La Constitución de Marruecos de 2011 incorporó sólidas disposiciones de derechos humanos, pero estas reformas no se tradujeron en prácticas mejoradas, avances en la implementación de la legislación ni en la revisión de leyes represivas. En 2013, los marroquíes ejercieron su derecho a protestar pacíficamente en las calles pero, en algunas ocasiones, la policía continuó dispersándolos violentamente. Las leyes que penalizan los actos que puedan atentar contra el rey, la monarquía, el Islam o la soberanía que Marruecos defiende sobre el Sáhara Occidental limitaron los derechos a las libertades de expresión, asamblea y asociación pacíficas. En febrero, un tribunal militar condenó a 25 civiles saharauis a penas de prisión, entre los cuales nueve fueron condenados a cadena perpetua. Este fue sólo uno de los muchos juicios injustos celebrados en los últimos años, que han resultado en condenas motivadas por razones políticas.

Libertad de expresión

Los medios de comunicación independientes impresos y en línea de Marruecos continúan investigando y criticando a los funcionarios gubernamentales y sus políticas, pero se enfrentan al enjuiciamiento y al acoso cuando cruzan ciertos límites. La ley de prensa contempla penas de prisión por la difusión "maliciosa" de "información falsa" que pueda perturbar el orden público, o por el discurso que sea considerado difamatorio.

La televisión estatal marroquí ofrece cierto margen para el debate y el periodismo de investigación, pero deja poco espacio para la crítica directa al gobierno o al disenso sobre cuestiones fundamentales. Las autoridades permitieron que el canal de televisión Al Jazeera reanudara sus operaciones en Marruecos, después de haber ordenado el cierre de sus oficinas en 2010 por su cobertura del conflicto del Sáhara Occidental. El 17 de septiembre, las autoridades arrestaron a Ali Anouzla, director del sitio de noticias independiente Lakome.com, debido a la publicación de un artículo que describía y proporcionaba un enlace indirecto a un video militante de reclutamiento islamista que atacaba al Rey Mohammed VI. Anouzla publicó el artículo el 25 de octubre. En el momento en el que se redactaba este capítulo, Anouzla se enfrentaba a un juicio, acusado bajo la ley antiterrorista de 2003, con cargos como “ayudar intencionalmente a los autores de actos de terrorismo”.

Abdessamad Haydour, un estudiante, sigue cumpliendo una condena de tres años por insultar al rey, calificándolo como un “perro”, “un asesino” y “un dictador” en un video de YouTube. Un tribunal lo sentenció en febrero de 2012 en virtud de una disposición del Código Penal que criminaliza las “injurias al rey”.

Libertad de reunión

Los marroquíes han seguido celebrando marchas y concentraciones para exigir reformas políticas y protestar contra las acciones del gobierno, desde que las manifestaciones populares empezaran a dispersarse por la región en febrero de 2011. La policía toleró muchas de estas protestas, pero en algunas ocasiones atacó y golpeó severamente a los manifestantes. Por ejemplo, el 2 de agosto, la policía dispersó violentamente una pequeña manifestación frente al Parlamento en Rabat contra un perdón real que había sido concedido a un pederasta condenado. Sin embargo, las autoridades toleraron las siguientes protestas callejeras contra el indulto, que las autoridades aseguran que fue concedido por error.

En el Sáhara Occidental, las fuerzas de seguridad reprimieron rutinariamente cualquier reunión pública considerada hostil sobre la disputada soberanía de Marruecos sobre ese territorio. Esto incluyó reuniones en la ciudad principal del territorio, El Aaiún, el 23 de marzo, el 29 de abril y el 19 de octubre. El 4 de mayo, las autoridades dieron luz verde a una manifestación de un tamaño sin precedentes a favor de la autodeterminación.

Libertad de asociación

La Constitución de 2011 introdujo por primera vez la protección al derecho de formar una asociación, sin embargo, en la práctica, los funcionarios del Gobierno impiden arbitrariamente la legalización de algunas, socavando su libertad de operación. Entre los grupos afectados se encuentran algunos que defienden los derechos de los saharauis, los imazighen (bereberes), los inmigrantes subsaharianos y los desempleados. También se encuentran asociaciones benéficas, culturales y educativas, entre cuyos líderes hay miembros de al-Adl wal-Ihsan (Justicia y Espiritualidad), un movimiento a escala nacional que aboga por un Estado islámico y cuestiona la autoridad espiritual del rey. El gobierno, no reconoce a la asociación Justicia y Espiritualidad como una asociación legal, sin embargo toleró muchas de sus actividades pero impidió otras. En el Sáhara Occidental, las autoridades denegaron el reconocimiento legal a todas las organizaciones locales de derechos humanos, cuyo liderazgo apoya la independencia de ese territorio, incluso asociaciones que ganaron resoluciones administrativas judiciales afirmaron que se les había denegado injustamente el reconocimiento.

