Durante 2011, en el marco del conflicto armado interno de Colombia se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares, como las guerrillas y los grupos sucesores de los paramilitares. La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos y continúa desplazando a varias decenas de miles cada año. Es común que actores armados amenacen o ataquen a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, docentes, sindicalistas, líderes indígenas y afrocolombianos, líderes de personas desplazadas y víctimas de paramilitares que reclaman justicia o la restitución de tierras.

Durante su primer año de gobierno, la administración del Presidente Juan Manuel Santos mostró mayor preocupación sobre temas de derechos humanos respecto del gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe, que se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y abusos por parte del servicio de inteligencia nacional. En 2011, el Presidente Santos consiguió que se sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que procura restituir millones de acres de tierras a personas desplazadas e indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

No obstante, los grupos sucesores de los paramilitares continúan creciendo, mantienen extensos vínculos con miembros de la fuerza pública y funcionarios locales, y cometen atrocidades en forma generalizada. También han persistido los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas. Numerosos candidatos a las elecciones locales de octubre de 2011, que ocurrieron en todo el país, fueron asesinados, en un contexto en el cual trascendieron denuncias sobre presuntos vínculos entre candidatos y grupos armados. Según la ONG colombiana Misión de Observación Electoral, 40 candidatos fueron asesinados durante 2011, lo cual representa un incremento del 48 por ciento respecto de los homicidios de este tipo reportados durante las elecciones locales de 2007. Asimismo, los nuevos proyectos de reforma constitucional impulsados por el gobierno de Santos podrían favorecer la impunidad de violaciones de derechos humanos, al ampliar el alcance de la justicia penal militar en casos de abusos militares y al permitir que se otorguen amnistías en casos de violaciones graves cometidas por todos los actores.

Abusos de las guerrillas

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo graves abusos contra civiles. Las FARC, en particular, se ven involucradas frecuentemente en asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, y reclutamiento y uso de niños. El 22 de mayo de 2011, presuntos miembros de las FARC atacaron una embarcación que viajaba por el río Atrato en el departamento de Chocó. En el incidente murieron tres civiles y otros dos resultaron heridos.

Es común que las FARC y el ELN usen minas antipersonales y otras armas indiscriminadas. El gobierno informó que 16 civiles perdieron la vida y 104 sufrieron heridas a causa de minas terrestres y municiones sin detonar entre enero y agosto de 2011. El 9 de julio de 2011, las FARC detonaron un carro bomba y lanzaron explosivos de fabricación casera en el pueblo de Toribio, en el departamento de Cauca. Como resultado de los ataques, tres civiles murieron, 122 sufrieron heridas y decenas de viviendas fueron destruidas.

Se cree que las guerrillas serían responsables de algunas de las amenazas y agresiones contra candidatos ocurridas durante las elecciones locales de octubre de 2011. El 30 de mayo de 2011, las FARC habrían asesinado a dos candidatos a alcalde por el municipio de Campamento, en el departamento de Antioquia.

En noviembre de 2011, las fuerzas armadas colombianas mataron al jefe máximo de las FARC Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Cano”, durante una operación militar en el departamento de Cauca.

El 26 de noviembre de 2011, las FARC habrían ejecutado a cuatro miembros de la fuerza pública colombiana que este grupo guerrillero mantuvo cautivos durante más de 10 años.

Los paramilitares y sus sucesores

Desde 2003, más de 30.000 personas han participado en un proceso de desmovilización paramilitar, aunque existen pruebas contundentes de que muchas de estas personas no eran paramilitares y de que parte de estos grupos continuaron activos.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido lenta y dispar. Al momento de la redacción de este documento, más de seis años después de la sanción de la ley, los fiscales especializados habían obtenido tan sólo tres condenas y habían recuperado una proporción mínima de los bienes obtenidos en forma ilícita por los paramilitares. Las confesiones de los líderes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz sufrieron un retroceso cuando el ex Presidente Uribe extraditó a la mayoría de estos líderes a Estados Unidos entre mayo de 2008 y agosto de 2009 para que fueran juzgados por delitos de narcotráfico.

Los grupos sucesores de los paramilitares, que en gran medida están liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, han crecido en número y tienen actualmente cerca de 5.700 miembros, según cifras oficiales de octubre de 2011. El hecho que miembros de la fuerza pública toleren a estos grupos es uno de los principales factores que hacen posible que conserven su poder. Al menos 180 policías fueron encarcelados durante 2011 por presuntos vínculos con grupos sucesores.

Al igual que las organizaciones paramilitares que se desmovilizaron, estos grupos participan en narcotráfico, reclutan activamente a nuevos miembros, incluidos niños, y cometen abusos generalizados contra civiles, como masacres, asesinatos, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, amenazas y desplazamientos forzados. En numerosas oportunidades han atacado a defensores de derechos humanos, líderes afrocolombianos e indígenas, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras. Los grupos sucesores serían responsables de un incremento del 34 por ciento en los casos de masacres registrados durante 2010 y del aumento de los casos denunciados durante la primera mitad de 2011. (El gobierno define masacre como el asesinato de cuatro o más personas al mismo tiempo). En enero de 2011, el director general de la Policía Nacional de Colombia señaló públicamente que estos grupos son responsables de la mayor parte de la violencia en Colombia.

