En Guatemala, las débiles y corruptas instituciones de justicia y fuerza pública han demostrado ser incapaces de contener a los poderosos grupos de delincuencia organizada y las bandas delictivas que contribuyen a que el país presente uno de los índices de delitos violentos más altos de América. Se señala a grupos armados ilícitos, que aparentemente se habrían conformado a partir de las fuerzas de lucha contra la insurgencia que operaban durante la guerra civil que culminó en 1996, como responsables de los ataques dirigidos contra actores de la sociedad civil y funcionarios de justicia. A más de una década del fin del conflicto, la impunidad por las violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma. La violencia y la intimidación continuas amenazan con revertir los limitados avances logrados en la rendición de cuentas.

Seguridad pública, conducta policial y sistema de justicia penal

Los grupos armados clandestinos y las bandas delictivas han tenido una fuerte incidencia en la violencia y la intimidación, ya que utilizan estos métodos para impulsar objetivos políticos e intereses económicos ilícitos, como el narcotráfico.

Algunas poderosas pandillas de jóvenes que cuentan con una organización eficiente, como la "Mara Salvatrucha" y "Barrio 18", también han contribuido a la intensificación de la violencia en Guatemala. Las pandillas utilizan la violencia letal contra quienes disputan su control, incluyendo otras bandas rivales y ex miembros, las personas que colaboran con la policía y quienes se niegan a pagar ante sus prácticas extorsivas. Se cree que estas pandillas son responsables de los asesinatos generalizados de conductores de autobuses que son objeto de extorsión. Según datos de la Policía Nacional, 57 conductores y 30 ayudantes fueron asesinados durante los primeros siete meses de 2010.

La policía utiliza medidas represivas para contrarrestar la actividad de las pandillas, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos y varias ONG han comprobado que la policía participa en prácticas de "limpieza social", es decir, ejecuciones perpetradas con el fin de eliminar a presuntos integrantes de pandillas y delincuentes. A su vez, es habitual que no se investiguen los abusos cometidos por policías.

El sistema de justicia de Guatemala ha demostrado ser incapaz de combatir la violencia y contener a estas mafias y pandillas delictivas. Según datos oficiales, durante 2009 la impunidad de los delitos violentos fue del 99,75 por ciento. La deficiencia y corrupción que caracterizan a las policías, los fiscales, y el sistema judicial, sumadas a la ausencia de un programa adecuado de protección de testigos, contribuyen a que Guatemala presente niveles alarmantes de casos que quedan impunes. Asimismo, las agresiones y los actos de intimidación contra miembros del sistema de justicia son sistemáticos.

Justicia por abusos del pasado

Guatemala continúa sufriendo los efectos de una guerra civil que se extendió durante 36 años. Según estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) auspiciada por las Naciones Unidas, nada menos que 200.000 personas murieron durante el conflicto. La CEH atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas a las fuerzas de seguridad del estado y concluyó que el Ejército había cometido "actos de genocidio". Sólo unos cuantos de los responsables por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra civil han sido juzgados. De las 626 masacres documentadas por la Comisión, sólo tres casos han sido juzgados con éxito en los tribunales de Guatemala.

La primera condena obtenida en Guatemala por el delito de desaparición forzada fue dictada en agosto de 2009, cuando un ex paramilitar recibió una pena de 150 años de prisión por su participación en la desaparición de personas entre 1982 y 1984. El veredicto fue posible gracias a la emblemática decisión de la Corte de Constitucionalidad emitida en julio de 2009, que estableció el carácter permanente del delito de desaparición forzada, el cual no está sujeto a prescripción mientras se desconozca el paradero de las víctimas.

El descubrimiento en julio de 2005 de cerca de 80 millones de documentos pertenecientes a la ahora disuelta Policía Nacional, entre ellos varios archivos sobre ciudadanos guatemaltecos asesinados o desaparecidos durante el conflicto, podría ser clave para el juzgamiento de quienes cometieron violaciones de derechos humanos en el pasado. Los documentos del archivo permitieron la detención, en marzo de 2009, de dos ex agentes de la Policía Nacional por su presunta participación en la desaparición del líder estudiantil y activista Edgar Fernando García en 1984.

En septiembre de 2008, el Congreso sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual dispone que "en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad". En marzo de 2009, el Presidente Álvaro Colom creó la Comisión Presidencial de Desclasificación de Archivos Militares, a cargo de ordenar y desclasificar documentación militar correspondiente al período 1954-1996.

Defensores de derechos humanos y periodistas

Las agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen sustancialmente el trabajo sobre derechos humanos en todo el país. Algunos periodistas, en particular aquellos que investigan hechos de corrupción, narcotráfico y la justicia por los abusos cometidos durante la guerra civil, también reciben amenazas y agresiones. Rolando Santiz, periodista del canal nacional de televisión Telecentro 13, fue asesinado a balazos el 1 de abril en la Ciudad de Guatemala. Antonio de León, camarógrafo del canal, sufrió lesiones durante el ataque.