Terrorismo y antiterrorismo

Cientos de presuntos extremistas islamistas detenidos a raíz de los atentados de Casablanca de mayo de 2003 continúan en prisión. Muchos fueron condenados en juicios injustos después de haber permanecido en recintos secretos de detención y haber sido sometidos a malos tratos, a veces incluso torturas. A partir de los ataques terroristas de 2007 y 2011, la policía ha detenido a varios centenares más de presuntos militantes islamistas. Los tribunales han condenado y encarcelado a muchos bajo cargos de pertenecer a una “red terrorista” o por prepararse para unirse a “la yihad” en Irak o en otros lugares.

Conducta policial, tortura y el sistema de justicia penal

Los tribunales marroquíes siguen imponiendo la pena de muerte, pero las autoridades mantuvieron una moratoria bajo la cual no consuman ninguna ejecución desde principios de los años 90.

Después de su visita a Marruecos en 2012, el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, concluyó en su informe de febrero de 2013 lo siguiente: “En los casos que involucran la seguridad del Estado, como el terrorismo, la pertenencia a un movimiento islamista o la defensa de la independencia del Sáhara Occidental, existe un patrón de tortura y malos tratos por parte de agentes de la policía durante el proceso de arresto y durante su detención (…) Muchas personas han sido obligadas a confesar y han sido condenadas a penas de cárcel en base a esas confesiones”. Entre las recomendaciones del relator destaca la modificación de la ley para garantizar “que el sospechoso tenga acceso a un abogado de su propia elección desde el momento de la detención” y la reducción del tiempo de detención sin cargos bajo custodia policial al máximo actual de 12 días permitidos en casos relacionados con el terrorismo. Las autoridades marroquíes respondieron en detalle, señalando las medidas que estaban adoptando, como la práctica del “Ministerio de Justicia y Libertades (...) para garantizar la grabación en video de todas las declaraciones hechas a la policía durante las investigaciones y los interrogatorios”.

Los tribunales privaron del derecho a un juicio justo a los acusados ​​en casos políticos y relacionados con temas de seguridad. En algunos de ellos, ignoraron sus peticiones de exámenes médicos tras sus denuncias de tortura, se negaron a convocar a los testigos eximentes y condenaron a los acusados ​​sobre la base de confesiones aparentemente coaccionadas.

En febrero de 2013, el Tribunal Militar de Rabat condenó a 25 hombres saharauis a penas de cárcel, incluyendo nueve cadenas perpetuas, tras declararlos culpables por cargos derivados de la violencia que se desató el 8 de noviembre de 2010, cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron el campamento de protesta de Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental. Once miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el enfrentamiento. El tribunal no investigó las denuncias formuladas por los acusados, la mayoría de los cuales habían pasado 26 meses en prisión preventiva, de que los agentes de policía los habían torturado o coaccionado para firmar declaraciones falsas. Sin embargo, el tribunal se basó en estas controvertidas confesiones como la principal, o incluso la única, evidencia para condenarlos.

Según informes, las condiciones en las prisiones son precarias, debido en gran parte al hacinamiento, un problema agravado por el frecuente recurso de los jueces a la prisión preventiva de los sospechosos. El Ministerio de Justicia declaró que hasta octubre de 2012, 31.000 de los 70.000 presos del país estaban en prisión preventiva.

El 12 de septiembre de 2013, el ministro de Justicia Moustapha Ramid, un reconocido abogado de derechos humanos que fue nombrado después de la victoria del partido de orientación islamista Hizb al-Adalah wal-Tanmiya (Justicia y Desarrollo), develó propuestas sobre la reforma judicial que, de aplicarse, podrían mejorar la independencia judicial. Estas propuestas incluyen la disminución del control ejecutivo sobre los fiscales.

Inmigrantes y refugiados

Los inmigrantes del África subsahariana siguieron siendo blanco de abusos policiales en 2013. En varias ocasiones, la policía detuvo a inmigrantes, los transportó a la frontera entre Marruecos y Argelia y los abandonó allí sin verificar formalmente su estatus migratorio ni informarles de sus derechos.

En septiembre, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un organismo financiado por el Estado que rinde cuentas al rey, emitió un informe sobre la situación de los trabajadores inmigrantes y recomendó que el gobierno tome medidas para proteger sus derechos. Entre estos se destaca el establecimiento de un “marco legal e institucional nacional de asilo”. En la actualidad, Marruecos delega la determinación del estatus de asilo a la Comisión de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y en general se abstiene de expulsar a los inmigrantes que cuentan con documentos que acrediten que han solicitado o recibido el reconocimiento de la ACNUR. El rey Mohammed VI aplaudió públicamente las recomendaciones de la CNDH y ordenó que un grupo de trabajo del gobierno examinara la situación de los inmigrantes cuya solicitud de asilo ya había sido reconocida por la ACNUR, con miras a su formalización.

