Venezuela carece actualmente de un poder judicial creíble e independiente que pueda actuar como contrapeso del accionar arbitrario del estado y como garante de los derechos fundamentales. Ante la ausencia de control judicial, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha debilitado la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de los grupos de la sociedad civil de promover los derechos humanos.
Los abusos policiales continúan siendo un problema generalizado. Las condiciones carcelarias se encuentran entre las más deficientes del continente, con altos índices de mortalidad producto de la violencia entre reclusos.
Independencia del poder judicial
El gobierno de Chávez ha logrado, en la práctica, neutralizar al poder judicial como un poder independiente del gobierno. En 2004, el presidente y sus partidarios en la Asamblea Nacional emprendieron una estrategia de copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, al designar a partidarios del gobierno y adoptar medidas que permitieron depurar al Tribunal, lo cual modificó significativamente su composición a favor del gobierno. Desde entonces, el Tribunal Supremo de Justicia ha, en gran medida, abdicado su rol de contralor del poder ejecutivo. No ha defendido derechos fundamentales consagrados en la Constitución venezolana en casos clave vinculados con medidas del gobierno para limitar la libertad de expresión y la libertad sindical.
Libertad de expresión y medios de comunicación
En Venezuela existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo a Chávez. Sin embargo, en su intento por influir en el control y el contenido de los medios de comunicación, el gobierno ha realizado actos discriminatorios contra los medios que expresan puntos de vista opositores, ha reforzado la capacidad del estado de limitar la libertad de expresión y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren.
En marzo de 2005, entraron en vigor varias reformas al Código Penal que ampliaron el alcance de las leyes venezolanas de desacato, las cuales penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para los funcionarios públicos o las instituciones del estado, y establecieron sanciones más estrictas para los casos de calumnias e injurias penales. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de diciembre de 2004 ha fomentado la autocensura al permitir la suspensión arbitraria de canales sobre la base del delito de "incitación", definido de una manera sumamente vaga. Si el gobierno decidiera iniciar investigaciones más activamente utilizando las disposiciones legales ampliadas que penalizan expresiones y la incitación, el actual debate político podría verse seriamente restringido.
El gobierno ha abusado de sus facultades de control de las frecuencias de transmisión para castigar a las estaciones que emiten una programación manifiestamente crítica. El Presidente Chávez ha respondido en varias oportunidades a la cobertura periodística crítica amenazando a las estaciones de televisión con que perderían sus derechos de transmisión apenas vencieran sus concesiones. Radio Caracas Televisión (RCTV) perdió su concesión en 2007, luego de que Chávez anunciara en una ceremonia militar que se transmitió por cadena nacional que no se renovaría la concesión de RCTV por su apoyo al intento de golpe de abril de 2002. En ningún momento se comprobó esta acusación, ni tampoco el supuesto incumplimiento por parte de RCTV de estándares de transmisión, en el marco de un procedimiento que permitiera a RCTV defenderse. Al mismo tiempo, el gobierno renovó la concesión de Venevisión, canal rival al cual Chávez también había acusado en reiteradas oportunidades de haber estado involucrado en el golpe, pero que, desde entonces, había recortado su programación manifiestamente crítica de Chávez.
A Globovisión, el único canal de aire restante que continúa criticando abiertamente a Chávez, se le ha denegado la autorización para obtener frecuencias de transmisión adicionales y se le ha advertido reiteradamente sobre las sanciones que podrían aplicársele por su programación crítica. Por el contrario, el gobierno ha concedido frecuencias rápidamente a los canales afines al gobierno que controla o financia.
Como nota positiva, cabe destacar que el gobierno ha apoyado en forma activa la creación de estaciones de radio y TV comunitarias, cuya transmisión contribuye al pluralismo y a la diversidad de los medios de comunicación en Venezuela. Según un funcionario del gobierno, en mayo de 2008 operaban en todo el país más de 450 de estos medios.
Derechos laborales
El gobierno de Chávez ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores con el propósito de debilitar a los sindicatos existentes y favorecer a nuevos sindicatos paralelos que apoyan su agenda política.
El gobierno exige que todas las elecciones sindicales sean organizadas y certificadas por una autoridad pública, el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este control obligatorio de las elecciones sindicales viola estándares internacionales que garantizan el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones que ellos determinen. El gobierno ha prometido durante años que reformaría las leyes laborales y electorales relevantes para restringir la interferencia del estado en las elecciones sindicales. Sin embargo, al momento de la redacción de este documento, estas propuestas continuaban siendo analizadas por la Asamblea Nacional y el CNE.