Derechos laborales y trabajo infantil

La libertad sindical, el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva se ven amenazados por la creciente violencia contra sindicalistas, que incluye ataques contra delegaciones sindicales, amenazas, hostigamiento y asesinatos. Según datos de la Confederación Sindical Internacional, 16 sindicalistas fueron asesinados durante 2009, lo cual representa la segunda cifra más alta de toda América. Varios sindicalistas habrían sido asesinados durante los primeros ocho meses de 2010.

Los trabajadores que exigen el reconocimiento de sus derechos en causas laborales deben recurrir a los tribunales del trabajo, cuya labor se ve obstaculizada por medidas legales dilatorias, el volumen de trabajo acumulado y la incapacidad de hacer cumplir las sentencias. Según un informe de 2009 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, solamente 2 de las 216 empresas que operan en zonas francas de exportación (donde se encuentran los establecimientos de procesamiento de exportaciones denominados "maquilas") habían reconocido sindicatos, y ninguna contaba con un convenio colectivo de trabajo.

Guatemala presenta uno de los índices más altos de trabajo infantil de toda América. La Organización Internacional del Trabajo informó en 2008 que el 16,1 por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 14 años son obligados a trabajar, muchos en condiciones inseguras. Algunos de estos niños trabajan en sectores como construcción y minería o son objeto de explotación sexual.

Violencia sexual y de género

La violencia contra las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y la gran mayoría de quienes cometen estos actos nunca son juzgados. Pese a las iniciativas legislativas para abordar este tema, en casos de delitos contra mujeres la impunidad ha sido generalizada.

De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las investigaciones de delitos que afectan a mujeres, incluidas las mujeres transgénero, suelen ser inadecuadas y se ven obstaculizadas por la policía de investigación, cuya conducta se caracteriza por la discriminación de género.

Derechos reproductivos

En una medida positiva, en septiembre de 2010 el Congreso de Guatemala sancionó una ley que garantiza la atención de salud prenatal y maternal. La ley también dispone la asignación de fondos públicos para la distribución de anticonceptivos en el sistema de salud pública.

Actores internacionales clave

En septiembre de 2007, el Secretario General de la ONU designó al ex fiscal y juez español Carlos Castresana a cargo de la recientemente creada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El mandato de la comisión incluye trabajar con la Procuraduría General de la Nación, la policía y otros organismos gubernamentales en la investigación, el juzgamiento y la desarticulación de las organizaciones delictivas que operan en Guatemala. La CICIG puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas. Hasta septiembre de 2010, la Comisión había iniciado 56 investigaciones y participaba en 11 querellas. A partir de una investigación de la CICIG, en marzo de 2010 fueron detenidos Baltazar Gómez, director de la policía nacional de Guatemala, y Nelly Bonilla, jefa de la unidad antinarcóticos, acusados de narcotráfico y obstrucción de la justicia, así como de participar en un enfrentamiento armado en el cual murieron cinco miembros de la policía antinarcóticos. La CICIG también ayudó a mejorar el programa de protección de testigos y permitió excluir a 1.700 miembros de la Policía Nacional Civil.

El mandato de la CICIG, que inicialmente debía culminar en 2009, fue extendido otros dos años por el Congreso, hasta fines de 2011. No obstante, el 7 de junio de 2010, Castresana renunció en forma abrupta y acusó a varios funcionarios gubernamentales de alto rango, incluido el entonces fiscal general, de falta de cooperación. Posteriormente, la ONU designó a Francisco Dall'Anese, ex fiscal general de Costa Rica, como nuevo titular de la CICIG.

En octubre de 2010, la policía española detuvo en Madrid a Carlos Vielmann, ex ministro de gobernación de Guatemala. Vielmann presuntamente habría participado en la ejecución extrajudicial de siete detenidos en 2006. La CICIG había pedido su captura algunos meses antes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en Guatemala desde 2005, la cual lleva a cabo una labor de observación y asistencia técnica vinculada con las prácticas de derechos humanos en el país.

En junio de 2010, James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, realizó una visita a Guatemala para investigar presuntas violaciones de derechos humanos que afectarían a la población indígena del país. Anaya concluyó que el derecho a la consulta previa, según el cual los pueblos indígenas deben ser consultados respecto de cualquier emprendimiento comercial que se lleve a cabo en su territorio, no goza de protección adecuada.

En julio de 2010, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos anunció que presentaría una demanda contra Guatemala en el marco del Tratado de Libre Comercio Centro América-República Dominicana-Estados Unidos (CAFTA-DR) por presunto incumplimiento de sus obligaciones sobre derechos laborales.