En los últimos años, se ha producido en México un incremento alarmante de la cantidad de homicidios, que en gran parte ha sido consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas, como la trata de personas, así como de enfrenamientos entre sus propios miembros. El gobierno del Presidente Felipe Calderón ha adoptado medidas para combatir la delincuencia organizada que han provocado un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y que sólo contribuyen a agravar el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país.
Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas.
Las iniciativas para implementar una reforma integral del sistema de justicia, que abordaría problemas endémicos como la aplicación de torturas para obtener confesiones por la fuerza, continuaron avanzando lentamente durante 2011, por lo cual aún subsiste un sistema en el cual los abusos siguen siendo generalizados.
Impunidad de abusos militares
El Presidente Calderón ha delegado mayormente al Ejército la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y la delincuencia organizada. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha publicado informes detallados sobre casi 90 casos desde 2007 en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y ha recibido denuncias adicionales de casi 5.800 violaciones de derechos humanos ocurridas entre 2007 y octubre de 2011.
En septiembre de 2011, Gustavo Acosta, de 31 años, y su familia fueron despertados por el ruido de disparos que provenían de afuera de su vivienda, en Apodaca, Nuevo León. Tras escuchar golpes en la puerta de entrada, Acosta abrió y se encontró con varios miembros armados de la Marina, quienes le preguntaron por qué la familia había disparado contra ellos. Según su hermano y su padre, quienes presenciaron los hechos, cuando Acosta respondió que no estaban armados, uno de los soldados lo habría ejecutado allí mismo de un disparo. Al momento de la redacción del presente informe, ningún miembro de la Marina había sido acusado por el crimen.
Una de las principales razones por las cuales persisten los abusos por parte de militares es que la mayoría de los soldados que cometen violaciones de derechos humanos casi nunca responden por sus actos ante la justicia. Estos casos continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido pronunciamientos que sostienen que los abusos militares deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria. La Procuraduría General de Justicia Militar inició 3.671 investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército contra civiles entre 2007 y junio de 2011. Solamente 15 soldados fueron condenados durante ese período. En noviembre de 2011, otros 14 miembros del Ejército fueron condenados en otra causa.
Sistema de justicia penal
El sistema penal ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esta deficiencia responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas de policía abusivas sin ningún tipo de rendición de cuentas.
La tortura continúa representando un problema grave y en general estos hechos se producen en el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este lapso, es habitual que las víctimas permanezcan incomunicadas. Las tácticas más comunes incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas y amenazas de muerte.
Uno de los factores que perpetúan este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de confesiones obtenidas mediante torturas u otros malos tratos, así como la complicidad de los defensores de oficio que deberían garantizar los derechos de las personas detenidas. Otro factor es que no se investigan ni se juzgan la mayoría de los casos de tortura, y que las autoridades no exigen que se practiquen adecuadamente los exámenes médicos obligatorios destinados a evaluar el estado físico y psicológico de posibles víctimas de tortura.
En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, e incluye medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. El gobierno tiene plazo hasta 2016 para implementar la reforma. A la fecha de la redacción de este documento, sólo unos pocos estados han comenzado a adoptar cambios de fondo.
Además de estos aspectos positivos, la reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo, que permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de ser acusadas de un delito. Esta potestad es incompatible con las obligaciones de respetar el debido proceso, que México ha asumido conforme al derecho internacional.
Libertad de expresión
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de graves persecuciones y ataques. Entre 2000 y septiembre de 2011, fueron asesinados 74 periodistas, al menos 8 de ellos durante 2011. Si bien muchos de los ataques contra miembros de la prensa ocurridos en 2011 se atribuyeron a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la posible participación de funcionarios públicos.
También se observó una tendencia progresiva a intimidar y atacar a personas que participan en redes sociales. En septiembre de 2011, tres cuerpos mutilados fueron dejados en sitios públicos junto con notas donde se advertía que no se usaran redes sociales como Twitter para denunciar hechos de violencia cometidos por bandas de delincuencia organizada.
Las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente delitos contra la prensa, ni tampoco han protegido a periodistas que están expuestos a graves riesgos, lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura. Si bien en 2010 México amplió el ámbito de aplicación y la autonomía de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, desde entonces no hubo mejoras en el trabajo impulsado por esta fiscalía. De manera similar, aun cuando el gobierno de Calderón creó un mecanismo de protección para periodistas en diciembre de 2010, este carece de funciones y pautas operativas claras y, hasta el momento, no ha brindado medidas de protección efectivas a periodistas que son objeto de amenazas.
Violencia doméstica, derechos reproductivos y matrimonio entre personas del mismo sexo
El derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas disposiciones son contrarias a los estándares internacionales, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima. Las mujeres que han sufrido violaciones de derechos humanos en general no denuncian estos hechos a las autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio. Al no denunciarse la totalidad de los hechos, se frustran las presiones para obtener reformas legales necesarias y se perpetúa la impunidad de la violencia contra mujeres y niñas.
