El debilitamiento del sistema de controles democráticos durante el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha contribuido a que la situación de los derechos humanos en el país sea precaria. Debido a la ausencia de control judicial, el gobierno ha violado sistemáticamente el derecho de libertad de expresión, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de las organizaciones de derechos humanos de defender derechos básicos.
Semanas antes de que asumiera la nueva Asamblea Nacional —con una importante proporción de representantes de la oposición— en enero de 2011, los partidarios de Chávez en el parlamento adoptaron una serie de leyes que ampliaron la capacidad del gobierno de cercenar derechos.
Los abusos policiales y la impunidad continúan representando un grave problema. Las condiciones carcelarias son deplorables y se producen numerosas muertes como resultado de violencia entre reclusos.
Independencia judicial
En 2004, Chávez y sus aliados en el poder legislativo implementaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la designación de partidarios del gobierno en el Tribunal y la adopción de nuevas medidas que permitieron destituir a magistrados. En diciembre de 2010, los legisladores salientes del partido político de Chávez modificaron los plazos legales para poder realizar nombramientos antes de dejar el cargo, y designaron así a 9 magistrados permanentes y 32 suplentes de la confianza política del gobierno. Desde 2004, el tribunal prácticamente ha abdicado su rol de contralor del poder ejecutivo y no ha protegido derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
En 2011, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estella Morales declaró que las leyes en Venezuela “responden a un fin ideológico”, mientras que el Magistrado Fernando Torre Alba señaló que los tribunales “deben... sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano”.
Los jueces cuyos pronunciamientos contradigan los intereses del gobierno pueden sufrir represalias. En diciembre de 2009, la Jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional a Eligio Cedeño, un empresario del sector bancario acusado de corrupción. Afiuni estaba cumpliendo con una recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, ya que Cedeño había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, pese a que el período máximo establecido por la ley venezolana es de dos años. El día siguiente a la detención, en declaraciones públicas Chávez calificó a Afiuni de “bandida” y afirmó que debía recibir la pena máxima de 30 años de prisión. Afiuni fue acusada de corrupción, abuso de autoridad y de “favorecimiento para la evasión”, y su caso estuvo hasta fin de 2011 a cargo de un juez que ha señalado públicamente que “jamás traicionaría… [a su] Comandante puesto que [él] lleva la Revolución [en la] sangre.”
La Jueza Afiuni permaneció durante más de un año en prisión preventiva y en condiciones deplorables en una cárcel de mujeres violenta. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria. Tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado su detención y han exigido su liberación.
Legislar por decreto
En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional saliente sancionó una ley habilitante que le otorgó a Chávez amplias facultades para legislar por decreto sobre una gran variedad de temas durante un plazo de 18 meses. Esta ley emplea disposiciones vagas que podrían afectar el ejercicio de derechos al permitir, entre otras cosas, que el presidente determine qué penas deben aplicarse cuando alguien comete un delito. Hasta noviembre de 2011, Chávez había dictado más de 20 decretos legislativos, incluido uno que restablece delitos anteriormente derogados por el poder legislativo. El Tribunal Supremo confirmó la constitucionalidad de este decreto, que penaliza diversas prácticas bancarias, y sostuvo que los delitos económicos son “crímenes contra la humanidad” y no pueden ser despenalizados.
Libertad de los Medios de Comunicación
Existe en Venezuela un dinámico debate público, en el cual tanto medios opositores como aquellos afines al gobierno expresan sus críticas y su apoyo al presidente. No obstante, el gobierno ha discriminado a medios que difunden la opinión de opositores políticos, ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión, y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren.
Entre las leyes que han contribuido al clima de autocensura, pueden mencionarse las reformas de 2005 al Código Penal que ampliaron el alcance de las leyes de desacato que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios de alto rango, y una ley de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de canales por cometer el delito de “incitación”, definido de manera sumamente vaga. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional amplió el alcance de la ley de radio y televisión e incluyó a Internet. También reformó la ley de telecomunicaciones, que ahora reconoce al gobierno la facultad de suspender o revocar concesiones a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, o cuando fuera necesario para preservar el orden público y la seguridad.
