Resumen
En el último año, más de medio millón de personas han cruzado el Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá, dirigiéndose hacia el norte, generalmente a Estados Unidos. Venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también personas de otros continentes como Asia y África arriesgan sus vidas en esta selva donde están expuestos a abusos por parte de grupos criminales, incluyendo violencia sexual, y reciben poca protección o ayuda humanitaria.
Human Rights Watch visitó el Tapón del Darién cuatro veces entre abril de 2022 y junio de 2023 y entrevistó a casi 300 personas para documentar las causas y respuestas a esta crisis. Analizamos por qué los migrantes y solicitantes de asilo huyen de sus países de origen y son renuentes a quedarse en otros países de Sudamérica; cómo grupos criminales abusan de ellos y los explotan durante el trayecto; y las falencias en las respuestas de Colombia y Panamá para asistirlos, protegerlos e investigar los abusos cometidos en su contra.
Este informe, el primero de una serie de informes de Human Rights Watch sobre migración a través del Tapón del Darién, documenta cómo la falta de vías seguras y legales para migrantes y solicitantes de asilo que huyen de las crisis de derechos humanos en América Latina los ha llevado a arriesgar sus vidas cruzando la selva. El informe sugiere que las restricciones de movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por el gobierno de Estados Unidos, han contribuido—junto con un aumento de la migración desde América del Sur hacia Estados Unidos—a un fuerte incremento en el número de personas que cruzan el Tapón del Darién. Ello expone a migrantes y solicitantes de asilo a abusos, incluyendo violencia sexual, y fortalece al crimen organizado en la zona.
Entre 2005 y 2020, el número de migrantes en América Latina y el Caribe aumentó en más del doble, pasando de aproximadamente 7 millones a 15 millones, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que la convirtió en la región con el mayor crecimiento de migrantes internacionales a nivel global durante ese periodo.
Más de 440.000 venezolanos han cruzado el Tapón del Darién desde enero de 2022, la cifra más alta entre todas las nacionalidades. Huyen de una grave emergencia humanitaria, que ha limitado el acceso a alimento y medicinas, y de los abusos y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad, grupos armados y pandillas.
Un gran número de ecuatorianos y haitianos también ha cruzado el Tapón del Darién. Muchos de los más de 80.000 ecuatorianos que han cruzado el Tapón desde enero de 2022 escapan del aumento de la violencia en el país, marcada por tasas de homicidio y extorsión sin precedentes.
Haití enfrenta una prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que ha dejado inoperantes a todos los poderes del Estado, lo que ha permitido una impunidad abrumadora para los crímenes cometidos por las 300 pandillas que controlan brutalmente varias zonas del país. Más de 63.000 haitianos han cruzado el Tapón del Darién desde enero de 2022.
Del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico, regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta para la población local y los migrantes, que a veces hace cumplir mediante la violencia. El ejército colombiano calcula que el Clan obtiene en promedio 125 dólares por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es correcta, el grupo armado pudo haber obtenido un total de 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023 debido su control sobre la ruta migratoria, en parte por las políticas migratorias restrictivas que llevan a migrantes y solicitantes de asilo a cruzar el Tapón del Darién.
Criminales y delincuentes abusan de los migrantes y solicitantes de asilo cuando cruzan las numerosas rutas que atraviesan la selva, especialmente en el lado panameño. Cometen de forma rutinaria robos, abusos y violaciones sexuales. La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asistido a 950 personas, la mayoría mujeres, que reportaron violencia sexual al cruzar el Tapón del Darién desde abril de 2021.
La situación en el Tapón del Darién es el resultado de una serie de políticas migratorias fallidas en el hemisferio y subraya la necesidad urgente de establecer una respuesta respetuosa de derechos para proteger a quienes huyen de las crisis de derechos humanos en la región.
Sobre la base de la Declaración sobre la Migración y Protección de Los Ángeles, firmada por 21 países de la región en 2022, los gobiernos de América deberían adoptar medidas para garantizar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos. También deberían aprovechar el Foro Mundial sobre los Refugiados de diciembre de 2023 y el próximo 40° aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984—un histórico instrumento internacional sobre derechos de los refugiados en América Latina—para responder a los crecientes retos migratorios de la región.
Estos gobiernos deberían poner en marcha un régimen de protección temporal para toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable. Asimismo, México y los gobiernos centroamericanos debería garantizar que la imposición de visados no impida en la práctica el acceso al refugio y no lleve a las personas a recurrir a caminos peligrosos, incluyendo el Tapón del Darién.
Cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo huyen de las crisis de derechos humanos en América y otras regiones. Muchos otros tantos escapan de la pobreza. Ya sea en busca de protección internacional o de oportunidades económicas, los migrantes y solicitantes de asilo merecen vías seguras, ordenadas y dignas para presentar sus solicitudes de refugio u ofrecer sus habilidades laborales. Todos tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje.
Metodología
Este informe forma parte de una serie de informes de Human Rights Watch sobre migración en las Américas y el Tapón del Darién. Se prevé que los informes posteriores se centren en los factores que impulsan la migración en la región—incluyendo la situación de Venezuela, Haití y Ecuador, así como las limitadas políticas de integración y regularización en varios países de América del Sur—y en los esfuerzos de Colombia y Panamá para proteger y asistir a quienes cruzan el Tapón del Darién y para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos en su contra.
Para investigar la situación en el Tapón del Darién, Human Rights Watch visitó el lado colombiano del Darién en abril de 2022 y junio de 2023 y el lado panameño en mayo de 2022 y marzo de 2023. En total, los investigadores entrevistaron a más de 160 migrantes y solicitantes de asilo que habían cruzado o estaban a punto de cruzar el Darién. Algunos de ellos—incluyendo unos pocos que habían llegado a Estados Unidos, Costa Rica o México—fueron entrevistados por teléfono. Las entrevistas se realizaron en español, portugués, francés e inglés.
Durante las visitas y también por teléfono, Human Rights Watch entrevistó a cerca de 50 trabajadores humanitarios de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias, así como a autoridades colombianas y panameñas de las defensorías del pueblo, fiscalías, cancillerías y oficinas de migración, entre otros.
Human Rights Watch también entrevistó por teléfono a expertos en migración, así como a organizaciones internacionales, regionales y locales y a clínicas jurídicas que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo en toda la región, incluyendo en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo y algunos trabajadores humanitarios accedieron a ser entrevistados con la condición de que no reveláramos sus nombres ni otros datos que los pudieran identificar. También se han ocultado los datos de los entrevistados cuando Human Rights Watch ha considerado que publicar la información los pondría en peligro. Human Rights Watch ha utilizado pseudónimos para identificar a los migrantes y solicitantes de asilo entrevistados durante la investigación.
Human Rights Watch informó a todos los participantes del propósito de la entrevista, de su carácter voluntario y de cómo se utilizaría la información. Todos los participantes dieron verbalmente su consentimiento informado. Ninguno recibió pagos u otros incentivos para participar. Cuando resultó oportuno, Human Rights Watch proporcionó a los migrantes y solicitantes de asilo información de contacto de organizaciones que ofrecían servicios médicos, jurídicos, sociales o de asesoramiento.
Human Rights Watch tuvo especial cuidado al entrevistar a sobrevivientes de abusos, en particular de violencia sexual. Cuando fue posible, Human Rights Watch recibió información de los trabajadores humanitarios que asistían a las y los sobrevivientes para minimizar el riesgo de que al relatar sus experiencias traumáticas se vieran revictimizadas y revictimizados.
Human Rights Watch examinó estudios académicos sobre flujos migratorios en América Latina, así como datos e informes de los gobiernos colombiano, panameño y estadounidense; agencias de la ONU; organizaciones internacionales, regionales y locales de derechos humanos y humanitarias; clínicas jurídicas locales; y medios de comunicación.
Human Rights Watch obtuvo acceso y analizó datos anonimizados de 1.382 encuestas a migrantes y solicitantes de asilo realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Tapón del Darién entre julio de 2022 y junio de 2023.[1]
Como parte de la investigación sobre la migración en las Américas y el Tapón del Darién, Human Rights Watch envió múltiples solicitudes de información a autoridades gubernamentales. Algunas de sus respuestas también se reflejarán en publicaciones posteriores. Las solicitudes de información incluyeron:
- En julio de 2022 y julio de 2023, Human Rights Watch envió solicitudes de información a las siguientes autoridades colombianas en relación con la salida de migrantes y solicitantes de asilo de Colombia y la respuesta de las autoridades: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las alcaldías de Necoclí, Turbo, Acandí y Juradó. Al 31 de octubre de 2023, Human Rights Watch había recibido respuestas completas o parciales de todas las autoridades colombianas con excepción de las alcaldías de Necoclí y Acandí y de Migración Colombia.
- En julio de 2022 y marzo de 2023, Human Rights Watch envió solicitudes de información a las siguientes autoridades panameñas en relación con la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a Panamá y la respuesta de las autoridades: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Migración (SNM), el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENIAF) y la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR). Al 31 de octubre de 2023, Human Rights Watch había recibido respuestas completas o parciales de todas las autoridades panameñas. El Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la Nación no habían proporcionado información actualizada correspondiente a 2023.
I. El cruce del Tapón del Darién
El Tapón del Darién es una selva pantanosa que se extiende entre el departamento colombiano del Chocó y la provincia panameña del Darién, formando una frontera natural no sólo entre Colombia y Panamá, sino entre América del Sur y América Central. La carretera Panamericana, que une Alaska, en Estados Unidos, y Ushuaia, en Argentina, sólo se interrumpe en los 106 kilómetros de densa selva.
El terreno es empinado y resbaladizo. Los ríos son caudalosos, sobre todo en época de lluvias. La mayoría de las rutas siguen senderos que coronan lomas con alturas de hasta 1.800 metros—donde las banderas marcan la frontera colombo-panameña. Quienes cruzan llaman al punto más alto la “Loma de la muerte” y al río Turquesa, el “Río de la Muerte”, por el gran número de cadáveres que hay en sus aguas.[2] Las temperaturas oscilan entre 20 y 35 grados centígrados, con fuertes lluvias e inundaciones entre mayo y diciembre.