En agosto de 2008, la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de una ley de México D.F. que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de embarazo. Desde entonces, al menos 15 de los 32 estados mexicanos han adoptado reformas que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. En septiembre de 2011, la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de estas reformas implementadas por los estados, a través de una única votación. En mayo de 2010, la Suprema Corte resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación sexual. No obstante, sólo cinco estados han reformado sus códigos de procedimiento para incorporar estos cambios y las medidas de información dirigidas a mujeres y niñas para generar mayor conciencia sobre sus derechos han sido sumamente limitadas.
En agosto de 2010, la Corte Suprema reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo de México D.F. a adoptar hijos y contraer matrimonio, y estableció que todos los estados de México deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal.
Derechos laborales
La actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por convenios negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a estos. A menudo, tales convenios no ofrecen a los trabajadores otros beneficios que los mínimos reconocidos por las leyes mexicanas. Los trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes se exponen a la posibilidad de perder sus empleos, ya que las lagunas jurídicas en las leyes sindicales y su aplicación deficiente por lo general impiden protegerlos frente a despidos dispuestos a modo de represalia.
Migrantes
Cientos de miles de migrantes cruzan México cada año, y muchos de ellos sufren graves abusos durante el trayecto, como agresiones físicas y sexuales, extorsión y robo. Cerca de 18.000 migrantes son secuestrados cada año, en muchos casos con el objeto de obtener pagos extorsivos de sus familiares en Estados Unidos. Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. Son muy pocos los casos en que las autoridades migratorias informan a los migrantes sobre sus derechos, como el derecho a pedir asilo, y con frecuencia son las mismas autoridades las responsables de los abusos.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos continúan siendo objeto de persecución y ataques, en algunos casos por parte de funcionarios públicos. A su vez, las autoridades incumplen sistemáticamente la obligación de brindar protección adecuada a los defensores o de investigar los delitos cometidos contra ellos.
En febrero de 2011, las viviendas de las defensoras de derechos humanos María Luisa García Andrade y Sara Salazar, quienes trabajaban para la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, fueron incendiadas en dos incidentes distintos. Los hechos se produjeron tras una serie de ataques y amenazas contra estas activistas y otros defensores, incluida la desaparición forzada de dos de los hijos de Salazar y de su nuera, que luego fueron hallados sin vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas de protección a favor de García y de Salazar en junio de 2008, pero las autoridades federales y del estado no adoptaron medidas adecuadas en este sentido. Posteriormente, ambas decidieron abandonar Ciudad Juárez con sus familias.
En julio de 2011, el Presidente Calderón suscribió un acuerdo por el cual se comprometió a crear un mecanismo para proteger a defensores de derechos humanos. No obstante, al momento de la redacción de este documento aún no existía información clara acerca de qué avances se produjeron en la creación de dicho mecanismo o si hubo en realidad algún progreso.
Actores internacionales clave
Hasta el momento, Estados Unidos ha destinado US$ 1.600 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia de varios años de duración acordado en 2007 y que busca contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo estará disponible una vez que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos informe al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro requisitos vinculados con los derechos humanos: garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades de la justicia ordinaria investiguen y juzguen a miembros de la policía federal y militares que violen derechos fundamentales; consultar periódicamente a las organizaciones de la sociedad civil mexicana sobre la implementación de la Iniciativa Mérida; hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante torturas u otros maltratos; y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.
No obstante, el impacto de estos requisitos se ha visto debilitado debido a que Estados Unidos, en numerosas oportunidades, y más recientemente en septiembre de 2010, ha entregado los fondos condicionados a pesar de existir evidencias de que México no ha cumplido con los requisitos. Si bien el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en septiembre de 2010 que retendría otros US$ 26 millones correspondientes a los fondos de ayuda de Mérida para 2010, supeditó su entrega a otra serie de condiciones distintas y finalmente los liberó en 2011. En enero de 2011, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos Hillary Clinton señaló que México debía “asegurar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles fueran juzgadas por la justicia ordinaria”.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana determinó que México era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla-Pacheco en 1974, y que no había investigado adecuadamente este crimen. A través de esta decisión vinculante, ordenó a México que modificara su Código de Justicia Militar para asegurar que “bajo ninguna circunstancia pued[a] operar la jurisdicción militar” en casos en que militares vulneren derechos humanos de civiles.
En agosto de 2010, la Corte determinó que en 2002 miembros del Ejército habían violado y torturado a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas de Guerrero, y ordenó una vez más a México que reformara el Código de Justicia Militar. Este pronunciamiento se repitió en diciembre de 2010, cuando la Corte resolvió que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera —dos líderes campesinos y ambientalistas de Guerrero— habían sido detenidos arbitrariamente y torturados por miembros del Ejército. No obstante estas cuatro sentencias vinculantes, México continúa juzgando en la jurisdicción militar a los soldados que cometen abusos.
En marzo de 2011, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias llevó a cabo una misión de investigación en México. En sus observaciones preliminares, concluyó que “las desapariciones forzadas han ocurrido en el pasado y continúan ocurriendo en la actualidad [en México]”, y que “el incremento del número de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”. Entre sus recomendaciones, el grupo sugirió que México creara una base de datos nacional sobre personas desaparecidas y pusiera fin a la práctica por la cual se exige a las familias de las víctimas que recaben pruebas de la desaparición de sus seres queridos y de la posible participación de funcionarios públicos antes de iniciar las investigaciones.