas tras los sucesos violentos.
Varios decretos adoptados desde 2012 habilitan al presidente a reducir la pena a quienes hayan sido condenados a menos de ocho años de prisión, y a indultar a quienes se encuentren en prisión preventiva por delitos para los cuales se prevean penas de hasta cuatro años de prisión. En agosto de 2014, el director del sistema penitenciario habría indicado que 957 presos habían sido liberados.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos continúan desempeñándose en un entorno hostil que limita su trabajo independiente.
En 2013, el Presidente Morales dictó un decreto que otorgó al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil. El decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías que revoque la personalidad jurídica de una organización si esta lleva a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto, o si cualquiera de los representantes de la organización recibe sanciones penales por realizar actividades que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público”. La Asamblea Legislativa Plurinacional también podría solicitar que se revoque la personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público”.
En diciembre de 2013, el gobierno expulsó a la organización no gubernamental danesa IBIS, que había trabajado con poblaciones indígenas en Bolivia y aportado fondos para estas desde 1984. El ministro de la presidencia declaró que el gobierno no toleraría la “injerencia política” de IBIS en Bolivia, y señaló que las “organizaci[ones ] no gubernamenta[les] que opere[n] políticamente va[n] a ser expulsada[s]”.
Libertad de expresión
Si bien el debate público es robusto, el gobierno de Morales ha acusado reiteradamente a periodistas de mentir y de distorsionar la realidad con intereses políticos. En abril, el Procurador General denunció penalmente a dos periodistas del periódico La Razón, a quienes acusó de “espionaje” y de “revelar secretos” por haber publicado un artículo sobre la estrategia del gobierno en una controversia internacional por la frontera marítima con Chile. En agosto, la causa se remitió a un Tribunal de Imprenta especializado, con facultades para aplicar multas en lugar de sanciones penales.
Al momento de redacción de este informe, se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley sobre acceso a información pública impulsado por el gobierno.
Derechos indígenas
La Constitución de Bolivia de 2009 incluye amplias garantías para proteger los derechos de los grupos indígenas, incluidas la titulación colectiva de tierras y territorios, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicia indígenas. Aún no ha sido plenamente implementada una ley de 2011 que establece límites jurisdiccionales entre el sistema de judicia indígena y el ordinario.
Sigue pendiente la implementación del derecho al consentimiento previo, libre e informado, en particular con respecto a los proyectos de la industria extractiva. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la formulación de un proyecto de ley sobre este tema ha estado acompañada por consultas, pero no por un consentimiento adecuado de las comunidades indígenas.
Violencia de género y derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Bolivia siguen expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempló medidas exhaustivas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. La implementación de la ley, que tipificó el “feminicidio” y exigió la creación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género, y de casas de acogida para mujeres, ha avanzado muy lentamente.
En marzo, la Oficina de la ONU en Bolivia informó que 154 casos de violencia política contra mujeres ocurridos en 2013 estaban impunes. La ley define “violencia política” como acciones o “agresiones físicas, psicológicas [o] sexuales” contra mujeres que son candidatas u ocupan funciones públicas, o contra familiares de estas, orientadas a menoscabar su labor.
En noviembre, la Policía Boliviana informó que se habían producido 95 “feminicidios” en el país en 2014, creó una línea telefónica gratuita para la denuncia de estos casos y conformó un “grupo de reacción inmediata” para atender denuncias de violencia.
Las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción y abortos después de una violación (una de las pocas circunstancias en las cuales el aborto no es punible). Según Ipas, entre 2008 y 2013, 775 mujeres fueron perseguidas penalmente por someterse a abortos, y miles solicitaron atención médica debido a abortos incompletos. En febrero, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que no era necesario obtener autorización judicial previa ni iniciar una acción penal formal para obtener acceso al aborto legal luego de una violación.
Trabajo infantil
En julio de 2014, la Asamblea Plurinacional aprobó una ley, que fue promulgada por el vicepresidente, que permite el trabajo de menores desde los 10 años, lo cual vulnera estándares internacionales y convierte a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo desde tan temprana edad. Según las estadísticas oficiales más recientes disponibles, correspondientes a 2008, al menos 746.000 menores trabajan en Bolivia.
Orientación sexual e identidad de género
Persiste la impunidad por actos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En 2014, la Defensoría del Pueblo informó que no habían sido condenados los responsables de la muerte de 55 personas LGBT desde 2004.
La constitución de 2009 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Varias propuestas para reformar la constitución o legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo o las uniones legales se encontraban pendientes al momento de redacción de este informe.
Actores internacionales clave
Bolivia ha apoyado una campaña de Ecuador destinada a debilitar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El Presidente Morales anunció en 2013 que estaba “pensando seriamente” retirarse de la comisión, pero Bolivia participó en las audiencias de octubre de 2014.
La Organización Internacional del Trabajo, que analiza actualmente la nueva legislación boliviana sobre trabajo infantil, señaló en julio de 2014 que esta norma podría violar varios tratados internacionales ratificados por Bolivia.