El lado colombiano de la frontera se encuentra principalmente en la región del Urabá, llamada así por el Golfo de Urabá. Cuatro municipios colombianos limitan directamente con la selva del Darién: Juradó, Riosucio, Unguía y Acandí, todos en el departamento del Chocó. Los tres últimos son considerados algunos de los municipios colombianos más afectados por décadas de conflicto armado, pobreza y una escasa presencia estatal.[3] Los cuatro abarcan una población total de aproximadamente 99.000 habitantes,[4] incluyendo a quienes viven en las reservas indígenas Embera Katío y Embera Dobida,[5] así como habitantes de las comunidades afrocolombianas que, según la legislación nacional, están gobernadas por consejos comunitarios.[6] Acandí, desde donde la mayoría de migrantes y solicitantes de asilo inician su viaje hacia Panamá, cuenta con tres consejos comunitarios principales: Consejo Mayor de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (COCOMANORTE), Consejo Mayor de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur (COCOMASUR) y Consejo Mayor de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Acandí Seco, el Cedro y el Juancho (COCOMASECO). Muchos comienzan su cruce por el Darién en Necoclí, en el departamento de Antioquia, una ciudad costera de unos 45.000 habitantes cerca del mar Caribe.[7]
En Panamá, la selva del Darién se extiende por una provincia del mismo nombre. Los pueblos indígenas Kuna, Emberá y Wounaan viven en la provincia de Darién en “comarcas”, es decir, territorios bajo jurisdicción indígena reconocidos por la legislación panameña.[8] Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Panamá, más de 13.000 personas de 40 comunidades indígenas—incluyendo Bajo Chiquito y Canaán Membrillo—viven en la comarca Emberá-Wounaan en el Darién, que tiene una extensión de 4.383 km.[9]
Migración a través del Tapón del Darién
Durante décadas, los migrantes y solicitantes de asilo que migran desde Sudamérica hacia el norte han cruzado el Tapón del Darién, a menudo con la intención de ingresar a Estados Unidos. Miles de personas, de más de 70 nacionalidades,[10] han realizado el viaje a través de “una de las rutas migratorias más peligrosas”, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).[11] Este número ha aumentado drásticamente en los últimos años.
En 2010, Panamá comenzó oficialmente a registrar el tránsito de migrantes por el Darién. De 2010 a 2014, Panamá registró una media de menos de 2.500 cruces al año. El primer pico de personas que cruzaron por el Tapón del Darién tuvo lugar en 2015 y 2016, con unas 30.000 entradas registradas en cada año. Según datos del gobierno panameño, el tránsito fue principalmente de cubanos y haitianos, seguidos por nacionales de países de África y Asia.[12] Entre 2010 y 2019, cruzaron más de 109.000 personas.
Luego de un descenso significativo en 2020, causado por el cierre de fronteras y las medidas de cuarentena adoptadas en respuesta a la pandemia del Covid-19, el número de personas que cruzaron el Tapón del Darién se disparó en casi 4.000% entre 2020 y 2022.[13] Más de 130.000 migrantes, sobre todo haitianos y cubanos, cruzaron el Darién en 2021.[14] En 2022, el número aumentó a 250.000, con un crecimiento de ciudadanos venezolanos y ecuatorianos.[15] Entre enero y septiembre de 2023, más de 457.000 personas cruzaron el Tapón, una cifra récord que superó las estimaciones realizadas por el gobierno panameño para todo el año.[16]
Hasta 2018, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzaban el Darién eran principalmente hombres adultos. Desde 2019 esto ha cambiado.[17] Actualmente están cruzando familias con menores, así como mujeres—algunas embarazadas y en periodo de lactancia—solas con sus hijos, y también niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados.[18] El 22% de quienes cruzaron el Darién entre enero y septiembre de 2023 fueron niños, niñas y adolescentes.[19]
El rol del Clan del Golfo
Los grupos armados han estado presentes en Urabá desde la década de 1970. Entre ellos se encuentran la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares; en ocasiones, se han enfrentado en combates.[20]
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha sido el principal grupo armado de la región desde el Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano.[21] En 2020, el Clan se enfrentó y venció al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también estaba presente en los municipios de Juradó, Riosucio y Carmen del Darién.[22]
Se estima que el Clan cuenta con aproximadamente 9.000 miembros en todo el país[23] y ejerce un “control hegemónico” sobre Urabá, según la Defensoría del Pueblo.[24] Este grupo se dedica a actividades delictivas como el tráfico de drogas y armas y a la extorsión e impone normas para controlar la vida cotidiana y las actividades económicas de la población.[25] “Todo lo que pasa en Necoclí es con supervisión del Clan”, dijo a Human Rights Watch un hombre que había trabajado en una empresa de lanchas que transporta a migrantes y solicitantes de asilo.[26]
Por ejemplo, en mayo de 2022, durante cinco días, el Clan declaró un “paro armado” que restringió la movilidad de población civil en más de 190 municipios de 13 departamentos.[27] Entre ellos se encontraba la región de Urabá, donde obligaron a la población a quedarse en casa. Se cerraron escuelas, oficinas y tiendas.[28]
Luego de que el entonces líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsaga, conocido como “Otoniel”, fuera detenido en octubre de 2021, el grupo armado aumentó su participación en el flujo de migrantes y solicitantes de asilo a través del Darién.[29] En la actualidad, el Clan desempeña tres funciones principales en relación con el flujo de migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién:
- El Clan regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo y decide quién puede prestarles servicios en el camino.[30] Como se describe más adelante, el Clan ha cerrado rutas, incluyendo, al parecer, mediante el asesinato de un líder comunitario involucrado en el transporte de migrantes. Los consejos comunitarios que organizan las rutas piden permiso al Clan para utilizar ciertos caminos, dijo un fiscal a Human Rights Watch.[31] El grupo quiere evitar el paso de migrantes por las rutas terrestres que utiliza para el tráfico de drogas, según un fiscal y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.[32]
El grupo también utiliza el flujo de migrantes para desviar la atención del transporte marítimo de cocaína.[33] Dos personas que ayudan a migrantes y solicitantes de asilo en Necoclí, por ejemplo, contaron a Human Rights Watch que miembros del Clan del Golfo las convocaron a una reunión en marzo de 2022 y les dijeron que llevaran a los migrantes y solicitantes de asilo a empresas de lanchas que operan ilegalmente desde Totumo, un pueblo pequeño en Necoclí, hasta Carreto, en Panamá.[34] Estas embarcaciones suelen viajar en paralelo a los barcos que transportan cocaína.[35] Cuando la Armada interviene, los lancheros arrojan a los migrantes y solicitantes de asilo al mar y huyen con la cocaína, dijeron varias fuentes a Human Rights Watch.[36]
El Clan también ha establecido sistemas para rastrear los pagos de los migrantes y solicitantes de asilo para cruzar el Darién. Estos sistemas han incluido la entrega de pulseras a quienes pagaron y, más recientemente, la colocación de pegatinas en sus pasaportes o documentos de identidad.[37] - El Clan del Golfo extorsiona a todos los que se benefician del flujo migratorio en el lado colombiano.[38] Las normas internas del Clan establecen que sus ingresos proceden, entre otros, de los “impuestos de la economía de ilícito que existen en las regiones que controlan”.[39] Esto incluye a las personas que alquilan sus casas, venden viajes en barco o prestan servicios como “guías” a través de la selva. Un fiscal estimó que el Clan obtiene el 20% de todos los ingresos relacionados con las actividades migratorias.[40] El Ministerio de Defensa de Colombia informó a Human Rights Watch que el Clan del Golfo obtiene en promedio 125 dólares por cada migrante o solicitante de asilo que cruza el Darién.[41]
- El Clan del Golfo establece normas de comportamiento a la población local y los migrantes y solicitantes de asilo, y a veces las hace cumplir mediante amenazas y asesinatos.[42] Estas normas incluyen la prohibición de hacer daño a los migrantes y solicitantes de asilo.[43] Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Clan habría matado a un “guía” acusado de abusar sexualmente de mujeres migrantes.[44] “Hacen ‘limpieza social’”, dijo a Human Rights Watch un hombre que trabajaba en una empresa de lanchas, en referencia al asesinato de presuntos delincuentes. El grupo armado mantiene un nivel menor de violencia y abusos para evitar llamar la atención de las fuerzas de seguridad, aseguraron él y otras personas entrevistadas por Human Rights Watch.[45]
El viaje a través del Tapón del Darién
Las rutas de tránsito a través del Tapón del Darién han cambiado a lo largo de los años en respuesta a las necesidades de los migrantes y solicitantes de asilo y a las restricciones impuestas por las autoridades panameñas, así como por el Clan del Golfo.
