El 30 de septiembre, policías que se manifestaban en contra de una ley que reducía los beneficios para agentes de las fuerzas de seguridad pública mantuvieron cautivo al Presidente Rafael Correa en un hospital por varias horas. Durante la rebelión, el gobierno declaró un estado de excepción y ordenó a todos los canales de televisión que transmitieran la programación del canal oficial. El Presidente Correa fue rescatado por un grupo de militares, luego de un enfrentamiento armado que dejó un saldo de al menos cinco muertos. El gobierno señaló que los eventos constituían un intento de golpe de estado. Al momento de la redacción de este documento, cientos de policías estaban siendo investigados.
Al menos una decena de personas que participaron en protestas y manifestaciones fueron juzgadas o investigadas durante 2010 por terrorismo, una acusación desmedida que se debió a la existencia de disposiciones definidas vagamente en el Código Penal. Los policías responsables de abusos cometidos durante años anteriores no han rendido cuentas por sus actos.
Continúan vigentes leyes penales sobre difamación que restringen la libertad de expresión. Algunos artículos del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación podrían permitir la censura a los medios. Al momento de la redacción de este informe, aún no se había fijado una fecha para el tratamiento del proyecto de ley en la Asamblea Nacional.
Uso indebido de disposiciones antiterroristas en casos de protesta social
Los fiscales han aplicado la disposición del Código Penal sobre "sabotaje y terrorismo" en casos relacionados con protestas que derivaron en enfrentamientos con la policía. La comisión de actos de violencia durante protestas lícitas debería, en todo caso, ser un delito penal común. Sin embargo, el Código Penal de Ecuador incluye, en la categoría de sabotaje y terrorismo, a los "delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes", cometidos por individuos o grupos "armados o no". La pena prevista para estos delitos es de cuatro a ocho años de prisión.
En junio de 2010, Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización indígena más importante de ese país, y otros dos líderes indígenas, estaban siendo investigados penalmente por los delitos de terrorismo y sabotaje luego de organizar una protesta durante una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en la ciudad de Otavalo. Los manifestantes traspasaron un cordón policial para poder ingresar al edificio donde se encontraban reunidos los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. En septiembre, un juez acusó al líder indígena shuar Pepe Acacho y a otras 10 personas de sabotaje y terrorismo por su presunta participación en las protestas violentas que tuvieron lugar en septiembre de 2009 en la ciudad de Macas, en la región amazónica del Ecuador, y en las cuales fue asesinado un maestro. Según el Ministerio de Justicia, Acacho fue acusado de usar la estación de radio comunitaria en la cual era director, Radio La Voz de Arutam, para incitar a los manifestantes a que se volcaran a las calles con lanzas envenenadas para protestar ante el supuesto intento del gobierno de privatizar el agua.
En agosto, un juez ordenó la prisión preventiva de Juan Alcívar, periodista del periódico La Hora y la estación de radio El Nuevo Sol, por el delito de terrorismo. Dos empleados municipales de la localidad de La Concordia acusaron a Alcívar de haber lanzado un cartucho de gas lacrimógeno al Presidente Correa durante una manifestación, lo cual obligó al líder ecuatoriano a cubrirse el rostro con una máscara. Alcívar, quien antes había criticado abiertamente al alcalde de La Concordia, alega tan sólo haber empujado el cartucho para alejarlo de si mismo. En septiembre, el juez levantó la orden de detención, pero aún continuaba el proceso por terrorismo en su contra.
Rendición de cuentas
En los casos de abusos policiales, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, la impunidad ha sido la regla. Los responsables de los asesinatos que la policía atribuye a "ajustes de cuentas" entre pandillas delictivas pocas veces responden ante la justicia. En una declaración de junio de 2010, Philip Alston, el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, describió el sistema de justicia como "ampliamente disfuncional". Ese mismo mes, una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa publicó un informe donde se documentan 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones ocurridas entre 1984 y 2008, y se identifica a 458 personas que supuestamente cometieron abusos. Según la Comisión, como resultado de la aplicación de plazos de prescripción, disputas sobre jurisdicción y demoras procesales, son pocos los responsables de estos abusos que han sido juzgados. En octubre de 2010, un equipo de fiscales nombrados por el Fiscal General del Estado para investigar los casos denunciados por la Comisión inició nuevas entrevistas con sospechosos y testigos.
Justicia indígena
Los conflictos de jurisdicción entre la justicia ordinaria y los sistemas de justicia indígena tradicionales, que según la Constitución de 2008 gozan de igual jerarquía, han generado fuertes controversias. Los críticos del sistema de justicia indígena afirman que es responsable de numerosos linchamientos recientes que tuvieron amplia repercusión en la prensa. En 2010, dos relatores especiales de la ONU -sobre ejecuciones extrajudiciales y pueblos indígenas- criticaron estas acusaciones y afirmaron que eran infundadas. Ambos llamaron al diálogo para resolver posibles conflictos de intereses entre estos dos ámbitos de la justicia. A la fecha de redacción de este informe, el gobierno trabaja en un proyecto de ley que intenta determinar el alcance de cada jurisdicción.