Cómplices de los paramilitares

En los últimos años, la Corte Suprema de Colombia logró avances notables en la investigación de los miembros del Congreso colombiano acusados de colaborar con paramilitares. En el denominado escándalo de la “parapolítica”, se investigó a más de 120 ex miembros del Congreso, y cerca de 40 han sido condenados. En febrero de 2011, el ex Senador Mario Uribe —quien también fue anteriormente presidente del Congreso colombiano y es primo segundo del ex Presidente Uribe— fue condenado por mantener vínculos con paramilitares. Si bien numerosos paramilitares desmovilizados también han declarado que tenían extensos vínculos de colaboración con políticos locales, altos oficiales de las fuerzas armadas y empresarios, las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General de la Nación respecto de estas personas han progresado lentamente.

Existe temor de que los paramilitares y sus grupos sucesores continúen infiltrando el sistema político. En septiembre de 2011, la Corte Suprema había iniciado investigaciones sobre 10 miembros actuales del Congreso que presuntamente habrían mantenido vínculos con paramilitares. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que 119 municipios estuvieron expuestos a un alto riesgo de violencia electoral o injerencia por parte de grupos sucesores de los paramilitares durante las elecciones locales de octubre de 2011.

En 2011, dos ex paramilitares señalaron públicamente que el ex Presidente Uribe habría tenido vínculos directos con un grupo paramilitar cuando fue gobernador del departamento de Antioquia en la década de 1990. Uribe ha negado las acusaciones.

Abusos e impunidad de militares

En la última década, el Ejército colombiano ha cometido una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales de civiles. En muchos casos —que se conocen como “falsos positivos”— miembros del Ejército asesinaron a civiles y luego informaron que se trataba de combatientes muertos en enfrentamientos, aparentemente como respuesta a la presión que recibieron para demostrar resultados. Estas ejecuciones se produjeron en todo el territorio de Colombia e involucraron a diversas brigadas del Ejército.

Si bien el gobierno no lleva un registro de datos estadísticos sobre “falsos positivos” como una categoría específica de delitos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia estima que más de 3.000 personas podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, y que la mayoría de los casos fueron cometidos por el Ejército entre 2004 y 2008. El número de casos se redujo drásticamente después de 2008; no obstante, durante 2010 y 2011 se registraron algunas denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.

Las investigaciones sobre estos casos han avanzado lentamente: hasta septiembre de 2011, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.622 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado, que involucraban a 2.788 víctimas, y había obtenido condenas en 77 casos. En julio de 2011, un juez condenó al ex coronel del Ejército Luis Fernando Borja Giraldo, el máximo oficial militar que ha recibido una pena por casos de “falsos positivos” hasta el momento de la redacción del presente documento.

Los avances que se han conseguido hasta el momento en el juzgamiento de los responsables se deben a que la mayoría de los casos están siendo investigados por fiscales de la justicia ordinaria. No obstante, hasta julio de 2011 más de 400 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales aún permanecían dentro de la justicia penal militar, donde existen escasas posibilidades de obtener justicia.

Al momento de la redacción de este informe, el gobierno había promovido dos propuestas de reforma constitucional que podrían favorecer la impunidad de abusos militares: un proyecto de “reforma a la justicia” que permitiría que los casos de abusos militares sean tramitados por la justicia penal militar, y un proyecto de “justicia transicional” que permitiría al Congreso, por iniciativa del presidente, autorizar a la Fiscalía General de la Nación a renunciar a los procesos penales por violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Abusos del servicio de inteligencia nacional

En octubre de 2011, el Presidente Santos disolvió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia colombiano que dependía directamente de la presidencia, y anunció la creación de una nueva agencia de inteligencia. En los últimos años, los medios de comunicación y diversas investigaciones judiciales revelaron que durante la presidencia de Uribe el DAS había llevado a cabo actividades de vigilancia ilegal de miembros de la Corte Suprema, así como también de sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de oposición. El DAS también ha estado implicado en otras actividades delictivas, como amenazas de muerte, campañas de difamación contra críticos del gobierno y colaboración con paramilitares. En septiembre de 2011 Jorge Noguera Cotes, quien estuvo al frente del DAS entre 2002 y 2005, fue condenado por haber puesto a la agencia de inteligencia al servicio de grupos paramilitares, incluso para el asesinato de un profesor universitario en 2004.

Violencia contra sindicalistas

Si bien la cantidad de sindicalistas que son asesinados cada año es menor en comparación con una década atrás, continúa siendo superior a la de cualquier otro país del mundo: 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales. Las amenazas contra sindicalistas —que se atribuyen principalmente a grupos sucesores de los paramilitares— han aumentado desde 2007.

La impunidad de la violencia contra sindicalistas es generalizada: Colombia ha obtenido condenas en menos del 10 por ciento de los más de 2.900 asesinatos de sindicalistas informados por la ENS desde 1986. Hasta junio de 2011, la subunidad de la Fiscalía General de la Nación dedicada exclusivamente a delitos contra sindicalistas había iniciado investigaciones en 787 casos de homicidios de sindicalistas y había obtenido condenas en más de 185 de esos asesinatos.

