En 2010, las iniciativas del poder judicial para procesar a policías y militares por abusos cometidos durante el conflicto armado interno de Perú tuvieron resultados poco alentadores. En lugar de recibir el apoyo de funcionarios del gobierno, el proceso ha sido objeto de críticas frecuentes por parte de estos, y en 2010 el Presidente Alan García firmó un decreto que equivalía a una amnistía indiscriminada, ya que habría permitido la impunidad de la mayoría de los crímenes. Luego de protestas nacionales e internacionales, la medida fue finalmente suspendida. Sin embargo, la negativa del Ejército a brindar información continúa obstruyendo las investigaciones judiciales, y la mayoría de los responsables han logrado evadir la justicia.

En varias ocasiones los oficiales de policía transgredieron las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal para controlar protestas y manifestaciones. La tortura, si bien no es una práctica sistematizada, sigue siendo un problema.

Juicios por los abusos del pasado

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, cerca de 70.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado interno que sufrió el país. Se trató de víctimas de atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del estado.

En agosto de 2010, el Presidente García dictó un decreto que otorgaba una amnistía encubierta a personas que cometieron violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. El Decreto 1097 resultaba violatorio de las obligaciones jurídicas internacionales de Perú, en tanto permitía la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2003, el año en que Perú ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Entre estos delitos se incluyen atrocidades cometidas durante el primer gobierno de Alan García, como la masacre de 122 presos en la cárcel de El Frontón en 1986. El Decreto 1097 también obligaba a los jueces a concluir los juicios de militares y policías que no hubieran sido acusados formalmente dentro del plazo máximo de 36 meses previsto por la ley. Pocos días después, un general y varios miembros del escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina, responsable de numerosas muertes y desapariciones ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, pidieron a la justicia que se cerraran las investigaciones en su contra. En un primer momento, el Presidente García defendió el decreto, pero posteriormente cambió de opinión, ante las duras críticas en el ámbito interno e internacional. En septiembre, el Congreso aprobó por una mayoría abrumadora un proyecto presentado por el gobierno para derogar el decreto.

En diciembre de 2009, un tribunal integrado por jueces de la Corte Suprema de Perú confirmó en forma unánime la pena de 25 años de prisión impuesta al ex Presidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, Lima, en noviembre de 1991, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992, y dos secuestros. Fujimori es el primer líder latinoamericano elegido en forma democrática que fue condenado por violaciones graves de derechos humanos en su propio país.

Frente a la relevancia trascendental de la condena impuesta a Fujimori, los juicios sobre otros casos de derechos humanos relacionados con el período del conflicto armado han tenido resultados poco alentadores, y la proporción de condenas es mucho menor a la de absoluciones. En junio de 2010, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una ONG que monitorea la justicia por los hechos del pasado, informó que la Sala Nacional Penal, creada en 2004 para tratar violaciones de derechos humanos y casos de terrorismo, había absuelto a 65 militares y policías, condenado solamente a 12, y había desestimado 23 casos.

El Ejército peruano se ha rehusado sistemáticamente a brindar información que ayude a los fiscales a identificar a militares que participaron en atrocidades. A causa de esta falta de cooperación, tanto fiscales como abogados de familiares de las víctimas han tenido dificultades para recabar pruebas que cumplan con los estándares rigurosos exigidos por la justicia. Por ejemplo, funcionarios del Ejército y el Ministerio de Defensa negaron la detención de los estudiantes Alcides Ccopa Taype y Francisco Juan Fernández Gálvez, quienes desaparecieron en Huancayo en octubre de 1990. En junio de 2010, la Sala Penal Nacional absolvió a dos generales del Ejército responsables de los operativos militares en la zona. El tribunal desestimó el testimonio de un ex detenido que declaró haber visto a los estudiantes en la base del Ejército, así como la prueba aportada por otros testigos, quienes afirmaron haberlos visto mientras estaban bajo custodia.

Varios ex militares de alto rango procesados han empleado tácticas dilatorias y han presentado recursos de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional debido a que, según argumentan, se habría violado su derecho a ser juzgados en un plazo razonable.

Uso injustificado de la fuerza letal

En los últimos años, hubo varios enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía, con un saldo de varios muertos en ambos bandos. Existen indicios de que, en algunos de estos incidentes, la policía habría recurrido a un uso injustificado de fuerza letal.

En abril de 2010, 5 civiles fueron asesinados y 16 resultaron heridos por armas de fuego cuando la policía disparó para dispersar una manifestación en la cual participaban 6.000 mineros en huelga que habían cortado una de las principales carreteras de Chala, en la provincia de Caravelí. Una mujer que no participó en los eventos habría muerto a causa de un infarto. En septiembre, 61 policías habían sido acusados.

