Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disidencia política. El gobierno continúa imponiendo el conformismo político a través de procesos penales, detenciones de corto y largo plazo, hostigamiento de personas a través de manifestaciones masivas, vigilancia, advertencias policiales y restricciones de viaje.
Desde que Fidel Castro transfirió el control directo del gobierno a su hermano Raúl Castro en agosto de 2006 -y finalmente dimitió en febrero de 2008- Cuba ha demostrado en más de una ocasión su voluntad de rever la postura de desconocimiento de los derechos humanos que mantiene desde hace mucho tiempo. En 2008, el país firmó los dos tratados fundamentales en materia de derechos humanos y conmutó la pena de muerte a varios prisioneros. Sin embargo, estas medidas no han generado cambios significativos en las políticas de Cuba. La maquinaria represiva construida durante las casi cinco décadas del régimen de Fidel Castro se mantiene intacta y continúa denegando sistemáticamente a las personas sus derechos básicos.
Deficiencias legales e institucionales
Las violaciones de derechos humanos en Cuba surgen de las estructuras legales e institucionales en el país. Aunque en teoría las diferentes ramas del gobierno tienen ámbitos de autoridad separados, en la práctica el Poder Ejecutivo ejerce un claro control sobre todos los demás poderes. Los tribunales de justicia, que carecen de independencia, socavan el derecho a un juicio justo al restringir severamente el derecho a la defensa.
El Código Penal de Cuba establece las bases legales para reprimir el disenso. Las leyes que criminalizan la propaganda enemiga, la difusión de "noticias falsas" y el ultraje a los símbolos patrios se utilizan para restringir la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la seguridad del estado. Asimismo, el gobierno encarcela u ordena la vigilancia de personas que no han cometido ningún acto ilícito, amparándose en disposiciones que penalizan el "estado peligroso" y que permiten la "advertencia oficial".
Encarcelamiento político
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), un respetado grupo local de derechos humanos, divulgó en julio de 2008 una lista de 219 prisioneros quienes, según informó, fueron encarcelados por razones políticas. La lista incluyó a 11 disidentes pacíficos que habían sido detenidos hasta ese momento durante el 2008. De 75 disidentes políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos que fueron sometidos a juicios sumarios y condenados en 2003, 55 aún permanecían presos en septiembre de 2008. Otros cuatro fueron liberados en febrero de 2008 por motivos de salud, luego de haber sido obligados a optar entre permanecer en prisión, donde se les denegaba tratamiento médico, o exiliarse a España.
Los familiares de los prisioneros políticos son a menudo hostigados e incluidos en listas negras para impedir su acceso a empleos.
Restricciones de viaje y separaciones familiares
El gobierno de Cuba prohíbe a sus ciudadanos tanto salir de Cuba como regresar al país sin obtener antes un permiso oficial, el cual suele ser denegado. Un viaje no autorizado puede dar lugar a un proceso penal. En mayo de 2008, Yoani Sánchez, una ciudadana cubana autora de un blog, recibió un premio periodístico otorgado en España. Si bien el gobierno emitió inicialmente una visa de salida para Sánchez, el día anterior a la fecha en que estaba programada su partida el trámite de su visa fue paralizado sin ningún tipo de explicación, por lo cual no pudo recibir el premio en persona. El 15 de agosto, luego de que se les denegaran visas de salida en repetidas oportunidades, ocho disidentes intentaron escapar de Cuba en una embarcación primitiva. Desde entonces no se ha tenido noticias de ellos, y se presume que han muerto en altamar.
El gobierno niega frecuentemente a los ciudadanos con autorización para viajar la posibilidad de llevar a sus hijos al extranjero, en esencia manteniendo a los niños como rehenes para garantizar el retorno de los padres. Dado el temor general a la separación forzosa de familiares, estas restricciones de viaje le proporcionan al gobierno cubano una poderosa herramienta para castigar a los desertores y silenciar a los críticos.
El gobierno también está adoptando fuertes medidas contra el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba, mediante la aplicación más enérgica de la ley de 1997 conocida como el Decreto 217. Este decreto, cuyo propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital del país. Según un funcionario cubano, la policía ha expulsado forzosamente a personas de La Habana en aproximadamente 20.000 ocasiones desde 2006. En un caso representativo, una mujer oriunda de la provincia de Granma que había vivido en La Habana durante siete años fue detenida en la vía pública por un oficial de policía, quien le exigió que mostrara sus documentos. Como no pudo hacerlo, fue enviada inmediatamente de vuelta a Granma.
