Guinea Ecuatorial sigue sumida en la corrupción, la pobreza y la represión bajo el liderazgo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que ha presidido el país desde 1979. Los enormes ingresos procedentes del petróleo financian los fastuosos estilos de vida de la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que una gran proporción de la población sigue viviendo en la pobreza. Persisten problemas como la mala gestión de los fondos públicos y las denuncias verosímiles de corrupción de alto nivel, así como otros abusos graves, como la detención arbitraria, la detención secreta y los juicios injustos.

El período que rodeó las elecciones legislativas de mayo de 2013 estuvo marcado por la denegación de las libertades fundamentales. El gobierno bloqueó protestas planeadas por la oposición política y arrestó a los organizadores. El partido gobernante obtuvo una abrumadora victoria en los comicios, pero la consulta careció de credibilidad debido al sesgo en los procesos electorales y a las condiciones restrictivas para los observadores internacionales.

El nuevo gobierno que se formó en septiembre mantuvo un sistema que carece de controles efectivos sobre los poderes del presidente Obiang. El presidente nombró a su hijo mayor y potencial sucesor,  “Teodorín”, a uno de los 15 escaños en el Senado que selecciona personalmente, en virtud de los cambios constitucionales de 2011. Obiang  mantuvo a Teodorín como segundo vicepresidente, un puesto designado que no está contemplado en la Constitución.

Obiang y su gobierno defendieron con vehemencia a Teodorín contra las acusaciones de corrupción y lavado de dinero, que son el centro de investigaciones policiales internacionales en Francia y Estados Unidos. A pesar de varios fallos en agosto a favor de Teodorín, la desestimación de parte de un caso en su contra por parte de un juez de California y la inesperada retirada de una orden internacional de arresto en su contra por parte de la Interpol en un caso separado presentado en Francia, en ambos países siguen en marcha investigaciones intensivas. También sigue en vigor una orden de arresto en toda Europa, emitida a petición de Francia.

Derechos sociales y económicos

Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo del África Subsahariana y tiene una población de aproximadamente 700.000 personas. Según el Informe de 2013 sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el país tiene un Producto Interno Bruto per cápita de US$32.026, el mayor en la clasificación de la riqueza de cualquier país de África y uno de los más altos del mundo, sin embargo, ocupa el puesto 136 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano. Como consecuencia, Guinea Ecuatorial tiene, de lejos, la mayor brecha de todos los países entre su riqueza per cápita y su puntaje en desarrollo humano.

A pesar de la abundante riqueza en recursos naturales del país y la obligación del gobierno de avanzar en la mejora de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos, una parte muy pequeña de esta riqueza se ha dirigido a satisfacer sus necesidades. Cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional a principios de 2013 ponen en evidencia las prioridades de gasto del gobierno: mientras que la mitad de los gastos de capital de Guinea Ecuatorial en el año 2011 se utilizó para construir infraestructura y otro 22 por ciento se destinó a la administración pública, la salud y la educación en conjunto representaron sólo el 3 por ciento del gasto de capital.

Aproximadamente la mitad de la población carece de agua potable o servicios adecuados de saneamiento, de acuerdo con estadísticas oficiales de 2012. Una gran parte de sus habitantes también carece de acceso a una atención sanitaria de calidad, escuelas decentes, y un suministro confiable de electricidad. El gobierno de Guinea Ecuatorial no publica información básica sobre presupuestos ni gastos, y los ciudadanos y periodistas carecen de la libertad para monitorear el uso de la riqueza de recursos naturales del país.

Libertad de expresión y asociación

En Guinea Ecuatorial, sigue siendo notoria la falta de libertad de prensa. Periodistas de medios de comunicación locales siguen sin poder criticar al gobierno ni abordar temas que las autoridades no aprueban sin riesgo de censura o represalias. En el país existen muy pocos medios privados y son generalmente propiedad de personas cercanas al presidente Obiang; la autocensura también es común. Solamente la pequeña minoría con acceso a transmisiones vía satélite e Internet tiene acceso a las noticias internacionales; los demás sólo tienen acceso a una programación limitada de radio.

Las libertades de asociación y reunión están severamente restringidas en Guinea Ecuatorial, lo que limita en gran medida la eficacia de los grupos de la sociedad civil. El gobierno impone condiciones restrictivas al registro y operación de los grupos no gubernamentales. El país carece de grupos independientes de derechos humanos legalmente registrados. Los pocos activistas locales que tratan de abordar cuestiones relacionadas a los derechos humanos son blanco de intimidación, acoso y represalias.

Partidos políticos y la oposición

Sólo dos partidos políticos presentaron candidatos de forma independiente a las elecciones legislativas de mayo. Los otros 10 partidos políticos reconocidos oficialmente se alinearon con el partido gobernante, que se benefició de un virtual monopolio sobre el poder, la financiación y el acceso a los medios de comunicación nacionales. El sufragio de mayo, al igual que elecciones anteriores del país, se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos y la denegación de las libertades fundamentales, incluyendo detenciones y restricciones arbitrarias a la libertad de reunión. La Comisión Nacional Electoral está controlada por el partido gobernante y está encabezada por el ministro del Interior, un destacado miembro del partido del presidente Obiang.