Los sindicatos establecidos cuyas elecciones no hayan sido reconocidas por el CNE no pueden participar en negociaciones colectivas. Tan sólo en el sector público, aparentemente han caducado más de 250 convenciones colectivas mientras los sindicatos esperaban que el CNE aprobara sus solicitudes para celebrar elecciones y reconociera los resultados electorales.
Al ignorar a los sindicatos ya establecidos argumentando que sus elecciones no fueron certificadas por el estado, el gobierno ha fomentado e iniciado negociaciones con nuevos sindicatos afines al gobierno, a los cuales se exime de cualquier restricción electoral al momento de su formación. Esta práctica ha generado fuertes incentivos para que los trabajadores cambien de sindicato y se afilien a las nuevas organizaciones que cuentan con el beneplácito del gobierno.
El gobierno también ha socavado el derecho de huelga al prohibir determinadas manifestaciones de la actividad de huelga legítima y tomar represalias masivas contra los trabajadores petroleros huelguistas. Los trabajadores petroleros del estado que fueron despedidos por participar en una huelga de diciembre de 2002 todavía no pueden ser re contratados en el sector público o privado de la industria petrolera.
Abusos policiales
Los delitos violentos son comunes en Venezuela y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad continúan siendo un problema recurrente. En la última década se registraron miles de ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla. Entre enero de 2000 y febrero de 2007 la Fiscalía General de la Nación registró 6.068 presuntos asesinatos cometidos por la policía y la Guardia Nacional. De los 1.142 oficiales acusados, sólo 204 fueron condenados.
En abril de 2008, el gobierno de Chávez aprobó por decreto la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que contempla medidas tendientes a mejorar la rendición de cuentas por la policía. Estableció la creación de una nueva oficina dentro del Ministerio del Interior y Justicia, denominado Órgano Rector, cuyo propósito es evaluar el desempeño de todos los departamentos de policía, incluido su cumplimiento de los estándares de derechos humanos. La ley también exige que todas las fuerzas policiales establezcan unidades de asuntos internos, así como unidades disciplinarias independientes. Al momento de la redacción del presente informe, no se había implementado ninguna de estas reformas.
Condiciones carcelarias
Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. La seguridad deficiente, la cantidad insuficiente de guardias y la corrupción permiten que, en la práctica, pandillas armadas controlen las cárceles. La sobrepoblación, el deterioro de la infraestructura y la capacitación inadecuada de guardias contribuyen a la severidad de las condiciones carcelarias. Pese a los anuncios, los planes del gobierno para "humanizar" al sistema penitenciario no han llevado a mejoras notables. El Observatorio Venezolano de Prisiones, un grupo con sede en Caracas que monitorea las condiciones carcelarias, informó que durante los primeros seis meses de 2008 hubo 249 muertes en las cárceles como resultado de hechos de violencia, así como 381 personas heridas.
Defensores de derechos humanos
El gobierno de Chávez ha intentado vehementemente desacreditar a las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. Diversos funcionarios, incluido el presidente, han formulado reiteradamente acusaciones infundadas que vinculan a los defensores de derechos humanos con los intentos de desestabilizar el país. El gobierno ha buscado impedir que los defensores locales participaran en foros internacionales de derechos humanos, alegando generalmente que su labor es política o que reciben financiamiento de los Estados Unidos u otras fuentes extranjeras. Los defensores de derechos humanos han sido víctimas de acoso judicial y acusaciones infundadas destinadas a desacreditar su trabajo. A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que las organizaciones no gubernamentales que reciban fondos de gobiernos extranjeros no serán consideradas parte de la sociedad civil.
Actores internacionales clave
El gobierno venezolano ha repudiado con creciente vehemencia el monitoreo internacional de la situación de derechos humanos en su país.
En septiembre de 2008, el gobierno de Chávez expulsó a dos representantes de Human Rights Watch del país, unas pocas horas después de que presentaran un informe crítico sobre derechos humanos en una conferencia de prensa en Caracas. El Ministro de Relaciones Exteriores acusó erróneamente a Human Rights Watch de recibir fondos del gobierno estadounidense y de estar "agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana". Anunció además que "Cualquier extranjero que venga a opinar en contra de nuestra patria será expulsado de manera inmediata".
En su informe sobre los eventos de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el gobierno venezolano, al no invitar a la Comisión a llevar a cabo una misión de investigación desde su última visita en 2002, le impedía cumplir su mandato en el país. La CIDH condenó la expulsión de Human Rights Watch de Venezuela en septiembre de 2008. El gobierno de Chile, por su parte, envió una comunicación diplomática a Venezuela a modo de protesta por la expulsión.