Libertad de expresión y reunión
El gobierno mantiene el monopolio de los medios de comunicación en la isla, asegurando de este modo que la libertad de expresión sea prácticamente inexistente. A pesar de que un pequeño número de periodistas independientes logran escribir artículos para páginas Web del extranjero o publicar clandestinamente sus boletines informativos, el riesgo asociado con estas actividades es alto. El acceso a la información a través de Internet también se encuentra sumamente restringido. El único local que ofrece servicio de Internet en La Habana cobra una tarifa de 5 dólares por hora -un tercio del salario mensual promedio en Cuba. En otros dos locales, sólo es posible enviar mensajes de correo electrónico dentro de una red cerrada cubana.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists), en octubre de 2008 había 22 periodistas que cumplían penas de prisión en Cuba, lo cual ubica al país en segundo lugar después de China en cuanto a la cantidad de periodistas encarcelados. El periodista independiente Oscar Sánchez Madan fue detenido en abril de 2007 después de hacer un reportaje sobre corrupción local en Matanzas. Actualmente, cumple una pena de cuatro años de prisión por "peligrosidad social".
En 2008, el gobierno cubano incrementó notablemente el uso de detenciones arbitrarias como medio para hostigar e intimidar a los disidentes, así como para restringir la libertad de reunión. Durante todo el 2007, la CCDHRN documentó 325 detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad; durante la primera mitad de 2008, denunció 640 detenciones arbitrarias. Las detenciones se emplean con frecuencia para impedir que los disidentes participen en reuniones o eventos programados. Los agentes de seguridad a menudo no invocan cargo alguno que justifique las detenciones -lo cual supone una clara violación de los derechos al debido proceso- pero advierten a los detenidos sobre la posibilidad de aplicar arrestos más prolongados si continúan participando en actividades que se consideran críticas del gobierno. En septiembre de 2007, por ejemplo, la policía detuvo en varias ciudades a más de 40 disidentes que viajaban para participar en una manifestación frente al Ministerio de Justicia en La Habana. Todos ellos fueron liberados cuando concluyó la manifestación. En abril de 2008, un grupo de esposas de prisioneros políticos, conocidas como las Damas de Blanco, fueron detenidas mientras intentaban llevar a cabo una sentada en la Plaza de la Revolución de La Habana.
Condiciones carcelarias
En general, los prisioneros se encuentran detenidos en condiciones deplorables y abusivas, a menudo en celdas hacinadas. Los prisioneros políticos que denuncian las condiciones deficientes o que incumplen las reglas carcelarias suelen ser sancionados mediante la reclusión por largos períodos en celdas de aislamiento, la restricción de visitas o la negación de tratamiento médico.
Pena de muerte
En febrero de 2008, el gobierno conmutó la pena de muerte a todos los prisioneros, excepto a tres personas acusadas de terrorismo. Si bien el gobierno cubano no difunde ningún tipo de información sobre la cantidad de personas condenadas a muerte, se estima que se conmutaron entre 20 y 30 condenas. No obstante, las leyes cubanas aún incluyen la pena de muerte para un amplio número de delitos.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el monitoreo de los derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a los grupos locales de derechos humanos. Las personas que pertenecen a estos grupos se enfrentan sistemáticamente a hostigamientos, en tanto el gobierno obstaculiza sus intentos por documentar las condiciones de derechos humanos. En un caso de 2008, cuatro miembros de la Fundación Cubana de Derechos Humanos fueron arrestados y condenados a cuatro años de prisión mediante un fallo dictado en un proceso sumario, que no se ventiló a la opinión pública, según datos del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Cuba sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que no permite al Comité Internacional de la Cruz Roja acceder a sus cárceles.
Actores internacionales clave
En febrero de 2008, el gobierno cubano reconoció diversos principios internacionales básicos de derechos humanos al firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), si bien hasta noviembre no los había ratificado. Al momento de firmarlos, el gobierno señaló que consideraba la posibilidad de formular varias reservas a los tratados.
En respuesta a estas medidas y a otras reformas económicas implementadas desde que Raúl Castro asumió el poder, la Unión Europea levantó en junio las sanciones sobre Cuba, las cuales habían sido impuestas inicialmente después de la represión de 2003 contra los disidentes. La UE exhortó públicamente a Cuba a liberar a todos los prisioneros políticos y a respetar los derechos protegidos en los tratados que había firmado. Está previsto que la UE investigue a mediados de 2009 los avances logrados por Cuba en la implementación de los compromisos asumidos mediante el PIDCP y el PIDESC, y evalúe si mantendrá las relaciones diplomáticas.
El embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, en vigor desde hace más de cuatro décadas, continúa imponiendo privaciones indiscriminadas al pueblo cubano y bloqueando la posibilidad de viajar a la isla. En un intento por privar al gobierno cubano de fondos, en junio de 2004 el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas restricciones a los viajes por asuntos familiares a Cuba. De acuerdo con estas reglas, las personas sólo pueden visitar a sus familiares en Cuba una vez cada tres años, y únicamente si estos se encuadran en la estrecha definición de familia que aplica el gobierno de los Estados Unidos -una definición que excluye a tíos, primos y otros parientes próximos que, a menudo, se consideran parte integral de las familias cubanas. Estas disposiciones sobre viajes, que se justifican como un medio para promover la libertad en Cuba, atentan contra la libertad de circulación de cientos de miles de personas cubanas y cubano americanas, causando así un profundo daño a las familias cubanas.