El ex líder guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado en mayo de 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se trata del primer caso en que se condena por genocidio a un jefe de Estado en los tribunales nacionales. Sin embargo, la sentencia fue anulada por razones procesales pocos días después, y está previsto que comience un nuevo juicio en enero de 2015.

El Ministerio Público ha conseguido avances en otros casos importantes de derechos humanos, aunque los niveles de impunidad continúan siendo graves. El mandato de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que desde 2007 apoya acciones de investigación y juzgamiento de la delincuencia organizada, se amplió por dos años en septiembre. El Presidente Otto Pérez Molina ha señalado que este será el último período de la comisión.

Pérez Molina ha continuado ampliando el rol de las fuerzas armadas guatemaltecas en los operativos de seguridad pública, a pesar de su preocupante historial en materia de derechos humanos.

En junio de 2013, Guatemala fue sede de la 43 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde el principal tema de debate fue la reforma de políticas sobre drogas. El gobierno de Pérez Molina ha adoptado un rol de liderazgo en la promoción de enfoques alternativos con respecto a la política sobre drogas, y ha señalado que la regulación de su comercialización y la admisión de un nivel limitado de consumo y producción lícitos de narcóticos podrían reducir los hechos de violencia y abusos vinculados a la delincuencia organizada.

Juicios por atrocidades del pasado

En una decisión emblemática, en mayo el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El general retirado encabezó el régimen militar que gobernó el país en 1982 y 1983 y cometió cientos de masacres contra civiles sin armas. No obstante, la sentencia se anuló 10 días después, dado que la Corte de Constitucionalidad consideró inválidas todas las actuaciones de las últimas tres semanas del juicio debido a irregularidades vinculadas con un incidente ocurrido en marzo, cuando durante un breve período Ríos Montt no contó con la asistencia de su propio abogado defensor. Es probable que se realice un nuevo juico, y que los testigos deban declarar una vez más ante otro tribunal penal. Está previsto que el proceso se inicie en enero de 2015. En noviembre, representantes de víctimas presentaron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual acusaron al Estado guatemalteco de no haber impartido justicia en la causa.

La defensa de Ríos Montt ha solicitado en reiteradas oportunidades que se exima al ex líder de la posibilidad de juzgamiento amparándose en la ley sobre amnistía.

En abril, mientras aún estaba en curso el juicio por genocidio, el Presidente Pérez Molina expresó su apoyo a una carta pública firmada por varios políticos prominentes en la cual se calificaba a la imputación de genocidio contra miembros del Ejército como “fabricación jurídica”, y manifestó que esta acusación ponía en riesgo la paz.

Ríos Montt ha sido acusado en otra causa vinculada con una masacre perpetrada en 1982 en la localidad de Dos Erres, en la región de Petén, durante la cual 250 personas, entre ellas varios niños, fueron asesinadas por soldados. El proceso, que aún no ha concluido, se ha visto demorado por los sucesivos recursos interpuestos por los abogados de Ríos Montt.

Cinco ex miembros de las fuerzas especiales del Ejército han recibido extensas penas de prisión por su intervención en la masacre de Dos Erres, mientras que varios ex altos miembros de las fuerzas de seguridad han sido condenados en los últimos años por delitos que constituyen violaciones de derechos humanos y que fueron cometidos en décadas anteriores. Entre estos se incluyen el ex director de la Policía Nacional Héctor Bol de la Cruz, quien recibió una pena de 40 años de prisión en septiembre por haber ordenado la desaparición de un estudiante y activista en 1984.

Seguridad pública y sistema de justicia penal

Poderosas organizaciones delictivas cometen actos generalizados de violencia y extorsión. La intimidación y corrupción de funcionarios judiciales, así como la ausencia de un programa efectivo de protección de testigos, contribuyen a que se mantengan los altos niveles de impunidad. La frustración que provoca la falta de aplicación de las leyes penales hizo que algunas comunidades recurrieran a la justicia por mano propia. Según datos del Procurador de los Derechos Humanos, 23 personas murieron durante linchamientos en 2012, y otras seis hasta febrero de 2013.

A pesar de estos desafíos, los fiscales han conseguido adelantos en causas vinculadas con delitos violentos, así como también torturas, ejecuciones extrajudiciales y corrupción, debido en gran parte al trabajo realizado por la Fiscal General Claudia Paz y Paz, así como el apoyo de la CICIG.

En agosto, Víctor Hugo Soto Diéguez, ex jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, fue condenado a 33 años de cárcel por formar parte de un grupo que ejecutó a 10 presos de las cárceles de Pavón y El Infiernito en 2005 y 2006, y en el cual presuntamente participaron altos funcionarios gubernamentales.

En noviembre de 2012, la CICIG difundió un informe en el cual acusó a 18 jueces de emitir “decisiones judiciales constitutivas de delito” con el propósito de proteger a redes delictivas y funcionarios corruptos. La fiscalía inició una serie de procedimientos para retirar la inmunidad a 13 jueces, varios de los cuales han sido desestimados por la Corte Suprema de Justicia.

El Ministerio Público arrestó a ocho soldados y un coronel señalados como responsables del asesinato de seis manifestantes en Totonicapán en octubre de 2012. El caso ha sido objeto de dilaciones debido a la interposición de diversos recursos judiciales, y al momento de la redacción de este documento aún no había comenzado el juicio.

Los avances logrados por el Ministerio Público y la CICIG en la acusación de funcionarios se han visto contrarrestados por las maniobras dilatorias de los abogados defensores, incluido el abuso del recurso de amparo, que ha provocado que los juicios se pospusieran durante meses o incluso años.

