La búsqueda de la justicia por los abusos pasados continúa siendo una preocupación fundamental en relación con los derechos humanos en Perú. Por primera vez en su historia, el país está juzgando actualmente a un ex presidente por violaciones graves de los derechos humanos. A pesar de que las autoridades han logrado algunos avances en el juzgamiento de autores de abusos cometidos durante los 20 años de conflicto armado interno (1980-2000), la mayoría de los responsables aún logra evadir a la justicia. Las investigaciones de masacres y desapariciones forzadas por parte de las fuerzas gubernamentales se han retrasado, en parte, por la falta de cooperación militar.
Aún persisten casos de tortura y trato cruel. Periodistas que denuncian hechos de corrupción en las ciudades provinciales de Perú han sido objeto de hostigamiento y agresiones físicas. Algunos funcionarios del gobierno han intentado tenazmente desacreditar a las organizaciones no gubernamentales que promueven la rendición de cuentas en materia de derechos humanos.
Rendición de cuentas e impunidad
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, casi 70.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado interno que sufrió el país. Muchas de ellas fueron víctimas de atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y otras de violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del estado.
El 10 de diciembre de 2007, comenzó en Lima el juicio del ex Presidente Alberto Fujimori, quien fue extraditado de Chile para ser juzgado por violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción. Fujimori está siendo juzgado por la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, Lima, en noviembre de 1991, la desaparición forzada y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992, y dos secuestros. Se enfrenta a una posible sentencia de hasta 35 años de prisión. En el 2008, los tres jueces de la Sala Penal Especial recibieron el testimonio de Fujimori y de numerosos testigos, entre ellos familiares de las víctimas, miembros del grupo Colina (un escuadrón de la muerte perteneciente al ejército responsable de los asesinatos), oficiales de alto rango de las fuerzas armadas, periodistas y especialistas en derechos humanos.
En otro juicio, el Gral. Julio Salazar Monroe, ex titular del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante el gobierno de Fujimori, fue condenado en abril de 2008 a 35 años de prisión por ordenar los asesinatos de La Cantuta.
Los esfuerzos por investigar y procesar a ex funcionarios y oficiales de las fuerzas armadas implicados en numerosos asesinatos y desapariciones desde el comienzo del conflicto armado han producido escasos resultados. La falta de cooperación de las fuerzas armadas ha obstaculizado las investigaciones de los casos de derechos humanos. El volumen excesivo de trabajo que recae sobre los fiscales, la ineficiencia y la falta de experiencia en casos de derechos humanos también contribuyen a las demoras.
Según datos publicados por la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2007, de los 192 casos monitoreados por la institución -que incluyen abusos cometidos por grupos insurgentes- sólo se habían obtenido condenas en seis de ellos, mientras que 110 aún estaban siendo investigados por los fiscales varios años después de que se iniciaran las investigaciones. En total, sólo 19 personas habían recibido penas de prisión. En agosto de 2008, la Defensora del Pueblo advirtió con preocupación el estancamiento de los procedimientos judiciales.
Un decreto dictado en julio de 2007 con el propósito de abordar el problema del crimen organizado incluye una disposición que podría frustrar el juzgamiento de abusos cometidos por la fuerza pública. El decreto exime de responsabilidad penal a los miembros de la policía o las fuerzas armadas que provoquen la muerte o lesiones a otras personas al utilizar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. La Defensora del Pueblo ha expresado su preocupación de que esta ley pueda ser invocada para paralizar los juicios de derechos humanos que se están impulsando actualmente, y ha instado a que se adopten normas que regulen el uso de la fuerza letal de acuerdo con estándares internacionales.
Tortura y tratos crueles
La tortura y tratos crueles de presuntos delincuentes continúan representando un problema en Perú. Los antecedentes de juzgamiento de agentes del estado por la comisión de abusos son insatisfactorios, y esto obstaculiza la erradicación de este tipo de prácticas. La Defensora del Pueblo investigó 139 denuncias de hechos de tortura o tratos crueles entre agosto de 2006 y septiembre de 2007. La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), una asociación no gubernamental, documentó 19 casos entre enero y septiembre de 2008.
Pese a que el delito de tortura fue incorporado al Código Penal en 1998, a fines de 2007 los tribunales habían dictado tan sólo 11 condenas. Las sentencias en casos de tortura han sido muy variadas. Si bien en 2008 la Corte Suprema incrementó las penas de prisión en un caso, otra sala de la Corte Suprema anuló una condena por hechos de tortura basándose en el equivocado argumento de que la tortura sólo existe en épocas de conflicto político.