La subunidad prácticamente no ha logrado avances en la obtención de condenas en casos de homicidios recientes. Hasta mayo de 2011, la subunidad solamente había obtenido condenas en 6 de los más de 195 asesinatos de sindicalistas ocurridos desde que el grupo especializado de fiscales comenzó a funcionar en 2007. No consiguió que se dictara ninguna condena por los más de 60 casos de tentativa de homicidio, 1.500 amenazas y 420 desplazamientos forzados informados por la ENS durante ese período.

Desplazamiento interno

Decenas de miles de colombianos continúan siendo desplazados forzosamente cada año. El organismo público Acción Social registró 3,7 millones de personas desplazadas entre 1997 y mayo de 2011, en comparación con los 5,3 millones informados por la prestigiosa ONG colombiana CODHES entre 1985 y junio de 2011. Acción Social registró más de 100.000 nuevos desplazados durante 2010, en tanto CODHES contabilizó cerca de 300.000 ese mismo año. La Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín documentó un incremento del 81 por ciento en las denuncias de desplazamientos intraurbanos durante la primera mitad de 2011 en Medellín, donde se mantienen activos grupos sucesores de los paramilitares. Los desplazamientos masivos (aquellos que afectan a más de 10 hogares o 50 personas) también aumentaron en 2011, y Acción Social reportó que hubo 80 casos entre enero y principios de noviembre de 2011, a diferencia de los 59 reportados durante todo 2010.

Las medidas adoptadas por el gobierno para la restitución de tierras coincidieron con un incremento en la cantidad de ataques y amenazas contra líderes de comunidades desplazadas que exigen su restitución. Según CODHES, 9 líderes de personas desplazadas que participaban en este tipo de actividades fueron asesinados durante la primera mitad de 2011.

Violencia sexual

La impunidad de la violencia sexual, especialmente en casos de violencia vinculada con el conflicto armado, continúa siendo un problema. En 2008, una decisión de la Corte Constitucional reconoció que la violencia sexual contra la mujer es una “práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano… por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados y, en algunos casos aislados, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública”. La Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación que avanzara con las investigaciones de casos específicos. Los avances en estos casos han sido lentos.

Capacidad legal de las personas con discapacidad

Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en mayo de 2011. A fin de cumplir con los estándares establecidos en la Convención, deberá adecuar su legislación y políticas internas para asegurar que las personas con discapacidad no sean privadas de su capacidad legal, y que no se establezcan restricciones al derecho de voto, los derechos de propiedad y el derecho a prestar su consentimiento de manera libre e informada.

Defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos suelen ser víctimas de ataques y amenazas. En junio de 2011, un grupo sucesor de los paramilitares denominado los “Rastrojos” habría firmado una amenaza de muerte contra numerosas organizaciones y defensores de derechos humanos, que incluía a varios destacados defensores de derechos de la mujer y de los desplazados internos.

El Ministerio del Interior administra un programa de protección que se aplica a más de 8.000 miembros de grupos vulnerables, incluidos defensores de derechos humanos y sindicalistas.

Actores internacionales clave

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2011, aportó fondos de asistencia por aproximadamente US$ 562 millones, y cerca del 61 por ciento se destinó a ayuda militar y policial. Si bien el 30 por ciento de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está condicionada a que Colombia cumpla con requisitos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha exigido su cumplimiento. En septiembre de 2011, el Departamento de Estado certificó que Colombia cumplía con los requisitos de derechos humanos.

En octubre de 2011, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama promulgó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, cuya aprobación en el Congreso estadounidense se había demorado casi 5 años, en parte debido a la impunidad de la violencia contra sindicalistas. En abril de 2011, Colombia y Estados Unidos suscribieron un “Plan de Acción” donde se establecían las principales medidas que Colombia debía adoptar para proteger los derechos de los trabajadores como condición previa para la ratificación; sin embargo, los compromisos no abordaban la situación de los grupos sucesores de los paramilitares, a quienes se atribuyen una gran parte de la violencia antisindical.

El Reino Unido habría reducido su asistencia militar a Colombia en 2009, aparentemente en respuesta a los escándalos sobre vigilancia ilegal y ejecuciones extrajudiciales. La Unión Europea proporciona asistencia social y económica a Colombia.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, encargada de verificar las desmovilizaciones paramilitares, emitió un informe en 2011 donde expresó su preocupación por la actividad de los grupos sucesores de los paramilitares y señaló que “se ha evidenciado la continuación de masacres en las que resultan afectados núcleos familiares completos”.

La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional continuó monitoreando las investigaciones locales sobre violaciones de derechos humanos. La OACNUD tiene presencia activa en Colombia, y en noviembre de 2010 se amplió por tres años su mandato en el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja también tiene presencia activa en Colombia, y como parte de su labor brinda asistencia a los desplazados internos.

En octubre de 2010, Colombia fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2011-2012.