El devastador terremoto que se produjo cerca de la capital de Haití, Puerto Príncipe, el 12 de enero de 2010, dejó un saldo aproximado de 222.750 muertos, 300.000 heridos, incluidos entre 4.000 y 5.000 amputados, y casi 1,6 millones de personas desplazadas y sin vivienda. En total, el terremoto afectó a 3 millones de personas. Se estima que los daños materiales ascienden a cerca del 120 por ciento del PIB anual del país. De 29 edificios de ministerios gubernamentales, 28 resultaron dañados o destruidos, al igual que 300.000 viviendas. Las apreciaciones de diversas ONG, medios de comunicación y el Banco Mundial indican que el gobierno de Haití habría perdido entre el 20 y el 40 por ciento de sus empleados públicos.
A diez meses del terremoto, aproximadamente 1,3 millones de personas aún viven en cerca de 1.300 asentamientos o campamentos informales, donde los residentes están expuestos a inundaciones, enfermedades y violencia. El gobierno y varios actores humanitarios previeron que la epidemia de cólera, que se inició a fines de octubre, se extendería a los campamentos a fines de 2010. Muchos de estos campamentos se formaron espontáneamente en terrenos privados, y la posibilidad de que gran parte de los desplazados internos puedan ser desalojados es cada vez mayor. Las Naciones Unidas informan que en el 29 por ciento de los campamentos que se cerraron, la medida se debió a desalojos forzados o negociados.
La situación después del terremoto ha exacerbado los problemas crónicos de derechos humanos en Haití, que incluyen violencia contra mujeres y niñas, condiciones carcelarias inhumanas y vulnerabilidad de menores. La mayoría de los presos que escaparon de prisión durante el terremoto continúan prófugos. Desde el desastre, la ya limitada capacidad del estado se ha visto aún más reducida y esto atenta gravemente contra la posibilidad de proteger derechos humanos fundamentales.
Seguridad pública y sistema de justicia
Durante años, Haití ha sufrido altos índices de crímenes violentos. La inoperancia y el abuso policial, así como la falta de personal, equipos y capacitación adecuada, ya existían antes del terremoto y contribuyeron a la inseguridad general que reina en Haití. El terremoto ha debilitado aún más la capacidad de la Policía Nacional de Haití (PNH): 75 de sus miembros habrían muerto, 70 se encuentran desaparecidos y 253 resultaron heridos durante el sismo.
El sistema de justicia de Haití, que desde hace años está marcado por politización, corrupción, escasez de recursos y falta de transparencia, también sufrió importantes pérdidas a causa del sismo. Al menos 10 miembros del poder judicial murieron durante el terremoto, y las sedes del Ministerio de Justicia y el Palacio de Justicia fueron destruidas, junto con numerosos documentos judiciales. La ONU informó que en septiembre la Corte Suprema de Haití todavía no había vuelto a sesionar.
En los últimos años, los secuestros se convirtieron en una grave amenaza para la seguridad. Según la ONU, el índice de secuestros aumentó un 33 por ciento durante los primeros ocho meses del año, respecto del mismo período en 2009.
Violencia de género
Si bien los índices de violencia sexual ya eran altos antes del terremoto, las precarias condiciones de seguridad en los campamentos informales han dejado a mujeres y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de abusos. No es fácil conseguir datos precisos sobre violencia sexual en los campamentos. La PNH informó que 534 de los arrestos efectuados (el 24 por ciento del total) entre febrero y abril de 2010 estaban relacionados con violencia sexual. En otros informes, funcionarios de la PNH indican que entre enero y marzo de 2010 se denunciaron 20 violaciones en Puerto Príncipe. Esta falta de coherencia en los datos refleja la ausencia de una respuesta gubernamental coordinada a la violencia sexual en los campamentos. El 13 de septiembre de 2010, la ONU lanzó una campaña contra las violaciones y la violencia de género en Haití.
Condiciones de detención
El sistema carcelario de Haití presentaba graves condiciones de hacinamiento crónico al momento del terremoto. La cárcel más grande de Haití, la Penitenciaría Civil de Puerto Príncipe, albergaba a más de 5.400 presos. Todos escaparon luego del sismo. Ocho meses después, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y la PNH habían logrado recapturar a 629 presos. Los demás continúan prófugos.
Antes del terremoto, las personas que se encontraban en prisión preventiva representaban casi el 80 por ciento del total de la población carcelaria en Haití. Según informó la ONU, la pérdida de los expedientes y registros judiciales extenderá el período de prisión preventiva o la detención arbitraria de personas que nunca fueron acusadas formalmente. Los daños sufridos por los establecimientos penitenciarios a causa del terremoto redujeron la cantidad de celdas disponibles y agravaron aún más las nefastas condiciones existentes.
