El sistema de justicia penal de México continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos. Las personas que se encuentran detenidas o en prisión son sometidas a torturas y tratos degradantes. Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos, como los abusos que se cometen actualmente durante operativos para promover seguridad pública, aquellos cometidos en el marco de la "guerra sucia" de México, y la violencia sexual y doméstica contra mujeres y niñas.
Las condiciones sobre derechos humanos incluidas en la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia sancionado por Estados Unidos en junio de 2008 para ayudar a México a combatir los crecientes niveles de violencia y corrupción de los poderosos carteles de narcotraficantes, ofrecen una oportunidad única para incrementar la observación internacional de los malos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros acontecimientos importantes del 2008 son la reforma constitucional para modificar el sistema de justicia penal y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que determinó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal que establece la legalidad del aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.
Sistema de justicia penal
El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes y prácticas abusivas por parte de la policía sin mecanismos de rendición de cuentas adecuados.
La tortura continúa siendo un problema generalizado del sistema de justicia penal de México. Uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.
Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. A su vez, el uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles. Los reclusos también son víctimas de abusos, como extorsión por parte de los guardias y reclusión en condiciones de aislamiento durante períodos indeterminados. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones, y muchos no tienen acceso a programas educativos.
En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que representa, en algunos aspectos, un avance histórico. La reforma sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, e incluye medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de derechos fundamentales, como la inclusión de la presunción de inocencia en la Constitución. Sin embargo, dos nuevas disposiciones incluidas en la Constitución violan las obligaciones internacionales de México. La primera permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de haber sido acusados de la comisión de un delito. La segunda deniega a los jueces la facultad de decidir, en casos vinculados con una lista preestablecida de delitos, si el acusado debe ser puesto en libertad provisional hasta la sustanciación del juicio y durante el mismo.
Impunidad de abusos militares
Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública. Por ejemplo, en febrero de 2008, soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil, causando la muerte de un hombre e hiriendo a otro. En abril, un grupo de soldados en Chihuahua presuntamente detuvo en forma arbitraria a cuatro mujeres policía; las mujeres alegan que los soldados vendaron los ojos de dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.
La responsabilidad de investigar y juzgar los abusos cometidos por el Ejército se asigna habitualmente a las autoridades militares, lo cual redunda en impunidad. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables y su funcionamiento se caracteriza por una falta de transparencia generalizada. La capacidad de los agentes del ministerio público militar de investigar los abusos cometidos por el Ejército se ve aún más debilitada por el temor generalizado hacia esta institución que existe en las comunidades rurales, el cual impide que las víctimas y los testigos civiles brinden información a las autoridades militares.
Impunidad por los crímenes de la "guerra sucia"
Durante sus cinco años de vigencia, la Fiscalía Especial creada por el ex Presidente Vicente Fox en 2001 para investigar los abusos cometidos durante la "guerra sucia" en México, ocurrida durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, realizó avances muy limitados en la investigación y el juzgamiento de estos delitos. La Fiscalía no obtuvo ninguna condena penal. De los más de 600 casos de desapariciones, consignó 16 casos y obtuvo órdenes de aprehensión en nueve de ellos. La agencia sólo pudo determinar el destino de seis personas desaparecidas, al descubrir que cuatro fueron enviadas a instituciones psiquiátricas y dos de ellas fueron asesinadas mientras se encontraban detenidas.
Luego de que el Presidente Felipe Calderón cerrara oficialmente la Fiscalía Especial, los casos fueron transferidos a otra oficina no especializada que pertenece a la Procuraduría General de la República, la cual no ha obtenido avances significativos en las investigaciones.
Derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual
Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas leyes sobre violencia contra las mujeres son abiertamente contrarias a los estándares internacionales, como las disposiciones del derecho mexicano que establecen sanciones para algunos delitos sexuales en función de la "castidad" de la víctima y penalizan la violencia doméstica únicamente cuando la víctima ha sido golpeada en reiteradas oportunidades. Las protecciones legales que sí existen no suelen aplicarse con suficiente firmeza. Las niñas y mujeres que denuncian ante las autoridades que fueron víctimas de violación o violencia generalmente se enfrentan a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio. Por ello, las víctimas suelen ser renuentes a denunciar los delitos, y esta falta de denuncia, a su vez, dificulta la promoción de las reformas legales necesarias. El resultado final es que la violencia sexual y doméstica contra mujeres y niñas sigue siendo endémica y se encuentra cubierta por un manto de impunidad.
