Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político. Durante 2010, el gobierno continuó imponiendo el consenso político a través de procesos penales, golpizas, persecución, denegación de empleo y restricciones de viaje.
Desde que su hermano Fidel Castro le transfirió el control del gobierno en 2006, Raúl Castro ha mantenido plenamente activas las estructuras jurídicas e institucionales represivas de Cuba. Si bien la ley cubana incluye declaraciones amplias que reconocen los derechos fundamentales, también concede a los funcionarios una extraordinaria discreción para penalizar a las personas que intentan ejercerlos.
Luego de la muerte de un preso político durante una huelga de hambre en febrero de 2010, a la cual posteriormente se plegó un destacado disidente cubano, Cuba ha liberado a más de 40 presos políticos, que en su mayoría fueron obligados a exiliarse. Son muchos los periodistas, defensores de derechos humanos y disidentes que permanecen en prisión, y el gobierno también recurre a detenciones breves y arbitrarias para castigar a sus críticos.
Presos políticos, detenciones arbitrarias y "peligrosidad"
Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno son objeto de acusaciones penales e imputaciones "predelictivas". Son excluidos de las garantías de debido proceso, como el derecho de defensa, y se les niegan importantes garantías judiciales debido a que los tribunales están "subordinados" al poder ejecutivo y legislativo.
En febrero de 2010, el preso político Orlando Zapata Tamayo falleció luego de una huelga de hambre de 85 días. Zapata -quien había sido encarcelado durante un operativo masivo llevado a cabo en 2003 contra 75 defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes- comenzó la huelga de hambre en protesta ante las condiciones inhumanas de su detención y para exigir tratamiento médico. Luego de la muerte de Zapata, el disidente Guillermo Fariñas inició una huelga de hambre para exigir la atención médica de presos políticos que padecían graves problemas de salud. Fariñas puso fin a su huelga de hambre de 135 días en julio, cuando la iglesia católica anunció que había llegado a un acuerdo con el gobierno cubano para liberar a los 52 presos políticos detenidos durante la ola represiva de 2003 y que aún estaban privados de su libertad. A mediados de noviembre, 39 de los 52 presos habían sido liberados con la condición de que aceptaran el exilio forzado en España, y continuaban en prisión otros 12 presos que se rehusaban a abandonar Cuba. A uno de ellos se le había concedido la libertad condicional y se le permitió permanecer en la isla.
Son muchos los presos políticos que aún se encuentran en las cárceles cubanas. En octubre de 2010, las Damas de Blanco -una respetada organización de derechos humanos integrada por esposas, madres e hijas de presos políticos- publicó una lista de 113 presos que habrían sido encarcelados por razones políticas. Según las Damas, es posible que haya muchos más presos cuyos casos no han podido documentar debido a que el gobierno cubano no permite que monitores internacionales ni grupos nacionales ingresen en las cárceles.
El gobierno continuó aplicando detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional documentó 325 detenciones arbitrarias efectuadas por fuerzas de seguridad durante 2007, y registró más de 1.220 entre enero y septiembre de 2010. Las detenciones se emplean con frecuencia para impedir que las personas participen en encuentros o eventos que se consideran críticos del gobierno. Los agentes de seguridad a menudo no invocan cargo alguno que justifique las detenciones -lo cual supone una clara violación de los derechos de debido proceso- y advierten a los detenidos sobre la posibilidad de aplicar arrestos más prolongados si continúan participando en actividades que se consideran críticas del gobierno. Por ejemplo, entre el 23 y el 25 de febrero, más de 100 personas en distintos puntos del país fueron detenidas arbitrariamente o sometidas a arresto domiciliario para impedir que participaran en el funeral de Orlando Zapata Tamayo.
El gobierno de Raúl Castro se ha amparado progresivamente en una disposición sobre "estado peligroso" del Código Penal de Cuba que permite al estado encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Una gran cantidad de personas han recibido penas de uno a cuatro años de prisión por su participación en actividades "peligrosas", como entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizar manifestaciones pacíficas, escribir artículos informativos de contenido crítico e intentar organizar sindicatos independientes.
Libertad de expresión
El gobierno mantiene el monopolio de los medios de comunicación en la isla, y se asegura de este modo que la libertad de expresión sea prácticamente inexistente. A pesar de que unos pocos periodistas independientes logran escribir artículos para páginas Web extranjeras o mantienen blogs independientes, se ven obligados a publicar su trabajo por medios clandestinos, es decir, escriben desde computadoras en su hogar, guardan la información en dispositivos de memoria extraíbles y actualizan los artículos a través de conexiones ilegales de internet. Otros dictan los artículos que escriben a contactos en el exterior. Los riesgos asociados con estas actividades son importantes. Por ejemplo, Luis Felipe Rojas, autor de un blog de Holguín, ha sido detenido en forma arbitraria, interrogado y amenazado por las autoridades a causa de su trabajo en varias oportunidades. En mayo de 2010, su vivienda permaneció rodeada por soldados y policías durante seis días. Fue detenido en septiembre junto con otros cinco defensores de derechos humanos mientras se trasladaba para asistir a un mitin a favor de la democracia, y una vez más en octubre.