Libertad de los medios de comunicación
Los periodistas que informan sobre abusos cometidos por funcionarios locales o regionales están expuestos a intimidación y a agresiones por quienes trabajan para autoridades en cuestión o las respaldan. Entre enero y agosto de 2008, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), un grupo no gubernamental que monitorea la libertad de prensa, emitió 20 alertas en nombre de periodistas provinciales que afirmaron haber sido agredidos físicamente, amenazados o intimidados por alcaldes, autoridades regionales o sus empleados.
Derechos reproductivos
En Perú sólo es lícito interrumpir un embarazo para salvar la vida de la madre o evitar daños graves y permanentes a su salud; sin embargo, existen importantes obstáculos para acceder a abortos legales. Human Rights Watch ha documentado el testimonio de mujeres y adolescentes a quienes, pese a reunir claramente los requisitos para obtener un aborto legal, se les negó el acceso al servicio, o quienes no pudieron acceder a este, con graves consecuencias para su salud física y mental.
Entre los principales obstáculos que impiden acceder a abortos terapéuticos en Perú se encuentran leyes y políticas vagas y restrictivas sobre aborto terapéutico, la ausencia de un protocolo nacional sobre elegibilidad y procedimientos administrativos, procedimientos ad hoc de aprobación y remisión médica para abortos legales, y la falta de rendición de cuentas por la negativa a prestar servicios médicos. Estos problemas se ven agravados por el temor de los proveedores de servicios de salud a enfrentar juicios o demandas por mala praxis, y el poco conocimiento entre las mujeres y dichos proveedores acerca de las excepciones a la penalización del aborto.
Defensores de los derechos humanos
Los partidarios del ex Presidente Fujimori en el Congreso, así como algunos altos funcionarios del gobierno, han intentado activamente desacreditar a las ONG que promueven la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. En algunos casos las ONG han sido acusadas injustificadamente de tener afinidad con grupos terroristas.
En abril de 2008, por ejemplo, el Presidente Alan García acusó a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de "traición a la patria", luego de que dos de sus principales miembros enviaran una carta al Parlamento Europeo indicando que el MRTA, uno de los grupos armados responsables de los numerosos abusos cometidos durante el conflicto armado, ya no se encontraba activo, y sosteniendo que incluirlo en la lista de actuales grupos terroristas equivaldría a asignarles una importancia exagerada. El Vicepresidente Luis Giampietri acusó al director de la APRODEH, Francisco Soberón, de "apología del terrorismo" y se refirió a este como "conspicuo agitador de masas a quien un día el Estado peruano tendrá que pasarle la cuenta".
Poco tiempo después, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), un organismo estatal que monitorea la asistencia para el desarrollo, anunció que estaba investigando las cuentas de APRODEH. En septiembre de 2008, la APCI anunció que el Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG de derechos humanos que ha trabajado activamente en Perú para lograr el la justicia por violaciones pasadas de los derechos humanos y por hechos de corrupción, también sería sometido a una fiscalización integral. Cada año, la APCI audita a un grupo de ONG al azar, pero se trató de la tercera vez que el IDL resultaba elegido en menos de dos años.
Actores internacionales clave
Las sentencias dictadas contra el Perú por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado han provocado reacciones negativas por parte del gobierno. En noviembre de 2006, la Corte dictó sentencia en un caso sobre el asesinato indiscriminado de 41 prisioneros de Sendero Luminoso en la cárcel Miguel Castro Castro en Lima, ocurrido en 1992. La Corte ordenó al gobierno pagar una compensación de alrededor de 20 millones de dólares a los familiares de los muertos y a las personas que habían sido torturadas durante el operativo. El Presidente García objetó esta medida alegando que no aceptaría pagar compensaciones a los "terroristas" y, mediante un pedido de aclaratoria presentado ante la Corte, Perú preguntó si el estado o los acreedores privados podían exigir que los "terroristas" en cuestión usaran los fondos que recibieran mediante las compensaciones ordenadas por la Corte Interamericana para a su vez pagar otras indemnizaciones ordenadas por cortes peruanas para las víctimas de Sendero Luminoso. En agosto de 2008, la Corte determinó que correspondía al estado peruano resolver esta cuestión de acuerdo con su derecho interno.
La situación de Perú fue evaluada según el mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2008. Durante la evaluación, Perú se comprometió a informar al Consejo de Derechos Humanos las medidas que adoptara para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en especial aquellas vinculadas con la compensación a las víctimas y la reforma institucional, como el juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 20 años de conflicto armado.