Mediante una decisión emblemática, la Suprema Corte de Justica de México estableció en agosto de 2008 la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal de abril de 2007 que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de embarazo. La ley también determinó que quienes presten servicios públicos de salud deben proveer la posibilidad de practicar abortos durante los primeros tres meses de gestación sin ningún tipo de restricciones ni requisitos de residencia. Sin embargo, el aborto continúa estando penalizado en el resto de México, pese a que cada estado permite el aborto en determinadas circunstancias, como por ejemplo, luego de una violación. Sin embargo, el trato displicente e incluso hostil impartido por las autoridades a las víctimas de violaciones que buscan interrumpir su embarazo no deseado, muchas veces logra que desistan de llevar a cabo esta práctica.
Libertad de expresión e información
Diversos periodistas, especialmente quienes han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han criticado a los gobiernos de los estados, han sido víctimas de hostigamiento y ataques. En junio de 2008, por ejemplo, dos días después de que se encontrara la cabeza cercenada de un hombre frente a la sede de un periódico en Tabasco, se dejó una nota en las inmediaciones con el mensaje "tú eres el próximo, director". Siete periodistas mexicanos han desaparecido desde 2005, cinco de los cuales habían investigado los vínculos entre funcionarios locales y la delincuencia organizada. Estos casos han suscitado un clima de autocensura en algunas regiones del país.
Desde 2007, la difamación, las calumnias e injurias ya no constituyen delitos federales. Sin embargo, en los estados las leyes penales sobre difamación continúan siendo excesivamente restrictivas y suelen socavar la libertad de expresión.
Tanto la ley federal sobre transparencia y acceso a la información de 2002 como una reforma constitucional de 2007 incrementaron las vías para el escrutinio público del gobierno mexicano. No obstante, los avances logrados en la promoción de la transparencia en el Poder Ejecutivo federal no se han replicado del todo en los demás poderes de gobierno, en las instituciones autónomas ni en los estados.
Derechos laborales
La actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por los convenios colectivos negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a estos. A menudo, estos convenios no ofrecen a los trabajadores otros beneficios que los mínimos impuestos por las leyes mexicanas. Los trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes se exponen a perder sus empleos, ya que las leyes inadecuadas y su ejecución deficiente, por lo general, no los protegen de los despidos efectuados en represalia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el organismo oficial de derechos humanos de México, tiene un impacto limitado. La Comisión ha publicado información detallada y autorizada sobre casos específicos de violaciones de derechos humanos y ha identificado algunos obstáculos sistémicos que se interponen al avance de los derechos humanos. Sin embargo, al no utilizar plenamente su amplio mandato ni sus cuantiosos recursos, habitualmente no impulsa a las autoridades gubernamentales a reparar los abusos documentados ni promueve las reformas necesarias para evitarlos.
Actores internacionales clave
Las condiciones de derechos humanos incluidas en la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia firmado por el Presidente Bush en 2008, constituyen una oportunidad única para incrementar la observación internacional de los malos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas. El paquete, que prevé US$ 400 millones para México como parte de una asociación regional que se extenderá durante varios años con el fin de abordar los crecientes niveles de violencia y corrupción de poderosos carteles de narcotraficantes, establece que gran parte de la asistencia para la policía y las fuerzas militares de México estará disponible inmediatamente. Sin embargo, el 15 por ciento sólo estará disponible una vez que la Secretaria de Estado de los Estados Unidos informe al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro requisitos sobre derechos humanos. Estas condiciones incluyen garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades judiciales civiles investiguen y juzguen a los policías federales y a los militares que violan derechos fundamentales; consultar periódicamente a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas sobre la implementación de la Iniciativa Mérida; hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante torturas u otros tratos degradantes; y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) mantiene una oficina en el país que provee valiosa documentación sobre los problemas de derechos humanos y ofrece recomendaciones para superarlos. En mayo de 2008, la ACNUDH apartó de su cargo al titular de la oficina de México en medio de denuncias creíbles que señalaban que el gobierno de Calderón había solicitado esta medida dado el "alto perfil" del representante de la ONU.
En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que México había violado el derecho a la protección judicial judicial del ex Secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda en un caso en el cual él había impugnado las leyes electorales de México. Castañeda había objetado las leyes que establecen que los candidatos presidenciales deben ser nominados por partidos políticos y sostuvo que se le debía permitir postularse como candidato independiente. Sin embargo, la Corte Interamericana determinó que México no había violado los artículos de la Convención Americana que garantizan los derechos políticos y la igualdad ante la ley.