Las profundas divisiones políticas, étnicas y regionales, así como la fragilidad de las instituciones democráticas, contribuyen a la precaria situación de los derechos humanos en Bolivia. Casi dos tercios de la población vive por debajo de la línea nacional de la pobreza, y más de un tercio -en su mayoría, la población indígena- vive en condiciones de extrema pobreza.
Desde el aplastante triunfo obtenido en las elecciones de diciembre de 2005, el Presidente Evo Morales ha intentado adoptar una nueva constitución y otras reformas de gran alcance. El proceso de reforma ha alimentado la alarmante polarización política que existe dentro del país, la cual ha generado numerosos episodios de violencia política. Tanto partidarios como opositores del gobierno, al igual que la policía y las fuerzas militares, han sido acusados de asesinatos durante enfrentamientos violentos con manifestantes rivales. Las investigaciones de estas ejecuciones ilegales suelen estar politizadas y, en general, no logran establecer ninguna responsabilidad penal. Pese a los fallos judiciales que determinan la competencia de los tribunales civiles en casos de presuntos abusos cometidos por soldados del ejército, a menudo son los tribunales militares los que se encargan de investigarlos, lo cual contribuye a la impunidad.
Si bien en Bolivia existe diversidad de medios de comunicación y un dinámico debate público, la polarización política ha dado lugar a violentos ataques contra periodistas y medios por parte de manifestantes oficialistas y de oposición.
Violencia política, rendición de cuentas e impunidad
Desde 2006, ha habido un profundo disenso en torno al procedimiento para aprobar un nuevo proyecto de constitución y a los reclamos de autonomía de cinco departamentos de las tierras bajas. En agosto de 2008, en un referéndum revocatorio, el 67 por ciento de los bolivianos votó por la continuidad de Morales como presidente, en tanto los prefectos de cuatro de los cinco departamentos controlados por la oposición fueron ratificados (en el quinto departamento no se llevó a cabo una votación, ya que el prefecto había asumido su puesto poco tiempo antes). La tensa relación entre los partidarios de Morales, pertenecientes en su mayoría a sectores indígenas, y los prefectos de los departamentos autonomistas y sus partidarios, tuvo como resultado diversos enfrentamientos violentos en Santa Cruz, Sucre, Tarija y Cobija durante 2007 y 2008, con un saldo de numerosos muertos y heridos en ambos bandos.
Los funcionarios responsables, como los prefectos de cada departamento, no adoptaron medidas enérgicas para contrarrestar la violencia perpetrada por sus partidarios en 2008. En un incidente que tuvo lugar en Sucre en mayo, algunos estudiantes y pobladores que habían rodeado el estadio de la ciudad para impedir que Morales pudiera dirigirse a sus partidarios lanzaron piedras, petardos y explosivos para obligar a replegarse a la policía y a los soldados que intentaban asegurar la zona. Después de utilizar todos los gases lacrimógenos con que contaban, los soldados se retiraron en medio del desorden, muchos de ellos a pie. Los manifestantes capturaron a alrededor de 18 campesinos partidarios de Morales, quienes presuntamente recibieron golpes, patadas, insultos de tipo racial y fueron obligados a marchar hasta la plaza de la ciudad donde, según algunas versiones, debieron desvestirse hasta la cintura, arrodillarse y quemar sus ponchos rojos, que en este contexto simbolizaban su afinidad con Morales.
El brote de violencia política más grave fue la masacre de manifestantes a favor de Morales por partidarios del gobierno regional en la población de Porvenir, departamento de Pando, en septiembre de 2008. Cientos de campesinos de origen indígena que viajaban en camionetas para asistir a una manifestación en Cobija, la capital de Pando, fueron detenidos en un bloqueo en el camino cerca de Porvenir, en tanto un empleado y un partidario del gobierno departamental fallecieron en violentos enfrentamientos. Al seguir su marcha hacia Porvenir, los manifestantes tomaron rehenes y, pese a que golpearon a algunos, finalmente los liberaron y entregaron a la policía. Según se informó, partidarios armados del gobierno departamental dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, quienes, en su mayoría, huyeron del lugar. Dieciséis manifestantes fueron asesinados en Porvenir y durante la persecución que siguió. Entre las decenas de heridos, algunos supuestamente fueron golpeados mientras eran trasladados en ambulancias hacia el hospital.
Ante el fracaso de las medidas impuestas por las fuerzas armadas y la policía para poner fin a la violencia, el gobierno declaró un estado de sitio para restablecer el orden en el departamento. Posteriormente, Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, fue arrestado por órdenes del gobierno impartidas en el marco de poderes de emergencia. En octubre de 2008, se encontraba detenido y enfrentaba cargos de terrorismo, homicidio y asociación delictuosa por su presunta responsabilidad por los asesinatos de Pando. Al mismo tiempo, una comisión multipartidaria del Congreso investigaba los incidentes, paralelamente a la investigación llevada por los fiscales de la Fiscalía General de la República.
