Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010, siete meses después del golpe de estado militar que depuso al Presidente Manuel Zelaya, quién había sido elegido democráticamente. El gobierno de Lobo creó una comisión de la verdad encargada de investigar los sucesos relativos al derrocamiento de Zelaya. No obstante, los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en forma generalizada por el gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe no han rendido cuentas por sus actos. Al momento de la redacción de este documento, ninguna persona ha sido condenada penalmente por estos abusos.
Otros problemas de derechos humanos persistentes son la falta de independencia judicial y la violencia y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y personas transgénero.
Impunidad de abusos posteriores al golpe
Luego del golpe militar, el gobierno de facto suspendió varios derechos civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión. En los días posteriores, el Ejército ocupó diversos medios opositores y canceló su transmisión en forma provisoria. Tanto policías como militares respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza. Este patrón de uso desproporcionado de la fuerza derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias.
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público está investigando alrededor de 200 casos de abusos que habrían sido cometidos por agentes de seguridad después del golpe de estado, muchos de los cuales involucran a varias víctimas. A la fecha de la redacción de este informe, se han presentado acusaciones fiscales (llamadas "requerimientos fiscales" en Honduras) en 20 casos. En ocho procedimientos, los acusados fueron sobreseídos, lo cual deja impunes numerosos actos cometidos por las fuerzas de seguridad con posterioridad al golpe de estado. La mayoría de los demás casos aún tramitan ante la justicia y algunos están paralizados debido a que los acusados se encuentran prófugos.
Los avances conseguidos por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en estos casos se han visto obstaculizados por la inexistencia de recursos suficientes y porque el gobierno no ha asignado fondos al Programa de Protección a Testigos. A su vez, la Fiscalía Especial depende de la colaboración de un cuerpo de policía de investigación que mantiene vínculos institucionales con la Secretaría de Seguridad, lo cual podría afectar la imparcialidad y la profundidad de las investigaciones.
Las fuerzas de seguridad han obstruido las investigaciones de los abusos cometidos después del golpe. Durante el gobierno de facto, tanto policías como militares se rehusaron sistemáticamente a cooperar con los investigadores. No entregaron armas que se habían solicitado para efectuar pruebas de balística, no respondieron a pedidos de información que tenían por objeto identificar a oficiales acusados de cometer abusos y tampoco permitieron el acceso a instalaciones militares. Si bien la situación mejoró relativamente durante el gobierno de Lobo, las consecuencias de la anterior falta de cooperación con las investigaciones aún persisten.
En octubre, el Congreso hondureño aprobó un aumento del presupuesto de la Fiscalía Especial únicamente para 2011.
Independencia judicial
Inmediatamente después del golpe de 2009, la Corte Suprema determinó que el reemplazo de Zelaya constituía una "sucesión constitucional" legítima. La Corte no resolvió oportunamente las apelaciones que cuestionaban la constitucionalidad de medidas del gobierno de facto que violaban derechos básicos. Esperó a que el gobierno de facto revocara las medidas y recién entonces determinó que las apelaciones no procederían, justamente porque las medidas habían sido revocadas.
La Corte Suprema tiene plenas facultades para nombrar y destituir jueces, y ha utilizado este poder para impulsar una agenda política partidista que ha deteriorado seriamente la reputación del poder judicial. La Corte Suprema puede despedir a jueces sobre la base de definiciones vagas de faltas, que incluyen ejercer "directa o indirectamente, actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma atenten contra su dignidad". No existe disposición alguna que permita apelar las destituciones ante un órgano independiente.
En mayo de 2010, la Corte destituyó a cuatro jueces que se opusieron al golpe de estado. Uno de los jueces había presentado un recurso judicial en favor de Zelaya, otros dos habían participado en manifestaciones en contra del golpe y otro señaló durante una conferencia académica que se había producido un golpe de estado. Si bien la Corte Suprema invocó como argumento para la destitución que los jueces no podían involucrarse en política, aplicó claramente un doble estándar, dado que no impuso sanción alguna a los jueces que se manifestaron a favor del golpe.
Ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos
Durante 2010 se produjeron una serie de ataques y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. En febrero, por ejemplo, el opositor Julio Benítez, quien había recibido numerosas amenazas telefónicas en las cuales se le advertía que dejara de participar en grupos de oposición, fue alcanzado por disparos efectuados desde una motocicleta mientras se dirigía a su vivienda. Falleció en el hospital poco tiempo después. En marzo, Nahúm Palacios, director de Canal 5 de televisión de Aguán, murió inmediatamente después de que un grupo de hombres armados disparara contra el vehículo que conducía. Palacios había tratado en su programación varios temas con implicancias políticas, como manifestaciones contra el golpe de estado, corrupción, narcotráfico y conflictos agrarios.
En abril, el Padre Ismael Moreno, sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos, recibió un mensaje de texto en el cual se amenazaba con asesinar a familiares de una opositora al golpe que había sido anteriormente violada por un grupo de policías. El Padre Moreno había ayudado a esta mujer y a su familia en su intento por abandonar Honduras. En junio, el activista político Eliodoro Cáceres Benítez recibió tres amenazas de muerte telefónicas, en las cuales se anunciaba que él y su familia serían asesinados por miembros del crimen organizado. Su hijo desapareció pocos días después, y a la fecha de este informe se desconoce su paradero.
El 15 de septiembre, las oficinas de Radio Uno, un medio que había expresado su oposición al golpe de estado, fueron atacadas por miembros de la policía y militares, quienes lanzaron gases lacrimógenos contra el edificio y las personas que allí se encontraban, rompieron cristales, dañaron diversos equipos e hirieron gravemente a una persona.
Violencia contra personas transgénero
Los ataques dirigidos específicamente a personas transgénero son comunes en Honduras. Al menos 19 personas transgénero han sido asesinadas en lugares públicos desde 2004, y muchas más han sufrido golpizas o han sido apuñaladas o heridas con armas de fuego.
Son pocas las instancias en que, luego de estos ataques, se impulsan investigaciones rigurosas, y muchos menos los casos en que se aplica alguna condena. En septiembre de 2010, en un cambio positivo, un tribunal aplicó una pena de 10 a 13 años de prisión a un policía acusado de asestar 17 puñaladas a una trabajadora sexual mientras se encontraba fuera de servicio. Es la primera vez desde 2003 que un policía recibe una condena por un delito contra una persona transgénero.
Actores internacionales clave
Diversos aliados y vecinos influyentes, al igual que instituciones multilaterales -como la Unión Europea, gobiernos latinoamericanos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asamblea General de Naciones Unidas- repudiaron inmediatamente el golpe de estado que depuso a Zelaya. Estados Unidos también criticó el golpe, pero esperó varias semanas antes de imponer sanciones (como la cancelación de visas de algunos funcionarios clave) que presionaran al gobierno de facto para restablecer a Zelaya en el poder. Si bien la mayoría de los gobiernos levantaron las medidas y las sanciones después de que asumió Lobo, Honduras aún continúa suspendido como miembro de la OEA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol clave en Honduras desde el golpe de estado, y ha elaborado informes exhaustivos donde se documentan abusos como asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas.
La ONU también ha intentado promover los derechos humanos en el país. En agosto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos designó un representante en Honduras. En septiembre, el gobierno de Lobo pidió que se conformara una comisión de la ONU contra la impunidad en Honduras, que aún no ha sido creada. En noviembre, varios países expresaron su preocupación ante la situación de los derechos humanos en Honduras durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.