En Guatemala, las débiles y corruptas instituciones de justicia y fuerza pública han demostrado ser incapaces de contener a los poderosos grupos de delincuencia organizada y las bandas delictivas que contribuyen a que el país tenga uno de los índices de delitos violentos más altos de América. Aún persisten los casos de amenazas y ataques dirigidos específicamente contra actores de la sociedad civil y funcionarios judiciales, que se atribuyen a grupos armados ilegales.
Si bien la mayoría de las violaciones de derechos humanos quedan impunes, se produjeron importantes avances para la rendición de cuentas durante 2011, incluida la condena de cuatro ex oficiales en relación con una resonada masacre que tuvo lugar en 1982 y la detención, por primera vez, de un alto funcionario por violaciones de derechos humanos.
Seguridad pública, conducta policial y sistema de justicia penal
Los grupos armados clandestinos y las bandas delictivas han tenido una fuerte incidencia en la violencia y la intimidación, puesto que recurren a estos métodos para impulsar objetivos políticos e intereses económicos ilícitos, incluido el narcotráfico.
Algunas poderosas pandillas de jóvenes que cuentan con un alto nivel de organización, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, también han contribuido a la intensificación de la violencia. Las pandillas utilizan la violencia letal contra quienes disputan su control, como otras bandas rivales, ex miembros, personas que colaboran con la policía y quienes se niegan a pagar ante sus prácticas extorsivas. Se cree que serían además responsables de la ola de asesinatos de conductores de autobuses que fueron extorsionados. Según señalan medios locales, 183 conductores de autobuses o sus asistentes fueron asesinados en 2010, y 105 durante los primeros 8 meses de 2011.
La presencia de carteles de narcotráfico mexicanos, en particular los Zetas, ha agravado la situación de violencia y caos que prevalece en Guatemala. En diciembre de 2010, el Presidente Álvaro Colom declaró el estado de sitio y la ley marcial en Alta Verapaz, un departamento cerca de la frontera norte con México, y señaló como justificación que las actividades delictivas de los Zetas habían convertido a la región en un territorio ingobernable. El estado de sitio, que en enero se extendió por otro mes, permitió a las fuerzas de seguridad prohibir reuniones y llevar a cabo detenciones y allanamientos sin las correspondientes órdenes judiciales. No obstante, esto no impidió que continuaran los hechos de violencia por parte de miembros de los Zetas. En mayo de 2011, el grupo se atribuyó responsabilidad por una masacre ocurrida en una hacienda en el departamento vecino de Petén, en la cual 27 campesinos fueron asesinados a sangre fría y todos, salvo dos, fueron decapitados.
El sistema judicial de Guatemala ha demostrado ser incapaz de combatir la violencia y contener a estas mafias y pandillas delictivas. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2010 la impunidad de los homicidios fue del 95 por ciento. La deficiencia y corrupción que caracterizan al sistema de fiscales y judicial y a la policía, sumadas a la ausencia de un programa efectivo de protección de testigos, contribuyen a que Guatemala presente niveles alarmantemente bajos de casos que son investigados penalmente. Asimismo, las agresiones y los actos de intimidación contra miembros del sistema judicial son sistemáticos. Pese a estos importantes obstáculos, durante 2011 se llevaron a cabo con éxito algunos juicios, en parte gracias al trabajo de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, y al rol clave desempañado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas.
La policía emplea medidas represivas para contrarrestar la actividad de las pandillas, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Como parte de una investigación sobre la participación de policías en ejecuciones extrajudiciales en 2010 y 2011, la CICIG colaboró en el juzgamiento de dos ex miembros de la división de investigación criminal de la Policía Nacional, que fueron condenados en junio de 2011 a 25 años de prisión por la desaparición forzada de un presunto extorsionador en octubre de 2009.
Justicia por los abusos del pasado
Guatemala continúa sufriendo los efectos de una guerra civil que se extendió durante 36 años. Según estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, alrededor de 200.000 personas murieron durante el conflicto. La CEH atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas a miembros de las fuerzas de seguridad del estado, y concluyó que el Ejército había cometido “actos de genocidio”.
Sólo unos pocos de los responsables de estos abusos han sido juzgados. No obstante, en 2011 se detuvo por primera vez a un alto funcionario en relación con violaciones de derechos humanos. En junio, el general Héctor Mario López Fuentes, ex ministro de defensa del gobierno de facto del general Oscar Humberto Mejía Victores, fue detenido por su presunta participación en diversas masacres ocurridas en 1982 y 1983. La justicia también libró una orden de detención contra Mejía Victores, quien tomó el poder tras un golpe de estado en 1983, pero hasta octubre de 2011 se encontraba hospitalizado luego de haber sufrido un infarto, según señaló su abogado.
En agosto de 2011, un tribunal condenó a otros cuatro ex oficiales del Ejército a un total de 6.050 años de prisión por haber participado en una brutal masacre ocurrida en 1982 en Dos Erres, y en la cual fueron asesinadas más de 250 personas, incluidos niños. De las 626 masacres documentadas, el caso de Dos Erres es recién el cuarto en el cual se ha dictado una condena.
La primera condena obtenida en Guatemala por el delito de desaparición forzada fue dictada en agosto de 2009, cuando un ex líder paramilitar recibió una pena de 150 años de prisión por su rol en la desaparición de personas entre 1982 y 1984. El veredicto fue posible gracias a la emblemática decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitida en julio de 2009, que estableció el carácter permanente del delito de desaparición forzada y dispuso que no estará sujeto a prescripción mientras se desconozca el destino o paradero de las víctimas.