Hasta octubre de 2008, se atribuían nueve muertes al ejército o la policía como producto de disparos durante operaciones de control de multitudes desde 2004. No tenemos conocimiento de que ningún miembro de las fuerzas armadas haya sido condenado hasta el momento por las ejecuciones ilegales cometidas durante operativos para asegurar el orden público. Las investigaciones penales en casos de tiroteos por parte del ejército son obstaculizadas por los tribunales militares, que insisten en investigar estos casos pese a los fallos del Tribunal Constitucional a favor de la competencia de los tribunales civiles. En general, las fuerzas militares se resisten a colaborar con las investigaciones impulsadas por fiscales civiles. Contrariamente, en más de una oportunidad, diversos ministros de gobierno, prefectos o funcionarios policiales de alto rango han sido acusados de cometer crímenes graves como genocidio o terrorismo, aun cuando los fiscales no habían identificado ni acusado previamente a los autores materiales de los disparos. En noviembre de 2007, por ejemplo, dos civiles fallecieron por heridas de bala, y un tercer civil murió después de ser golpeado por un cartucho de gas lacrimógeno, luego de que un grupo de estudiantes y pobladores armados con piedras y bombas incendiarias se enfrentaran a la policía y a soldados del ejército en Sucre. Los resultados de las pruebas de balística sugieren que los disparos fueron realizados con armas similares a las que usa la policía. En octubre de 2008, los fiscales no habían identificado ni acusado a ningún policía por estos ataques, pese a que el Fiscal General había iniciado un procedimiento de destitución por el delito de genocidio contra el ministro del interior y tres funcionarios de la policía de alto rango.
Los tribunales bolivianos aún intentan establecer la responsabilidad penal por las muertes de más de 60 personas durante las protestas contra el gobierno que se produjeron en septiembre y octubre de 2003, cuando el ejército recurrió a la fuerza letal para sofocar las violentas protestas en la ciudad de El Alto. El ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dimitió de su cargo y abandonó el país luego de los sucesos que se conocieron en Bolivia como "octubre negro". En octubre de 2007, el Fiscal General acusó a Sánchez de Lozada, a 11 de sus ministros y a cinco ex jefes militares de genocidio y tortura en relación con las acciones del ejército. El ex presidente, su Ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y el ex Ministro de Energía, Jorge Berinduague, residen actualmente en los Estados Unidos, donde Sánchez Berzaín ha obtenido asilo político. En noviembre de 2008, Bolivia solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de los tres hombres para que puedan ser juzgados en Bolivia. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín también enfrentan un juicio civil en los Estados Unidos por indemnización en virtud de la Ley de Reclamaciones Civiles para Extranjeros (Alien Tort Claims Act) y la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act), en el cual se alega su responsabilidad por 10 de las muertes ocurridas durante los sucesos de octubre negro.
Libertad de expresión
En Bolivia existe un dinámico debate público, con un amplio espectro de medios de comunicación tanto de línea crítica como oficialista. Al profundizarse la polarización política, muchos representantes de los medios han expresado abiertamente su postura. Morales ha arremetido a menudo contra los medios privados, acusándolos de respaldar la agenda de la oposición. Los partidarios del gobierno, en ocasiones, agreden físicamente a los periodistas que trabajan para medios con postura crítica. Del mismo modo, algunos medios de radiodifusión estatales y comunitarios, al igual que los periodistas que trabajan para ellos, han sido objeto de agresiones por parte de manifestantes de la oposición.
La inclusión en el proyecto de constitución de una norma según la cual la información y las opiniones difundidas por los medios deben "respetar los principios de veracidad y responsabilidad" podría permitir restricciones arbitrarias a la libertad prensa si el proyecto llega a sancionarse.
Defensores de los derechos humanos
Algunos partidarios de la autonomía regional en Santa Cruz han lanzado bombas incendiarias y saqueado las oficinas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos vinculados con la tierra de comunidades indígenas y campesinas. En septiembre de 2008, un grupo de manifestantes autonomistas que pertenecían presuntamente a la Unión Juvenil Cruceñista violentaron la oficina del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). Los atacantes destruyeron e incendiaron muebles y documentos.
Actores internacionales clave
Un centro de justicia financiado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID), ubicado en la región del Chapare, desempeñó un papel clave en la investigación de abusos de los derechos humanos cometidos durante protestas contra la erradicación de las plantaciones de coca impulsada por los Estados Unidos. El centro de justicia llevó a cabo autopsias y recabó valiosos testimonios sobre las circunstancias en que se produjeron las muertes durante los enfrentamientos entre cocaleros y la policía antinarcóticos. La cantidad de abusos policiales se ha reducido notablemente desde que el gobierno de Morales adoptó una política de erradicación voluntaria en 2006. Mientras que entre 1997 y 2003 se produjeron 35 muertes, desde 2006 se han registrado sólo dos, según datos de la Red Andina de Información (AIN), una ONG que monitorea la política antinarcóticos de los Estados Unidos en Bolivia. En junio de 2008, en medio de las crecientes críticas de Bolivia a las actividades desarrolladas por USAID en dicho país, autoridades municipales y sindicatos de cocaleros anunciaron que no se renovarían los programas de USAID en el Chapare. Sin embargo, el centro de justicia continuaba operando en octubre de 2008, brindando asistencia legal a comunidades con acceso sumamente limitado a la justicia.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), creada en mayo de 2008, contribuyó a promover la rendición de cuentas luego de los hechos de violencia desatados en Pando. En una reunión convocada por la Presidenta chilena Bachelet para analizar la crisis boliviana, los jefes de estado de UNASUR decidieron formar una comisión multinacional para investigar los asesinatos y las "desapariciones". La comisión comenzó su investigación en el departamento de Pando a fines de septiembre. En una entrevista para un periódico publicada en noviembre de 2008, antes de que se divulgaran las conclusiones de la comisión, su presidente, Rodolfo Mattarollo, se refirió a los asesinatos como una "masacre planificada".
En 2008, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció una oficina en Bolivia con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos. Su mandato incluye brindar asistencia a la Fiscalía General de la República para mejorar el sistema de justicia penal.