El gobierno ha abusado de sus facultades de control de las frecuencias radioeléctricas para castigar a estaciones de radio y canales de televisión que emiten una programación manifiestamente crítica. En 2009, CONATEL, el órgano gubernamental que regula a los medios de transmisión, ordenó el cierre de 32 estaciones de radio e informó que más de 200 estaban siendo analizadas, pero no proporcionó una lista de las estaciones investigadas. Desde entonces, varias estaciones han moderado su programación crítica. En noviembre de 2011, CONATEL suspendió a varias estaciones de radio mientras investigaba su situación, si bien no se habían cerrado nuevas estaciones al momento de la redacción de este informe.
En 2007, la señal de RCTV, el canal de televisión de postura crítica más popular de Venezuela, fue sacada del aire. RCTV Internacional, el canal de cable que lo reemplazó, fue excluido de la programación por cable en 2010 luego de que CONATEL ordenara a los proveedores de cable suspender la transmisión de canales que no tuvieran la certificación de canales “internacionales”. Los abogados de RCTV afirman que CONATEL ha rechazado los pedidos de RCTV para obtener esta certificación, y el canal continúa sin poder transmitir su señal en Venezuela.
CONATEL ha iniciado siete investigaciones administrativas contra Globovisión —el único canal de televisión crítico que se transmite por señal de aire— que podrían dar lugar a la suspensión o la revocación de su licencia. En octubre de 2011, CONATEL le impuso una multa de US$ 2,1 millones a Globovisión por haber supuestamente violado la ley de medios al difundir imágenes de un motín que tuvo lugar en una cárcel en junio. Los otros seis casos aún se encuentran pendientes de resolución, algunos de ellos desde hace más de un año.
En 2010, el gobierno adoptó una serie de normas poco claras que amplían su facultad de limitar el acceso a casi toda la información en su poder. También creó un Centro de Estudio Situacional de la Nación, con extensos poderes para restringir la difusión pública de cualquier “información, hecho o circunstancia” que considere que deba tener carácter confidencial.
Juicios contra opositores del gobierno
En los últimos años, el gobierno de Chávez ha iniciado juicios penales contra varios de sus críticos más frontales. La falta de independencia de los tribunales redujo la posibilidad de que recibieran un juicio imparcial.
En julio de 2011, Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado de Zulia y miembro de un partido político de oposición, fue condenado a dos años de prisión por criticar al gobierno de Chávez en televisión. Álvarez Paz fue condenado por el delito de divulgación de información falsa tras haber señalado que Chávez no era un demócrata y que “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita el negocio del tráfico de drogas”. Actualmente, Álvarez Paz cumple su condena con el beneficio de libertad condicional, pero se le prohibió salir del país sin autorización judicial.
Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, está siendo investigado penalmente por divulgación de información falsa y ofensa al presidente. Durante un encuentro público celebrado en marzo de 2010, Zuloaga había acusado a Chávez de ordenar que se disparara contra manifestantes durante el golpe de estado de 2002. En junio, durante un discurso que se transmitió por televisión, Chávez expresó su indignación porque Zuloaga aún se encontraba en libertad. Una semana después, la policía se presentó en la vivienda de Zuloaga para detenerlo junto a su hijo por supuestas irregularidades en un negocio de venta de automóviles. Según sus abogados, esa investigación había estado paralizada durante varios meses. Los dos hombres, que en ese momento no estaban en la vivienda, se fueron del país luego de este hecho.
En marzo de 2011, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, fue condenado a más de siete años de prisión por organizar y participar en una huelga en Guyana junto con otros 2.000 trabajadores ante el incumplimiento de una convención colectiva por una empresa del gobierno. González fue condenado por instigación a delinquir, restricción a la libertad de trabajo e incumplimiento al régimen especial de zona de seguridad. El juicio contra González no sólo fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo y por sindicatos de Venezuela, sino que también fue repudiado por líderes sindicales venezolanos afines al gobierno. En instancia de apelación, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que González fuera juzgado nuevamente por un juez distinto. La causa contra González, a quien se le concedió la libertad condicional, continuaba pendiente a la fecha de elaboración del presente documento.
Defensores de derechos humanos
El gobierno de Chávez ha procurado activamente desacreditar a defensores de derechos humanos. En junio, el Ministro de Justicia Tarek El Aissami acusó a Humberto Prado de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones de “desestabilizar el sistema penitenciario” y de haber sido “cómplice de las masacres [de internos] que hubo en el pasado”. Luego de que varios medios de comunicación oficiales desacreditaran a Prado, recibió múltiples amenazas de muerte y decidió irse de Venezuela durante dos meses.
