La impunidad por las violaciones de derechos humanos aún representa un problema serio en Bolivia. Todavía no se ha esclarecido cuál fue el destino de la gran cantidad de personas que desaparecieron antes del restablecimiento de la democracia en 1982, y la mayoría de los responsables de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales no han sido llevados ante la justicia. En 2010, funcionarios del gobierno del Presidente Evo Morales expresaron su apoyo al Ejército cuando este incumplió órdenes judiciales de que permitiera el acceso a información. Durante el mismo año, la Asamblea Legislativa boliviana sancionó leyes contra la corrupción que no respetan plenamente las garantías de juicio justo y debido proceso.
Debido proceso e independencia judicial
En 2010, se sancionaron leyes destinadas a fortalecer la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y los actos de corrupción de funcionarios del gobierno. Algunas disposiciones de estas leyes contravienen estándares internacionales de debido proceso y juicio justo, como la prohibición de retroactividad de la ley penal y el derecho a estar presente durante el juicio.
En marzo de 2010 se sancionó una ley contra la corrupción que contempla nuevos delitos y penas más severas. Permite juzgar a personas por actos y conductas que anteriormente no estaban penalizados, y esto supone una violación del principio de derecho internacional que prohíbe la retroactividad de las normas penales. La ley contra la corrupción también permite juzgar a ex jefes de estado en rebeldía, una disposición que resulta incompatible con el derecho a estar presente durante el juicio a fin de poder ejercer una defensa adecuada.
En febrero de 2010, en respuesta a la crisis provocada por la incapacidad del poder legislativo de ponerse de acuerdo sobre la designación de jueces, el Presidente Morales obtuvo aprobación legislativa para nombrar a cinco jueces interinos en la Corte Suprema de Justicia y varios magistrados interinos en el Tribunal Constitucional, en un proceso que careció de las garantías habituales para la selección de jueces. Estos jueces serían reemplazados por otros permanentes que se elegirán mediante sufragio universal en diciembre de 2010.
Juicios por los abusos del pasado
En 2010, se reabrieron investigaciones fiscales de abusos graves cometidos durante gobiernos anteriores, en especial en los períodos de dictadura militar de Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981). Estas iniciativas debieron enfrentar la resistencia de las fuerzas armadas bolivianas. En vez de garantizar la plena cooperación militar con estas investigaciones, el gobierno respaldó a las fuerzas armadas en los conflictos con jueces y fiscales.
En febrero de 2010, un juez de instrucción ordenó al Ejército entregar cualquier información que ayudara a esclarecer las desapariciones ocurridas en 1980. El ministro de defensa aseguró que se garantizaría el acceso a esa información. No obstante, cuando el fiscal Milton Mendoza visitó los cuarteles del Ejército para consultar los archivos, se le denegó el acceso con el argumento de que el Ejército primero debía poner en orden los documentos. Una semana después, se permitió a otro fiscal ingresar en el edificio, pero sólo pudo consultar el contenido de un archivador y no pudo retirar documentos ni efectuar copias. Las fuerzas armadas finalmente entregaron un registro fotocopiado del personal que se encontraba en servicio en 1980. En abril de 2010, la Corte Suprema dictó una nueva resolución por la cual ordenó la desclasificación de los archivos correspondientes al primer año de la dictadura de García Meza. No obstante, al momento de la redacción de este informe, el Ejército mantenía su actitud de desafío frente al orden legal y no había proporcionado ninguna información que permitiera conocer cuál fue el destino de los desaparecidos. Mendoza fue acusado de extralimitarse en sus funciones por el Vicepresidente Álvaro García Linera y fue apartado del caso.
En octubre de 2010, la Corte Suprema confirmó la condena de 11 ex policías y militares por su rol en el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tres de ellos fueron condenados en rebeldía a 30 años de prisión por los delitos de terrorismo y homicidio, mientras que los demás recibieron penas más breves por encubrimiento. Aún no se han encontrado los restos de Quiroga.
En noviembre de 2008, el gobierno de Bolivia pidió la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros para que pudieran ser juzgados por su responsabilidad en el asesinato de, al menos, 60 personas durante las protestas contra el gobierno que se produjeron en septiembre y octubre de 2003, cuando el Ejército recurrió a la fuerza letal para sofocar las violentas protestas en la ciudad andina de El Alto. En noviembre de 2010, aún no había recibido ninguna respuesta del gobierno de Estados Unidos.
Sánchez de Lozada presentó su dimisión y escapó a los Estados Unidos después de los sucesos, que se conocieron en Bolivia como "octubre negro". Los tres hombres, junto con otros ministros que recibieron asilo en Perú, han sido declarados prófugos de la justicia. En agosto de 2010, el fiscal presentó cargos contra tres militares de alto rango, entre ellos un ex comandante en jefe de las fuerzas armadas, por destrucción de diversos documentos militares, incluido un registro que, según se cree, habría contenido detalles sobre los sucesos y el personal involucrado.