Libertad de expresión
El Código Penal ecuatoriano aún contiene disposiciones que penalizan el "desacato". Prevé penas de prisión de hasta dos años para quien "ofendiere" al presidente y de hasta tres meses para ofensas contra otras autoridades gubernamentales.
Los periodistas también son pasibles de penas de prisión por injuria contra funcionarios públicos. En marzo de 2010, Emilio Palacio, columnista del periódico El Universo de Guayaquil, fue condenado a tres años de prisión por haber llamado "matón" en un artículo de opinión al presidente de una institución financiera del estado en agosto de 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los estados miembros a derogar las normas sobre desacato y a aplicar únicamente sanciones civiles para preservar la reputación de funcionarios públicos.
Entre septiembre de 2009 y junio de 2010, una comisión de la Asamblea Nacional analizó un proyecto de ley para regular los medios de comunicación. El proyecto de Ley de Comunicación contiene algunos aspectos positivos que fortalecerían la libertad de expresión. Prohíbe en forma expresa los monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios, lo cual podría contribuir a ampliar el alcance y la diversidad del debate público. También amplía el acceso de personas con discapacidad auditiva, ya que fomenta el uso de subtítulos y el lenguaje de señas.
No obstante, el proyecto de ley contiene varias disposiciones que podrían socavar la libertad de expresión. Incluye restricciones expresadas en términos vagos que podrían propiciar la autocensura, lo cual la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe expresamente. El proyecto reproduce el mismo lenguaje de la Constitución y se refiere a la libertad de expresión como "la búsqueda, recepción, intercambio, producción y difusión de información veraz, verificada, oportuna, contextualizada [y] plural". Esta definición se contrapone con el principio 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que "[c]ondicionamientos previos... son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión". A su vez, el proyecto de ley contempla una excepción a la prohibición de la censura previa "en los casos permitidos... en la ley".
El proyecto también prevé sanciones que suponen restricciones irrazonables para la libertad de expresión y que podrían permitir una interferencia indebida en el trabajo de los medios de comunicación. Entre las infracciones que podrían dar lugar a la aplicación de sanciones a los medios se incluyen la "inobservancia de los Códigos de ética [de los medios]" y la publicación de cartas anónimas o sin firma. Al momento de la redacción de este documento, el proyecto de ley aún no había sido debatido en el pleno de la legislatura.
Defensores de derechos humanos
En varias oportunidades, el Presidente Correa ha acusado a ambientalistas y a ONG que defienden derechos indígenas de entrometerse en política, fomentar la violencia y recibir fondos extranjeros con el fin de desestabilizar el país. En julio de 2010, Correa amenazó con expulsar a las ONG que "se mete[n] en política". En octubre, señaló que revisaría la lista de unas 50.000 ONG inscriptas en Ecuador ya que, según afirmó, existían sospechas de que algunas de ellas evadían impuestos y estaban perjudicando al estado.
En julio, Germán Antonio Ramírez Herrera, perito forense especializado en la investigación de casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, fue secuestrado por individuos no identificados, quienes lo obligaron a subir a un automóvil y luego le dispararon. Ramírez era perito consultor de PRIVA, una organización miembro del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, y estaba investigando las lesiones sufridas por internos luego de una requisa policial en la cárcel de Quevedo, donde se desempeñaba como médico forense. Fue asesinado el mismo día en que presentó pruebas ante el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Ramírez habría recibido amenazas de muerte anteriormente.
Actores internacionales clave
Los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se reunieron de emergencia en Buenos Aires para apoyar la presidencia de Rafael Correa cuando fue retenido por un grupo de policías en septiembre. Otros gobiernos e instituciones internacionales, como Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA), también expresaron su apoyo a las instituciones democráticas de Ecuador.
Después de la visita a Ecuador en julio, el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales criticó al sistema de justicia por no haber tomado medidas para juzgar a los responsables de las ejecuciones cometidas por agentes del estado, sicarios o grupos armados ilícitos. El Relator de la OEA sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad visitó Ecuador en mayo de 2010 y afirmó haber recibido denuncias de que persistían las prácticas de tortura por parte de policías. El Relator exhortó a Ecuador a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
En mayo de 2010, un tribunal de Ontario, Canadá, rechazó una demanda por daños interpuesta por tres líderes comunitarios ecuatorianos contra dos directivos de Copper Mesa Mining Corporation y la Bolsa de Valores de Toronto, donde cotizaba esta compañía. Desde 2006, los residentes de la provincia de Imbabura en el norte de Ecuador han recibido sucesivas amenazas de muerte por haberse opuesto a un proyecto de minería en la zona. En una ocasión, fueron agredidos físicamente por guardias de seguridad de la empresa Copper Mesa. Este incidente fue registrado por cámaras de video. El tribunal determinó que los demandantes no habían demostrado la responsabilidad de los directivos de la empresa y la Bolsa de Valores por los daños alegados.