Derechos de la mujer y las niñas

La Constitución de 2011 garantiza la igualdad de las mujeres “al mismo tiempo que respeta las disposiciones de la Constitución, las leyes y las características permanentes del Reino". El Código de Familia contiene disposiciones discriminatorias para las mujeres con respecto a la herencia y el derecho de los maridos a divorciarse unilateralmente de sus esposas. Las reformas al Código en 2004 mejoraron los derechos de la mujer en el divorcio y la custodia de los hijos y elevaron la edad legal para contraer matrimonio de 15 a 18 años.

Trabajadoras del hogar

A pesar de las leyes que prohíben que los menores de 15 años trabajen, se cree que miles de niños más jóvenes –sobre todo niñas—trabajan en el servicio doméstico. Según la ONU, organizaciones no gubernamentales y fuentes del Gobierno, el número de trabajadores infantiles ha disminuido en los últimos años, pero niñas de tan sólo 8 años siguen trabajando en casas privadas hasta 12 horas al día por cantidades tan pequeñas como US$11 al mes. En algunos casos, los empleadores golpearon y abusaron verbalmente de las niñas, les negaron una educación y les negaron una alimentación adecuada.

La ley laboral de Marruecos excluye a los trabajadores domésticos de protecciones, incluyendo un salario mínimo, límites a las horas de trabajo y un día de descanso semanal. En 2006, las autoridades presentaron un proyecto de ley para regular el trabajo doméstico y reforzar las prohibiciones existentes a los trabajadores domésticos de menos de 15 años. En el momento de escribirse este capítulo, el Parlamento aún no lo había adoptado.

Principales actores internacionales

En 2008, la Unión Europea otorgó a Marruecos “estatus avanzado”, colocándolo un nivel por encima de otros miembros de la Política Europea de Vecindad (PEV). Marruecos es el mayor beneficiario de Medio Oriente y el Norte de África de las ayudas de la UE después de los Territorios Palestinos Ocupados, con 580 millones de euros (US$757 millones) asignados para el período de 2011 a 2013, además de US$35 millones en 2015 bajo el programa SPRING, de la UE, que ayuda a países que están atravesando transiciones democráticas.

El 10 de septiembre, el embajador de la UE en Marruecos, Rupert Joy, elogió el informe de la CNDH sobre los inmigrantes en Marruecos que, según dijo , “reconoce violaciones a los derechos de los inmigrantes que nos han preocupado desde hace mucho tiempo, pero también propone recomendaciones concretas de políticas migratorias más justas y eficaces”. Joy prometió “una considerable asistencia financiera” de la UE y sus Estados miembros a los proyectos que estén “inspirados por” recomendaciones de la CNDH.

Durante una visita de Estado, el presidente francés, François Hollande, se abstuvo de hacer cualquier crítica pública de derechos humanos. Durante un discurso ante el Parlamento y en una rueda de prensa el 4 de abril, el presidente insistió en que Francia, el principal socio comercial de Marruecos y fuente de ayuda pública al desarrollo y la inversión privada, no quería “dar lecciones”. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un inusual comentario que podría interpretarse como una crítica, reaccionó el 29 de abril a la represión de la policía de una manifestación en el Sáhara Occidental al “recordar nuestro apego al derecho a protestar pacíficamente”.

En 2013, EE.UU., un aliado cercano de Marruecos con el que mantiene un diálogo formal sobre derechos humanos , proporcionó la parte final de una subvención de cinco años de US$697 millones de la Millennium Challenge Corporation para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico. Durante el debate anual del Consejo de Seguridad de la ONU en abril sobre la renovación del mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz para el Sáhara Occidental (MINURSO), EE. UU. inicialmente propuso ampliar el mandato para incluir la vigilancia de los derechos humanos, pero se echó atrás ante la vehemente oposición de Marruecos.

El 22 de noviembre, el rey Mohammed VI fue recibido por primera vez desde 2002 por un presidente de EE.UU. en Washington. El presidente Barack Obama elogió las intenciones y compromisos de Marruecos para implementar diversas mejoras de derechos humanos, pero no criticó públicamente las prácticas de derechos humanos del país.

En los dos últimos años, Marruecos ha facilitado las visitas de varios mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluida la del relator especial sobre el tráfico de personas en junio de 2013. En el momento de escribir este capítulo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria estaba programado para diciembre de 2013.