Jurisdicción militar
La decisión de los tribunales militares de Bolivia de ejercer su jurisdicción en casos de violaciones de derechos humanos ha sido un obstáculo importante desde hace varios años. Son varios los casos en que el Ejército ha impedido que miembros de las fuerzas armadas declaren ante tribunales de la jurisdicción penal ordinaria y ha insistido en que las causas sean juzgadas por tribunales militares. Estos procesos terminan invariablemente en absoluciones. Sin embargo, en un importante precedente de septiembre de 2010, el comandante en jefe del Ejército, a pedido del Presidente Morales, ordenó a cuatro oficiales acusados de haber sometido a un conscripto a prácticas de tortura con agua durante septiembre de 2009 a comparecer ante un tribunal ordinario.
Violencia política e impunidad
El problema de la impunidad continuó durante 2010. Las investigaciones sobre las muertes y lesiones que se produjeron durante las violentas protestas que tuvieron lugar en 2008 y 2009 vinculadas con la nueva constitución de Bolivia y los reclamos de autonomía de cinco departamentos regionales no fueron efectivas y sufrieron largas demoras.
En junio de 2010, después de extensas demoras debido a conflictos de jurisdicción, un tribunal de La Paz dio inicio a un proceso contra 26 personas acusadas de haber asesinado a, al menos, 9 partidarios de Morales en Porvenir, departamento de Pando, en septiembre de 2008. Entre los acusados se encontraba el ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, procesado en octubre de 2009 por los delitos de terrorismo, homicidio y asociación delictuosa. En septiembre de 2010 aún permanecía en prisión preventiva.
La Fiscalía General del Estado tampoco impulsó durante 2010 una investigación exhaustiva e imparcial de las circunstancias en que tres ciudadanos europeos fueron asesinados con armas de fuego cuando una unidad de policía de elite ingresó por la fuerza a las habitaciones de un hotel de Santa Cruz donde estaban alojados. El fiscal acusó a los hombres de ser mercenarios, afirmó que formaban parte de una conspiración para asesinar al Presidente Morales y nombró a opositores que supuestamente los habrían contratado. No obstante, las pruebas presentadas para respaldar la versión oficial de que los tres hombres fueron asesinados durante un enfrentamiento armado recibieron fuertes cuestionamientos. El gobierno rechazó los pedidos de diversos gobiernos europeos de que se llevara a cabo una investigación independiente.
Libertad de los medios de comunicación
En Bolivia existe un dinámico debate público, con un amplio espectro de medios de comunicación tanto de línea crítica como oficialista. Sin embargo, en un entorno político que continúa estando polarizado, el Presidente Morales en ocasiones critica violentamente a la prensa y acusa a periodistas de distorcionar los hechos y de intentar desacreditarlo. En enero de 2010, advirtió a los periodistas que impondría normas a los medios "para que no mientan". No obstante, a la fecha de este documento, el gobierno no ha presentado ningún proyecto de ley sobre medios.
Según una ley contra el racismo y otras formas de discriminación racial sancionada en octubre de 2010, los medios de comunicación que "autorizare[n] y publicare[n] ideas racistas y discriminatorias" serán pasibles de sanciones económicas y de la suspensión de su licencia de funcionamiento. Diversos medios alzaron su voz en contra de estas disposiciones y afirmaron que, debido a que eran excesivamente amplias, podían ser usadas contra los medios que criticaran al gobierno.
Defensores de derechos humanos
En agosto de 2010, la vivienda y la oficina de Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, abogados de los padres de dos estudiantes que fueron asesinados cuando la policia intentó dispersar una protesta llevada a cabo en mayo en Caranavi, departamento de La Paz, fueron allanadas por efectivos de policía, quienes sustrajeron sus computadoras. Quiroz, voluntario de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, habría acusado a la policía de uso excesivo de la fuerza. Quiroz fue acusado sucesivamente por funcionarios gubernamentales de participar en una serie de delitos como narcotráfico, irregularidades inmigratorias, actuar como "infiltrado" de la embajada estadounidense en las protestas de Caranavi y trata de personas con fines de prostitución. No obstante, no se presentaron pruebas ni cargos, y esto despertaba el interrogante de si el gobierno intentó desacreditar a Quiroz a causa de sus acusaciones contra la policía.
Orientación sexual e identidad de género
La nueva constitución prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. La ley contra el racismo que está siendo tratada en el Congreso establece una pena de hasta cinco años de prisión para quienes discriminen en función de la orientación sexual o la identidad de género, y una pena incluso más severa de hasta siete años y medio cuando se trate de funcionarios públicos.
Actores internacionales clave
En octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Bolivia era responsable de múltiples violaciones de derechos humanos relativas a la desaparición forzada del estudiante Rainer Ibsen Cárdenas y su padre, José Luis Ibsen Peña, durante la dictadura militar de Hugo Banzer a principios de la década de 1970.