En las elecciones de junio de 2011, el ex coronel del Ejército Ollanta Humala derrotó por un estrecho margen a Keiko Fujimori, hija del ex Presidente Alberto Fujimori. Actualmente, Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos cometidas durante su primera presidencia.

Los avances en el juzgamiento de otros responsables de abusos ocurridos durante el conflicto armado interno en Perú continuaron siendo lentos. En varias oportunidades, altos funcionarios del gobierno del ex Presidente Alan García, cuyo mandato concluyó en julio de 2011, criticaron las investigaciones judiciales. En 2010, García firmó un decreto que equivalía a una amnistía indiscriminada y que habría permitido la impunidad de la mayoría de los crímenes. Luego de protestas nacionales e internacionales, la medida fue finalmente suspendida. Sin embargo, la negativa del Ejército a brindar información continúa obstruyendo las investigaciones judiciales, y la mayoría de los responsables han logrado evadir la justicia.

En los últimos años, se registró una cantidad cada vez mayor de conflictos sociales en comunidades que se oponen a medidas del gobierno o de empresas privadas dedicadas a la minería u otras actividades. En varios casos, estas medidas han provocado violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dejaron víctimas fatales en ambos bandos.

Juicios por los abusos del pasado

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno que sufrió el país entre 1980 y 2000. Muchas de ellas sufrieron atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, así como violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado.

Los esfuerzos destinados a juzgar a los responsables de estos abusos han tenido resultados mixtos. En agosto de 2011, el Tribunal Constitucional no hizo lugar a la apelación presentada por el ex Presidente Fujimori, en la cual solicitaba que se anulara la resolución de la sala de la Corte Suprema que confirmó, por unanimidad, la pena de 25 años de prisión en su contra por asesinatos y desapariciones ocurridos en 1991 y 1992. En julio de 2011, en medio de rumores que señalaban que Fujimori padecía cáncer, varios políticos vinculados con el partido del Presidente García y la candidata presidencial Keiko Fujimori instaron a que se le concediera un “indulto humanitario”. Sin embargo, a la fecha de la redacción de este documento, Fujimori continuaba cumpliendo su condena.

Los avances en otros casos han sido lentos. Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), una organización de derechos humanos que monitorea el avance de los juicios, hasta diciembre de 2010 la Sala Penal Nacional —que desde 2004 tiene competencia en numerosos casos de violaciones de derechos humanos— solamente había dictado 20 sentencias, de las cuales el 85 por ciento eran absolutorias. La única sentencia destacable dictada por otro tribunal fue la condena de 19 ex militares en relación con el secuestro y asesinato de 35 víctimas en tres incidentes distintos durante el gobierno de Fujimori.

Un obstáculo fundamental ha sido la falta de cooperación del Ejército en la identificación de los soldados que se encontraban en las bases militares durante el conflicto. La escasa cantidad de condenas también refleja la insistencia de la Sala Penal Nacional en exigir pruebas documentales para establecer la responsabilidad de superiores, y su renuencia a aceptar el testimonio de familiares de víctimas.

En numerosas ocasiones altos funcionarios del gobierno de García, incluido el ministro de defensa y el vicepresidente, criticaron los juicios de derechos humanos. En agosto de 2010, García firmó un decreto que habría impedido el juzgamiento de numerosos casos al establecer la prescripción de los delitos. Tras recibir fuertes críticas en el ámbito interno e internacional, finalmente anuló el decreto. También varios funcionarios del gobierno actual han manifestado estar en contra de los juicios de derechos humanos, incluido el ministro de defensa, el general retirado Daniel Mora, quien señaló en una entrevista de radio en septiembre de 2011: “Creo que debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país”.

Uso injustificado de la fuerza letal

En junio de 2011, la Defensoría del Pueblo indicó que existían más de 200 conflictos sociales, muchos de ellos relacionados con nuevas actividades de minería. En varios de estos conflictos se han producido enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías, que habrían respondido mediante un uso ilícito de la fuerza. En abril de 2011, por ejemplo, tres civiles perdieron la vida y más de 31 resultaron heridos en la provincia de Islay, luego de que policías presuntamente dispararan municiones para despejar una protesta en rechazo a un proyecto de extracción de cobre. En mayo de 2011, un juez de la justicia ordinaria inició un proceso penal contra dos generales de policía y otros tres oficiales por el asesinato de manifestantes durante los enfrentamientos violentos ocurridos en junio de 2009 en las provincias de Utcubamba y Bagua, durante los cuales murieron 23 policías y 10 civiles. Al momento de la redacción de este informe, el juicio estaba en curso.

Tortura

Según la Defensoría del Pueblo, las golpizas realizadas por policías, militares, guardias penitenciarios y miembros de patrullas municipales representan un problema grave en Perú. En abril de 2011, policías en San Borja, Lima, detuvieron a Gerson Falla, de 26 años, quien supuestamente había intentado resguardarse en una panadería para evitar ser asaltado. Tras ser detenido por la policía, habría sido golpeado brutalmente. El joven murió 48 horas después. Un video policial que se transmitió por televisión muestra a policías torciéndole el brazo por la espalda, que también presentaba contusiones, y arrastrándolo por el piso.

Justicia militar

Es habitual que policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos sean juzgados por tribunales militares que carecen de independencia e imparcialidad. Los Decretos 1094, 1095 y 1096 —dictados por el Presidente García en septiembre de 2010— otorgaron a militares en servicio amplias facultades para investigar y juzgar abusos cometidos por policías y militares que participan en actividades de seguridad pública. Esto vulnera los principios internacionales sobre juicio imparcial y pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional de Perú.