Intervención de militares en operativos de seguridad pública

El gobierno envió más de 2.500 militares adicionales a misiones de seguridad pública durante 2013, incluidas tres unidades del Ejército creadas recientemente y que cuentan con 1.500 miembros.

En mayo, tras una serie de enfrentamientos violentos entre manifestantes que se oponían a proyectos de minería, policías y guardias de seguridad privada de las compañías mineras, el gobierno decretó el estado de emergencia en varios municipios del sur del país. La medida, que se levantó antes de que se cumpliera el plazo de 30 días, autorizó a que militares realizaran detenciones sin la correspondiente orden judicial, y suspendió el ejercicio de la libertad de reunión y otros derechos fundamentales.

Trabajo y explotación infantil

Un informe de 2013, elaborado por el gobierno con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, determinó que la proporción de niños que trabajaban pese a no haber cumplido la edad mínima laboral de 14 años estipulada por la legislación guatemalteca se había reducido en más de un tercio entre 2000 y 2011. La cifra se situó en un nivel próximo a 300.000, lo que equivale al 11 por ciento de los menores que tienen entre 7 y 13 años. El 21 por ciento de estos niños realizaban tareas que el gobierno considera peligrosas.

La explotación de niños en el turismo sexual, la pornografía y la delincuencia organizada constituye un problema extendido en el país.

Violencia de género

La violencia contra mujeres y niñas es un problema crónico en Guatemala, y la gran mayoría de quienes cometen estos actos nunca son juzgados. Según cifras oficiales proporcionadas por el Procurador de los Derechos Humanos, la cantidad de denuncias de violación y agresión sexual de mujeres y niñas se incrementó en más de un tercio entre 2008 y 2011, mientras que en más de 9 de cada 10 de estos casos los responsables no fueron sancionados.

El aborto es ilegal, incluso en casos de violación, salvo cuando existe una amenaza para la vida de la mujer embarazada.

Cuidados paliativos

Las posibilidades de cuidados paliativos son muy limitadas en Guatemala, a pesar de que más de 10.000 personas mueren de cáncer o VIH/SIDA cada año, muchas de ellas tras padecer dolor severo. Si bien la introducción de la morfina de liberación inmediata en 2012 representó un avance positivo, el país mantiene algunas de las reglamentaciones más restrictivas a nivel mundial en materia de medicamentos opioides, y en la práctica cada año se niega a miles de pacientes el acceso a medicamentos esenciales para el dolor.

Ataques contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas

Las agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen sustancialmente el trabajo sobre derechos humanos en todo el país. Los actos de violencia e intimidación contra sindicalistas atentan contra la libertad de reunión y asociación, así como el derecho de sindicación y negociación colectiva.

Algunos periodistas, especialmente aquellos que investigan hechos de corrupción y narcotráfico, también enfrentan amenazas y ataques. El Relator Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión señaló en agosto que la agresión contra miembros de la prensa había alcanzado niveles sin precedentes en esta última década. En agosto, el Presidente Pérez Molina prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva de los ataques ocurridos en 2013, y manifestó que el gobierno avanzaría en la creación de un Programa de Protección a Periodistas con el respaldo de la ONU, que se promete desde 2012.

Actores internacionales clave

La CICIG, creada en 2007, desempeña un rol clave de asistencia al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de delitos violentos, y trabaja en colaboración con el Ministerio Público, la policía y otros organismos gubernamentales para investigar, procesar penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en Guatemala. La CICIG puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas. Hasta septiembre de 2013, había iniciado 320 investigaciones, que permitieron dictar 88 condenas.

En septiembre de 2013 el mandato de la CICIG se renovó por otros dos años, pero el Presidente Pérez Molina ha señalado que no se renovará nuevamente cuando caduque en 2015. Iván Velásquez Gómez, un destacado jurista colombiano, fue nombrado al frente de la CICIG tras la renuncia de su anterior titular. Velásquez fue anteriormente magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Colombia y desempeñó un rol crucial en la investigación de vínculos entre políticos y organizaciones paramilitares en ese país.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en Guatemala desde 2005, que se ocupa de supervisar la situación de los derechos humanos en el país y brinda apoyo al gobierno y la sociedad civil en materia de políticas públicas.

En enero, el gobierno guatemalteco publicó una resolución que limitaba la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a incidentes ocurridos después de 1987, pero más tarde ese mes decidió dejarla sin efecto ante las críticas suscitadas.

La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos de los pueblos indígenas realizó una visita de trabajo a Guatemala en agosto de 2013, y expresó consternación debido a que se habían otorgado licencias de minería y para plantas hidroeléctricas sin consultar adecuadamente a las comunidades indígenas afectadas, como lo exige el derecho internacional.

Dos ex funcionarios guatemaltecos que habrían estado implicados en un plan para ejecutar a internos de las cárceles de Pavón y El Infiernito en 2005 y 2006 actualmente están siendo investigados penalmente en Suiza y España, mientras que un tercer ex funcionario fue absuelto en octubre por la justicia austríaca.

En octubre, la justicia de Estados Unidos condenó a Jorge Vinicio Sosa Orantes, un ex soldado guatemalteco que presuntamente participó en la masacre de Dos Erres, por no informar verazmente cuál había sido su rol en el incidente al solicitar la ciudadanía estadounidense, que le fue concedida en 2008.

El gobierno de Pérez Molina ha pedido que Estados Unidos levante las restricciones a la asistencia militar impuestas en 1990. Aproximadamente una década atrás se reanudó una parte de la asistencia militar. En abril, Estados Unidos donó 42 vehículos blindados a una nueva fuerza de tareas conjunta integrada por policías y militares que opera cerca de la frontera con México.