Las solicitudes de activistas y partidos políticos de la oposición para realizar manifestaciones pacíficas fueron denegadas. Las protestas planeadas para mayo y junio fueron bloqueadas y los organizadores del evento de mayo fueron detenidos. Al menos 10 activistas fueron detenidos en mayo después de haberse convocado una manifestación pacífica el 15 de mayo para pedir reformas al gobierno y para protestar por la decisión gubernamental de denegarle el registro a un nuevo partido político, el Partido Democrático de la Justicia Social. Clara “Lola” Nsegue Eyí y Natalia Angue Edjodjomo, cofundadoras del partido y coordinadoras de la manifestación, fueron arrestadas el 13 de mayo en Malabo y trasladadas a la ciudad de Mongomo. Ambas fueron puestas en libertad al cabo de tres semanas, pero Nsegue volvió a ser detenida posteriormente en Malabo y trasladada a Mongomo, una ciudad del interior a más de 320 kilómetros de distancia, donde permaneció detenida sin cargos desde finales de junio hasta su puesta en libertad en octubre.

Jerónimo Ndong, secretario general del partido de la oposición, Unión Popular, fue detenido el 13 de mayo y permaneció en custodia varios días, también en relación con la planeada protesta. Después de su liberación pasó a la clandestinidad, pero se entregó cuando las autoridades detuvieron a su esposa y su hermano para obligarlo a salir. Entonces, Ndong fue detenido de nuevo durante otros siete días.

Varias personas fueron detenidas cuando se dirigían a la planeada manifestación del 15 de mayo y posteriormente puestas en libertad, entre ellas Salvador Bibang Ela, un líder de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS) de la oposición. La protesta no se llevó a cabo debido a estas detenciones y la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en las calles.

En junio, las fuerzas de seguridad rodearon la sede de CPDS en Malabo y varios dirigentes del partido fueron detenidos brevemente en un exitoso esfuerzo por bloquear una manifestación convocada contra el presunto fraude electoral. La solicitud anterior de un permiso de protesta fue denegada.

El 22 de septiembre, Weja Chicampo, coordinador del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), fue deportado a España desde el aeropuerto de Malabo cuando regresaba de una visita allí. Chicampo había vivido en el exilio en España, después de repetidos arrestos y penas de prisión en Guinea Ecuatorial, pero había regresado al país. En el momento de redactarse este informe, todavía permanecía en España.

Tortura, detenciones arbitrarias y juicios injustos

En Guinea Ecuatorial, los derechos de debido proceso siguen siendo ignorados y el maltrato a los prisioneros sigue siendo común. Muchos detenidos están recluidos indefinidamente sin conocer los cargos que pesan en su contra. Algunos se encuentran en detención secreta. Abogados y otras personas que han visitado cárceles y prisiones indican que se siguen cometiendo abusos graves, incluyendo palizas en detención equivalentes a tortura.

El presidente Obiang ejerce un control excesivo sobre el poder judicial, que carece de independencia. El presidente es designado como “primer magistrado”. Entre otras facultades, preside el organismo que supervisa a los jueces y nombra a los miembros restantes del cuerpo.

Los procesos judiciales son utilizados para intimidar o sancionar a aquellos que son percibidos como desleales a quienes detentan el poder. En julio, Roberto Berardi, un socio de negocios de Teodorín, fue declarado culpable de robo de propiedad de la empresa y recibió una sentencia de dos años y medio de prisión, después de un breve juicio durante el cual la familia de Berardi dijo que no se habían presentado pruebas en su contra. Beradi llevaba bajo custodia del gobierno en Bata desde enero. Según su familia, el arresto de Berardi se produjo después de que le preguntara a Teodorín acerca de una transferencia bancaria sospechosa a una cuenta de EE.UU. Asimismo, alegan que permaneció en detención secreta durante varias semanas y que fue torturado.

Eleuterio Esono, un ciudadano de Guinea Ecuatorial, que había regresado al país desde el exilio en Suecia a principios de 2013, permaneció detenido sin cargos en una cárcel de Malabo desde el 12 de marzo hasta fines de abril. Fue arrestado sin orden judicial en relación a una presunta conspiración contra el Estado.

Agustín Esono Nsogo, un profesor detenido en octubre de 2012 por un supuesto complot para desestabilizar el país, permanecía detenido sin cargos ni juicio.

Principales actores internacionales

EE.UU. es el principal socio comercial de Guinea Ecuatorial y una fuente de inversión en su sector petrolero. El gobierno de EE.UU. criticó abiertamente las elecciones legislativas de mayo en Guinea Ecuatorial, citando “serias preocupaciones” sobre las detenciones arbitrarias, los límites a las libertades de expresión y reunión, y la capacidad severamente restringida de la oposición para acceder a los medios de comunicación y las redes sociales basadas en Internet.

España, la antigua potencia colonial, también aplicó un poco de presión en Guinea Ecuatorial para que mejore su historial de derechos humanos y criticó públicamente el voto mayo.

En un discurso durante la cumbre del G-20 y, en ocasiones posteriores, el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, recurrió prominentemente a Guinea Ecuatorial como un ejemplo de la denominada maldición de los recursos: un país corrupto y mal gobernado pero con una gran riqueza que no beneficia a la mayoría de su población.

El presidente Obiang continuó buscando la atención internacional como estadista, convocando una cumbre en marzo con líderes africanos y latinoamericanos y aceptando en julio el Premio Internacional Kim Jong-Il de Corea del Norte “por su compromiso con la justicia, el desarrollo, la paz y la armonía”.