Derechos reproductivos

Se ha reconocido el derecho de las mujeres y niñas de Perú a solicitar abortos terapéuticos en casos específicos de necesidad médica. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el caso de 2005 K.L. v. Perú, concluyó que Perú debía adoptar protocolos nacionales claros que establecieran cuándo podían practicarse abortos en forma lícita. Human Rights Watch comprobó que la ausencia de tales protocolos pone en riesgo la vida y la salud de mujeres y niñas, ya que es prácticamente imposible someterse a un aborto en un establecimiento público si no existen pautas claras sobre la legalidad de los procedimientos. Ante la imposibilidad de someterse a abortos terapéuticos, en ocasiones las mujeres recurren a procedimientos inseguros y clandestinos que pueden poner en riesgo su vida y su seguridad. Esto constituye una violación de los derechos fundamentales de la mujer al más alto nivel de salud, a la vida, a no ser discriminada, a la integridad física y a no sufrir un trato cruel, inhumano o degradante. El Ministerio de Salud actualmente está revisando los protocolos nacionales.

Negación del derecho de voto a personas con discapacidad

Las personas con discapacidad se enfrentan a obstáculos sistemáticos a la participación política. Con anterioridad a las elecciones presidenciales de abril y junio de 2011, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el organismo gubernamental encargado de los padrones electorales, excluyó a más de 23.000 personas con discapacidad intelectual y mental del registro de electores. Tras recibir presiones de la comunidad de personas con discapacidad, se invitó a quienes habían sido excluidos a empadronarse nuevamente. No obstante, debido a la poca anticipación y a que la medida no se comunicó de manera eficiente, menos de 60 personas pudieron reinscribirse en el padrón antes de las elecciones. En septiembre de 2011, el RENIEC reconoció que se había privado del derecho de voto a ciertas personas con discapacidad y se comprometió a rectificar la situación.

Las personas que viven en instituciones o bajo un régimen de tutela también sufren restricciones del derecho a voto. Otros obstáculos a la participación política incluyen la falta de boletas electorales en braille, de rampas en centros de votación y de información de fácil comprensión sobre los candidatos y el proceso político.

Libertad de expresión

Numerosos periodistas en las provincias de Perú son objeto de intimidación y amenazas. Algunos periodistas que informan sobre abusos cometidos por funcionarios de gobierno locales han sido agredidos e incluso asesinados por personas que apoyan a las autoridades municipales o trabajan para ellas. En 2010, mediante una medida destinada a asegurar el juzgamiento de estos casos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial incluyó a los delitos violentos contra periodistas dentro de la competencia de la Sala Penal Nacional, con sede en Lima. Este tribunal se especializa en delitos graves como violaciones de derechos humanos y terrorismo.

En julio de 2011, una comisión parlamentaria aprobó un proyecto de ley que pone fin al encarcelamiento de periodistas condenados penalmente por difamación. Si el proyecto es aprobado por el parlamento en pleno, las penas de prisión de hasta tres años establecidas en la ley vigente serán reemplazadas por multas y tareas comunitarias. Cuando se aprobó el proyecto en comisión, varios periodistas se enfrentaban a la posibilidad de recibir penas de prisión por criticar a funcionarios públicos. Un ejemplo es el caso del periodista Francisco Andrade Chávez de América TV en la provincia de Chepén, quien fue condenado en julio de 2011 a dos años de prisión, el pago de una multa y una indemnización por daños y perjuicios por injurias contra un funcionario municipal. En octubre de 2011, el Presidente Humala aún no había firmado ni expresado su apoyo al proyecto de ley.

Radio La Voz de Bagua enfrentó procedimientos legales durante 2011 por su cobertura de los disturbios en Bagua. En junio de 2009, el gobierno revocó su licencia luego de que varios funcionarios y líderes del partido gobernante acusaran a la estación de incitar a la violencia. La licencia se restableció provisoriamente en octubre de 2010, y se dio por concluida una investigación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que intentaba determinar el presunto uso no autorizado de frecuencias de transmisión por parte de la estación. No obstante, en febrero de 2011, un fiscal local acusó al propietario de la estación de “hurto agravado del espectro radioeléctrico” en relación con los mismos sucesos. La acusación fue desestimada en la instancia de apelación, pero fue posteriormente restablecida en junio de 2011 por un tribunal de apelación de Utcubamba. El propietario de la estación de radio podría recibir una pena de hasta cuatro años de prisión.

Defensores de derechos humanos

En septiembre de 2011, en un discurso en el Congreso, el ministro de defensa acusó a dos de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas de Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal, de actuar para “desaparecer a las Fuerzas Armadas”. Ambas organizaciones trabajan desde hace años para promover justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. También habían sido objeto de comentarios similares por parte del vicepresidente y el ministro de defensa durante la presidencia de García.

Actores internacionales clave

En julio de 2011, Estados Unidos extraditó al ex mayor del Ejército Telmo Hurtado para que fuera juzgado en Perú por la masacre de 69 civiles perpetrada en 1985 en Accomarca, departamento de Ayacucho. En marzo de 2008, un tribunal federal en Miami, Estados Unidos, condenó a Hurtado a pagar US$ 37 millones en concepto de daños y perjuicios a dos familiares de víctimas de la masacre que habían interpuesto una demanda en el marco de la Ley de Reclamaciones Civiles para Extranjeros de Estados Unidos (United States Alien Tort Statute) . Hurtado es uno de los 29 ex militares que estaban siendo juzgados por la Sala Penal Nacional al momento de la redacción de este documento.