El viaje es un negocio rentable para muchos, incluido el Clan del Golfo, las comunidades colombianas y los grupos indígenas panameños. Decenas de millones de dólares pueden circular por el Darién cada año debido a las actividades relacionadas con la migración.[46]
Los migrantes y los solicitantes de asilo suelen pagar tarifas elevadas para cruzar el Tapón, dependiendo de la ruta que tomen. Esto incluye, entre otros, las tarifas de las personas conocidas como “guías”, quienes a menudo los acompañan parte del camino para mostrarles las rutas. El nivel de riesgo al que se exponen los migrantes y solicitantes de asilo durante el viaje depende en gran medida de la ruta que puedan pagar.[47]
ACNUR calcula que casi el 70% de las personas que cruzaron el Darién entre julio de 2022 y enero de 2023 pagaron por un guía.[48] Un funcionario de la Defensoría del Pueblo de Colombia dijo a Human Rights Watch que los guías operan en “relevo”.[49] En la frontera, los guías afrocolombianos entregan a los viajeros a los guías indígenas panameños.[50]
Algunos migrantes y solicitantes de asilo contaron a Human Rights Watch que los guías les ayudaron a llevar sus pertenencias—y a sus hijos—durante la primera parte del viaje. Otros dijeron que los guías los abandonaron en la frontera o los entregaron a grupos criminales que abusaron de ellos.[51]
La primera parte del recorrido hacia el Darién desde Colombia se realiza generalmente por mar, lo que resulta más fácil que por tierra. En septiembre de 2023, entre 1.000 y 1.700 personas salían diariamente de Necoclí para cruzar el Golfo de Urabá, según el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), una plataforma de coordinación de actores humanitarios y agencias gubernamentales en Colombia.[52]
La mayoría de las personas que llegan a Panamá inician su viaje desde uno de los dos muelles de Necoclí autorizados por las autoridades colombianas.[53] Los barcos partían tradicionalmente de Necoclí para llevar a los turistas a las playas de Acandí, pero la llegada de migrantes y solicitantes de asilo cambió el propósito del negocio. Los migrantes y los solicitantes de asilo pagan el doble del precio—más de 40 dólares[54]—por los mismos tiquetes de barco que los turistas pagan 18 dólares.[55]
Los barcos que salen de los muelles autorizados proporcionan chalecos salvavidas, tiquetes oficiales y horarios de salida establecidos.[56] Las autoridades colombianas no llevan un registro de las personas que salen, por lo que se apoyan en los datos de las empresas de transporte marítimo que registran los nombres y el número de pasaporte de las personas que transportan.[57]
Otros inmigrantes y solicitantes de asilo inician su viaje en Turbo, un municipio portuario con 133.430 habitantes situado a una hora al sur de Necoclí.[58] La ruta a través de Turbo volvió a ser popular en 2023, después de haber permanecido prácticamente inutilizada durante un par de años.[59] El GIFMM y la Alcaldía de Turbo calculaban que, para septiembre de 2023, entre 500 y 1.000 personas partían cada día desde el municipio.[60] Salir desde Turbo es más barato, y la ruta parece ser utilizada por migrantes y solicitantes de asilo con menos recursos económicos, sobre todo venezolanos y ecuatorianos.[61]
Trabajadores humanitarios y la Defensoría del Pueblo de Colombia informaron a Human Rights Watch que también hay embarcaciones no autorizadas que parten desde otras playas de Necoclí y Turbo.[62] Entre 2021 y 2022, la Armada colombiana interceptó “aproximadamente siete embarcaciones ilegales que llevaban abordo un aproximado de 106 personas migrantes”, según la Defensoría del Pueblo. Estas embarcaciones navegan “a altas horas de la noche, con sobrecupo; algunas sin medidas básicas de seguridad”, según la Defensoría.[63]
Los pasajeros suelen desembarcar en Acandí o Capurganá, territorio colombiano situado al otro lado del Golfo de Urabá. Una vez allí, los migrantes y solicitantes de asilo son trasladados—al parecer en motocicletas—a campamentos organizados, denominados comúnmente “albergues”, que son establecidos y controlados por consejos comunitarios afrocolombianos o personas privadas. Los funcionarios del gobierno no están presentes en ninguno de los albergues y solo una organización humanitaria, la Cruz Roja Colombiana, está presente en uno de ellos.[64]
En 2022, el consejo comunitario COCOMASECO gestionaba dos albergues en Acandí, uno en el casco urbano y otro en Las Tecas.[65] En 2023, COCOMASECO perdió el control de estos albergues a manos de una junta de acción comunal (JAC) de Capurganá.[66] Según algunos entrevistados, este cambio fue influenciado por el Clan del Golfo y la JAC estaría conformada por miembros de COCOMANORTE.[67]
La JAC controla dos albergues más. Uno está ubicado en Capurganá, en la zona de El Platanal, y es conocido como Abel Pacheco, según la Defensoría del Pueblo.[68] Allí opera la Cruz Roja Colombiana.[69] En febrero de 2023, la Procuraduría dijo que el albergue no cuenta “con inversión o acompañamiento alguno de las entidades del nivel departamental y nacional”.[70] El otro se encuentra en el pueblo de Astí, más adentro en la selva. Está en condiciones “precarias”, dijo a Human Rights Watch una persona que lo visitó.[71]
Para acceder a los albergues y a los servicios de los guías, los migrantes y solicitantes de asilo pagan entre 100 y 300 dólares antes de salir de Necoclí. Quienes pagan, antes recibían una pulsera y, recientemente, una pegatina en su pasaporte o documento de identidad.[72] Las personas que controlan los albergues no permiten que los migrantes o solicitantes de asilo inicien su viaje sin pagar.[73] Hombres armados han amenazado a algunos migrantes y solicitantes de asilo que no pagaron.[74]
Tras pasar un par de horas o una noche en los albergues, los migrantes y solicitantes de asilo inician su viaje de varios días a través de la selva, durmiendo en sus carpas por el camino. Estos relatan que suben montañas empinadas hasta llegar a una cima, donde una bandera marca la frontera con Panamá.[75] Aunque ACNUR calcula que, en promedio, la gente tarda cuatro días en cruzar el Tapón del Darién, algunos migrantes y solicitantes de asilo dijeron a Human Rights Watch que les tomó hasta 12 días.[76]
Una vez en Panamá, los migrantes y solicitantes de asilo descienden a lo largo del río, pasando por los asentamientos indígenas de Tres Bocas y Cañas Blancas antes de llegar a Comegallina. Mientras cruzan esta zona, son víctima de criminales que cometen robos y violencia sexual, según los testimonios de migrantes y solicitantes de asilo e información proporcionada por la Defensoría del Pueblo de Panamá y organizaciones humanitarias.[77] (Véase la sección II sobre abusos contra las personas que cruzan el Tapón del Darién).
Al llegar a Comegallina, los migrantes y solicitantes de asilo contratan a indígenas que los transportan en pequeñas canoas de madera, conocidas como “piraguas”, hasta la comunidad indígena de Bajo Chiquito y luego a la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de Lajas Blancas.[78]
Durante la segunda mitad de 2021, la mayoría de los migrantes que se dirigían al Tapón lo hacían a través de Acandí. El flujo disminuyó durante un tiempo después del asesinato de Fredy Pestana, líder del consejo comunitario de COCOMANORTE, en diciembre de 2021. Según varias fuentes, el Clan del Golfo habría cometido el asesinato.[79] Desde finales de 2022, el flujo a través de Acandí ha aumentado nuevamente.
Algunos migrantes y solicitantes de asilo toman una ruta más larga pasando por diferentes asentamientos indígenas panameños como Punta Carreto, Dos Bocas y El Abuelo, hasta llegar a la comunidad indígena de Canaán Membrillo. Desde allí las piraguas los llevan a la ERM de San Vicente.[80] Durante varios meses después de finales de 2022, esta ruta estuvo prácticamente inutilizada, pero el número de personas que llegan a Canaán Membrillo parece estar aumentando nuevamente.[81]
El siguiente mapa muestra estas rutas, así como otras que Human Rights Watch identificó como menos populares o que han perdido popularidad en los últimos años. Entre ellas se incluye una ruta que comienza en Unguía, en el departamento colombiano del Chocó, y termina en las comunidades indígenas Guna de Paya y Payita, en Panamá;[82] y una ruta entre Juradó, un municipio de la costa pacífica en Colombia, y Jaqué, en Panamá.[83]
El rol de la desinformación
Es difícil obtener información confiable sobre el Tapón del Darién. En febrero de 2023, Panamá, Colombia y Estados Unidos anunciaron esfuerzos coordinados para, entre otras cosas, “combatir la desinformación”.[84]
Según las entrevistas de Human Rights Watch, los migrantes y solicitantes de asilo suelen confiar en las redes sociales y en el boca a boca de amigos y familiares para obtener información.[85] En octubre 2023, ACNUR informó que siete de cada diez encuestados afirmaron haberse informado sobre su viaje a través de familiares y amigos. Otro 35% utilizó TikTok y un 29%, Facebook.[86] La desinformación, especialmente la que proviene de redes sociales, beneficia a los traficantes, quienes pueden difundir información errónea, aseguraron trabajadores humanitarios. La información inexacta obtenida a través de estas fuentes puede ser difícil de contrarrestar.[87]
Las organizaciones humanitarias se esfuerzan por proporcionar información a los migrantes sobre los riesgos, abusos y servicios disponibles al otro lado de la frontera, así como sobre las nuevas políticas y prácticas migratorias, tales como la aplicación de telefonía móvil CBP One en Estados Unidos.[88]
Sin embargo, dada la falta de rutas más seguras y la situación de los derechos humanos en los países de origen, es poco probable que muchas personas se dejen disuadir.[89] “La respuesta que recibimos de ellos es ‘sí, sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios continuaré’”, dijo a Human Rights Watch un trabajador humanitario.[90]
Algunos migrantes y solicitantes de asilo entrevistados en el lado panameño dijeron que se arrepentían de haber arriesgado sus vidas en un viaje que era más peligroso de lo que esperaban. Otros dijeron que volverían a hacerlo si fuese necesario, para buscar protección y una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.[91]
Los entrevistados por Human Rights Watch parecían estar más informados sobre los riesgos y abusos a los que podrían enfrentarse al cruzar el Darién, incluyendo robos y violencia sexual, que sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.[92]
II. Abusos y riesgos en el Tapón del Darién
A lo largo de varios días de camino por el Darién, migrantes de todas las nacionalidades frecuentemente sufren robos y graves abusos, incluyendo violencia sexual.[93] También se enfrentan a ríos caudalosos, enfermedades transmitidas por mosquitos y víboras venenosas.[94]
Aproximadamente el 97% de las 219 personas entrevistadas entre julio y septiembre de 2022 en Costa Rica por la red Mixed Migration Centre afirmó que cruzar el Darién había sido la parte más peligrosa de su viaje hasta el momento. Los migrantes y solicitantes de asilo reportaron lesiones, enfermedades y muertes, agresiones relacionadas con robos y violencia sexual, y otros tipos de violencia física.[95]
Del mismo modo, más del 30% de las cerca de 1.380 personas entrevistadas por ACNUR en el Tapón del Darién entre julio de 2022 y junio de 2023 sufrieron algún tipo de abuso en la selva, incluyendo robos (20%), estafas (14%) y amenazas u otros actos de “intimidación” (11,3%).[96]
Robos, asaltos y amenazas
Muchos migrantes reciben amenazas o son víctimas de robo cuando cruzan el Darién.
