Argentina ha dado pasos significativos con el propósito de juzgar a ex militares y policías acusados de haber cometido violaciones graves de los derechos humanos durante la época del "terrorismo de estado". Desde que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" en 2005, varios policías y miembros de las fuerzas armadas han sido condenados.
Algunos de los problemas que persisten en materia de derechos humanos en Argentina incluyen un sistema de justicia de menores que reconoce amplia discreción a los jueces para detener a niños y niñas, condiciones carcelarias deplorables y restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres.
Enfrentando los abusos del pasado
Desde 2003, Argentina a hecho avances significativos para juzgar al personal militar y policial responsable de las "desapariciones", los homicidios y los hechos de tortura ocurridos durante la última dictadura militar (1976-1983). El Poder Ejecutivo ha instado enérgicamente la realización de estos juicios, y reforzó de este modo lo que comenzó como una embestida legal contra la impunidad en el ámbito de los tribunales. Al momento de la redacción del presente informe, más de 400 personas enfrentan cargos por estos delitos, y la mayoría de ellas se encuentra en prisión preventiva.
En 2003 se reabrieron varios casos importantes, luego de que el Congreso anulara la ley de "Punto Final" de 1986, que provocó la interrupción de todos los juicios de esta naturaleza, y la ley de "Obediencia Debida" de 1987, que otorgaba inmunidad automática en estos casos a todos los integrantes de las fuerzas armadas, excepto a aquellos con cargos de mando. En junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de estas leyes.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 28 personas han sido condenadas por abusos cometidos durante la dictadura. Por ejemplo, en junio de 2008 dos oficiales retirados de la policía federal fueron condenados a prisión perpetua sin posibilidad de ser excarcelados por el secuestro y asesinato de 30 personas durante la "masacre de Fátima" de 1976. En julio de 2008, un agente de inteligencia civil y siete oficiales militares, entre ellos el General retirado Luciano Benjamín Menéndez, fueron condenados por secuestrar, torturar y ejecutar a cuatro miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1977. Menéndez y otros tres procesados fueron condenados a prisión perpetua, en tanto los demás recibieron penas de 18 y 22 años de prisión. En septiembre de 2008, Menéndez también fue condenado, junto con Antonio Domingo Bussi, a prisión perpetua sin excarcelación por el secuestro, tortura y "desaparición" de un legislador en 1976.
Desde 2005, varios jueces federales han declarado la nulidad de los indultos decretados por el entonces Presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a ex oficiales que se encontraban cumpliendo condena o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos. En abril de 2008, por ejemplo, un tribunal federal de apelaciones confirmó la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaron a Jorge Rafael Videla, ex Presidente de facto, Albano Eduardo Harguindeguy, ex Ministro del Interior de facto, y José Alfredo Martínez de Hoz, ex Ministro de Economía de facto, en un caso vinculado con la "desaparición" de dos empresarios.
La seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos se ha convertido en una cuestión sumamente preocupante desde la desaparición en septiembre de 2006 de una víctima de tortura que había declarado en uno de los casos concluidos ese año. Jorge Julio López, de 77 años, desapareció de su vivienda en La Plata el día anterior a la fecha en que debía asistir a una de las últimas audiencias del juicio y su paradero se desconoce hasta el día de hoy.
Sistema de justicia penal
Los niños y niñas en conflicto con la ley menores de 16 años son sometidos a un procedimiento que otorga a los jueces amplia discreción para autorizar su detención. En los casos en que se les imputa un delito, al igual que cuando están sujetos a una medida tutelar o cautelar en razón de su "situación personal o social", los jueces ordenan habitualmente la detención de niños en instituciones. El proceso a través del cual se dictan "sentencias tutelares" carece de las protecciones básicas del debido proceso. Al momento de la redacción del presente documento, se encuentra pendiente ante la Corte Suprema un caso que cuestiona la constitucionalidad del sistema de justicia de menores.
En agosto de 2008, el Congreso derogó el Código de Justicia Militar y creó un nuevo proceso disciplinario para los miembros de las Fuerzas Armadas. El Congreso estableció que los delitos cometidos por militares serían juzgados por los tribunales civiles federales.
En las instalaciones de detención, la sobrepoblación, los abusos por parte de los guardias y la violencia entre internos continúan representando problemas graves. En mayo de 2005, mediante una sentencia paradigmática, la Corte Suprema determinó que todas las cárceles del país deben cumplir con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas. Si bien se han producido algunas leves mejoras en la provincia de Buenos Aires, la situación aún es grave. Por ejemplo, durante 2006 y 2007 se registró una ligera reducción de la cantidad de personas detenidas en celdas en dependencias policiales, las cuales, durante años, han absorbido el exceso del sistema carcelario. Sin embargo, las investigaciones del CELS indican que la cantidad de personas detenidas en instalaciones policiales en julio de 2008 superó a la del año 2007. La elevada proporción de presuntos delincuentes que se encuentran detenidos en las cárceles a la espera de un juicio, una de las causas de sobrepoblación, también se incrementó durante 2008 y llegó a representar casi el 77 por ciento de la población carcelaria.