El 26 de julio de 2010, el gobierno de Haití, con ayuda de la ONU, creó una comisión de investigación independiente para analizar la violenta respuesta de la PNH durante el motín que se produjo en la cárcel de Les Cayes pocos días después del terremoto. El Gobierno de Haití pidió que interviniera la comisión luego de que el New York Times publicara un informe exhaustivo en el cual se afirmaba que el 19 de enero de 2010, personal de la ONU y de la PNH rodeó la prisión para impedir que se produjera una revuelta masiva. El conflicto se originó cuando 400 detenidos se amotinaron para protestar por el deterioro de las condiciones con posterioridad al sismo, lo cual motivó que miembros de la PNH irrumpieran en la prisión. Si bien los detalles de los acontecimientos no fueron confirmados por otras fuentes independientes, Times calcula que entre 12 y 19 internos perdieron la vida y casi 40 resultaron heridos. Al momento de la redacción de este documento, la comisión no había completado su informe.
Acceso a educación y trabajo infantil
Con anterioridad al terremoto, tan sólo cerca de la mitad de los niños en edad escolar asistían a la escuela en Haití. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que el terremoto dañó o destruyó cerca de 4.000 escuelas, y que 2,5 millones de niños vieron interrumpida su educación. Las escuelas reanudaron sus actividades varios meses después; sin embargo, muchas observaron una drástica caída en la matrícula.
En 2009, la Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud estimó que en Haití existían entre 150.000 y 500.000 niños empleados en el servicio doméstico, llamados "restaveks". El término restavek hace referencia a menores, en su mayoría niñas (el 80 por ciento), de hogares de bajos ingresos que son enviados a convivir con otras familias con la esperanza de que reciban cuidados, a cambio de cumplir tareas domésticas menores. En general, estos niños no reciben un estipendio ni tienen acceso a educación, y suelen ser objeto de abuso físico y sexual. La ONU y las organizaciones de la sociedad civil han advertido que los menores sin compañía o huérfanos, que se multiplicaron luego del terremoto, están expuestos a esta modalidad de trabajo forzado.
Algunos grupos también expresaron su preocupación ante procedimientos inadecuados de adopción internacional, que resultan violatorios de las normas internas e internacionales.
Defensores de derechos humanos
La comunidad de derechos humanos perdió a tres destacadas activistas de derechos de las mujeres a causa del sismo: Myriam Merlet de Enfofamn, Magalie Marcelin de Kay Fanm y Anne Marie Coriolan de Solidarite Fanm Ayisen (SOFA).
Con frecuencia, los defensores de derechos humanos de Haití han sido víctimas de amenazas y agresiones. El Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (Institute for Justice and Democracy in Haiti, IJDH) señala que las pandillas delictivas han amenazado a activistas dedicadas a derechos de las mujeres que viven o trabajan en temas de violencia de género en los campamentos de desplazados internos. A causa de estas amenazas, algunas activistas han debido trasladarse.
Actores internacionales clave
La MINUSTAH, que ha estado presente en Haití desde 2004, ha tenido un rol destacado en el aumento de la estabilidad y la protección de los derechos humanos en el país. Sin embargo, sufrió graves pérdidas como resultado del terremoto: el jefe de la misión y 96 colaboradores murieron durante el sismo. Se trata de la mayor pérdida de vidas para la ONU durante un único incidente. Desde entonces, la ONU ha reforzado la capacidad de la MINUSTAH y ha extendido su mandato hasta el 15 de octubre de 2011. La ONU ha desplegado en Haití 8.548 soldados y 3.063 policías.
En abril de 2010, el parlamento prorrogó el estado de emergencia por 18 meses, concedió mayor discrecionalidad al poder ejecutivo y creó la Comisión Interina para la Recuperación de Haití (Interim Haiti Recovery Commission, IHRC). El Presidente René Prèval dictó posteriormente un decreto por el cual otorgaba a la IHRC las facultades necesarias. El organismo está co-presidido por el Primer Ministro Max Bellerive y el ex Presidente estadounidense Bill Clinton, mientras que la junta directiva está integrada por representantes de Haití y de países donantes. La función de la IHRC consiste en supervisar fondos para la reconstrucción por miles de millones de dólares y llevar a cabo la planificación estratégica y la coordinación entre donantes multilaterales y bilaterales, ONG y el sector privado. Clinton continúa siendo el enviado especial de la ONU para Haití, y Paul Farmer es enviado especial adjunto.