La Procuraduría General de la Nación de Panamá dijo a Human Rights Watch que había abierto 43 investigaciones por “delitos contra el patrimonio económico”, como robo armado, en el Darién, en 2021 y otras 65 entre enero y julio de 2022.[97]
La mayoría de los robos aparentemente tienen lugar en el lado panameño de la frontera. Migrantes y solicitantes de asilo contaron a Human Rights Watch que les robaron después de pasar por una bandera que les permite identificar la frontera panameña o un par de días u horas antes de su llegada a Comegallina.[98] “La mayoría de los casos ocurren cuando los migrantes están bajando la loma del lado panameño”, dijo a Human Rights Watch un fiscal en Panamá.[99]
Varios migrantes y solicitantes de asilo describieron haber sido emboscados en la selva por grupos de entre 8 y 15 hombres armados. Algunos dijeron que los agresores estaban vestidos de civil. Otros describieron vestimenta de estilo militar como camuflaje.[100]
Algunas víctimas dijeron que los asaltantes llevaban pistolas; otras describieron rifles de caza y machetes. Un fiscal panameño confirmó a Human Rights Watch que éstas son las armas que habitualmente se emplean para robar a los migrantes y solicitantes de asilo en el Darién.[101]
Según las entrevistas realizadas por Human Rights Watch, la dinámica de los robos suele ser la misma. Los delincuentes tienden una emboscada a un grupo de migrantes y solicitantes de asilo, les apuntan con pistolas y hacen que se arrodillen o se tiren al suelo. Después les exigen dinero, generalmente 100 dólares por persona. También abren bolsas y mochilas y se llevan las pocas pertenencias que los migrantes llevan guardadas o que llevan puestas como comida, ropa y zapatos o botas. En algunos casos, los delincuentes separan a los migrantes por nacionalidad o sexo.[102]
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Louis Gerad (pseudónimo), un haitiano de 38 años, su esposa, su hermana y su hijo de 4 años viajaban hacia el norte desde Brasil.[103] Tardaron cinco días en cruzar el Tapón del Darién desde Necoclí hasta Bajo Chiquito, dijo Louis a Human Rights Watch. A medio camino, entre seis y ocho hombres lo emboscaron. Llevaban “armas cortas y largas”. Los delincuentes les preguntaron si eran haitianos, les exigieron 100 dólares por persona. También rebuscaron en sus mochilas y se llevaron toda su ropa y comida. Lo que más preocupó a Louis tras el robo fue que su hijo no tuvo nada para comer “durante días”. Samson Noel (pseudónimo), de 30 años, abandonó Camerún después de que el gobierno camerunés matara a su padre, según contó a Human Rights Watch.[104] Dos meses después, el grupo de personas con las que viajaba, en su mayoría haitianos, tomó la ruta de Capurganá a Canaán Membrillo a través del Tapón del Darién. Lograron superar las laderas empinadas y resbaladizas de la “Loma de la Muerte” y, en su segundo día caminando por la selva, sufrieron una emboscada. Nueve hombres armados y con la cara cubierta, algunos con ropa de estilo militar, los hicieron tirarse al suelo, les pidieron 100 dólares y vaciaron sus mochilas. A Samson le quitaron 500 dólares, junto con su celular, artículos de aseo y zapatos. Los hombres golpearon y amenazaron de muerte a quienes tenían poco o nada de dinero, nos dijo Samson. Luciana, de 31 años, y Juan Herrera (pseudónimos), de 32, se fueron de Venezuela dejando atrás a sus tres hijos, de 2, 6 y 11 años, con la esperanza de enviarles dinero desde Estados Unidos.[105] “Solía decir que nunca me iría, pero la situación era insostenible y me vi obligado a irme para poder darles un futuro a mis hijos”, contó Juan a Human Rights Watch. Caminaron durante cinco días, junto con otras personas, entre Capurganá y Bajo Chiquito. Un grupo de seis hombres, encapuchados y vestidos de negro, los asaltaron. Exigieron 100 dólares a cada persona del grupo. Los hombres llevaban rifles, pistolas y machetes, dijeron Juan y Luciana. “Miren al frente o los matamos”, les decía uno de los asaltantes. Los hombres armados separaron del grupo a una mujer joven, que dejaron en libertad una vez que su hermano pagó por ella. Asustada, salió huyendo y casi se cae por un barranco, recordó Juan. Quienes no tenían dinero para pagar fueron obligados a regresarse. |
Violencia sexual
En los últimos años, cientos de personas, en su mayoría mujeres, han sufrido violencia sexual al cruzar el Darién, según organizaciones humanitarias.
La Procuraduría panameña dijo a Human Rights Watch que había abierto 99 investigaciones por “delitos contra la libertad e integridad sexual”, incluyendo violación y otros tipos de abuso sexual, contra migrantes y solicitantes de asilo en el Darién en 2021; y 32 entre enero y julio de 2022.[106] Sin embargo, es probable que exista un gran subregistro de este tipo de delitos.
Médicos Sin Fronteras (MSF) asistió a 328 personas que informaron haber sido víctimas de violencia sexual mientras cruzaban el Darién entre abril y diciembre de 2021;[107] 232 en todo 2022; y 390 entre enero y octubre de 2023.[108] Según MSF, el número total de víctimas es todavía mayor.[109]
Víctimas, trabajadores humanitarios, y autoridades panameñas dijeron a Human Rights Watch que, en la mayoría de los casos de violencia sexual, migrantes y solicitantes de asilo fueron emboscados por hombres armados, fueron separados por género y las mujeres fueron obligadas a quitarse la ropa. Las mujeres dijeron que los hombres las agredieron sexualmente, frecuentemente bajo el pretexto de buscar dinero escondido. En numerosos casos las violaron.[110]
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Rita Mendes, una mujer angoleña de 39 años, cruzó el Darién con un grupo junto a su esposo José, de 49 años, y Ana, su hija de 12 años.[111] Dijeron que les robaron dos veces después de salir de Colombia. Dos días antes de llegar a Armila, en el lado panameño, un grupo de ocho o nueve hombres los emboscó, dijo Rita a Human Rights Watch. Los hicieron arrodillares, les apuntaron con pistolas y les robaron las pertenencias que llevaban en las mochilas. “Antes de pedirnos dinero, nos separaron por nacionalidades”, contó José. También dijo que los delincuentes tenían las caras cubiertas, algunos iban vestidos con pantalón de jean, mientras otros vestían ropa de estilo militar con camuflaje. Dos días después pasar por Armila, otro grupo de hombres armados los emboscó. Los retuvieron durante unas seis horas. En esta ocasión, los delincuentes separaron a las mujeres. José nos dijo que lo golpearon cuando intentó detenerlos. Dos hombres le pusieron a Rita un machete en el cuello, la golpearon con la culata de un rifle, la tiraron al suelo, y la violaron. Después apuntaron el machete contra Ana y la violaron. Los agentes panameños del SENAFRONT a los que Rita y Ana intentaron denunciar al día siguiente las violaciones “no mostraron ninguna empatía”, dijo Rita. Organizaciones humanitarias les proporcionaron atención médica. |
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Beatrice Mathieu (seudónimo), una haitiana de 35 años, cruzó el Darién con su esposo, en un grupo de 16 migrantes.[112] Seis hombres con la cara cubierta los emboscaron disparando sus armas al aire, dijo. Los hombres separaron a las mujeres. Uno obligó a Beatrice a quitarse la ropa mientras la apuntaba con la pistola y la agredió sexualmente, contó. “Pensé que iban a violarme”, dijo. Los hombres armados hicieron lo mismo con otras cinco mujeres de su grupo de acuerdo con el testimonio de Beatrice. Jean Baptiste Devon (pseudónimo), un haitiano de 42 años cruzó el Darién con su esposa Marie Claire (pseudónimo), de 30, y su hija de 6 meses.[113] Un grupo de entre seis y ocho hombres armados los emboscó, contó a Human Rights Watch. Los hombres agredieron sexualmente de Marie Claire mientras le preguntaban por el dinero. “Me amenazaron con que iban a violar a mi mujer y a mi hija”. Jean Baptiste les dio 50 dólares que llevaba escondidos en la media y los hombres armados los dejaron marcharse. En su tercer día en la selva, un grupo de hombres armados emboscó a Fabiola Moise (pseudónimo), una mujer haitiana de 22 años que viajaba en un grupo junto con su esposo y su hijo de 1 año.[114] Los hombres la separaron a ella y a otras dos mujeres del grupo. Un hombre la empujó contra un árbol y la agredió sexualmente, según contó. Un segundo hombre se sumó al primero y le preguntó dónde estaba el dinero. Ella apunto a sus botas. Se llevaron todo el dinero que tenía guardado y la dejaron ir. |
Aunque la mayoría de las supervivientes de la violencia sexual en el Darién son mujeres y niñas, entre los supervivientes también hay hombres y niños, según testimonios de los sobrevivientes, organizaciones humanitarias y las Defensorías del Pueblo de Colombia y de Panamá.[115]
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Ernesto Borja (pseudónimo), un venezolano de 34 años cruzó el Darién junto con un grupo.[116] Dijo que un par de horas antes de llegar a Comegallina, un grupo de personas armadas con machetes los emboscaron. Les pidieron 100 dólares a todos. Golpearon a Ernesto con piedras y con patadas en la rodilla y en la cabeza. A todos los migrantes los obligaron a quitarse la ropa. Agredieron sexualmente a todos los hombres y mujeres del grupo, diciendo que buscaban dinero. Después de encontrar 200 dólares que Ernesto escondía, dejaron que el grupo se marchara. |
Muertes y desapariciones
Muchos migrantes han perdido la vida o han desaparecido intentando cruzar el Tapón del Darién.
El SENAFRONT informó a Human Rights Watch que sus agentes recuperaron 65 cadáveres en 2021; 51 en 2022. Entre enero y abril de 2023, la Primera Brigada Oriental del SENAFRONT, que opera en el Darién, dijo que habían recuperado ocho cuerpos más.[117] La Procuraduría General de la Nación de Panamá informó a Human Rights Watch sobre 72 investigaciones derivadas del hallazgo de cuerpos en el Darién entre enero de 2021 y julio de 2022.[118]
El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM reportó que al menos 229 personas habían desaparecido en el Darién entre enero de 2021 y septiembre de 2023.[119] También dijo que “los casos de los que se tiene conocimiento” sugerían que esa cifra representaba “solamente una pequeña fracción de la verdadera cantidad de vidas perdidas”.[120] Las prácticas utilizadas actualmente para determinar el número de migrantes desaparecidos sólo permiten conocer una parte de los desaparecidos, pues se basan principalmente en información de funcionarios estatales.[121]
El Defensor del Pueblo panameño, Eduardo Le Blanc, dijo a Human Rights Watch que, como Colombia no registra a las personas que salen del país, no hay forma de saber quién está desaparecido ni de determinar qué proporción de migrantes y solicitantes de asilo que salen de Colombia llegan a Panamá.[122]
Muchos migrantes y solicitantes de asilo dijeron a Human Rights Watch que habían visto cadáveres a lo largo del camino, a veces más de una docena.[123] Asimismo, en octubre de 2023, ACNUR reportó que casi el 50% de los más de 114 migrantes y solicitantes de asilo encuestados dijeron haber visto entre 1 y 15 cuerpos.[124]
Las causas de muerte incluyen ahogamientos y, en algunos casos, homicidios. En muchos casos, las autoridades no han determinado la causa de fallecimiento. De los 124 cuerpos que el SENAFONT ha recuperado desde 2021, 74 fueron catalogados como ahogamientos, 1 como homicidio (de un niño venezolano) y 28 como “se desconoce” la causa. Hasta abril de 2023, las autoridades no habían podido identificar el sexo de 30 cadáveres ni la nacionalidad de 77.[125]
Human Rights Watch recibió información creíble sobre hombres armados que decapitaron y descuartizaron personas.[126] Las Defensorías del Pueblo de Colombia y de Panamá, así como un trabajador humanitario, relataron historias de cuerpos que fueron arrojados por acantilados o quemados.[127]
La Procuraduría y el SENAFRONT dijeron a Human Rights Watch que trabajan en coordinación para encontrar y recuperar los cuerpos con el objetivo de identificarlos.[128] La Fiscalía realiza necropsias y recoge pruebas para notificarlas a embajadas o consulados o para crear un perfil genético para construir una base de datos para futuros cotejos de identidad.[129] No obstante, fiscales panameños reportaron desafíos para identificar los cuerpos y la determinación de las causas de muerte debido a su descomposición.[130]
Los ahogamientos son la causa de muerte más frecuente, sobre todo durante la época de lluvia. Varios migrantes dijeron a Human Rights Watch que cruzaron ríos usando cuerdas amarradas a árboles ubicados a ambos lados del río. Los hombres jóvenes ayudaban a cruzar a niños y pertenencias personales. “Me amarré una niña china al cuerpo y crucé el río”, dijo a Human Rights Watch un joven venezolano. “No tocaba el piso con mis pies”. La madre de la niña fue arrastrada por la corriente, y dos jóvenes se lanzaron al río para salvarla. “Por suerte, lo lograron”, nos contó el joven venezolano. “No todos sobreviven”.[131]
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Alejandro y Jazmín Vélez (pseudónimos), ambos de 36 años, perdieron a su hijo Isaac (pseudónimo), de 6 años, en el Darién. La pareja, originaria de Venezuela, se dirigía hacia el norte desde Quito, Ecuador. Una vez en el Darién, en octubre de 2022 tomaron la ruta desde Acandí con Isaac y sus otros hijos, de 10 y 4 años.[132] Viajaron con un grupo de venezolanos, entre los que se encontraban colegas que Alejandro conoció en Quito. Mientras atravesaban la densa selva con dificultad, un hombre de su grupo, al que no conocían antes de iniciar su viaje, se ofreció a ayudarlos a llevar a Isaac para que todos pudieran avanzar más rápido, según contaron a Human Rights Watch. Alejandro y Jazmín aceptaron a regañadientes la ayuda del hombre. El hombre que llevaba a Isaac y algunos otros miembros del grupo avanzaron rápidamente dejando atrás a Alejandro y a Jazmín. El río estaba crecido, por lo que la pareja y sus hijos acamparon en la orilla, esperando que el caudal disminuyera al otro día. A la mañana siguiente consiguieron cruzar el río. Caminaron deprisa, con la esperanza de alcanzar al hombre y a Isaac. Cuando llegaron al primer campamento improvisado en un asentamiento indígena en Panamá, sus amigos les dijeron que a Isaac se lo había llevado el río y que, probablemente, se había ahogado. Alejandro y Jazmín intentaron presentar una denuncia en Bajo Chiquito, pero no había fiscales ahí. Dos días después del supuesto ahogamiento, pudieron presentar una denuncia en Santa Fe, un poblado a 30 minutos en vehículo de la ERM de San Vicente. La fiscalía encontró y habló con el hombre que llevaba a Isaac y con sus amigos. Estos afirmaron que Isaac se había ahogado en el río. Poco después, el grupo salió de Panamá para continuar su viaje. Tras recibir la denuncia, las autoridades tardaron ocho días en enviar grupos de búsqueda al río. La Interpol, la organización policial internacional, publicó una alerta amarilla—una alerta mundial sobre una persona desaparecida—el 30 de noviembre, aproximadamente un mes y medio después de la desaparición de Isaac. Al 26 de octubre de 2023 Isaac no había sido encontrado. |
En ocasiones, las familias o los grupos de migrantes y solicitantes de asilo que viajan juntos se separan en el Darién y nunca descubren que ocurrió con los demás. Igualmente, sus familias en los países de origen o destino pierden contacto con los migrantes y nunca obtienen información acerca de su situación o paradero.[133]
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Eduardo González (pseudónimo), un venezolano de 35 años perdió rastro de su esposa Rosario (pseudónimo) en el Darién. Había pedido a un hombre del grupo con el que iba que llevara a Lucas (pseudónimo), su hijo de 3 años, para poder ayudar a su esposa, que se estaba quedando atrás en un sendero empinado. Ella le rogó que la dejara y alcanzara al hombre que llevaba a Lucas. Eso hizo. Cuando Human Rights Watch habló con él, en la ERM de San Vicente, Eduardo y Lucas llevaban allí dos días, esperándola. “Se desapareció”, dijo Eduardo.[134] |
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reportó, en noviembre de 2021, haber recibido denuncias de “desapariciones de migrantes que habrían sido cometidas por grupos
criminales” y de “fosas comunes de migrantes sin identificar” en la selva del Darién.[135] El Comité reportó una “falta de investigaciones” sobre dichas alegaciones. Las autoridades panameñas han desestimado las denuncias de fosas comunes.[136]
Enfermedades y condiciones naturales adversas
Los peligros de la selva del Darién son evidentes: desde las repentinas crecidas de los ríos y el riesgo de contagiarse de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y la malaria, hasta las caídas desde los acantilados. La empinada y resbaladiza subida hasta la frontera desgasta físicamente a muchos migrantes y solicitantes de asilo. Cruzar los ríos en el lado panameño puede ser mortal durante la temporada de lluvias. Los migrantes duermen en campamentos improvisados, expuestos a tormentas, y sus reservas de alimento a menudo se agotan.[137]
Algunos de los cuerpos recuperados en el Darién muestran evidencia de paros cardíacos o respiratorios u otros problemas de salud, dijo el SENAFRONT a Human Rights Watch.[138] Los agentes del SENAFRONT rescataron a 143 personas, entre enero de 2021 y abril de 2023, que tenían alguna emergencia de salud como convulsiones, deshidratación, fiebre, vómito, fracturas o riesgo de aborto.[139]
La Defensoría del Pueblo de Panamá señala como riesgos para la salud de los migrantes y solicitantes de asilo, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias y las afecciones de la piel por picaduras de mosquitos y otros insectos.[140] De los más de 35.900 migrantes y solicitantes de asilo que recibieron atención en salud de MSF entre enero y julio de 2023, alrededor del 26% tenían problemas musculoesqueléticos, seguidos de afecciones de la piel (21%), diarrea (19%) y afecciones respiratorias (15%).[141]
III. Cómo la falta de vías legales contribuye a la migración por el Tapón del Darién
Entre 2005 y 2020, el número de migrantes en América Latina y el Caribe aumentó en más del doble, pasando de unos 7 millones a 15 millones, según la OIM, lo que la convirtió en la región de mayor crecimiento de migrantes internacionales a nivel global durante ese periodo.[142]
En junio de 2022, 21 países, entre ellos Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá y Honduras, firmaron la Declaración sobre Migración y Protección durante la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos.[143] La declaración, liderada por el presidente de EE. UU. Joe Biden, incluye compromisos para fortalecer y ampliar las vías para que las personas puedan migrar y solicitar asilo de forma segura y legal, así como para asegurar la rendición de cuentas de quienes cometen abusos contra migrantes.
A pesar de ello, un número creciente de gobiernos latinoamericanos han impuesto restricciones, a menudo promovidas por Estados Unidos, a quienes intentan ingresar a sus países; en ocasiones violando el derecho humano a solicitar asilo.[144] Por ejemplo, los requisitos de visado impuestos recientemente impiden que migrantes y solicitantes de asilo de varios países latinoamericanos puedan tomar vuelos hacia México y Centroamérica.[145]
En lugar de reducir la cantidad de migrantes y solicitantes de asilo, estas políticas obligan a las personas en tránsito a optar por rutas irregulares y peligrosas.[146] Como se muestra a continuación, los datos estadísticos sugieren que los requisitos de visado impuestos por los gobiernos de México y Centroamérica son uno de los factores que contribuyen al aumento de migrantes que cruzan el Darién. En el pasado, un gran número de venezolanos y ecuatorianos han migrado a la frontera sur de Estados Unidos tomando rutas distintas al Tapón del Darién. Sin embargo, tras la aplicación de visado obligatorio para venezolanos y ecuatorianos, el número de personas de ambas nacionalidades que cruzan el Darién se ha disparado, lo que sugiere una relación entre el requisito de visado y el aumento de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan esta selva.
Venezolanos
Desde 2014, una devastadora crisis humanitaria junto con la represión y persecución en Venezuela han provocado la salida de millones de personas, algunas de las cuales no pueden o no quieren retornar.[147] El éxodo venezolano representa una de las mayores crisis migratorias del mundo, con unos 7,7 millones de venezolanos viviendo en el exterior.[148]
Al principio, quienes huían del país se dirigían sobre todo a países sudamericanos como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil.[149] Sin embargo, la pandemia de Covid-19 y los confinamientos aumentaron la pobreza y la desigualdad y socavaron las oportunidades de empleo en toda América del Sur, lo que empujó a muchos venezolanos a viajar hacia el norte.[150] Estos problemas se agravaron con el aumento de la xenofobia en la región, en la que los migrantes venezolanos han sido utilizados como chivo expiatorio de problemas como la inseguridad, la pérdida de empleos y las respuestas inadecuadas a la pandemia.[151]
Las restricciones de visado en México y Centroamérica han impedido a los venezolanos tomar vuelos hacia el norte para evitar cruzar el Darién. A principios de 2022, México, Costa Rica y Belice impusieron la obligación de visado a los venezolanos.[152] Además, Panamá y Honduras les exigen visado desde 2017; Guatemala, desde 2018.[153] La exigencia de visados a los ciudadanos venezolanos son frecuentes en las Américas: en mayo de 2023, Surinam comenzó a exigir visado a los venezolanos, convirtiéndose en el veinticuatroavo país en las Américas que adopta esta decisión.[154]
A pesar de las restricciones, los venezolanos siguen viajando hacia el norte. Como muestra el siguiente gráfico, la obligatoriedad de visado por parte de México, a partir de enero de 2022, inicialmente coincidió con un descenso en el número de venezolanos aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos. No obstante, poco después hubo un aumento drástico del número de venezolanos que cruzan Tapón del Darién. Desde entonces, el número de venezolanos aprehendidos en México y en la frontera sur de Estados Unidos refleja el aumento del número de personas que cruzan el Darién.[155] (El número de personas que cruzan el Tapón del Darién disminuyó significativamente en octubre de 2022, cuando el gobierno estadounidense anunció un programa humanitario para venezolanos que será descrito más adelante en este informe. Esta cifra aumentó posteriormente a medida que muchos venezolanos descubrieron que no cumplían los requisitos para aplicar al programa).
Muchos venezolanos dijeron a Human Rights Watch que los requisitos de visado habían limitado su capacidad de tomar rutas más seguras.
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Sofía Correa (pseudónimo) cruzó el Tapón del Darién en 2022 con su hijo adolescente.[156] Decidió salir de Venezuela después de tener dificultades para “llevar comida a la mesa”, explicó a Human Rights Watch. Como madre soltera, tenía varios trabajos para asegurarse de que su hijo tuviera todo lo necesario para seguir estudiando, pero la situación del país lo hacía “realmente difícil”. A finales de 2021, decidió que era el momento de salir de Venezuela. Las restricciones de visado para los venezolanos que viajaban a México y los países centroamericanos entraron en vigor poco después. “Me hubiese ido en avión, pero ¿quién me va a dar una visa? Este infierno era mi única opción”, dijo a Human Rights Watch mientras intentaba secar en el suelo sus documentos de identidad que se le habían mojado en el camino. Sofía cayó en un río mientras cruzaba el Darién. “Pensé que iba a morir ahí”. Cuando Verónica Pérez (pseudónimo), de 32 años, supo, a finales de 2021, que estaba embarazada, lloró al saber que en Venezuela no podría obtener una alimentación adecuada, y mucho menos los medicamentos necesarios, contó a Human Rights Watch.[157] Verónica necesitaba tomar algunas vitaminas y suplementos nutricionales, pero eran demasiado caros. Su pareja, Marco, dijo a Human Rights Watch que “sería imposible obtener los papeles para viajar a México”, en referencia al pasaporte y al visado. Pasaron días sin comer mientras cruzaban la selva. Un grupo de hombres los asaltó y se llevó las pocas pertenencias que tenían. Cuando llegaron a Panamá, Verónica tenía un sangrado. Buscó atención médica por parte de trabajadores humanitarios. |
Los requisitos de visado son imposibles de cumplir para muchos venezolanos. En Venezuela, un pasaporte cuesta aproximadamente 200 dólares,[158] y, al parecer, algunos funcionarios o servicios ilegales cobran más.[159] Esta tasa es inasequible para la mayoría de los venezolanos, en un país donde la gente normalmente gana un salario mínimo de 130 bolívares, entre 4 y 5 dólares mensuales.[160]
Los pasaportes son difíciles de conseguir, incluso para quienes pueden pagarlos. A menudo, las autoridades carecen de materiales básicos como papel y tinta para expedir estos documentos. A veces, la página web no funciona.[161] Las prolongadas suspensiones en el proceso de expedición de documentos de identidad y las dificultades para obtener certificados de nacimiento también son una barrera para acceder a documentos de viaje y visados.[162]
Para los venezolanos que ya han salido del país, los servicios consulares en el extranjero son escasos e impagables, lo que dificulta la obtención o renovación de pasaportes y otros documentos oficiales, incluyendo certificados de matrimonio y de nacimiento.[163]
Este problema se agravó en 2019, cuando muchos países de la región reconocieron a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como “presidente interino” de Venezuela, y rompieron relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Nicolás Maduro. La confusión respecto de los servicios consulares agravó los problemas legales de las personas en tránsito.[164] Aunque Guaidó prorrogó formalmente la validez de los pasaportes caducados, el acceso a documentos como cédulas de identidad continuó siendo un desafío.[165]
De los 773 venezolanos encuestados por ACNUR entre julio de 2022 y junio de 2023 en el Tapón del Darién, aproximadamente el 8% viajaba con un pasaporte válido. El 14% tenía un pasaporte caducado, mientras más de la mitad (54%) tenía una cédula de identidad, pero ningún otro documento como pasaporte o permiso de residencia. Aproximadamente el 6% no tenía ningún documento.[166]
Haitianos
Haití enfrenta a una larga crisis política, de seguridad y humanitaria que ha dejado inoperantes a todos los poderes del Estado, lo que ha permitido una abrumadora impunidad respecto de violaciones a los derechos humanos y ha forzado a miles de haitianos a huir del país.[167]
Tras el devastador terremoto de 2010 y con la apertura de oportunidades laborales en vísperas del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil,[168] los haitianos comenzaron a migrar hacia el sur, sobre todo a Brasil y Chile. Ambos países eran vistos como una alternativa a Estados Unidos y Canadá, que tenían demasiadas restricciones migratorias.[169]
En América Latina, los haitianos se enfrentan a la mayor cantidad de restricciones de visado respecto a cualquier otra nacionalidad en el continente.[170] Al menos 24 gobiernos en la región, incluyendo países de Centro y Sur América, tienen requisitos de visado para los haitianos, según el Banco Interamericano de Desarrollo.[171]
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Louis Gerard (pseudónimo), vivió en Porto Alegre, Brasil, durante seis años antes de cruzar el Darién con su esposa, su hermana y su hijo de 4 años.[172] En 2016, Louis abandonó Haití, donde dejó a sus padres y hermanos. Decidió ir a Brasil porque “aunque estaba lejos, recibían bien a los migrantes”, contó a Human Rights Watch. En Brasil, Louis trabajó en varios lugares para poder enviar dinero a casa y criar a su hijo, de nacionalidad brasilera. Según cuenta, todo se complicó tras la pandemia del Covid-19. Durante varios meses, su jefe no le pagó por su trabajo. “Hay abusos laborales contra nosotros. Nos pagan menos”, dijo a Human Rights Watch. En febrero de 2023, se fueron porque “Brasil nos dejó sin opciones”. “Podríamos quedarnos en México, pero no podemos llegar en avión por el visado”, contó. Unos delincuentes les robaron mientras cruzaban el Darién. Los dejaron sin dinero ni comida. Antoine Petit (pseudónimo), de 28 años, dejó Haití en 2017 para ir a Chile.[173] “Llegué allí en avión, con mi pasaporte porque entonces [Chile] no pedía visado”, explicó a Human Rights Watch. Antoine tuvo permiso de trabajo durante un año, pero luego fue difícil renovarlo. La pandemia también lo afectó mucho económicamente. Además, le dijo a Human Rights Watch, que a menudo sufría discriminación porque le costaba hablar español. Con los pocos ahorros que tenía, Antoine emprendió su viaje hacia el norte. Esta vez viajó por tierra porque carecía de visado. Unos delincuentes le robaron el pasaporte y otras pertenencias en la frontera entre Ecuador y Colombia. “Soy consciente de los peligros del Darién”, dijo, “pero no tengo otra opción”. |
Para los haitianos suele ser difícil conseguir visados y pasaportes. En los últimos meses, algunos medios de comunicación han reportado cómo haitianos con sus documentos en mano se abren paso a través de abarrotados edificios gubernamentales para solicitar un pasaporte.[174] Las solicitudes de pasaportes pasaron de 1.500 a 5.000 al día después de que Estados Unidos abriera un programa humanitario para haitianos en enero de 2023.[175] “Funcionarios corruptos están vendiendo [los pasaportes] a mujeres a cambio de sexo”, dijo a Human Rights Watch Nicole Philipps, de la ONG Haitian Bridge Alliance.[176]
Ecuatorianos
En un contexto de frágiles instituciones democráticas, Ecuador ha experimentado un fuerte aumento de la delincuencia y la violencia por parte del crimen organizado, que llevó las tasas de homicidio y extorsión a niveles sin precedentes. La inseguridad, combinada con una economía en recesión y problemas estructurales que impiden el disfrute de derechos económicos y sociales de los ecuatorianos, ha empujado a un número creciente de migrantes y solicitantes de asilo a abandonar Ecuador y dirigirse hacia el norte.[177]
Desde finales de 2021, varios países de la región, entre ellos México y Guatemala, han impuesto nuevos requisitos de visado a los ecuatorianos.[178] Los ecuatorianos deben obtener visados para viajar a 14 países del continente americano.[179]
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Javier Prieto (pseudónimo), un carpintero de 48 años, cruzó el Darién en marzo de 2023 con su hija de 25 y su nieto de 7.[180] En noviembre de 2022, unos delincuentes habían asesinado al hermano de Javier para robarle el teléfono. La policía los detuvo, pero Javier dijo que uno de sus amigos recibió una llamada en la que amenazaban con matar a Javier y al amigo una vez que los hombres detenidos salieran de la cárcel. “Es difícil obtener visa en Estados Unidos, a los ecuatorianos no nos dan”, dijo a Human Rights Watch. Tomaron un autobús en dirección a Colombia. “Es triste dejar a la familia y ver tanto muerto en la selva. Había muchos cuerpos”, contó Javier. En el Darién, cargó a su nieto en sus hombros para cruzar un río. |
Desde 2023, México ha aumentado su requisito de “solvencia económica” para los ecuatorianos. Exige que demuestren que cuentan con un empleo, o una pensión, durante más de un año, con ingresos mensuales durante los últimos tres meses equivalentes a aproximadamente 1.050 dólares.[181]
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Desde muy joven, Irina Ortega (pseudónimo), de 27 años, tuvo que ayudar a su madre a cuidar de sus seis hermanos y hermanas en Ambato, una ciudad al sur de Quito.[182] Durante un tiempo, Irina tuvo un trabajo informal en un restaurante. Sin éxito, buscó un trabajo más estable para seguir ayudando a su familia. Finalmente, salir de Ecuador hacia el norte le pareció la única opción. “El Darién era mi única opción porque para sacar una visa para irse a trabajar te piden tener dinero que alguien sin trabajo [como yo] no puede demostrar”, dijo Irina a Human Rights Watch. Viajó a Quito a finales de febrero, para tomar un autobús con otras 23 personas. El viaje no sólo fue agotador sino más costoso de lo que esperaba. Quienes se ganan la vida transportando a migrantes cobran “por todo”, le contó Irina a Human Rights Watch. |
Como muestra el siguiente gráfico, la imposición de visado en México, en septiembre de 2021, coincidió con un descenso inicial del número de ecuatorianos aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, a este descenso le siguió un aumento en el número de ecuatorianos que cruzaron el Tapón del Darién y, posteriormente, un aumento en el número de ecuatorianos aprehendidos en México y en la frontera entre Estados Unidos y México. El flujo a través del Tapón del Darién aumentó tras la imposición de los requisitos de visado.
Para muchos ecuatorianos, los requisitos de visado son difíciles de cumplir. Desde principios de 2022, el Registro Civil del país ha tenido dificultades para entregar el gran número de pasaportes solicitados por quienes intentan salir del país. En febrero de 2023, el director del Registro Civil dijo que mientras Ecuador había emitido 485.000 pasaportes en 2019 y 586.000 en 2022, estimaba que la oficina emitiría más de un millón en 2023.[183] A principios de 2022, el Registro Civil declaró a la institución “en emergencia” debido a la escasez de los materiales físicos necesarios para emitir documentos, incluyendo pasaportes.[184] Según información de medios de comunicación, los ecuatorianos pueden esperar hasta tres meses para obtener una cita para un pasaporte.[185]
De los 135 ecuatorianos encuestados por ACNUR en el Darién entre julio de 2022 y junio de 2023, aproximadamente el 26% tenía un pasaporte válido. Más del 74% tenía un documento de identidad. Un 3% no contaba con documentos oficiales.[186]
La influencia de Estados Unidos y sus políticas migratorias restrictivas
Las políticas migratorias estadounidenses afectan de diversas formas el flujo migratorio a través del Tapón del Darién y los derechos de quienes lo cruzan.
Estados Unidos ha buscado acuerdos con varios gobiernos latinoamericanos, incluyendo México y Guatemala, con el propósito de disuadir la migración. Estos acuerdos, combinados con un aumento de la migración de América del Sur hacia Estados Unidos, parecen haber contribuido a un aumento en el número de personas que cruzan el Tapón del Darién.[187] En una audiencia en el Senado de Estados Unidos que tuvo lugar en mayo de 2022, una funcionaria del Departamento de Estado indicó que, cuando Estados Unidos advierte un incremento en el número de personas de una determinada nacionalidad que llegan a su frontera sur, comunica esa información a los gobiernos de la región para “buscar áreas de colaboración”. Los países pueden entonces decidir “a través de su decisión soberana…imponer visas a esas nacionalidades para asegurarse que aquellas personas que están llegando por avión no tengan intenciones… [de inmigrar] a los Estados Unidos”, dijo la funcionaria. Luego, el gobierno de Biden continúa “trabajando en colaboración” para “para cerciorarse de que la ruta no se desvíe” a través de otros países, señaló la funcionaria.[188]
El gobierno de Biden ha creado algunas nuevas vías legales para que migrantes y solicitantes de asilo busquen protección en Estados Unidos sin cruzar el Tapón el Darién. Sin embargo, estos mecanismos presentan graves deficiencias que los hacen inaccesibles para un gran número de personas.
Desde finales de 2022 y principios de 2023, los venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses que cuenten con un pasaporte válido y el apoyo económico de alguien en Estados Unidos pueden acceder a un programa humanitario.[189] Quienes acceden al programa obtienen permiso para viajar a Estados Unidos en avión y permanecer allí durante un tiempo limitado que podría ser de hasta dos años. Una vez en el país, pueden solicitar permiso para trabajar. También pueden solicitar asilo, que, en caso de ser concedido, podría permitirles permanecer en el país.[190]
Sin embargo, obtener un pasaporte en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití es difícil, y puede ser peligroso o casi imposible para quienes temen ser perseguidos por sus gobiernos.[191]
En junio de 2023, la administración Biden anunció que crearía un programa de “Movilidad Segura” para permitir a personas de determinadas nacionalidades presentes en Colombia, Costa Rica y Guatemala solicitar reasentamiento como refugiados en Estados Unidos. Asimismo, permitiría proporcionar a los migrantes y solicitantes de asilo información sobre vías legales como la reunificación familiar, el programa humanitario y los visados temporales de trabajo.[192] Adicionalmente, en octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció que establecería una oficina de “Movilidad Segura” en Ecuador.[193]
El acceso al programa en Colombia ha sido extremadamente limitado. El portal de solicitudes en línea abrió durante menos de un día en junio y de nuevo brevemente en agosto. En cada ocasión se cerró tras recibir miles de solicitudes en apenas unas horas, según información de medios de comunicación.[194] Sólo los cubanos, haitianos y venezolanos que entraron a Colombia antes del 11 de junio de 2023 y que ya han solicitado un estatus regular en Colombia pueden utilizar la plataforma. En septiembre, la OIM y ACNUR dijeron que la plataforma se reabriría una vez que se hubieran procesado las 11.000 solicitudes que había recibido.[195]
Aunque las oficinas de Movilidad Segura en Colombia y Ecuador estarán abiertas a los solicitantes haitianos, y aunque 34 refugiados haitianos fueron admitidos en Estados Unidos en el año fiscal 2023, su admisión ha estado prácticamente cerrada los doce años anteriores (desde el año fiscal 2011 hasta el 2022), en los que un total de cuatro refugiados haitianos fueron admitidos al país.[196]
Entre junio y septiembre, se había recibido un total aproximado de 40.000 solicitudes en los tres países en los que opera el programa. Cerca de 3.600 personas estaban “en espera de que se les permitiera entrar en Estados Unidos”, según información de medios de comunicación.[197] El gobierno de Joe Biden estableció un tope global de reasentamiento de refugiados de 125.000 personas para el año fiscal 2023, que se cumplió el 30 de septiembre. Ese tope reservaba 15.000 plazas para refugiados de América Latina y el Caribe, pero sólo se admitieron 6.312, de los cuales aproximadamente 3.600 procedían de países centroamericanos situados al norte del Tapón del Darién.[198]
Estas medidas tienen lugar en un contexto de políticas migratorias que restringen el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. En 2016, la administración del entonces presidente Barack Obama comenzó a limitar el número de solicitantes de asilo permitidos por día en determinados pasos fronterizos, una política conocida como “medición” o “cupos” (metering). Posteriormente, la administración del presidente Donald Trump amplió esta política y en 2019 comenzó a enviar a los solicitantes de asilo de regreso a México para que esperaran allí mientras se procesaban sus solicitudes.[199] En 2020, Estados Unidos comenzó a utilizar abusivamente una norma de salud pública, conocida como Título 42, para cerrar casi por completo el acceso al asilo por medio de la expulsión de casi todos los solicitantes de asilo de forma rápida y sin oír sus solicitudes.[200] México aceptó recibir a muchos solicitantes de asilo no mexicanos que Estados Unidos expulsó sumariamente. Human Rights Watch ha concluido de forma reiterada que los migrantes devueltos a México por cuenta de estas políticas estaban expuestos a graves abusos y peligros, tales como violaciones, secuestros, extorsiones, agresiones y traumas psicológicos.[201]
En mayo de 2023, el gobierno de Biden puso en marcha una nueva norma que los críticos llaman la “prohibición de asilo de Biden”.[202] La prohibición limita severamente el acceso al asilo, al obligar a los solicitantes de asilo a esperar durante meses en México para obtener una de las limitadas citas a través de CBP One, una aplicación de telefonía móvil desarrollada por el gobierno estadounidense.[203] La aplicación es inaccesible para muchos solicitantes de asilo debido a barreras económicas, idiomáticas, tecnológicas, entre otras, que afectan desproporcionadamente a los solicitantes de asilo negros e indígenas, incluyendo a través de sesgos raciales del mecanismo de reconocimiento facial de CBP One.[204] Si los solicitantes de asilo de origen no mexicano llegan a un puesto fronterizo de Estados Unidos para solicitar asilo y no han conseguido una cita a través de la aplicación CBP One, se enfrentan a una serie de sanciones que incluyen la deportación inmediata a México o a su país de origen con una prohibición de regresar a Estados Unidos por 5 años.[205]
En julio de 2023, un juez federal concluyó que la prohibición de asilo se había impuesto indebidamente y no debía aplicarse, aunque suspendió su decisión a la espera de la apelación. Esto significa que es probable que la prohibición siga en vigor mientras un tribunal de apelación estudia el caso.[206]
El principio de no devolución, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, prohíbe a los gobiernos enviar a personas a un país en el que estarían en riesgo de sufrir tortura, persecución u otros graves abusos. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden continúa enviando de regreso a sus países a algunos solicitantes de asilo que no cumplen con los requisitos para obtener el estatus de protección temporal (TPS), incluyendo a haitianos y, desde octubre 2023, a venezolanos.[207]
Recomendaciones
La creciente escala y complejidad de la migración en las Américas requiere una respuesta regional coordinada. Un enfoque regional cuidadosamente diseñado y respetuoso de los derechos humanos ofrecería una vía para justa y eficaz para determinar qué Estados son responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados. Desde un punto de vista práctico, un mecanismo de este tipo podría y debería distribuir los costos de forma equitativa y ofrecer a los Estados participantes incentivos para compartir la responsabilidad en la acogida de refugiados. El patrocinio legal, el acceso a alojamiento y la obtención de permisos de trabajo mientras las solicitudes de asilo están siendo analizadas deberían incluirse como elementos fundamentales de este mecanismo. Además, los elementos esenciales de este enfoque coordinado deberían reflejarse en un nuevo acuerdo regional basado en la Declaración de Cartagena.
Al mismo tiempo, los Estados no necesitan, ni deberían esperar, el desarrollo de un mecanismo regional para adoptar medidas inmediatas. Sobre la base de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de 2022, los Estados deberían revertir leyes, políticas y prácticas existentes que impiden en la práctica el acceso al asilo y empujan a migrantes y solicitantes de asilo a recurrir a rutas peligrosas. Sobre la base de las recomendaciones de ACNUR y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cada Estado de la región debe asegurarse de que su legislación, políticas y prácticas salvaguarden el acceso al asilo, entre otras cosas, garantizando patrocinio legal, alojamiento, permiso de trabajo, otros tipos de ayuda sociales y protecciones sólidas al principio de no devolución.
Human Rights Watch llama a los Estados y a los actores internacionales a adoptar las siguientes medidas para hacer frente a los abusos documentados en este informe:
A todos los gobiernos de las Américas
- Discutir, en ocasión del 40° aniversario de la Declaración de Cartagena, los crecientes desafíos migratorios en la región, que se tornan evidentes en el Tapón del Darién, y establecer compromisos específicos para garantizar los derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en el hemisferio, incluyendo:
- Implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable, aunque no cumplan los requisitos para obtener el estatus de refugiado establecidos en la legislación nacional.
- Aplicar la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena para solicitudes de asilo individuales, a fin de permitir el reconocimiento de la calidad de refugiado a personas que hayan huido de violencia generalizada, conflictos internos, agresión extranjera, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
- Crear un mecanismo regional equitativo y centrado en los derechos humanos para determinar los Estados responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados. El mecanismo debería incluir medidas para incentivar a los solicitantes de asilo y a los refugiados a quedarse en los países de acogida, como patrocinio legal, acceso a la vivienda y la rápida obtención de permisos de trabajo mientras las solicitudes de asilo están pendientes de revisión. Los criterios para determinar el país responsable de examinar las solicitudes de asilo deberían tener en cuenta, en la medida de lo posible, factores individuales como vínculos sociales o familiares y preferencias individuales de los solicitantes. Además, debería distribuir los costos de manera equitativa y ofrecer a los Estados miembros incentivos para compartir dicha responsabilidad.
- Establecer un acuerdo regional, basado en la Declaración de Cartagena, que unifique los procesos y normas para la búsqueda y obtención de estatus regular, derecho al trabajo y estatus de refugiado, entre otros.
- Mejorar los sistemas nacionales de asilo por medio de la eliminación de las restricciones para presentar solicitudes; el incremento del número y la mejora de las capacidades del personal que analiza las solicitudes de asilo a nivel nacional; la garantía de que los procedimientos sean justos y eficientes; el otorgamiento de protección física, vivienda, permiso de trabajo y otras ayudas sociales a los solicitantes de asilo mientras sus solicitudes están pendientes de revisión; y la garantía de la aplicación de la Declaración de Cartagena cuando sea reconocida por la legislación nacional.
- Aumentar los esfuerzos para integrar a los migrantes y refugiados, especialmente en el campo laboral, entre otras, flexibilizando los requisitos para reconocer sus certificados de estudio y diplomas obtenidos en el extranjero, y desarrollando planes voluntarios de reubicación local y regional que pongan en contacto a los migrantes y refugiados con oportunidades de empleo en el sector privado y público.
- Incrementar los esfuerzos para luchar contra la xenofobia y la discriminación, incluyendo mediante programas dirigidos a cambiar la percepción nacional y regional sobre los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
- Revertir las medidas que impiden en la práctica el acceso al asilo y empujan a las personas a tomar caminos peligrosos, de conformidad con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de 2022, incluyendo mediante una flexibilización progresiva de los requisitos de visado impuestos por México y los gobiernos centroamericanos a los venezolanos, haitianos, cubanos y ecuatorianos y creando regímenes de visados de fácil acceso u otras medidas para las personas que permanecen legalmente en el país, teniendo en cuenta la necesidad de que estos mecanismos sean económicamente accesibles y garantizando el acceso a las personas que puedan no tener toda la documentación requerida por razones ajenas a su voluntad.
- Trabajar desde la Organización de Estados Americanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como con expertos y organizaciones nacionales de derechos humanos para garantizar una respuesta rápida y respetuosa con los derechos ante las crisis de derechos humanos que surjan en la región y que puedan desencadenar nuevas olas migratorias.
Al gobierno de Estados Unidos
Respetar el derecho a solicitar asilo y garantizar formas seguras y legales de migrar
- Ampliar las formas legales, ordenadas y seguras para que las personas migren a Estados Unidos, incluyendo al:
- Incorporar a la Ley de Inmigración y Nacionalidad la definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena o una norma similar de protección complementaria que incluya a las personas que huyen de la violencia o de otras situaciones excepcionales que las exponen a un riesgo real de sufrir daños graves.
- Eliminar los requisitos que hacen que el programa humanitario sea inaccesible para muchos venezolanos, cubanos y haitianos, en su mayoría de bajos recursos, incluyendo la necesidad de tener un patrocinador financiero en Estados Unidos y un pasaporte válido.
- Considerar la posibilidad de ampliar el programa humanitario a personas de otras nacionalidades, incluyendo a los ecuatorianos.
- Trabajar con Colombia, Guatemala, Costa Rica y otros países para ampliar significativamente la capacidad de las oficinas de Movilidad Segura, así como aumentar el número de citas y reducir los tiempos de espera.
- Cumplir el objetivo de admitir 125.000 refugiados para el año fiscal 2024, incluyendo entre 25.000 y 50.000 refugiados de América Latina y el Caribe.
- Prorrogar y renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos, según sea necesario.
- Considerar otras formas seguras y legales para migrar, como los visados de reunificación familiar; los visados de trabajo temporales, y los visados temporales para testigos de delitos graves, tal y como se enumeran en los criterios de elegibilidad para los visados U.
- Dejar sin efecto la prohibición de asilo, reestablecer el acceso al asilo y reformar el sistema de migración para que regule la migración de forma eficaz y proteja al mismo tiempo derechos fundamentales.
- Suspender las deportaciones o expulsiones a Haití debido al riesgo general de daños graves o irreparables para los retornados.
- No presionar a México, a los gobiernos centroamericanos y a otros gobiernos de la región para que establezcan requisitos adicionales de visado que menoscaben el derecho a solicitar asilo y obliguen a los migrantes y solicitantes de asilo a tomar caminos peligrosos como el Tapón del Darién.
Abordar las causas subyacentes de la migración
- Proporcionar apoyo financiero a los esfuerzos significativos de los gobiernos sudamericanos para ampliar el acceso al asilo; llevar a cabo procesos para regularizar el estatus migratorio; implementar estrategias de integración, especialmente para garantizar el disfrute de los derechos económicos; y apoyar campañas y políticas públicas dirigidas a reducir la xenofobia y la discriminación.
- Garantizar que la asistencia financiera o técnica proporcionada a otros países con el fin de reforzar el control fronterizo y combatir el tráfico de personas respete los derechos de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, así como de las comunidades locales, y no establezca restricciones abusivas a la libre circulación y movimiento.
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la Organización Internacional para las Migraciones
- Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional en Panamá para responder a los retos que plantea el aumento de los flujos migratorios, siguiendo el ejemplo del GIFMM en Colombia, asegurándose de que el mecanismo tenga capacidad para identificar las fallas en la respuesta y hacia dónde deben dirigirse los fondos disponibles de los donantes.
- Basándose en la experiencia de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), garantizar el seguimiento, la documentación y el análisis de la migración de personas de otras nacionalidades, incluyendo los haitianos, cubanos y ecuatorianos.
- Analizar las condiciones del país de origen y orientar a los Estados sobre las solicitudes de asilo, en particular, de ecuatorianos.
- Aumentar la información disponible para los migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién sobre las políticas migratorias en la región y los sistemas de asilo, incluyendo en Estados Unidos, así como información sobre el viaje hacia el norte tanto antes como después del Tapón del Darién.
- Seguir apoyando el Proceso de Quito y otras iniciativas regionales destinadas a garantizar vías seguras y complementarias para la migración, programas de regularización e integración.
- Aumentar el apoyo técnico y económico a las autoridades migratorias y a los sistemas de asilo de toda la región.
A los donantes internacionales
- Financiar esfuerzos creíbles para mejorar la respuesta humanitaria en el Tapón del Darién, incluyendo mejorar las estaciones de recepción migratoria y otros refugios para recibir migrantes y solicitantes de asilo; aumentar la ayuda humanitaria; mejorar las condiciones en Bajo Chiquito y Canaán Membrillo; y ayudar a prevenir e investigar los abusos, particularmente la violencia sexual, contra migrantes y solicitantes asilo.
- Aumentar la financiación para el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2023-24 (RMRP) y garantizar esfuerzos similares para la población haitiana y otros migrantes y refugiados en Sudamérica.
- Apoyar esfuerzos creíbles para aumentar la presencia gubernamental y el disfrute de los derechos económicos y sociales en las regiones del Urabá colombiano y del Darién panameño.
A los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Apoyar el establecimiento de un mecanismo para monitorear los abusos y violaciones a derechos humanos cometidos en las zonas de frontera, tal y como solicitaron organizaciones de la sociedad civil y el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.[208]
Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- Vigilar e informar públicamente sobre la situación de los derechos humanos en el Tapón del Darién, expresar públicamente su preocupación por las políticas migratorias restrictivas y las deficiencias en la protección que ponen en peligro los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo y pedir a los Estados que pongan fin a esas políticas y prácticas.
Al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes
- Realizar visitas al Tapón del Darién, como en principio permite la invitación permanente de Panamá y Colombia a los Procedimientos Especiales, para documentar el impacto de las políticas migratorias restrictivas y las deficiencias en la protección sobre los derechos de los migrantes y refugiados, e informar al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Vigilar e informar públicamente sobre la situación de derechos humanos en el Tapón del Darién, expresar públicamente su preocupación por las políticas migratorias restrictivas y las deficiencias en la protección de migrantes y solicitantes de asilo que ponen en peligro sus derechos y pedir a los Estados que pongan fin a esas políticas y prácticas.
Agradecimientos
Este informe fue redactado por Martina Rapido Ragozzino, asistente sénior de investigación de la División de las Américas; y Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas.
El informe se basa en la investigación realizada por miembros del equipo de investigadores de Human Rights Watch: Stephania López, asistente de investigación de la División de las Américas; Nathalye Cotrino, investigadora de la División de Crisis y Conflictos; Maya Shack, consultora; Martina Rapido Ragozzino; y Juan Pappier.
El informe fue revisado y editado por Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas; Margaret Knox, editora/investigadora sénior; Bill Frelick, director de la División de Derechos de las personas refugiadas y migrantes; Alison Leal Parker, subdirectora del programa de Estados Unidos; Vicki Gaubeca, directora asociada del programa de Estados Unidos; Nicole Widdersheim, subdirectora de incidencia en Washington; Lucy McKernan, subdirectora de incidencia en Ginebra; Brian Root, analista cuantitativo sénior; Cristian González, investigador del programa de derechos de las personas LGBT; Cristina Quiroz, investigadora de la división de derechos de las mujeres; y Tyler Mattiace, investigador para México. Maria McFarland Sánchez-Moreno y Michael Bochenek se encargaron de la revisión de programa y jurídica, respectivamente.
El asociado de la División de las Américas Johan Romero contribuyó a la elaboración del informe. El informe fue preparado para su publicación por Travis Carr, coordinador de publicaciones; Fitzroy Hepkins, gestor administrativo; y José Martínez, coordinador sénior de administración.
Human Rights Watch desea agradecer a las organizaciones de derechos humanos, derechos de los migrantes, humanitarias y de la ONU que proporcionaron información importante para esta investigación. También agradecemos a Patricia Fagen y Caitlyn Yates por la revisión de una primera versión de este informe.
Por encima de todo, estamos profundamente agradecidos con los migrantes y solicitantes de asilo que, a pesar de su peligroso e incierto viaje, han compartido generosamente sus historias con nosotros.