En julio de 2010, el Tribunal Supremo determinó que “la obtención de recursos financieros, ya sea de manera directa o indirecta, provenientes de estados extranjeros con la intención de emplearse en perjuicio de la República [y] los intereses del Pueblo… [podría configurar] traición”. Ese mismo mes, miembros del partido político de Chávez presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público, en la cual acusaban a varias ONG locales de derechos humanos de haber cometido traición al recibir fondos de donantes extranjeros. Más de 30 ONG están siendo investigadas actualmente, según señalan medios locales.
En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional sancionó dos leyes que, si se aplican a organizaciones de derechos humanos, podrían menoscabar gravemente su capacidad de trabajar de manera independiente. La “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional” impide que ONG dedicadas a “la defensa de los derechos políticos” o a “ejercer control sobre los poderes públicos” reciban financiamiento internacional. También contempla severas multas para las organizaciones que inviten a extranjeros que emitan opiniones que ofendan a las instituciones o atenten contra el ejercicio de la soberanía. La “Ley Orgánica de Contraloría Social”—que regula el trabajo de organizaciones y personas que tienen un impacto en “intereses generales o colectivos”— establece que las personas deben adherir a los valores y principios socialistas de la norma, y quienes los incumplan podrán ser pasibles de sanciones civiles, administrativas o penales.
Abusos policiales
Los delitos violentos representan un problema generalizado en Venezuela, y persisten las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad. El Ministro del Interior y de Justicia estimó que policías son responsables de uno de cada cinco delitos. Según las estadísticas oficiales más recientes, más de 7.998 personas habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de 2000 y la primera mitad de 2009.
La mayoría de las violaciones de derechos humanos continúan quedando impunes. En 2010, solamente en menos del 3 por ciento de los casos investigados los fiscales acusaron a personas en relación con estos delitos.
En abril de 2008, el gobierno de Chávez dictó un decreto por el cual se creó una nueva fuerza de policía nacional y se adoptaron medidas de promoción de prácticas policiales no abusivas, que fueron propuestas por una comisión integrada por representantes del gobierno y de diversas ONG. Al momento de la redacción de este documento, no existía ninguna evaluación independiente del desempeño del nuevo cuerpo de policía.
Condiciones carcelarias
Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura, sobrepoblación, corrupción y cantidad insuficiente y capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles. Cada año se producen cientos de muertes violentas en estos establecimientos. En junio de 2011, al menos 25 personas murieron y más de 60 sufrieron heridas graves, incluidos presos y miembros de la Guardia Nacional, tras una serie de enfrentamientos entre internos en las cárceles de El Rodeo.
Derechos laborales
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es una autoridad pública que tiene la facultad de organizar y reconocer todas las elecciones sindicales. Esto resulta violatorio de los estándares internacionales que garantizan el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones que ellos determinen. No se asegura a aquellos sindicatos establecidos cuyas elecciones no hayan sido reconocidas por el CNE la posibilidad de participar en negociaciones colectivas.
El gobierno ha prometido durante años que reformaría las leyes laborales y electorales relevantes para restringir la interferencia del Estado en las elecciones sindicales. A la fecha de elaboración de este informe, la Asamblea Nacional aún no había tratado una serie de proyectos de reforma que establecen expresamente la legalidad de las elecciones sindicales celebradas sin intervención del CNE.
Actores internacionales clave
El gobierno venezolano ha endurecido su rechazo a la observación internacional de la situación de los derechos humanos en el país. En septiembre de 2011, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia declaró que Venezuela respetará “los acuerdos internacionales que ha suscrito... siempre y cuando esos órganos internacionales respeten [la] soberanía y... jurisdicción [de Venezuela]”.
En septiembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Venezuela debe permitirle al prominente líder de la oposición Leopoldo López postularse a cargos de elección popular. López es ex alcalde de uno de los distritos de Caracas y en 2008 fue inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cualquier cargo de elección popular debido a denuncias de corrupción por las cuales nunca fue formalmente acusado, juzgado ni condenado. La Corte también determinó en otros casos que Venezuela no estaba cumpliendo con las medidas que le había ordenado para proteger a personas expuestas a un riesgo inminente contra su vida o integridad física.
En octubre de 2011, varios gobiernos expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno de Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas por los Estados, pero rechazó varias recomendaciones clave sobre libertad de expresión, fortalecimiento de la independencia judicial, cumplimiento de las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana y apoyo al trabajo independiente de las ONG.