Libertad de expresión e información
Los presuntos ataques al honor de los funcionarios públicos continúan estando sujetos a la imposición de sanciones penales. Al momento de la redacción del presente informe, varios proyectos de ley que pretenden despenalizar esta figura están siendo analizados en el Congreso.
En junio de 2008, la Corte Suprema determinó que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un alto grado de escrutinio, y revocó una sentencia civil contra un periódico que había criticado al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, un organismo que lleva a cabo pruebas médicas forenses. La Corte sostuvo que una opinión vinculada con cuestiones de interés general, en especial aquellas relacionadas con el gobierno, no puede por sí sola generar responsabilidad civil o penal. Según la Corte, la reputación de los funcionarios públicos sólo puede verse dañada a través de la difusión maliciosa de información falsa.
Algunos gobiernos provinciales distribuyen publicidad oficial con criterios discriminatorios y benefician a los medios locales que ofrecen una cobertura favorable en detrimento de aquellos con una línea editorial crítica. En septiembre de 2007, la Corte Suprema falló en contra del gobierno provincial de Neuquén y determinó que éste no había justificado la razón por la cual había limitado abruptamente la publicidad oficial en un periódico local que había informado sobre un escándalo de sobornos que comprometía indirectamente al gobernador. Según la Corte, si bien no existe un derecho a recibir publicidad oficial, cuando un gobierno decide concederla no puede aplicar un criterio discriminatorio al otorgarla o cancelarla. Desde entonces se han presentado diversos proyectos de ley para regular esta cuestión, pero estos aún están siendo analizados. En febrero de 2008, la gobernadora de Tierra del Fuego dictó un decreto en el cual establecía criterios objetivos para asignar la publicidad oficial.
Un decreto ejecutivo permite a los ciudadanos argentinos obtener información en poder del Ejecutivo federal. Sin embargo, varios proyectos de ley que conceden a los ciudadanos argentinos el derecho obtener información en poder de todo el gobierno federal han estado pendientes en el Congreso durante años. (Algunas provincias cuentan con leyes sobre acceso a la información que permiten a las personas obtener información de los gobiernos provinciales).
Derechos reproductivos
Las decisiones de las mujeres y adolescentes de Argentina sobre salud reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos, especialmente a las pastillas anticonceptivas de emergencia, están sujetos a restricciones discriminatorias y arbitrarias. Si bien los abortos terapéuticos y los abortos en casos de violación de mujeres con incapacidad mental son lícitos, las mujeres enfrentan obstáculos incluso en los supuestos en los cuales su derecho al aborto se encuentra amparado por la ley. Por ejemplo, en octubre de 2008 un juez ordenó a un grupo de médicos de Bahía Blanca que postergaran el aborto solicitado por el representante legal de una mujer de 18 años con incapacidad mental que había sido violada por un familiar, aparentemente luego de que una pareja expresara su voluntad de adoptar a su hijo cuando éste naciera. Finalmente, se practicó un aborto a la mujer luego de una segunda decisión judicial que revocó el fallo inicial.
Actores internacionales clave
En el marco de procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005, el gobierno argentino aceptó formalmente su responsabilidad parcial por no haber adoptado las medias necesarias para prevenir el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido en 1994, así como por no haber investigado posteriormente en forma adecuada el hecho, que dejó un saldo de 85 muertos. En octubre de 2006, un fiscal especial de Argentina acusó a Irán de haber planificado el ataque y a Hezbollah de haberlo concretado. El mes siguiente, un juez federal emitió una orden internacional de arresto contra el ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros ocho ex funcionarios de ese país. En noviembre de 2007, la Asamblea General de Interpol votó a favor de la publicación de seis notificaciones de arresto, en tanto en septiembre de 2008, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró ante la Asamblea General de la ONU la solicitud del gobierno argentino a Irán para que colabore con el sistema judicial de Argentina.
En mayo de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno argentino modificar las leyes sobre calumnias e injurias. La Corte determinó que Argentina había violado el derecho de libertad de expresión de Eduardo Kimel cuando un tribunal lo condenó en 1995 a un año de prisión (en suspenso) y a pagar una indemnización de 20.000 pesos (en ese entonces, US$ 20.000) por difamación. (Kimel había criticado el desempeño de un juez que investigaba una masacre perpetrada durante el último gobierno militar).
En septiembre de 2008, el gobierno argentino reconoció que la denegación del derecho a un aborto legal viola los derechos humanos de las mujeres, luego de que un conocido caso de 2006 llegara al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El caso trataba sobre una mujer con incapacidad mental que quedó embarazada como resultado de una violación perpetrada por su tío y se vio obligada a solicitar a un médico particular que practicara el aborto a pesar de haber obtenido una autorización judicial para tal fin.