La aparición en julio de 2005 de cerca de 80 millones de documentos pertenecientes a la ahora disuelta Policía Nacional, entre ellos varios archivos sobre ciudadanos guatemaltecos asesinados o desaparecidos durante el conflicto, podría ser clave para el juzgamiento de quienes cometieron violaciones de derechos humanos en el pasado. Los documentos del archivo permitieron la detención en marzo de 2009 de dos ex agentes de la Policía Nacional por su participación en la desaparición del líder estudiantil y activista Edgar Fernando García en 1984. En octubre de 2011, ambos hombres fueron condenados a 40 años de prisión por este crimen. Jorge Alberto Gómez —ex jefe de una unidad a cargo de la coordinación de los operativos policiales y militares contra la insurgencia, quien fue detenido en abril de 2011— y el ex coronel Héctor Bol de la Cruz —anteriormente director de la Policía Nacional, que fue arrestado en junio— están siendo juzgados actualmente por su presunta responsabilidad en la desaparición de García.
En septiembre de 2008, el Congreso sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública, que prohíbe clasificar como confidencial o reservada en cualquier circunstancia “la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad”. En marzo de 2009, el Presidente Colom creó la Comisión Presidencial de Desclasificación de Archivos Militares, encargada de ordenar y desclasificar documentación militar correspondiente al período entre 1954 y 1996. En junio de 2011, el gobierno puso a disposición del público 12.287 documentos que fueron desclasificados. Según señaló un miembro de la Comisión, 55 documentos permanecían bajo reserva por razones de seguridad nacional, pero podían ser consultados mediante orden judicial en caso de ser necesario.
Derechos laborales y trabajo infantil
La libertad sindical, el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva se ven amenazados por la creciente violencia contra sindicalistas, que incluye ataques contra delegaciones sindicales, amenazas, persecución y asesinatos. Según datos de la Confederación Sindical Internacional, 16 sindicalistas fueron asesinados durante 2009 y 10 en 2010. En mayo de 2011, dos hombres no identificados que circulaban en una motocicleta dispararon y mataron a Idar Joel Hernández, secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI). En abril, Oscar González —otro funcionario de SITRABI que trabajaba para una subsidiaria de Del Monte en Morales, Izabal— murió tras recibir varios disparos.
Guatemala presenta uno de los índices más altos de trabajo infantil de toda América. La Organización Internacional del Trabajo informó en 2008 que el 16,1 por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 14 años son obligados a trabajar, muchos en condiciones inseguras. Algunos de estos niños trabajan en sectores como construcción y minería o son objeto de explotación sexual.
Violencia de género
La violencia contra las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y la gran mayoría de quienes cometen estos actos nunca son juzgados. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las investigaciones de delitos que afectan a mujeres suelen ser inadecuadas y se ven obstaculizadas por miembros de la policía de investigación, cuya conducta se caracteriza por la discriminación de género.
Cuidados paliativos
La disponibilidad de cuidados paliativos en Guatemala es sumamente limitada, a pesar de que más de 10.000 personas mueren de cáncer o VIH/SIDA cada año, muchas de ellas tras padecer intensos dolores. El gobierno no proporciona morfina oral en gran parte del país y no ha adoptado medidas para asegurar que los trabajadores de la salud reciban formación adecuada sobre métodos modernos de tratamiento del dolor. Guatemala cuenta con algunas de las políticas reglamentarias más restrictivas de la región, que disuaden a los médicos de recetar medicamentos para el dolor e impiden que pacientes que sufren dolor agudo puedan recibir tratamiento. Como consecuencia de ello, cada año miles de guatemaltecos padecen innecesariamente dolores severos y otros síntomas traumáticos.
Defensores de derechos humanos
Las agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen sustancialmente el trabajo sobre derechos humanos en todo el país. Es común que no se juzgue a los responsables. En un caso excepcional, en julio de 2011 la justicia condenó a tres años de prisión a un hombre que amenazó en reiteradas oportunidades a Norma Cruz Córdoba, directora de la Fundación Sobrevivientes, una organización que brinda asistencia a mujeres que son víctimas de violencia, y a su colega Gloria Ayala Pinto. La condena posteriormente fue conmutada por una multa.
En agosto de 2011, cuatro expertos forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) recibieron amenazas de muerte tras declarar en el caso Dos Erres. Cuatro días antes, un agresor desconocido había hecho un corte en el neumático de una camioneta que pertenece al director de la FAFG mientras se encontraba detenido en un semáforo en la ciudad de Guatemala. Hasta octubre, la Procuraduría General de la Nación no había identificado a los responsables de estas amenazas.
Actores internacionales clave
La CICIG, creada en 2007, brinda asistencia clave al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de crímenes violentos. Las atribuciones de la comisión le permiten trabajar con la Procuraduría General de la Nación, la policía y otros organismos gubernamentales en la investigación, el juzgamiento y la desarticulación de las organizaciones delictivas que operan en Guatemala. La CICIG puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas. Hasta septiembre de 2011, había iniciado 62 investigaciones, y tenía participación directa en 20. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en Guatemala desde 2005, la cual lleva a cabo una labor de observación y asistencia técnica vinculada con prácticas de derechos humanos.
En enero de 2011, el ex miembro del Ejército Jorge Sosa Orantes, quien ha sido acusado en Guatemala como responsable de la masacre de Dos Erres, fue detenido en Calgary, Canadá, luego de escapar de Estados Unidos, donde había sido acusado de consignar información falsa en una solicitud de inmigración. Tanto Guatemala como España reclaman la extradición de Sosa por crímenes de guerra. En septiembre, un juez de Calgary ordenó que fuera extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por fraude migratorio.