El gobierno controla todos los medios de comunicación de Cuba y el acceso a información proveniente del extranjero es sumamente restringido. Tan sólo una fracción ínfima de la población cubana tiene la posibilidad de leer artículos y blogs independientes debido al limitado acceso a Internet y su elevado costo. El valor de una hora de internet equivale a un tercio del salario mensual en Cuba y el servicio se encuentra disponible exclusivamente en unos pocos centros administrados por el gobierno.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el monitoreo de los derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno cubano niega estatus legal a las organizaciones locales de derechos humanos. El gobierno también emplea el hostigamiento, las golpizas y el encarcelamiento para castigar a los defensores de derechos humanos que intentan documentar los abusos. Por ejemplo, en octubre de 2010 dos miembros de las Damas de Blanco fueron detenidas mientras participaban en una marcha en La Habana con una pancarta que decía: "Abajo el racismo y vivan los derechos humanos". Fueron trasladadas hasta una estación de policía, donde permanecieron incomunicadas durante siete horas y fueron agredidas por policías, quienes las golpearon y ocasionaron a una de ellas una fractura de nariz y, a otra, la rotura de una muñeca.
Restricciones para viajar y separaciones familiares
El gobierno cubano prohíbe a sus ciudadanos tanto salir de Cuba como regresar al país sin obtener antes un permiso oficial, el cual suele ser denegado. Por ejemplo, a Yoani Sanchez, autora de un blog de renombre internacional, se le ha denegado en ocho oportunidades el derecho a salir de la isla para recibir premios y participar en conferencias durante los últimos tres años.
El temor generalizado a la separación forzosa de familiares le proporciona al gobierno cubano una poderosa herramienta para castigar a los desertores y silenciar a los críticos. El gobierno niega frecuentemente a los ciudadanos con autorización para viajar la posibilidad de llevar a sus hijos al extranjero, y de este modo mantiene a los niños como rehenes para garantizar el retorno de los padres.
El gobierno restringe la circulación de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217. Esta norma, cuyo propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital del país. La ley se aplica frecuentemente para impedir que disidentes viajen a La Habana y asistan a mítines y para perseguir a disidentes originarios de distintos puntos de Cuba que residen en la capital. Por ejemplo, en enero de 2010 las autoridades amenazaron reiteradamente con expulsar de La Habana a los defensores de derechos humanos Juan Carlos González y Tania Maceda Guerra. Fueron visitados en su vivienda por agentes de seguridad, quienes los llamaron "contrarrevolucionarios" y les advirtieron que, por aplicación del Decreto 217, serían enviados por la fuerza a su provincia de origen, Ciego de Ávila, a menos que abandonaran La Habana voluntariamente.
Condiciones carcelarias
Los presos están expuestos a condiciones de hacinamiento, falta de higiene e insalubridad, que propician la malnutrición y las enfermedades. Los presos políticos que critican al gobierno, se rehúsan a participar en la "reeducación" ideológica, emprenden huelgas de hambre o que recurren a otras formas de protesta sufren sistemáticamente la imposición de un régimen de aislamiento, golpizas, restricción de visitas y denegación de atención médica. No existe un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar denuncias, y esto permite que las autoridades penitenciarias gocen de absoluta impunidad.
Actores internacionales clave
En octubre de 2010, la Unión Europea renovó su "posición común" sobre Cuba, adoptada en 1996, que supedita la plena cooperación económica con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos. Asimismo, la UE encomendó a su máxima representante para asuntos exteriores, Catherine Ashton, que iniciara un diálogo con el gobierno de Cuba con el fin de mejorar las relaciones.
El embargo económico aplicado por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo continúa imponiendo privaciones indiscriminadas al pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre, 187 de los 192 estados miembros votaron una resolución de repudio al embargo estadounidense; solamente Estados Unidos e Israel votaron a favor. En abril de 2009, el gobierno estadounidense eliminó todas las restricciones sobre viajes y envío de remesas por parte de cubano-estadounidenses hacia Cuba. Una ley presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en febrero de 2010 restablecería el derecho a viajar a Cuba de todos los estadounidenses y eliminaría los obstáculos a la venta de productos agrícolas estadounidenses a Cuba. El proyecto de ley aún no ha sido sometido a votación.
Hasta octubre de 2010, el gobierno cubano aún no había ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- que suscribió en febrero de 2008. Cuba fue reelecta en mayo de 2009 para un segundo período de tres años como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.