Continúa la controversia en torno a las circunstancias de la muerte de 33 personas (23 policías y 10 civiles) en junio de 2009 como resultado de enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes indígenas en las provincias de Utcubamba y Bagua, en el Amazonas peruano. Una comisión de investigación designada en julio de 2009 señaló como principales responsables a los manifestantes indígenas y a la intervención de "actores externos". No obstante, dos de los comisionados, entre ellos un representante indígena, se negaron a firmar el informe de la comisión. Publicaron un informe minoritario, donde se citan pruebas de que los manifestantes no estaban armados cuando la policía comenzó a dispararles. En mayo de 2010, el líder indígena Alberto Pizango, acusado de instigar la protesta, fue arrestado por el delito de sedición e incitación al regresar de su exilio en Nicaragua. Ningún ministro o jefe de policía ha sido procesado por el modo en que se respondió ante la protesta.

En agosto de 2010, el presidente emitió un decreto que permitiría a las fuerzas armadas enfrentarse a un "grupo hostil" en el marco de operativos de seguridad. La definición de "grupo hostil" emplea términos vagos e incluye a personas con armas punzo-cortantes o contundentes, como piedras, y esto despierta el temor de que se utilice el decreto para justificar el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes indígenas.

Tortura y maltrato

 La tortura continua siendo un problema. La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos continúan denunciando casos de golpizas por parte de policías y patrullas municipales. También han informado sobre la victimización de conscriptos militares por parte de sus superiores, como el caso de un soldado que cumplía el servicio militar en Iquitos y que, en agosto de 2010, habría sido obligado a tragar llaves por un mayor del Ejército luego de una discusión. Es común que la justicia clasifique los casos de tortura según la gravedad del daño infligido. Así, cuando las heridas son de menor gravedad, se las considera "lesiones", un delito que contempla una pena menor y que suele ser excarcelable.

Derechos reproductivos

En Perú, las leyes y políticas restrictivas sobre aborto, que en general penalizan esta práctica y sólo brindan pautas imprecisas sobre cómo obtener un aborto lícito, inciden en las cifras de muerte y discapacidad materna. En 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el estado peruano, al no haber practicado un aborto a una adolescente para interrumpir su embarazo anencefálico, había violado diversos derechos humanos, incluido el derecho a no ser objeto de torturas, y que el gobierno tenía la obligación de asegurar que no se repitiera una situación similar en el futuro. Pese a esto, y a las fuertes presiones de organizaciones de la sociedad civil peruana, el gobierno aún no ha adoptado pautas claras para la práctica de abortos legales.

Libertad de los medios de comunicación

Los periodistas de las provincias de Perú están expuestos a intimidación y amenazas. Algunos periodistas que informan sobre abusos cometidos por funcionarios de gobierno locales han sido agredidos e incluso asesinados por personas que apoyan a las autoridades municipales o trabajan para ellas.

En octubre de 2010, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones restableció en forma provisoria la licencia de transmisión de Radio La Voz de Bagua, una estación de radio local del Amazonas peruano, cuya licencia había sido revocada en junio de 2009 luego de que el Ministro del Interior y varios miembros del partido del presidente, la Alianza Popular Revolucionaria, acusaran a dicho medio de incitar a la violencia durante su cobertura de los disturbios en Bagua.

Defensores de derechos humanos

Los partidarios del ex Presidente Fujimori en el Congreso, así como algunos altos funcionarios del gobierno, han intentado activamente desacreditar a las ONG que promueven la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Estas ONG han sido acusadas sin fundamentos de tener afinidad con grupos terroristas o de desprestigiar a las fuerzas armadas.

En los últimos años, diversas ONG que defienden derechos indígenas y ambientales en zonas afectadas por actividades de minería han sido objeto de amenazas y persecución judicial, y acusadas de organizar o participar en protestas. El gobierno revocó intempestivamente el permiso de residencia del ciudadano británico Paul McAuley, miembro laico de una congregación católica y presidente de la asociación ambientalista Iquitos en el Amazonas peruano, quien ha vivido en Perú durante 20 años.

Actores internacionales clave

Luego de su visita al Perú en septiembre de 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo señaló respecto del Decreto 1097, sobre el uso de la fuerza por el Ejército, que "probablemente dará pie a violaciones del derecho". También expresó su preocupación ante la posibilidad de que el decreto permitiera el uso injustificado de la fuerza contra manifestantes que no estén armados.

En septiembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación de que el Decreto 1097 permitiera que "queden en la impunidad cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos".