Por el mismo camino, por caminos diferentes

El activismo en torno a la orientación sexual y la identidad de género en el mundo

 

 

 

Introducción

Este informe intenta trazar un cuadro resumido de un movimiento de derechos humanos global. En un país tras otro, la gente se ha unido en torno a cuestiones de sexualidad y de género, organizándose contra la discriminación y los abusos, afirmando sus libertades y sus deseos. Estas y estos activistas han cambiado la política y la vida cotidiana en muchos lugares. Pero en algunas sociedades - incluyendo aquellas en las que la violencia y las violaciones son más graves- otros movimientos de derechos humanos todavía no los aceptan como pares. Han luchado por mantenerse unidos y han pagado un precio muy alto por ello, pero todavía los caminos que recorren ambos movimientos son diferentes.

Este informe se basa en las respuestas a preguntas que formuló Human Rights Watch (a través de una encuesta y de entrevistas individuales) a cien líderes activistas por los derechos sexuales de unos cincuenta países, tod*s[1]  ell*s con una amplia experiencia en el campo de la orientación sexual y la identidad de género. No intentamos realizar un análisis cuantitativo dado que lo que más queríamos era escuchar las palabras de l*s activistas, sus propias percepciones acerca de las situaciones que viven y las estrategias que están explorando para enfrentarlas. Los hallazgos de este informe están divididos en cinco capítulos regionales que se concentran en las condiciones reinantes en lo que se conoce como el Sur y el Este Globales – en oposición a Europa Occidental y América del Norte. Elegimos concentrarnos en las regiones mencionadas porque allí el activismo en torno a la sexualidad se ve sometido a presiones más intensas y a la vez cuenta con muchos menos recursos de los que existen en las otras regiones. El panorama que este informe presenta está destinado a públicos diversos. A l*s propi*s activistas, a quienes esperamos les muestre los contrastes y la conexiones entre el trabajo que se hace en distintos lugares. A las financiadoras que apoyan a organizaciones de derechos humanos, a quienes esperamos les revele la amplitud y la diversidad de estrategias y enfoques que existen. Y al público en general, a quien esperamos le sirva como introducción a estas voces importantes en los derechos humanos contemporáneos.

Una cuestión que surge en forma inmediata es la de identidad. Las palabras “lesbianas, gays, bisexuales y transgénero” (LGBT) aparecen en todo el informe. Much*s activistas utilizan esos términos para describir a las comunidades en las que están insert*s así como a las personas con las que se identifican y a las que defienden. Much*s otr*s no lo hacen. Aquí las utilizamos en un sentido que no pretende ser general ni excluyente. En Sudamérica, algun*s activist*s hablarán de identidades travestis mientras que en sur de Asia algun*s se referirán al “tercer género”. Algunas voces utilizarán “queer” o “minorías sexuales”, como términos paraguas. En otros lugares surgirán identidades autóctonas como hijras o metis. L*s activistas intersex – que critican los protocolos médicos utilizados en muchos países para determinar legalmente el sexo biológico, así como los procedimientos quirúrgicos y de otras clases que se emplean para imponer esas definiciones- también serán escuchad*s, y la letra “I” se sumará a la sigla.

Es importante tener en cuenta la diversidad porque identidades diferentes significan vidas y necesidades diferentes, así como diferentes medidas para abordarlas. Los hombres que se ven amenazados por las leyes de sodomía y la desigualdad social que se deriva de ellas necesitan un remedio diferente que las travestis que son arrestadas invocando disposiciones sobre “conducta escandalosa en espacios públicos”. Una activista trans peruana dice que en el mundo entero “los problemas y las agendas, los términos, las dificultades, las realidades son diferentes”. Pero agrega que “Necesitamos un consenso general ... que nos permita trabajar junt*s”.

Aunque las diferencias entre conceptos y comunidades siguen siendo reales y tienen una importancia crucial, lo que unifica el trabajo que se está haciendo, en un sentido general, son los derechos y no tanto las identidades; la creencia en valores que deben ser protegidos como la dignidad, la intimidad, la expresión y la autonomía (entre otros); la creencia en que todas las personas deberían tener tanto la libertad como el poder de tomar decisiones acerca de sus propios cuerpos y sexualidades.

A algunas personas, defender esas creencias puede costarles la vida.

La diversidad de experiencias que encontramos es enorme. Sin embargo, aparecen algunos rasgos comunes:

a)       Las organizaciones que trabajan en temas de orientación sexual e identidad de género todavía cuentan con insuficientes  recursos y están gravemente aisladas. Ese aislamiento puede ser letal. 

Los triunfos más importantes se han logrado superándolo. Donde se han alcanzado éxitos llamativos, como en América Latina, estos han surgido siempre de las negociaciones y las coaliciones entre movimientos sociales.

La integración con otras luchas por los derechos humanos tiene que ser la primera prioridad en el abordaje de los derechos sexuales. Nos hacen falta alianzas políticas más fuertes, así como marcos de referencia conceptuales en los que puedan quedar claros los aspectos que los diferentes temas tienen en común.

b)      Defensores de los derechos de las personas LGBT, y los derechos sexuales en general, se enfrentan a diario a niveles de violencia extraordinarios.

En Jamaica, una turba furiosa rodeó una iglesia en la que se estaba realizando el funeral de un hombre gay y golpeó a los asistentes. En Kenia un grupo nos dijo, sin darle demasiado énfasis al asunto, que sus integrantes habían sido “atacados por una turba furiosa que quiso lincharlos y tuvieron que ser evacuados bajo fuertes medidas de seguridad”.

Cualquier apoyo que se les brinde a est*s activistas debe tener en cuenta no sólo la atmósfera de peligro sino la posibilidad de que ese apoyo, sin proponérselo, la incremente. Es fundamental pensar con mucho cuidado de qué manera se puede realizar una defensa y promoción eficaz de los derechos humanos en una atmósfera cultural signada por el pánico moral.

c)      La sexualidad se ha convertido en un campo de batalla cultural y religioso.

El peligro proviene del peso, la importancia política y la emoción que cada vez más se adhieren a las cuestiones de género y sexualidad.  El “fundamentalismo” – es decir, la presión hacia un regreso forzado a lo que se postula como los fundamentos de una determinada religión o cultura- es un término moderno que tiene muchas definiciones. Una característica común de los llamados “fundamentalismos” –tal como lo propone Human Rights Watch en otro texto- es “la intención de apoderarse del Estado, concentrar su atención sobre la vida privada y convertirlo en agente de una ‘tradición’ de cuño reciente”[2]. Los fundamentalistas intentan utilizar el poder del Estado para imponer normas sociales y culturales que consideran que las familias y las comunidades ya no pueden sostener. Algunos gobiernos y figuras políticas intentan a su vez utilizar a los fundamentalistas para reforzar su propia autoridad.

Los fundamentalismos toman elementos de la religión, el nacionalismo y otras ideologías y tradiciones para inventar una “autenticidad cultural” que es fija, inalterable y monolítica, pero que también está amenazada por las influencias supuestamente corrosivas de los derechos humanos. Cada vez con mayor frecuencia, la sexualidad y el cuerpo son sus campos de batalla elegidos. Lo que resulta devastador es que este argumento “cultural” intenta colocar a las personas LGBT como seres que no pertenecen, que no pueden ser incluid*s y –como son intrínsecamente ‘cuerpos extraños’- ni siquiera se les puede escuchar o comprender.

Encontrar formas de responder a los fundamentalismos en términos de derechos humanos es complejo y de importancia fundamental. Muchos de los grupos con los que hablamos están llevando adelante su propio activismo cultural, que procura llegar al público a través del arte o de las imágenes.

Una activista por los derechos de las mujeres nos dijo que “necesitamos voces que surjan desde adentro” de las comunidades religiosas y de otros grupos que se atribuyen el monopolio de los significados. Y agregó: “No podemos luchar contra el fundamentalismo sólo en el plano legal. Tenemos que darles batalla en su propio terreno, que son los valores. Necesitamos recuperar la idea de que los principios no son monopolio de los sacerdotes o de los generales, sino que los derechos humanos también son una fuente de valores éticos y que además existen otras”.

d)      Cambiar las leyes sigue siendo una cuestión central – pero de muchas maneras diferentes.

En el mundo entero hay más de ochenta países que todavía cuentan con “leyes de sodomía” que penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo. Tenemos que tener en cuenta estas leyes pero también mirar más allá de ellas. ¿Por qué existen? Porque refuerzan el control estatal sobre la vida privada y la pública; dividen a la gente y marcan a algun*s como diferentes. Pero también hay muchas otras leyes, poderes que goza la policía, políticas y prácticas del Estado que se utilizan para controlar los cuerpos y las sexualidades de las personas.

La derogación de las leyes de sodomía en toda América Latina en los últimos veinte años abrió nuevos espacios políticos para los movimientos LGBT. Pero siguen existiendo leyes sobre “escándalo en lugares públicos”, “ultraje a la moral”, “vestir las ropas del sexo opuesto” o trabajo sexual que permiten el hostigamiento policial generalizado hacia las personas transgénero. Cuando Sudáfrica derogó su ley de sodomía y consagró la no discriminación, se convirtió en un ejemplo de importancia mundial. Pero todavía no ha logrado crear un Estado plenamente comprometido con la igualdad en todos los planos o que sea capaz de reducir el número de incidentes de violencia sexual.

e)      Las identidades no lo son todo.

En muchos casos resulta más productivo hablar de cuestiones de derechos que de identidades. Hablar de ‘derechos de los gays’ en Egipto o en Irán no tiene sentido para la mayoría de los activistas ni tampoco para la sociedad en general. Pero hablar del derecho a la intimidad o a no ser torturad* ofrece un marco de referencia que mucha gente puede entender de inmediato.

En contraste, en algunos países de Europa del Este donde los derechos de las minorías han sido una cuestión política central desde hace dos décadas o incluso más, hablar de “minorías sexuales” sigue siendo valioso. No hay un solo conjunto de términos que se pueda aplicar en todas partes, y no se puede obligar a los movimientos a que encajen en un marco de referencia único.

f)        No se pueden barrer las diferencias debajo de la alfombra.

Los principios basados en los derechos pueden crear un terreno común para los movimientos LGBT pero los diferentes enfoques así como la multiplicidad de identidades siguen siendo reales. En todo momento es fundamental preguntar a quiénes se está dejando afuera y a quiénes se está incluyendo. Un activista trans nos recordó: “Las financiadoras deberían cuestionar lo que los grupos les dicen. Si una organización dice que trabaja con la comunidad LGBT, vale la pena preguntarle qué hace para cada sector de esa comunidad, cuáles considera que son sus necesidades específicas”.

Una activista señala que si las financiadoras “apoyan solamente una determinada clase de trabajo, por lo general van a financiar más a una identidad que a otras. Cualquier organización que quiera ser incluyente tendrá que utilizar diferentes estrategias para los diferentes sectores. En América Latina los grupos travestis hacen trabajo político pero también trabajo comunitario. Muchas lesbianas hacen trabajo cultural y artístico. Si, como financiadora, apoyas diferentes clases de estrategias, también vas a poder apoyar trabajos que lleguen a diferentes clases sociales, diferentes identidades, diferentes grupos”.

Por otro lado, las diferencias en materia de recursos crean divisiones constantemente. En todas partes, el trabajo sobre sexualidad y género recibe menos financiamiento del necesario.

Al hablar de los recursos que consiguen, los grupos muestran preocupaciones recurrentes y específicas. Reciben financiamiento para proyectos pero muy poco apoyo general, lo que perjudica su capacidad de conservar al personal o de planificar para el futuro. “Nuestras financiadoras no cubren beneficios sociales ni pensión, inclusive cuando pagan salarios”, explica una activista lesbiana. “Financian la producción de materiales pero no te dan dinero para pagar la electricidad que te va a permitir encender la computadora. Si yo fuera financiadora, pensaría en los proyectos de manera integral, es decir, tendría en cuenta todos los aspectos que son necesarios para que el proyecto pueda andar”.

La predominancia del financiamiento para trabajo en VIH obliga a los grupos a adoptar la salud como marco de referencia y los encasilla en la prestación de servicios, a veces a expensas del trabajo de defensa y gestión política. Una activista nos dijo: “Los grupos LGBT saben desde el comienzo que tienen que prestar servicios porque eso es algo necesario pero también porque es una vía para luego poder hacer otras cosas”. Pero agregó: “Cuando te dedicas a prestar servicios, pones menos énfasis en exigirle al Estado que sea él quien los brinde, ya se trate de atención a la salud o de asistencia jurídica. Entonces, más que financiar la prestación de servicios, yo –como financiadora- le preguntaría a los grupos qué posibilidades existen de presionar al Estado para que cumpla con sus responsabilidades. Y los financiaría para que puedan hacerlo”.

g)      Es fundamental construir mejores redes de apoyo y comunicación.

Las diferentes agendas y metas de grupos ubicados en extremos opuestos del mundo se relacionan entre sí de maneras imprevistas. Puede suceder que en un determinado país l*s activistas estén luchando por poner fin a los abusos policiales y a las amenazas de ejecución, sin prestar la menor atención a los derechos matrimoniales. Pero cuando las “bodas gays” que tienen lugar en otro país relumbren desde las pantallas de sus televisores, es posible que se desate un pánico moral y que el gobierno lo utilice como pretexto para introducir nuevas medidas represivas.

No hay forma de evitar esa clase de intersecciones. Pero hay una gran necesidad de redes más fuertes para la comunicación permanente entre movimientos – en una misma región y en el mundo entero- para que los grupos puedan anticiparse a lo que está por venir y planifiquen juntos.

Cada sección de este informe ofrece, para cada región, un resumen de los patrones de abuso identificados por l*s activistas; un panorama de los desafíos y oportunidades para la acción que ell*s observaron; y un resumen de lo que los movimientos están haciendo. Por supuesto que se trata de una presentación esquemática e implica el riesgo de reducir todo lo que l*s activistas hacen a la mera respuesta ante las violaciones. En este esquema se omiten las partes de su trabajo que tienen que ver con la afirmación y no con las crisis. Esta distorsión probablemente resulte inevitable al aplicar una perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, esperamos que  pueda servir como breve introducción a un corpus de trabajo enorme, variado e invaluable, que también incluye esperanzas, afanes y deseos.

Metodología y agradecimientos

Este informe fue escrito por Scott Long, director del Programa por los Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT) de Human Rights Watch. Se basa en 37 entrevistas (realizadas sobre todo por teléfono) con activistas de las regiones relevantes, la mayoría de las cuales estuvieron a cargo de Arvind Narrain y Alejandra Sardá, consultor y consultora de Human Rights Watch para este proyecto. Algunas entrevistas también fueron realizadas por Juliana Cano Nieto, Scott Long, e Iwona Zielinska, del Programa por los Derechos LGBT. Procuramos entrevistar a una amplia gama de personas, prestando particular atención a garantizar que las voces de las lesbianas y mujeres bisexuales, personas trans, trabajadoras sexuales y otras identidades marginadas estuvieran plenamente representadas.

Este informe también se basa en las respuestas a una encuesta de once preguntas que Human Rights Watch distribuyó, sobre todo por correo electrónico, a activistas y organizaciones en todas las regiones, en mandarín, inglés, francés, portugués y castellano, y para la que recibimos 63 respuestas en total. En el apéndice se incluye una versión de las preguntas de la encuesta en castellano.

Si bien intentamos ser fieles a las respuestas que recibimos, lo que queda reflejado a través de las conclusiones y de la forma en que organizamos el material es básicamente nuestro propio análisis.

El número total de personas que respondieron (cuestionarios y entrevistas) por región y por país es el siguiente:

África subsahariana: 13 (Burundi 1; Camerún 1; Kenia 1; Nigeria 4; República Democrática del Congo 1; Sudáfrica 4; Togo 1; Zimbabue 1)

Medio Oriente y norte de África: 7 (Argelia 1; Irán 1; Israel/Territorios Palestinos Ocupados 3; Líbano 1; Marruecos 1)

Europa del Este y Asia Central: 11 (Armenia 1; Bosnia y Herzegovina 1; Federación Rusa 1; Letonia 1; Polonia 1; regionales 2; Rumania 1; Serbia 1; Turquía 1; Ucrania 1)

Asia y el Pacífico: 23 (Australia 1; Bangladés 1; China 3; Corea 1; Filipinas 2; India 5; Nepal 1; Nueva Zelanda 1; Pakistán 1; regionales 2; Singapur 2; Sri Lanka 3)

América Latina y el Caribe: 29 (Argentina 4; Belice 1; Brasil 3; Chile 1; Colombia 1; Costa Rica 2; Ecuador 1; Guyana 1; Honduras 1; Jamaica 1; México 1; Nicaragua 1; Paraguay 1; Perú 3; regionales 2; República Dominicana 1; Venezuela 2)

Otr*s (internacionales, diáspora): 17

Grace Choi, John Emerson, Fitzroy Hepkins, Rita Hoekma, Andrea Holley, e Iwona Zielinska contribuyeron a la producción de este informe. Human Rights Watch desea expresar su profunda gratitud a la Fundación Arcus por su apoyo tanto conceptual como financiero.

1.   África subsahariana

En 1996 Sudáfrica adoptó famosamente la primera constitución del mundo que incluyó expresamente la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual. En 2005, una larga serie de logros legales culminó en la extensión de los derechos matrimoniales a las parejas formadas por personas del mismo sexo por parte del Tribunal Constitucional. Sudáfrica fue el quinto país del mundo en reconocer esos derechos.[3]

Meses más tarde, el presidente de Nigeria introdujo un proyecto de ley – pensado como respuesta explícita a la “amenaza” sudafricana- que prohibía no solamente el matrimonio entre personas del mismo sexo sino toda clase de gestión, defensa o apoyo público a los derechos de las personas LGBT. Hasta tomarse de las manos en público podía implicar cinco años de cárcel.[4]

No existe una explicación simple para este contraste entre diferentes países africanos. Tiene que ver con la política interna y con resentimientos regionales que van más allá de la cuestión de la sexualidad.

Las paradojas que exhibe la región se vieron todavía más acentuadas en 2006-7, cuando una serie de asesinatos brutales de lesbianas negras conmovió a la propia Sudáfrica. Las protecciones legales que enorgullecían a much*s en el país resultaron inútiles para detener esa violencia letal o para abordar sus causas.

Patrones de abuso

L*s activistas African*s mencionan los mismos abusos en un país tras otro. En Burundi, un activista enumeró:

  • Violencia y extorsión por parte de la policía y de otros actores;
  • Mensajes negativos difundidos por líderes religiosos;
  • Exclusión de las escuelas debido a la orientación sexual

Una y otra vez, los grupos hablan de la expulsión del hogar y la pérdida de los lazos familiares: “A much*s [personas LGBT] las expulsan de sus casas ... la violencia familiar es el problema principal”, afirmó un grupo que trabaja por los derechos sexuales en Nigeria.

La familia, la religión, la escuela y la policía: Estas cuatro instituciones son elementos fundamentales para la protección socialen un continente donde no existen redes de seguridad o las que existen están muy debilitadas por las políticas económicas implementadas en las últimas dos décadas. Las personas LGBT se ven amenazadas en las cuatro instituciones. En África, quienes son estigmatizad*s por su orientación sexual o su identidad de género corren el riesgo de perder prácticamente todos los espacios que puedan brindarles protección, apoyo o sensación de pertenencia.

En la amplia mayoría de países africanos, leyes de la era colonial todavía criminalizan la conducta homosexual (masculina y a menudo también femenina). La mayoría de los grupos carecen de los recursos necesarios para documentar cómo se aplican estas leyes, o para brindar apoyo jurídico. En algunos países, como Camerún, arrestos masivos de hombres y mujeres que contaron con enorme publicidad han causado pánico en la comunidad en estos últimos años.

Estas leyes condenan públicamente a toda una categoría de personas. En el ámbito privado, promueven la extorsión endémica por parte de las autoridades y de individuos que explotan el estigma y el miedo. Otras leyes menos explícitas, pero también mayoritariamente originadas en la colonia, imponen códigos de vestimenta o le dan plenos poderes a la policía para arrestar y hostigar a las personas.

La censura impide que los medios hablen de sexualidad y de género. Por ejemplo, en Uganda a una estación de radio le impusieron un multa sustancial por invitar a activistas LGBT a un programa de la emisora. Muchas organizaciones LGBT no pueden registrarse legalmente ni actuar en forma abierta.

“La discriminación en los servicios de salud y el maltrato por parte de los médicos” son algo omnipresente, según un grupo en Togo. Una organización nigeriana comenta: “Actualmente el sistema [de salud] no tiene ninguna disposición para las personas LGBT; no existe información exacta ni apropiada sobre la salud de las personas LGBT”. Inclusive en Sudáfrica, un grupo de apoyo para jóvenes cuya sede se encuentra en una township[5]dice que la mayoría de sus usuari*s “no acuden a los servicios de atención a la salud porque los discriminan al llegar”.

Hay un hecho que es crucial: la posibilidad de reacción que está siempre en el aire. Prácticamente siempre que por primera vez un* activista LGBT alcanzó visibilidad pública en un país ubicado entre el (río) Limpopo y el Sahara, el gobierno respondió tomando medidas enérgicas contra el sector. Esto ocurrió:

  • cuando gays y lesbianas de Zimbabue se atrevieron a presentarse en una feria de libros en 1995;
  • cuando un hombre gay salió en una entrevista de un periódico en Zambia en 1998;
  • cuando una demostración pequeña durante la Conferencia de SIDA realizada en 2005 en Abuja exhortó a los gobiernos africanos a tomar en serio la problemática de salud, social y de derechos de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). (El gobierno de Nigeria utilizó esa demostración para justificar su proyecto de ley represivo.)

Casi cualquier acción que emprendan los grupos LGBT – desde alquilar un apartamento hasta dar una conferencia de prensa- puede desatar un pánico moral violento para el que se alían los medios, las figuras religiosas y el gobierno. Valientemente, l*s activistas LGBT en África continúan reivindicando sus derechos. Pero sus aliad*s en el continente y fuera de él deben asegurarse de no estar alentando ninguna acción sin evaluar antes sus riesgos, y:

  • reconocer la situación de extremo peligro en que operan l*s activistas African*s
  • prepararl*s para que se protejan de la probable reacción que produzca cualquier publicidad de su causa;
  • garantizar que tengan herramientas políticas para responder a una reacción que puede llegar a ser violenta.

Desafíos y oportunidades

La homofobia alentada por el Estado se ha convertido en un rasgo político definitorio de muchos países africanos. Podría decirse que tiene sus raíces en el período colonial, cuando los gobernantes europeos importaron los estándares morales victorianos junto con los códigos legales que contenían sanciones penales para la conducta homosexual.[6] Sin embargo, en la década de los 90, los líderes comenzaron a descubrir las ventajas políticas de promover la homofobia. Robert Mugabe, en Zimbabue, dedicó discursos enteros a condenar a los homosexuales a quienes consideró “peores que los perros y los cerdos”. En Namibia, Zambia y Botsuana, otros políticos retomaron el mismo tema. En este momento en Uganda, funcionarios del gobierno amenazan constantemente a los grupos LGBT; y en 2008 en Gambia el presidente juró “cortar las cabezas” de los homosexuales.

Zackie Achmat, activista sudafricano de la lucha contra el SIDA y por los derechos humanos, ofreció una explicación acerca de cómo comenzó esta homofobia alentada por el Estado. “Muchos políticos africanos” – dijo Achmat en 1998- “quieren culpar a Occidente por todo, incluyendo la homosexualidad”:

Y tienen razón: Occidente es responsable de su retórica, pero de una forma diferente a como ellos lo presentan. Occidente, el FMI, el Banco Mundial, les imponen planes de ajuste estructural a estos países. Y esos planes los dejan devastados, muertos de hambre. La comida resulta inaccesible, no hay atención a la salud, se esfuma la educación, las oportunidades, las pensiones. Y, con toda razón, los pueblos se enfurecen... Entonces estos gobiernos ocupan una posición precaria y están aterrados. La gente se levanta contra ellos y nadie los apoya. Su única esperanza real es que la gente se muera de SIDA o de hambre antes de que se enfurezca lo bastante como para rebelarse. Y luego, ¿qué descubren? Que cuando dicen “homosexual” hay dos grupos que vienen corriendo a apoyarlos: las iglesias cristianas y los tradicionalistas africanos, dos grupos que por lo general ni siquiera se dirigen la palabra pero que en este caso corren a apoyar al gobierno. De repente se encuentran con apoyo. Es una palabra mágica.[7]

En la mayoría de los países, los fundamentalistas religiosos imitaron, en lugar de liderar,  la explotación de la homofobia. Pero lo hicieron con gran ímpetu. En el sur de África los movimientos evangélicos conservadores están floreciendo, y cuentan con un apoyo considerable de sus pares en América del Norte. Por ejemplo en 2009 el pastor anti-gay estadounidense Scott Lively hizo campaña en Uganda por nuevas leyes contra la conducta homosexual, mientras, según informes, afirmaba que “es bueno para el gobierno de Uganda penalizar la homosexualidad pero el gobierno debería someter a los que hayan incurrido en delito homosexual a terapia en lugar de encarcelarlos.”[8] Las denominaciones más antiguas están a la defensiva y algunas compiten para mostrar sus credenciales tradicionalistas. La sexualidad es  más que nunca la zona de batalla en la que las fuerzas religiosas luchan por el poder social y político. La amenaza del arzobispo nigeriano Peter Akinola (un gran defensor del proyecto de ley de 2006) de dividir la iglesia anglicana al oponerse a que ésta aceptara a los gays y las lesbianas es apenas uno de los síntomas.

La “cultura” – un campo supuestamente monolítico de valores que hacen a la civilización- se convierte en la zona en la que se combinan los discursos políticos y la intolerancia religiosa. Toda disidencia sexual o de género se presenta como “no africana” y a quienes la encarnan se les expulsa – simbólicamente y en los hechos- de la comunidad. La apelación a la cultura trae consigo la violencia. Una activista por los derechos sexuales en Nigeria dice que desde que se presentó el proyecto de ley en 2006, “Hemos observado que el hostigamiento, los arrestos, la explotación, la burla, la extorsión a las minorías sexuales, y las violaciones se han vuelto una constante”.

El VIH/SIDA coloca a las comunidades LGBT frente a una paradoja. Algunas voces las culpan por el contagio; otras, incluyendo a algunas figuras políticas clave, se niegan a admitir que las personas LGBT son vulnerables a una epidemia que se presenta como si fuera mayormente heterosexual. Muchas veces los grupos LGBT son excluidos de los debates políticos o del financiamiento para el VIH. Un grupo que trabaja con HSH en Kenia dice que las instituciones “ponen como excusa que no quieren asociarse con organizaciones cuyas actividades van en contra de la ley”. Al mismo tiempo, los programas de “abstinencia hasta el matrimonio” financiados por EE. UU. canalizan fondos a los grupos homofóbicos y contribuyen a que persista el silencio en torno a las sexualidades de las personas que legalmente no pueden casarse con las parejas que han elegido.[9]

Sudáfrica continúa siendo un caso especial. Sus leyes y políticas, que son únicas en cuanto a su carácter progresista, no se implementan en las comunidades donde resultan más necesarias. La falta de voluntad política para hacer que se cumplan esas leyes también tiene efectos que repercuten en todo el continente. Sudáfrica se niega a integrar los derechos humanos a su política exterior. En la última década, no ha mostrado ninguna disposición a jugar un rol de liderazgo en temas de derechos sexuales en foros internacionales.

Al mismo tiempo, hay cambios institucionales que permiten albergar esperanzas. Algunas ONG e instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) lentamente han comenzado a abordar cuestiones de orientación sexual e identidad de género. En Kenia, grupos de derechos humanos que trabajan en forma independiente así como integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Keniana se han manifestado en defensa de las personas LGBT del país. También resulta promisoria la lenta integración de temas de sexualidad y derechos sexuales en la formación jurídica que se observa en algunos países, como Uganda.

La cooperación intra-regional entre grupos LGBT ha comenzado a funcionar bien, tras algunos tropiezos en su inicio. Ahora l*s activistas tienen foros en los que pueden compartir experiencias de relevancia directa para ell*s y la experticia sobre el terreno que nadie más puede aportarles. Esas oportunidades son invaluables. También lo es el trabajo de las coaliciones que han hecho cabildeo y creado conciencia en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, un espacio que les otorga visibilidad en un marco de relativa protección y les ayuda a forjar alianzas con grupos no LGBT que trabajan en derechos humanos en todo el continente.

¿Qué están haciendo los movimientos?

En Nigeria, l*s activistas LGBT tuvieron 48 horas para prepararse para una audiencia legislativa sobre el proyecto represivo de 2007 y aun así lograron convocar a sus aliad*s principales y correr hacia Abuja, la capital, para hacer cabildeo en defensa de sus libertades. Su aparición inesperada – y el apoyo que recibieron del sector de derechos humanos y de algunas figuras religiosas – contribuyó a detener el avance del proyecto en la Asamblea, donde finalmente quedó paralizado.

Las victorias son posibles. La determinación de grupos LGBT dispersos en Nigeria, que se propusieron “presionar a otras ONG para que incorporaran las cuestiones LGBT en su trabajo”, rindió frutos. La creación de coaliciones hizo que les resultara más fácil hacer frente a las amenazas y adoptar posturas políticas y públicas.

Las redes LGBT de Uganda también han elegido la visibilidad pública y la protesta política. Pero los riesgos son reales. A mediados de 2008, la policía arrestó y torturó a tres activistas que habían organizado una demostración.

En otros países, los grupos están optando por un perfil más bajo, en el plano local, que les permitan interactuar con actores poderosos, como por ejemplo:

  • Crear redes de profesionales de la salud solidari*s.
  • Identificar líderes religiosos solidarios y cultivar una relación con ellos. En países como Botsuana, las denominaciones liberales han apoyado y defendido a activistas LGBT.
  • Los grupos necesitan abogad*s que puedan documentar los arrestos y defender a las víctimas – y dinero para pagarles. Esto implica no sólo identificar profesionales solidari*s sino también garantizar su formación en cuanto a los precedentes nacionales e internacionales relevantes.
  • Un* activista nigerian* dice: “Si nos financiaran una oportunidad de dialogar con la policía, esa sería una de las mejores opciones para hacer frente a la homofobia”. En Camerún, una organización tiene un plan a largo plazo para capacitar a la policía y a las autoridades locales en derechos humanos para que disminuyan los arrestos, lo que a su vez generará una apertura para el trabajo público contra el VIH en comunidades vulnerables y, a su debido tiempo, posibilidades políticas de hacer cabildeo por la despenalización de la conducta homosexual.
  • Desde Camerún hasta Zambia, los medios ha promovido la histeria pública en torno a la homosexualidad. En Nigeria y en otros países se están realizando capacitaciones para periodistas y director*s de medios sobre temas de derechos humanos, homosexualidad, confidencialidad y respeto.

La mayoría de los grupos mencionan la necesidad de construir comunidades e identidades, y de ir más allá de los círculos urbanos en los que ahora están confinados. Un* activista de Kenia escribe. “Las personas LGBTI que viven en las zonas rurales se enfrentan a la exclusión y han sido dejadas de lado... Hay una necesidad básica: una línea telefónica gratuita para garantizar que inclusive quienes viven en las zonas rurales puedan tener acceso a servicios de consejería”.

Pero los argumentos que van más allá de la identidad también son necesarios. Buena parte del activismo LGBT en África ha utilizado el paradigma de los derechos de las minorías, tal vez porque se trata de un marco de referencia que tiene una larga historia en el continente. Sin embargo, algunas de las alianzas más eficaces y recientes entre grupos LGBT y movimientos “tradicionales” se han basado no en sus reivindicaciones como minorías sino en cuestiones urgentes que permiten encontrar un terreno común: la libertad de expresión o la movilización contra la tortura y el hostigamiento a l*s defensor*s de los derechos humanos. 

La “homofobia” puede resultar un marco de referencia limitante. Día tras día a las personas se les castiga tanto por negarse a obedecer las normas de “masculinidad” y “feminidad” como por las conductas sexuales de las que son sospechosas. “Las expectativas sociales en cuanto al sexo y al género constituyen barreras enormes en Sudáfrica”, dice un grupo intersex de ese país. Encontrar un terreno común con los movimientos por los derechos de las mujeres y con otros movimientos que trabajan en cuestiones de género en el continente resultará fundamental.

Al mismo tiempo, los recursos constituyen un desafío permanente. El financiamiento indiscriminado ha dividido y destruido a algunos grupos en estos últimos años. Sin embargo, en medio de una crisis económica grave, un* activista de Zimbabue nos dijo que “las prioridades de l*s miembr*s de nuestro grupo han cambiado; ya no luchan por sus derechos sexuales sino por conseguir su próxima comida, y eso nos obliga a enfocarnos en los servicios que prestamos”.

2.  Medio Oriente y norte de África

En los últimos años, en los países ubicados entre la cordillera del Atlas y el Golfo Pérsico han tenido lugar represiones brutales y campañas de “limpieza” contra la sexualidad o la expresión de género “desviadas”. En Egipto, entre 2001 y 2004, la policía arrestó y torturó a cientos o miles de hombres por mantener relaciones sexuales con otros hombres. Desde entonces:

  • Egipto comenzó a arrestar de nuevo a hombres a fines de 2007, tras una pausa de tres años, y esta vez con una nueva modalidad: enfocándose a las personas que viven con VIH/SIDA.
  • En Marruecos, durante la misma época, la policía acusó falsamente a un grupo de hombres que asistían a una fiesta de escenificar un “matrimonio homosexual”. Miles de islamistas políticos marcharon en protesta contra la “inmoralidad” frente a la casa donde supuestamente habría tenido lugar la ofensiva reunión.
  • En Kuwait, durante la misma época, las autoridades hicieron una redada en la que arrestaron a casi una docena de personas transgénero invocando una nueva ley que penaliza a quienes “vistan las ropas del sexo opuesto”.

Se han dado situaciones similares en Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Todas portan las marcas de los pánicos morales: van más allá de limitarse a aplicar la ley y lo que procuran es librar a la sociedad de un enemigo al que le temen profundamente.

Patrones de abuso

Resulta claro que la ley vigente permite las medidas enérgicas mencionadas. Todos los países de la región penalizan la conducta homosexual entre hombres (y algunos también entre mujeres)  – salvo Israel y, en la actualidad, Irak (donde rápidamente se están acumulando evidencias de que algunas milicias estarían torturando y asesinando a hombres y mujeres disidentes sexuales).

Algunas personas ajenas a la región agrupan a todas estas leyes como simplemente productos del islamismo. Pero esto no es cierto. Es verdad que las cuatro escuelas sunitas de la shari’a, así como la jurisprudencia chií, imponen penas que llegan hasta la muerte para la conducta homosexual en determinadas circunstancias. Arabia Saudita aplica una versión particularmente estricta de estas leyes, y la codificación de la shari’a en el Código Penal de Irán es también muy rígida. Pero en la mayoría de estos países no es la shari’a lo que está en juego. Egipto, Marruecos, Argelia, Jordán, Líbano penalizan el sexo homosexual con multas y penas de prisión basándose en leyes laicas, que en su mayoría tienen origen colonial. Los islamistas pueden marchar en Marruecos exigiendo más rigor, pero la ley que buscan aplicar no es, por su origen, una ley islámica.

Los regímenes laicos y autoritarios – que se enfrentan a las exigencias de democratización de los movimientos izquierdistas así como de los disidentes islámicos – parecen igual de propensos a reprimir duramente la disidencia sexual, o incluso más. (Denuncias provenientes de Arabia Saudita hablan de arrestos esporádicos, en gran escala, de hombres que tienen sexo con hombres, pero resultan insuficientes para deducir la presencia de un patrón. En Irán hombres, mujeres y personas transgénero son arrestad*s y torturad*s en forma regular, bajo sospecha de prácticas sexuales con personas de su mismo sexo, pero no hay indicios reales de que estos arrestos o las ejecuciones se hayan incrementado en los últimos años).

Si en lugar de analizar los casos que involucran a varones y que han alcanzado una gran publicidad, escuchamos a las lesbianas y a las mujeres bisexuales, la perspectiva que emerge es diferente.

Una organización de lesbianas palestinas dice: “Trabajamos con mujeres y los temas básicos son el cuerpo, la circulación, no tener la libertad de salir de la casa”. Ellas se enfrentan – como dice una activista del Líbano – a un régimen sutil y permanente de “violaciones a los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos y sus elecciones”.

En otras palabras, ellas se enfrentan a un complejo sistema cultural que controla los cuerpos y las sexualidades de las personas, y en el que también están implicados el derecho, la tradición, la economía y la familia. Esto significa que las medidas represivas pueden estar ligadas a temores frente al cambio o a la ruptura de las normas que rigen el género y la sexualidad. Las mujeres que desafían esas normas y los hombres que escapan de ellas corren el mismo riesgo. Vale la pena recordar que la ley bajo la cual se juzga a los hombres egipcios por mantener relaciones sexuales con otros hombres fue originalmente una ley dirigida a las mujeres que ejercían la prostitución.

Por eso tanto la cultura como la política, la vida cotidiana tanto como la ley, son temas igualmente importantes. Una lesbiana iraní que abrió un sitio en Internet para otras mujeres dice: “¿Cuáles son las cosas más importantes que necesitan las lesbianas? Un lugar donde sentirse a salvo, donde conocer a otras mujeres, poder comunicarse con ellas. Los principales problemas son la familia y la cultura”. Pero agrega: “Más allá de eso está la ley. Si una logra aportarle conocimiento a su familia y hacer que la acepten, aun así se tiene que preocupar por la ley y por su vida, por lo que sucederá si la comunidad en general descubre que una es lesbiana. No hay respiro: cuando una cree que ya está a salvo en su casa, todavía cabe la posibilidad de que salga a la calle y la detengan”.

Desafíos y oportunidades

En la mayor parte de la región, la sociedad civil está siendo objeto de duros ataques. Si bien desde la década de los 90 hasta los países más restrictivos han permitido que un grupo selecto de ONG opere con libertad restringida, los límites que se les imponen son muy estrictos. Las organizaciones de derechos humanos sufren especialmente el hostigamiento, las restricciones burocráticas, la vigilancia y los arrestos de sus integrantes. Los gobiernos se apresuran a utilizar cualquier pretexto para desacreditarlas ante el público, lo que hace que abordar temas que causan divisiones o dificultades les resulte doblemente riesgoso. Las restricciones legales, sumadas a la falta de recursos, hacen que hasta a las ONG solidarias les sea difícil investigar abusos que están ocultos tras el estigma o el secreto; la mayoría simplemente no tiene cómo recoger información acerca de ellos.

El uso de Internet ha florecido en la región. También ha desempeñado un rol vital para la construcción de una identidad y una comunidad gay y (en menor medida) lesbiana y transgénero. La ventaja es que permite que personas que nunca se hubieran atrevido a comunicarse entre sí, o que carecían de una vía para hacerlo, ahora puedan. Pero la mayor parte de esas comunicaciones son anónimas, impersonales y marcadas por la desconfianza. Dado que muchos de los sitios que estas comunidades utilizan para encontrarse y hacer vida social son gays occidentales (a pesar de que existe una activa comunidad blogger en Irán y en Egipto), la gente expresa su identidad y su comunidad en términos casi completamente prestados, o en una especie de bricolaje. El acceso a Internet continúa siendo costoso. La dependencia del ciberespacio acentúa las divisiones económicas.

La mayoría de los gobiernos censuran la Internet, tal como censuran otras fuentes informativas. Casi todo lo que tenga que ver con la sexualidad cae bajo el sello de la pornografía. Irán, Arabia Saudita y otros países intentan bloquear la mayoría de los sitios gays. En Irán y (masivamente) en Egipto, autoridades estatales han aprovechado el anonimato que ofrece el ciberespacio para tender trampas a hombres a los que luego someten a violencia.

Estos ejemplos confirman que los derechos sexuales (como todos los derechos humanos) no pueden existir en esta región sin un progreso hacia la democracia, que implicará recortar los poderes de la policía, establecer el Estado de derecho, terminar con la censura, y liberar a la sociedad civil. A pesar de que hubo señales esperanzadoras en algunos países a comienzos de esta década, esos avances – en su mayoría- se han estancado. Por ejemplo en Egipto, el gobierno se abocó con empeño a dividir al movimiento por la democracia, mientras los EE.UU. permanecieron pasivos  temerosos frente al islamismo. Desde 2001 la política estadounidense ha sido hablar de libertad mientras que en la práctica, con demasiada frecuencia, daña o desacredita a fuerzas democráticas.

Los movimientos populares islamistas no han llegado al poder en ningún país de la región salvo Irán. Este hecho le confiere al fundamentalismo un prestigio disidente, y en países como Egipto y Marruecos amenaza con monopolizar la política opositora. L*s combativ*s activistas por los derechos sexuales obviamente temen que las aperturas democráticas lleven al islamismo político a ocupar el poder. En algunos lugares, especialmente en Egipto, activistas laic*s que trabajan por los derechos humanos han logrado forjar alianzas oportunas con islamistas en temas claves como las detenciones arbitrarias y la tortura. No resulta claro si estas alianzas – que por el momento son necesarias – han logrado generar entre los activistas islamistas una disposición a integrar los principios de derechos humanos a sus creencias.

En el largo plazo, es necesario recordar que buena parte del islamismo político moderno ha sido, paradójicamente, una fuerza democratizadora al interior de la fe, un movimiento popular que hizo temblar el poder de los jueces y los eruditos. No existe ninguna razón intrínseca – aunque puede haber fuertes razones sociológicas – que impida que una iniciativa populista islámica de esa clase  pueda apoyar tendencias democráticas no sólo en lo teológico sino también en lo político.

Algunas organizaciones – en Europa, Sudáfrica, Indonesia- ya están explorando las posibilidades que existen para esa clase de apoyo.

En esta región, el VIH/SIDA ha sido grandemente invisible y poco registrado. Sin embargo, en el Magreb, los HSH han logrado organizarse y hacer difusión dentro de los parámetros de la prevención del SIDA. A pesar de la falta de acción por parte del gobierno, la conciencia acerca del SIDA y el pensamiento informado acerca de la sexualidad van en aumento entre la juventud. Varios actores famosos de Egipto se manifestaron en contra de la represión de los hombres VIH-positivos en 2008.

La profesión médica continúa dominada por mitos europeos del siglo XIX acerca de la sexualidad. En Egipto, Irán, los EAU y otros países, los médicos realizan exámenes forenses anales que equivalen a tortura para “demostrar” la homosexualidad de los sospechosos. Hay una necesidad urgente de programas de formación para médicos/as de casi todas las especialidades en enfoques sobre la sexualidad y el género. En algunos países, los médicos y los legisladores han sumado esfuerzos en un enfoque relativamente liberal de la transgeneridad: Irán y Egipto permiten las cirugías de reasignación de género y el cambio en los documentos de identidad desde hace casi 20 años. Sin embargo, en ambos países la policía arresta y tortura a personas transgénero, incluyendo a las que tienen certificados médicos.

Es muy poca la información acerca de la sexualidad – o de las violaciones a derechos relacionadas con ella – que logra atravesar las fronteras de la región. Lo que llega a la prensa occidental se basa, en su mayoría, en anécdotas o relatos de viajeros. Las informaciones erróneas pueden circular rápido y l*s activistas de la región que trabajan en la clandestinidad ejercen poco control sobre lo que se dice o se hace en su nombre en el exterior. Un* activista comenta que el “creciente interés que muestra Occidente en el movimiento LGBT árabe resultó al principio una molestia” pero agrega que “l*s activistas locales necesitamos encontrar formas de encausarlo, de transformarlo en algo positivo”.

¿Qué están haciendo los movimientos?

En algunos lugares, como Egipto y Marruecos, los temas de orientación sexual e identidad de género han comenzado a formar parte de las agendas de algunos movimientos tradicionales de derechos humanos. Ahora –a diferencia de años anteriores- hay abogad*s para defender a las personas que son arrestadas y voces que hablan en su defensa ante la prensa.

Estos avances fundamentales no se lograron mediante políticas de identidad que – en  la mayor parte del Medio Oriente- fracasan de manera desastrosa como forma de reivindicar derechos. La insistencia de algunos activistas LGBT occidentales por sacar a la luz y alentar políticas “gays” en la región podría resultar muy contraproducente. Por el contrario, la incorporación mencionada se logró en buena medida presentando la situación de las personas LGBT (o identificadas de otra manera) en términos de violaciones y protecciones a los derechos, un lenguaje que los movimientos de derechos humanos comprenden bien. Para ello fue necesario hablar de personas que habían sido torturadas, arrestadas en forma arbitraria, o cuya intimidad había sido violada, y no de personas “gays” en procura de formar una comunidad o ser tratadas de manera igualitaria. Hablar de derechos más que de identidades, y  conseguir el apoyo de los movimientos tradicionales de derechos humanos (por más vulnerables que estos sean) es la vía que parece más probable para lograr avances en materia de protecciones en el futuro cercano.

No existen muchas esperanzas de que algún país vaya a aligerar las condenas legales mediante la acción legislativa. En los casos donde las legislaturas han intervenido (como sucedió en Kuwait con el nuevo código de vestimenta) lo han hecho empujados por el pánico moral y han empeorado la situación. En algunos países – como Egipto- existen posibilidades limitadas de reinterpretar las disposiciones legales en vigencia a través del litigio estratégico.

La ley religiosa no es la que rige en la mayoría de los Estados, pero igualmente afecta a la ley laica e influye sobre ella, y sobre la forma en que se aplica. Es necesario explorar qué posibilidades existen en relación a las protecciones que brinda la shari’a. El castigo severo que impone la shari’a para los delitos sexuales se combina con exigencias extremadamente elevadas para probar esos delitos. Si estas últimas se ponen en práctica, pueden constituir salvaguardas para la intimidad personal frente a la vigilancia ejercida por el Estado.[10] En Irán, un ayatollah liberal ha recomendado la adhesión estricta a esos estándares como forma de eliminar de manera efectiva las ejecuciones en casos de sodomía o adulterio.

Para poder ofrecer el servicio de defensa legal en los lugares donde resulta posible hacerlo, hace falta identificar y capacitar a abogadas/os que estén dispuestas/os a tomar esos casos. Reformar las actitudes del sistema médico implica trabajar con grupos profesionales conservadores que suelen estar dominados por la Hermandad Musulmana. Estas dos tareas exigen enfoques creativos, tanto desde dentro de la región como desde fuera de ella.

Algun*s activistas están imaginando nuevos caminos para la visibilidad política. En el Magreb, un grupo describió su plan para hacer que sus integrantes escriban en las boletas electorales “Voto como ciudadano gay”. También esperan, en última instancia, poder presentar un petitorio contra la ley de sodomía vigente en el país, pero agregan que necesitarían que una ONG nacional o internacional llevara adelante esa tarea en su nombre. “Es necesario decir que dado que nuestra organización tiene que permanecer en secreto, las modalidades de presión que podemos ejercer son muy limitadas, ya que sobre nosotros pende la amenaza de la cárcel, la desaparición o la muerte”.

En unos pocos lugares, activistas valientes han logrado abrir verdaderos espacios sociales para las comunidades LGBT. Líbano, que cuenta con un centro LGBT en funcionamiento en el que se realizan debates públicos y eventos culturales, es el principal ejemplo. También en este caso cultivar alianzas con otros movimientos de derechos humanos fue un elemento clave para el éxito. El rol activo que desempeñó el principal grupo LGBT del país en la asistencia a las víctimas durante la guerra de 2006 le dio una credibilidad invaluable en medio de una situación política en deterioro.

Si bien puede resultar necesario separar las reivindicaciones de derechos de la identidad, también existe una desesperada necesidad de formar comunidades. La gente joven se ve particularmente afectada por la explotación y la desesperanza. Al analizar los archivos de las oleadas represivas que se registraron en Egipto de 2001 al 2004, el cuadro que surge es lúgubre: la mayoría de los que fueron arrestados y torturados fueron menores de 25 años. Al llegar a la madurez sexual, no encontraron ninguna comunidad que los alertara acerca de los peligros sociales y políticos, ni tampoco quiénes pudieran protegerlos de la policía.

“Necesitamos información”, expresa la fundadora de un sitio de Internet para lesbianas iraníes. “Traducimos el 60 ó 70% de lo que subimos a la red, y el resto lo escribimos nosotras, a partir de nuestras propias experiencias. A las mujeres les proporcionamos el conocimiento básico de que no están enfermas, y lo hacemos traduciendo toda esa información y colocándola en un mismo lugar”.

Ella también dice: “Creemos que debemos apuntar a la familia y no al gobierno. Contra el gobierno no podemos luchar, ni tampoco es posible que un gobierno extranjero pueda cambiar al iraní. No creo que se pueda luchar en forma directa contra una sociedad homofóbica. Cada quien debería combatir la homofobia en su interior”.

Inclusive para pasar del ciberespacio al contacto personal se requiere de tiempo y de valentía. “Para nosotras no es importante aparecer en la prensa iraní”, dice la activista. “Por el contrario; por ahora, podemos encontrar oportunidades de hablar en forma privada con periodistas acerca de sus actitudes frente a estos temas”. Son much*s l*s activistas que están programando esta clase de proyectos de difusión en pequeña escala. Una lesbiana palestina reflexiona: “Cuando comencemos a dar charlas sobre homosexualidad en las escuelas habremos alcanzado un buen logro”. Y agrega, “Eso nos puede llevar unos cinco años”.

3. Europa del Este y Asia Central

¿Quién se lo hubiera imaginado?

Después de todo, fue en Europa donde por primera vez se afirmó que la orientación sexual estaba protegida por el derecho a la intimidad. Después de que cayera el Muro en 1989, el sector de las lesbianas y los gays fue uno de los primeros en reclamar sus derechos políticos, organizarse y movilizarse para terminar con las leyes represivas. Lo hicieron con el apoyo de las instituciones europeas, que respaldaron las reformas legales y las protecciones a la vida privada. Boris Yeltsin derogó la ley de sodomía de la era estalinista. Diez años de presión internacional hicieron que Rumania finalmente se librara de la prohibición contra el sexo homosexual que databa de los tiempos de Ceausescu.

¿Quién se hubiera imaginado que veinte años después líderes políticos iban a llamar a golpear y encarcelar a las personas LGBT; que en Estados ostensiblemente democráticos la policía iba a quedarse de brazos cruzados mientras los neo-nazis agredían a quienes marchaban en forma pacífica? La Europa del siglo XXI no estaba destinada a ser así.

Patrones de abuso

Las fotografías constituyen la prueba más memorable de esta Europa inesperada: rostros ensangrentados, personas que corren, el aire manchado de gases lacrimógenos. Estas fotografías han ido apareciendo cada primavera y cada verano, desde hace ya varios años, cada vez que los grupos LGBT intentaron organizar marchas del orgullo en Cracovia, Chisinau, Moscú.

El alcalde de Varsovia que prohibió la realización de una marcha del orgullo se convirtió en presidente de Polonia. Sus aliados políticos llamaron a penalizar a toda persona que introdujera la temática LGBT en las escuelas polacas, y a golpear con los bastones policiales a cualquiera que se atreviera a marchar. En Moscú, el alcalde calificó de “satánicos” a los participantes en la marcha. En Letonia y en Rumania, líderes eclesiásticos exigieron poner fin a las demostraciones de los “pervertidos”.

Políticos rusos les recordaron a las/os votantes que la ley de sodomía del país había sido derogada quince años atrás bajo presión de Occidente y el mensaje que le transmitieron a la gente gay fue: Les dimos sus derechos en el dormitorio, no salgan a la calle.  Prohibir las marchas se convirtió en una forma de definir quiénes podían ocupar la esfera pública, quiénes podían participar en política.

La reacción – la amenaza a las libertades de expresión y de asociación – es sólo uno de los signos de una violencia que va en aumento. Los crímenes por odio son “una realidad cotidiana en todo el continente europeo”, como lo señalara el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, y tienen como blancos a inmigrantes, musulmanes/as, al pueblo romaní, a estudiantes extranjeras/os y a otros grupos, desde Ucrania hasta Italia. Las figuras políticas y religiosas que denuestan a las personas LGBT alientan tanto a los extremistas organizados como a las personas comunes que están llenas de odio a incluir a este grupo en la lista de “blancos móviles”. “Utilizan los epítetos y la marginación, la demonización, la difusión de información errónea acerca de las personas LGBT diciendo que la homosexualidad es un pecado, que va contra los valores tradicionales”, explica una activista en Letonia: “Adondequiera que vamos, a cada paso que damos, siempre estamos esperando una reacción, esto es algo cotidiano”. Un grupo en Polonia confirma que “las agresiones físicas contra las personas LGBT” se han convertido en algo de todos los días.

La violencia ocurre en lugares donde las personas LGBT son poco visibles. Activistas de Bosnia hablan de amenazas de muerte. Una organización LGBT de Armenia refiere “agresiones sexuales, hostigamiento sexual… violencia física, violencia verbal, violencia familiar”.

En Turquía, el Estado se ha dirigido a los tribunales –con éxito- para clausurar grupos LGBT. Las agresiones cotidianas a las personas transgénero por parte de la policía y de individuos aislados, así como la violencia de las bandas contra hombres gays, quedan impunes. Un* activista turc* considera que el gobierno obedece a “fuerzas oscuras” -un establecimiento militarista comprometido con la preservación de códigos morales y de masculinidad conservadores- todavía en el poder. “Pareciera que seguimos intentando aprender cómo funciona la democracia”.

Hay desigualdades que son menos visibles. Los países que se unieron a la UE se han visto forzados a adoptar estándares contra la discriminación que protegen la orientación sexual en el trabajo (aunque no todavía en otras áreas de la vida). Pero en muchos lugares no existe una aplicación eficaz de esas normas. En los países que están por detrás de la nueva cortina de hierro – la que separa a los Estados que tienen alguna esperanza de ser admitidos en la UE de aquellos, como Rusia, sin ningún tipo de provisión – ni la ley ni los estándares internacionales constituyen un recurso real contra la discriminación.

Decisiones recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos garantizan el derecho a cambiar su identidad legal a las personas transgénero que se han operado. Pero esas decisiones condicionan el ejercicio de los derechos a la realización de intervenciones médicas, y la mayoría de los países de la UE exigen la esterilización –entre otros procedimientos médicos invasores- como requisito para el cambio en los documentos de identidad. Algunos Estados de esta región, como Turquía, han esencialmente adoptado las prácticas europeas sobre cirugías e identidad. En otros, como la República Kirguisa (Kirguistán), la profesión médica reacciona con incomprensión frente a la identidad de género, y las personas trans se enfrentan a la violencia por parte de sus familias y de la comunidad en general, con poco acceso a la justicia.

Desafíos y oportunidades

Un pequeño grupo de hombres transexuales en una provincia rusa nos dijo: “El principal desafío es el miedo”. En la mayor parte de la región, las actitudes sociales no han cambiado y los temas que les resultan urgentes a los gays de Europa Occidental parecen algo muy lejano. En Serbia, un centro contra la trata que trabaja con personas LGBT realizó la “primera encuesta nacional... para documentar las percepciones y las opiniones del público en general frente a las personas LGBT ... El resultado reveló que el 70% de la población o más piensa que mantener una relación con una persona del mismo sexo implica estar enferma/o. La investigación muestra que hay una brecha enorme entre quienes no pertenecen a las minorías sexuales y las personas LGBT ... Debido a esa distancia social, la violencia se considera una forma aceptable de tratar a  las minorías sexuales o de responder a su presencia. Por eso no estamos en un punto en el que podamos ponernos a discutir el matrimonio o las uniones civiles”.

En muchos países, los movimientos que tuvieron origen en el fascismo de la década de los 30 están reviviendo a través de los “cabezas rapadas”. Las iglesias ortodoxas –algunas de las cuales han visto su reputación dañada por su colaboración con los regímenes comunistas- en muchas ocasiones han utilizado las polémicas en torno a la “cultura” y la sexualidad para recuperar influencia política y prestigio, aliándose a veces con los neo-fascistas.[11] Denominaciones protestantes más recientes se han esparcido por todo el Báltico y otras áreas, con el apoyo del evangelismo norteamericano. Como explicó un* activista: “Prácticamente compiten entre sí para ver qué iglesia es la más homofóbica”.

En Hungría y en Rumania, algunos ministros y legisladores/as han defendido activamente los derechos de las personas LGBT. Pero en Polonia no hay ningún grupo político que esté dispuesto a defenderlos, y una lesbiana de Letonia dice: “No tenemos ninguna fuerza política que sea realmente liberal, apenas contamos con algunas figuras políticas aisladas”.

“Nuestra principal oportunidad”, afirma una activista bosnia, “es la entrada a la familia de la UE, que trae consigo la cuestión de la armonización de las leyes con los tratados e instrumentos de derechos humanos”. Durante las negociaciones para la adhesión que comenzaron en 1992, la UE planteó el tema de las leyes de sodomía y la discriminación a varios Estados, y fue sobre todo esa presión la que hizo que Rumania modificara su legislación. La mera posibilidad de entrar en la UE motivó una verdadera liberalización política en Turquía. Sin embargo, muchos Estados de la UE consideran que su elasticidad para absorber nuevos miembros está llegando a su fin. Y además, la Unión hizo muy poco para ponerle límites al gobierno polaco durante sus peores ataques de retórica homofóbica. En algunas cuestiones que parecen muy obvias, la UE ha ejercido una influencia débil: un* activista de Malta señala que la membresía en la UE no ha modificado el hecho de que su país es el único de todo el continente en el que el divorcio es ilegal. Una lesbiana serbia teme que “en el proceso de integración europea, los derechos sexuales se conviertan en la moneda de cambio. Hay muchas cosas que Serbia necesita cambiar, y si accede a extraditar a dos o tres criminales de guerra más, es posible que la UE no le exija demasiado en materia de derechos sexuales”.

Los grupos también se enfrentan a desafíos en cuanto al financiamiento. Algunas fundaciones se están retirando de los Balcanes: una activista que trabaja contra la trata en Serbia dice que “son pocas las financiadoras que continúan apoyándonos. L*s activistas funcionan con muy poco financiamiento, peleándose entre ell*s por los pocos recursos que todavía siguen disponibles”. Por su parte, el principal grupo LGBT de Rumania afirma que “El acceso a los recursos humanos, a especialistas en temas LGBT, a personas expertas en derecho, se está tornando cada vez más problemático”. La expansión de las oportunidades en el sector lucrativo implica que “los empleos en el sector no gubernamental no pueden competir ... Necesitamos invertir en la gente y que la organización pueda retener a las personas con experiencia”.

¿Qué están haciendo los movimientos?

En Europa del Este, el cambio cultural es una prioridad para much*s activistas, e implica luchar contra la invisibilidad y el clima de violencia imperantes. Como dice un* activista en Estambul: “Nuestra lucha principal es contra el silencio”. Mediante eventos del orgullo, conferencias, un trabajo intensivo con los medios independientes, artículos y muestras artísticas sobre los roles de género en la sociedad, confían poder cambiar los corazones y las mentes, pero esto “dista mucho de ser suficiente. Lo que hacemos tiene que estar conectado con otros movimientos: los de mujeres, los anti-nacionalistas y los anti-militaristas”.

Para una activista feminista en Serbia: “hacer cabildeo también significa dirigirse a las masas, encontrar formas de comunicar nuestro mensaje a un público que sea lo más amplio posible, a un público nuevo que esté por fuera de los medios cooptados”. El teatro y el cine ofrecen posibilidades para esa clase de difusión.

Pero para la mayoría de l*s activistas, los cambios legales y políticos siguen siendo fundamentales. Entre las metas que mencionan figuran las siguientes:

  • Legislación sobre crímenes por odio que obligue a llevar estadísticas desagregadas acerca de los incidentes de violencia y sus motivaciones.
  • Vínculos entre las organizaciones comunitarias LGBT y la policía, que incluyan la capacitación.
  • Separar la identidad transgénero de las intervenciones quirúrgicas y poner en marcha procedimientos accesibles y simples para cambiar los documentos de identidad de modo que reflejen el género en el que vive la persona.
  • Proteger la libertad de reunión y la de expresión.
  • Despenalizar el trabajo sexual, y también relajar la forma en que la ley regula el uso del espacio público apelando a la “moral”.
  • Reconocimiento de las parejas.

Las leyes antidiscriminatorias amplias, un elemento clave para la integración a la UE, también siguen siendo una meta importante. En 2009 Serbia aprobó una ley de esta clase, frente a la oposición de la iglesia ortodoxa pero con el apoyo de activistas que trabajan por los derechos humanos tanto en el país como en el resto de Europa. Sin embargo, el pasaje de la protección en los textos a la implementación plena demanda una supervisión permanente. Activistas de Rumania subrayan la importancia de  “garantizar que las instituciones estatales que luchan contra la discriminación ... continúen realizando su trabajo de manera profesional, independientemente de la presión política que se ejerza sobre ellas”.

Las esperanzas en cuanto a la posibilidad de hacer realidad esos cambios varían de manera notable entre la atmósfera represiva de Rusia – donde ni los tribunales ni el poder legislativo gozan de mucha independencia o tienen tiempo para atender las preocupaciones de l*s LGBT- y la apertura que puede verse en Hungría y en la República Checa (donde se ha logrado el reconocimiento de las parejas, así como otras protecciones).

La pregunta que hacen much*s activistas es: dado el rol que la integración europea ha desempeñado hasta ahora en cuanto a los cambios legales y políticos, las instituciones europeas, ¿pueden seguir apoyando de manera eficaz los derechos LGBT?

Obviamente, la UE no es el único actor. El Consejo de Europa ha adoptado un rol activo en la condena a los crímenes por odio y la promoción de la libertad de reunión. L*s activistas rus*s están pensado en apelar en forma regular al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las decisiones que les niegan el derecho a manifestarse. Si bien una apelación similar en el caso de la prohibición de una marcha del orgullo en Varsovia tuvo como resultado una humillación pública para Polonia, no es claro que pueda suceder lo mismo en el caso de Rusia.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa – el único organismo europeo no militar que también incluye a los EE. UU.- monitorea la violencia basada en la intolerancia y el odio, y trabaja para erradicarla, a través de su Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos. Hasta ahora, los EE. UU. se han opuesto activamente a que la Oficina aborde la orientación sexual como parte de su mandato.

La prueba más importante tendrá lugar pronto dentro de la propia UE. Una nueva directiva contra la discriminación – lanzada después de muchas dudas por la Comisión Europea y como producto de una intensa presión pública ejercida por grupos de derechos humanos de distintos países de la Unión – podría finalmente extender las protecciones para la orientación sexual a una amplia gama de sectores, incluyendo el acceso a los bienes y servicios.  (También extendería protecciones similares a quienes sufren discriminación por causa de su religión, edad o discapacidad). Ahora es el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los 27 Estados miembros, el que debe decidir por consenso si apoya o rechaza la propuesta de la Comisión.

Pero tanto en los Estados que se han adherido recientemente como en los que no son miembros, l*s activistas también procuran aliarse con otros movimientos nacionales para presionar por las reformas. Su lema es: Usemos la UE pero no dependamos de ella. Una lesbiana serbia dice: “Necesitamos contar con la presencia de la sociedad civil” en todos los procesos de reforma del Estado, en lugar de apoyarnos en la ayuda externa. “No queremos llegar a una situación como la de Polonia, donde la legislación está armonizada con los estándares de la UE pero no se puede hacer una marcha del orgullo, el aborto está prohibido, hay un gobierno extremadamente conservador que todo el tiempo amenaza los derechos sexuales y reproductivos ... No se trata sólo de armonizar la legislación. Se trata de trabajar con el gobierno para que pueda cambiar su forma de ver el mundo”.

4. Asia y el Pacífico

Los cuatro mil millones de personas que viven en Asia tornan imposible cualquier generalización. Un* activista filipin* dice que “la propia diversidad de los contextos culturales y los sistemas políticos ... hace que elaborar una estrategia común se convierta en un verdadero desafío”. Al interior de muchos países se reproduce esa misma diversidad: hasta Nepal, que es relativamente un país pequeño, alberga docenas de identidades étnicas. Todo intento de encontrarle un sentido a esta complejidad implicará dejar fuera buena parte de su riqueza.

Patrones de abuso

Una forma de estructurar las diferencias desde una perspectiva LGBT es analizar las leyes de sodomía. En la mayor parte del sur de Asia – Bangladés, India, Pakistán y Sri Lanka,  así como en Malasia, Singapur y algunas islas del Pacífico- la misma disposición británica fue incluida en un código penal tras otro durante la colonia. En el Código Penal de la India esa disposición se encuentra en la Sección 377, la cual penaliza “la relaciones carnales en contra del orden natural”. Un activista líder en Nepal dice que su prioridad será “despenalizar la actividad sexual consensuada entre personas del mismo sexo en el sur de Asia”. Aunque su país logró eludir la disposición contra la sodomía introducida en la era británica, los efectos represivos de la misma tanto sobre la conciencia pública como sobre el accionar policial atraviesan sin problema alguno la frontera.

En la propia India, la Sección 377 le confiere a la policía poderes enormes para el hostigamiento y la extorsión. Pero lo mismo hacen otras disposiciones, sobre todo la Ley para la Prevención de la Trata Inmoral, que regula el trabajo sexual y constituye la base para el hostigamiento constante a las hijras (personas transgénero de clase trabajadora) y a otras comunidades disidentes en materia de género -así como a muchas mujeres, ya sea que se dediquen al sexo comercial o no.

En un sentido más amplio, las hijras (una identidad que está presente en buena parte del sur de Asia) y también otras identidades locales similares como las metis en Nepal están virtualmente “excluidas de la vida social y política” – ya que las leyes o las prácticas les impiden tramitar sus documentos de identidad, alquilar una vivienda, trabajar o en algunos lugares inclusive votar - por violar las  expectativas acerca de cómo las personas deberían verse o comportarse según su género.

En el sur de Asia, l*s activistas mencionan “la falta de regulación sobre los poderes de la policía, y la corrupción policial”, como preocupaciones principales, que incluyen “la violencia por parte de la policía y los hooligans en los sitios sexuales; el uso indiscriminado de las regulaciones contra la ‘perturbación del orden público’ ... y la negación de espacios públicos para las minorías sexuales”. L*s personas que trabajan en VIH/SIDA con estas comunidades son blanco de hostigamiento policial en forma regular.

Por su parte, las lesbianas y mujeres bisexuales se enfrentan a “matrimonio forzado, discriminación en el trabajo ... violencia en el hogar y en los espacios públicos”. Se han denunciado patrones de suicidios entre lesbianas y mujeres bisexuales, especialmente en India, que muestran la similitud entre su situación y la de las mujeres solteras, las viudas, y otras personas marginadas por las normas de género. También indican la falta de información sobre sexualidad y género en muchos niveles sociales, la falta de educación en sexualidad y – como lo señalara una activista- la “falta completa de reconocimiento y de asistencia estatal en cualquiera de sus formas para la juventud queer”.

El hostigamiento en las escuelas y el silencio que guardan los planes de estudio preocupan en toda la región. En Singapur un grupo dice que “A las/os docentes gays se las/os expulsa de las aulas en forma sistemática. Los paquetes de educación sexual ... guardan silencio acerca de la homosexualidad o brindan una mirada negativa de la misma; las autoridades escolares... muchas veces invitan a grupos cristianos anti-gay a que den charlas de ‘educación sexual’”. Las/os profesionales de la salud mental que trabajan en la región por lo general se aferran a la patologización de la disidencia genérica o de las relaciones entre personas del mismo sexo. Sólo recientemente han comenzado a modificar sus políticas y prácticas sobre orientación sexual e identidad de género[12].

En buena parte del este de Asia (y en zonas del Pacífico) la conducta homosexual no está penalizada. Pensando en las metas del activismo regional, un* activista de Filipinas menciona: “hacer que se aprueben leyes contra la discriminación allí donde no hay leyes de sodomía”. Sin embargo, hay una ley antidiscriminatoria que lleva años bloqueada en el Congreso de Filipinas y que ha generado una intensa oposición por parte de la iglesia católica. La orientación sexual (junto con otras seis categorías) fue eliminada de una ley contra la discriminación en Corea del Sur en 2007, obedeciendo a los reclamos de las iglesias protestantes y de líderes empresarios.

En China se han producido ataques violentos contra bares, baños, y eventos culturales de gays y lesbianas. Las autoridades hostigan y detienen a activistas contra el SIDA en forma habitual. También han clausurado sitios LGBT en Internet – incluyendo algunos centrados en la prevención del SIDA- por “pornográficos”.

En Sri Lanka, l*s activistas también mencionan que “las restricciones que impone el gobierno a las ONG, para el acceso a Internet y en el uso de los teléfonos son cada vez mayores”. En Singapur, un* activista dice: “En televisión prácticamente no se permite ninguna representación de las personas LGBT. Los periódicos publican la menor cantidad posible de noticias sobre temas gays ... lo que configura un clima de silencio y permite que se perpetúe la ignorancia”.

Al igual que en otras regiones, a muchos grupos les resulta difícil registrarse legalmente, ya sea por las restricciones basadas en la “moral” o como consecuencia de las leyes de sodomía. Un grupo de Singapur dice que “Al no poder operar en forma legal, cada vez que organizamos algo estamos efectivamente quebrantando la ley”.

Desafíos y oportunidades

Un grupo de apoyo en Pakistán habla por much*s en la región cuando señala que “ el fundamentalismo es el factor más perturbador para nuestra sociedad, especialmente para l*s LGBT”. En Sri Lanka, l*s activistas alertan acerca del “fundamentalismo religioso budista” y de la “prevalencia de actitudes seudo-nacionalistas”. Activistas de la India temen que la derecha hindú vuelva a colocarl*s en su mira. En Singapur, el fundamentalismo cristiano “está inspirado (y probablemente financiado) por las iglesias evangélicas de los EE. UU.. Esto se relaciona con la tendencia de muchos funcionarios públicos y de las autoridades escolares a adoptar actitudes prejuiciadas en nombre de la ‘moral’ (tal como la entiende el cristianismo) y de ideas conservadoras acerca de la ‘familia’”.

En muchas zonas de Asia, las diferentes formas de fundamentalismo son capaces de hacer a un lado sus diferencias y cooperar en el plano local cuando lo que está en juego es la orientación sexual o la identidad de género. En Hong Kong, un grupo de lesbianas y mujeres bisexuales habla de ataques coordinados “entre los tradicionalistas chinos que defienden los ‘valores familiares’ y los movimientos de la derecha cristiana”.

Al igual que en otras regiones, la intolerancia religiosa se conjuga con el nacionalismo para generar una noción de autenticidad cultural que excluye toda disidencia sexual o de género. Como señalara una activista lesbiana de la India “En este momento los conservadores actúan como si toda la sexualidad fuera una importación occidental”.

La excepcionalidad asiática -la ideología según la cual  el continente tenía necesidades y valores políticos diferentes y las protecciones a los derechos individuales contradecían las tradiciones colectivistas a la vez que constituían un freno indeseado para los avances económicos necesarios -  perdió vigencia después de las crisis económicas de fines de la década de los 90. Pero todavía se materializa como excusa para la negligencia o la inacción del Estado, sobre todo en temas delicados como la sexualidad. Un* activista sur-corean* lamenta que “el gobierno actual coloque el desarrollo y la eficacia económicas por encima de la democracia y los derechos humanos”.

En un sentido más concreto, la falta de una estructura regional de derechos humanos en Asia priva a l*s activistas de un espacio institucional –ubicado en su propia región- para la gestión y la defensa, o para vincularse con grupos tradicionales de derechos humanos. Sin embargo las redes regionales LGBT, así como las redes de organizaciones que trabajan contra el VIH/SIDA, tienen una presencia cada vez más fuerte.

En un país tras otro, la respuesta frente al VIH/SIDA abrió puertas para el activismo LGBT. En algunos casos lo logró por el mero hecho de permitir que fuera posible hablar de sexualidad. Un grupo en Pakistán dice: “Hasta la década pasada, no podíamos siquiera hablar de cuestiones sexuales y de la prevención del VIH/SIDA entre HSH; era algo prohibido e ilegal. Pero ahora podemos hablar de los aspectos de salud ... Esto quiere decir que las circunstancias están cambiando en forma lenta pero constante”.

Pero también podría decirse que las puertas más importantes que ahora están entreabiertas, son las de las financiadoras. Tras haber asumido el liderazgo en el trabajo de difusión y prevención, muchos grupos LGBT pudieron acceder a financiamientos por primera vez en toda su historia. Al mismo tiempo, esto desató luchas internas en torno a cuestiones de identidad: a quiénes se debería apoyar, para llegar a qué comunidades y bajo qué nombres. El flujo de financiamientos también obligó a muchos grupos a limitarse a la prestación de servicios y les absorbió la energía que podrían haber dedicado al trabajo político.

En un sentido más general, un grupo de HSH con sede en Tamil-Nadu critica “Las cataratas de fondos centradas en el VIH/SIDA que reducen a los HSH sólo a sus genitales ... La versión ‘medicalizada’ del trabajo que se hace sobre el terreno es algo que en la práctica está dañando a nuestra comunidad... Los HSH son mucho más que meros seres sexuales”.

¿Qué están haciendo los movimientos?

Los movimientos sociales asiáticos – incluyendo a los que trabajan en sexualidad y género – exhiben una gran riqueza de debates y desacuerdos estratégicos. Resulta imposible capturar algo más que una pequeña parte de la miríada de perspectivas planteadas y de direcciones sugeridas.

Hay por lo menos un ejemplo exitoso que ha inspirado a activistas LGBT en toda la región. El principal grupo LGBT de Nepal logró abrirse camino a través de la jungla del financiamiento para el VIH/SIDA, encontró su propia vía para pasar de la prestación de servicios a la gestión y la defensa políticas, y cambió al país. “Comenzamos con intervenciones en salud”, recapitulan, “y esa fue una forma de llegar a la sociedad en general de una manera que no resultara amenazante”. Con la información recogida a través de su trabajo de difusión, comenzaron a documentar y dar a conocer abusos a los derechos humanos, “haciéndole saber al mundo qué clase de violaciones estaban sufriendo las minorías sexuales y de género”. De allí surgieron intervenciones políticas, a medida que el grupo fue “saliendo a la calle, comenzó a hacer cabildeo con los partidos políticos, e incluso se presentó a las elecciones”, además de “llevar al gobierno ante la justicia”. Lograron convencer a la Corte Suprema del país para que incluyera en la legislación protecciones para la orientación sexual y la identidad de género. El fundador del grupo es actualmente miembro de la Asamblea Constituyente.

Pasar de la prestación de servicios a la defensa y la gestión política es algo que a los grupos todavía les cuesta lograr, debido a las restricciones que imponen los financiamientos. Aun después de sus muchas victorias, l*s activistas de Nepal reconocen que les queda mucho por hacer. El reconocimiento jurídico y la influencia política todavía no se han traducido en mejoras para buena parte de sus bases de apoyo. El vínculo entre el cambio jurídico y el cambio social es una cuestión central para much*s activistas de la región.

“El cambio legal es sólo una de las estrategias para el cambio social”, comenta un grupo que trabaja en zonas rurales de la India. Y un activista del mismo país que está profundamente involucrado en la campaña contra la Sección 377 agrega: “En India, es común que las leyes y las políticas lleguen después de los cambios sociales y – por sí solas- es muy poco lo que pueden hacer para cambiar lo cotidiano ... Las leyes y las políticas nunca deberían ser nuestras prioridades, aun cuando reconocemos que es necesario que se mantengan en sintonía con los cambios que estamos generando desde la base”.

Aun reconociendo lo importante que sería que se derogara la Sección 377, en India l*s activistas han debatido largamente el valor relativo del litigio en comparación con la movilización social amplia contra esa disposición. Esas mismas divisiones ya se observan – o pueden llegar a observarse en el futuro- en otros países, inclusive en aquellos en los que las protecciones contra la discriminación son una meta importante. En India se ha logrado alcanzar un compromiso. Mientras un equipo de abogadas y abogados lleva adelante un proceso judicial contra la Sección 377 que ya está en su etapa final frente al Tribunal Superior de Delhi[13], una “coalición diversa de grupos, algunos de los cuales son LGBTI, está utilizando este caso como punto de partida para concientizar a la comunidad y al país en general acerca de una variedad de temas relacionados”, a través de “publicaciones y artículos, demostraciones y presencia públicas, apoyo individual a personas LGBT que están atravesando una crisis”. Un* integrante de esa coalición dice que “es fundamental ... utilizar las leyes y las políticas como símbolos en torno a los cuales movilizarse”.

Si la Sección 377 se deroga en India, esa caída se hará sentir en toda la región, y planteará la pregunta de qué es lo que viene después. Un* activista que trabaja contra la Sección 377 menciona las prioridades futuras:

  • Esquemas de empleo, documentos de identidad (para las hijras y otras personas a las que se les niega el reconocimiento a su disidencia de género), y otras medidas para atender las necesidades económicas de las personas LGBT. “No creo que tengamos que esperar que se derogue la Sección 377 para hacer esto, [pero] el momento en que se produzca la derogación podría ser una oportunidad ideal para cobrar impulso y avanzar hacia metas de este tipo”.
  • Trabajar con la policía y otras autoridades para reducir la violencia.
  • Legislación anti-discriminatoria.
  • Incrementar la representación de los temas queer en la cultura dominante.

A otr*s les preocupa que una agenda centrada en la identidad “LGBT” o en la “orientación sexual” y la “identidad de género”, deje de lado algunas de las necesidades sociales y políticas más urgentes inclusive de grupos que quedarían dentro de esas categorías generales. Por ejemplo: eliminar la Sección 377 y garantizar que las hijras puedan obtener documentos de identidad serviría para terminar con algunas formas de abuso, pero no afectaría la forma en que la maquinaria de la justicia penal regula y reprime el trabajo sexual – que es el principal pretexto legal que sostiene la impunidad policial y las violaciones que sufren las hijras.

En toda la región, los grupos advierten que el clamor por que se implementen políticas más estrictas contra la trata genera una expansión del poder estatal sobre todas las manifestaciones de la sexualidad en la esfera pública (y a veces también en la privada)[14]. Para algun*s, esto se vincula con la forma en que operan las políticas de representación en los movimientos LGBT: cómo se habla por los “sujetos sexuales”, sin que se les permita hablar por sí mism*s. Una activista y trabajadora sexual en Nueva Zelanda explica lo difícil que les resulta a las personas que son vistas como “encarnaciones del sexo” ser tenidas en cuenta y escuchadas como actores políticos, y condena a “los grupos que no tienen contacto con trabajador*s sexuales y se presentan como expertos en el tema”.

Un activista de India dice: “Necesitamos más financiamiento progresista en temas de minorías sexuales y trabajo sexual (la mayor parte del financiamiento actual es para trabajar en VIH/SIDA y proviene de financiadoras conservadoras)”.

Durante años, algun*s activistas asiátic*s han criticado la importación sin sentido crítico de construcciones de identidad occidentales como modelos para pensar sobre la sexualidad y el género. En Nepal el activismo en torno a identidades “gay” o “transgénero” ha dado paso, en muchas comunidades, a que los metis (término nepalés indígena para designar a personas diagnosticadas como varones al nacer y que no se adaptan a las normas de la “masculinidad”) se organicen y reivindiquen sus derechos como metis.

Much*s también cuestionan el peso que se le da al cabildeo en el plano nacional, a expensas del trabajo local. Un grupo lésbico y transgénero de Sri Lanka dice que ahora está dejando de concentrarse tanto en la gestión y la defensa políticas en favor de “programas de concientización sobre derechos y salud sexuales a nivel de base, para cambiar las actitudes frente  la sexualidad ... Preferimos trabajar con organizaciones de base comunitaria en zonas rurales de todo el país”.

Un abogado indio observa que el verdadero ejercicio de los derechos de las hijrasdependerá de la votación en las elecciones municipales donde están en juego las autoridades que más afectan sus vidas. En Tamil Nadu, un activista dice: “Mientras que la mayor parte de  la gestión y la defensa por los HSH en India gira en torno a la derogación de arcaicas disposiciones contra la sodomía en el Código Penal ... es muy poco el trabajo político que se está haciendo con los gobiernos municipales, o panchayats. … Hasta la fecha, el trabajo que se ha hecho en India sobre HSH ha estado concentrado en su mayoría en los espacios urbanos. Teniendo en cuenta que el 70% de la población india vive en espacios rurales y que el sexo entre hombres es una realidad que está muy presente en los pueblos pequeños, nosotros trabajamos en zonas rurales y creemos firmemente que hace falta trabajar mucho más en esos espacios”.

Los grupos también procuran aliados más allá de los movimientos sociales. “Singapur depende grandemente del talento extranjero para impulsar su economía, y el gobierno es muy sensible a las necesidades de las empresas en materia de recursos humanos. Si nuestra organización logra acceso a las empresas y a los abogados, y utilizar la documentación y las demandas de trato igualitario para l*s emplead*s LGBT como catalizadores”, entonces todo un conjunto de demandas, como la derogación de la ley de sodomía, pueden comenzar a tornarse posibles.

En Indonesia, l*s activistas LGBT, tras un proceso en el que con mucha cautela fueron generando un vínculo con el Ministerio de Asuntos Religiosos, se han embarcado en una serie de diálogos y capacitaciones para imanes jóvenes, en los que plantean temas de sexualidad y de género, todo ello sin hacer publicidad. Una iniciativa como ésa, en un país que alberga lo que históricamente ha sido una de las versiones más sincréticas del islamismo, puede alcanzar resonancia mucho más allá de las fronteras nacionales.

5. América Latina y el Caribe

Los movimientos de lesbianas, gays, personas bisexuales y trans en América Latina han alcanzado un número impresionante de logros en los últimos veinte años. (El Caribe, que es un caso particular, será analizado en una sección separada). Los grupos LGBT han aprovechado las aperturas democráticas para ingresar en esferas políticas y culturales. A pesar del hostigamiento persistente a que han sido sometidos, se han hecho visibles y no han dejado de hacer oír sus voces. La intensidad que cobran los debates entre activistas, el grado de vinculación que existe entre los movimientos de la región, y la diversidad de identidades y demandas que abordan, son tal vez mayores que en cualquier otra zona del mundo.

Las leyes de sodomía que quedaban han ido cayendo una por una. Ahora Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela brindan protecciones a nivel nacional frente a la discriminación por orientación sexual, aunque no en el caso de la identidad de género. En 2008, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en reconocer las uniones entre personas del mismo sexo mediante una ley de alcance nacional, aunque muchas ciudades y provincias de la región ya habían reconocido estas uniones anteriormente.

Pero el progreso no llega a tod*s en la misma medida. Una activista travesti señaló que “Brasil tiene la marcha del orgullo más grande del mundo, pero también una de las tasas más altas de crímenes por odio contra personas LGBT”. Las leyes que se utilizan para detener a personas transgénero en lugares públicos – así como también a trabajadoras sexuales, gays y lesbianas- siguen vigentes en todo el continente.

¿Y ahora qué? Una activista nicaragüense dice: “Nuestra primera meta fue librarnos de la ley de sodomía, que también afectaba la libertad de expresión y de reunión, porque castigaba a quienes ‘apoyaran’ nuestros derechos. Eso ya lo hicimos, y ahora nuestra prioridad es que se incluya la orientación sexual en la ley contra la discriminación que por ahora menciona la etnia, el color, el sexo, pero esto no... Después pasaremos a los derechos civiles y la ciudadanía plena”. Pero hay otr*s activistas que observan esos senderos y se preguntan: ¿quiénes seguirán sin protecciones?. ¿Quiénes quedarán fuera?

Patrones de abuso

La derogación de las leyes de sodomía ha dejado en pie otras disposiciones que permiten los abusos por parte de la policía. Una activista lesbiana dice: “En la República Dominicana, la homosexualidad no está penalizada, pero las disposiciones sobre ‘moral y buenas costumbres’ se utilizan para hostigar a los hombres gays y a las personas trans”.

Esta clase de disposiciones se pueden encontrar en los códigos penales estatales y locales, y a veces también en la legislación nacional, desde México hasta Argentina. Por ejemplo, diez de las veintitrés provincias argentinas cuentan con esta clase de normas. A veces castigan a los “homosexuales o viciosos sexuales” que “se ofrezcan en público”; otras veces la “prostitución escandalosa”, o simplemente las ”faltas a la moral”. Por lo general se conoce a estas disposiciones como “códigos contravencionales” y muchas de ellas le confieren una amplia autoridad a la policía para imponer multas o arrestar arbitrariamente a las personas, sin necesidad de presentarlas ante un juez. Las personas trans son blanco permanente de esta clase de violaciones.

Al preguntarle a una activista transgénero de Brasil cuáles son las violaciones más comunes a los derechos humanos que ella observa en su trabajo, nos responde: “¡Todas! Para las travestis en particular, sobrevivir equivale a ‘matar un león todos los días’”. La violencia policial es la denuncia más frecuente, agrega, pero la violencia es omnipresente. En Guatemala, Honduras, y otros países, hay bandas armadas – que much*s consideran están formadas por policías que actúan fuera de su horario de trabajo- que amenazan, maltratan y disparan a personas trans en las calles.

Las personas trans tienen una relación de alto voltaje emotivo con el sistema de salud, que es tal vez el espacio principal en el que se relacionan con el Estado y la autoridad: denuncian discriminación, maltrato, falta de acceso a los servicios, y una negativa generalizada a reconocer sus identidades. En Venezuela, una activista informa que: “Nueve de cada diez personas trans no consultan a un médico ni siquiera cuando sufren enfermedades graves, debido al maltrato con el que saben que se van a encontrar en los servicios de salud”. Una líder brasileña describe cómo muchas personas trans se mueren “debido a la auto-medicación con hormonas y siliconas, porque no confían en los médicos ... Ese es el principal desafío al que nos enfrentamos como movimiento”.

Muchos gobiernos todavía no permiten ningún cambio en la identidad legal para las personas trans, y la falta de documentos de identidad que reflejen el género en el que viven se traduce para much*s en la imposibilidad de trabajar legalmente, conseguir una vivienda, tramitar un pasaporte o conducir un vehículo. Los Estados que sí permiten estos cambios, por lo general imponen la cirugía como requisito obligatorio. Un activista chileno que es un hombre trans condena “la complicidad que se da entre la justicia y el sistema de salud para privarnos de ser tratados como personas”. A pesar de la decisión histórica por parte de la justicia colombiana diez años atrás, que restringió la realización de cirugías a niñ*s intersex, éstas siguen teniendo lugar en la mayoría de los países de la región.

La atención médica también es un tema para otros sectores. Una activista lesbiana de Ecuador señala que existe una gran cantidad de denuncias acerca de instituciones psiquiátricas que intentan “curar” a las lesbianas utilizando terapias de choque y otros medios abusivos: “Nos negamos a llamar a eso ‘internación forzada’: es tortura”.

La discriminación en el lugar de trabajo también es común. Una mujer nicaragüense dice: “Supimos de varios casos de lesbianas que fueron maltratadas en el trabajo y que fueron despedidas por ser lesbianas”. Como los valores patriarcales continúan predominando sin demasiadas fuerzas que mitiguen sus efectos, la violencia contra las mujeres disidentes sexuales también es muy común. Una entrevistada dominicana refirió que “Hay lesbianas que han sido asesinadas por las familias de sus compañeras, como castigo”.

No siempre resulta fácil documentar estas denuncias, en parte por la escasa visibilidad de las lesbianas tanto al interior del movimiento como ante el Estado y la sociedad: los abusos que se cometen contra ellas son ignorados y sus necesidades no son atendidas. Una activista argentina que trabaja en violencia doméstica dice: “Todo lo que existe en el campo de la violencia doméstica está dirigido a las mujeres heterosexuales”.

Los derechos de las niñas y los niños que son lesbianas, gays, bisexuales y transgénero – incluyendo sus derechos a la autonomía sexual y a la protección frente a los abusos sexuales – están en riesgo en todas las regiones. En América Latina resulta particularmente llamativo que, dados los avances en materia de protección que se observan en toda la región, los niños(as) hayan sido casi completamente dejados de lado. Una activista trans que trabaja en Colombia comenta que “L*s menores de 18 años no se consideran ciudadan*s y su participación en el diseño de políticas públicas y de proyectos de ley es prácticamente nula... Hablar de orientación sexual e identidad de género en menores genera miedos terribles”. Y agrega: “Una travesti no nace de repente el día que cumple 18 años. Para ese entonces, ella ya tiene una larga historia de marginación y abuso”.

“Todo empieza en la escuela”, sostiene una mujer brasileña transgénero. “No sólo nos expulsan sino que l*s otr*s alumnos, docentes y personal en general nos agreden moral y psicológicamente”. Ese hostigamiento está ligado al silencio que guardan los programas de estudios en torno a estos temas. En muchos países no existe la educación sexual. “En las escuelas venezolanas”, señala una activista de ese país, “no se imparte educación sexual: de la sexualidad se habla sólo en relación a la forma como ciertas plantas se reproducen”. Donde sí existe, l*s activistas se quejan de que sólo se presentan modelos heterosexuales con el matrimonio como culminación.

Desafíos y oportunidades

Casi tod*s l*s activistas de la región mencionaron, en primer lugar y por encima de todo, la fuerza de la religión y de la iglesia católica, así como la politización que ésta hace del concepto de  “familia”. En Argentina, la Iglesia combate la inclusión de las parejas formadas por personas del mismo sexo en la ley sobre violencia doméstica; en Guatemala, presiona por una ley que excluya de la definición de “familia” a los hogares formados por madres o padres solteros/as o por cualquier configuración distinta de la familia nuclear; en Honduras, contribuyó a que se aprobara una enmienda constitucional que prohíbe el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo. Su oposición a la promoción de métodos para el sexo más seguro por parte del Estado, incluyendo los preservativos, tiene un efecto desproporcionado sobre los grupos que resultan particularmente vulnerables al VIH y el SIDA. En países como Guatemala o Brasil, la presencia creciente de las denominaciones evangélicas también contribuye a lo que un* activista llama “un proceso continuo de des-secularización, que no se limita a la sociedad pero termina presionando al Estado a avalar sus perspectivas y a sumarse a sus prejuicios”.

La iglesia latinoamericana no se ha aliado, por lo general, al nacionalismo cultural y laico para generar la noción de “autenticidad cultural” que se observa en otras regiones. Aquí la religión opera en sus propios términos. Enfrentarse a la autoridad de la Iglesia significa, para much*s activistas, luchar contra la realidad de un “Estado confesional” inserto en un modelo de “Estado laico”. También existen algunas posibilidades limitadas de apertura dentro de la propia Iglesia: algunos activistas trans se han encontrado con que la jerarquía se muestra más receptiva frente a las personas cuya identidad no parece estar definida por sus “conductas”.

Allí donde las leyes y las políticas son positivas, la implementación sigue siendo dispareja. Son varios los niveles que se mencionaron:

  • Capacitar y supervisar a las/os funcionarias/os. Una activista dice que si en Argentina se aprobara una ley de violencia doméstica incluyente, “Tendríamos que cambiar completamente la formación que reciben las y los profesionales en las instituciones que tendrán que atender a las lesbianas que están viviendo relaciones de maltrato, y encontrar mecanismos que nos permitan supervisar cómo trabajan”. Muy pocos grupos cuentan con los recursos necesarios para hacer algo así.
  • Un “desafío relacionado”, dice una activista brasileña, es llegar a los gobiernos locales y estatales, “que es donde muchas leyes federales ‘se mueren’ porque no son aplicadas”.
  • Por último, como señala una activista brasileña, “Las políticas públicas basadas en la inclusión social y la promoción de los derechos humanos deben ser políticas de Estado, no sólo de gobierno. No pueden apoyarse sólo en una determinada administración. Este es un desafío clave para nosotr*s... garantizar la continuidad de las políticas actuales a través de mecanismos legales y de otras clases”, incluyendo la creación de cargos dedicados a esta temática en los ministerios, “para que todo no termine con esta administración”.

L*s activistas también mencionaron oportunidades en el presente y también en el futuro cercano. En países influyentes de la región, hay gobiernos que tienen una actitud positiva frente a estos temas. (Vari*s activistas señalaron que estos vecinos raramente ejercen su influencia regional cuando se trata de temas LGBT. Una activista venezolana dijo: “Si lográramos que funcionarios de alto nivel de los países aliados de Venezuela – como Argentina o Brasil- hablaran con nuestros funcionarios sobre los derechos de las personas LGBT, entonces habría avances”).

Una y otra vez, se mencionó el potencial que ofrecen las alianzas entre los grupos LGBT y otras fuerzas sociales, que tanto costó construir. Una líder argentina comentó acerca de la región en general: “Los movimientos [LGBT] de América Latina no están aislados ... No puedo pensar en un solo movimiento que esté completamente separado del resto de la sociedad civil. Todos han forjado alianzas genuinas con por lo menos un movimiento social, que puede ser el de mujeres o el de derechos humanos”.

Esto es producto del trabajo paciente, de naturaleza interseccional, emprendido por toda una generación de activistas. Y está rindiendo sus frutos. Una lesbiana dominicana cuenta: “Hace mucho que el movimiento feminista dejó de asustarse de las lesbianas. Nuestra propuesta de reforma constitucional la estamos presentando a nombre del Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, una coalición de grupos de mujeres y feministas de todo el país”. Una activista costarricense también elogió “la apertura del movimiento feminista hacia las mujeres trans y el hecho de que eso nos permite reivindicar nuestras identidades como feministas”.

Las redes regionales y la cooperación entre los movimientos sociales LGBT – sobre todo entre grupos de lesbianas y grupos trans- han tenido un efecto poderoso. “La tendencia positiva que se observa en la región en cuanto a los derechos LGBT es la principal oportunidad”, dice una activista dominicana. “Nuestra gente, y especialmente la generación LGBT más joven, ve lo que está pasando en el resto de la región”.

Algun*s activistas expresaron su preocupación por lo que consideran presión por parte de las financiadoras para que las redes informales se conviertan en federaciones formales y estructuradas, sobre todo en el plano nacional. “Lo que en verdad les interesa”, nos dijo una activista, “es simplificar su trabajo ... Pero una federación formal puede hacer que unos pocos monopolicen los recursos. O puede darse una federación que sí sea incluyente, pero formada por grupos que pasen todo el tiempo luchando por el poder, desperdiciando así su energía”. Otro activista señaló que “Los grupos trans participan en las federaciones. Pero no son ellos los que obtienen los recursos”.

La falta de financiamiento es un problema permanente, como lo son también las exigencias de fuentes de financiamiento especializadas. Una lesbiana nicaragüense explica: “La mayor parte del financiamiento que llega a Centroamérica está destinado al VIH/SIDA y nosotras nos negamos a trabajar en eso sólo para conseguir fondos. Queremos trabajar en los temas que nos importan – las lesbianas y los derechos humanos – y queremos conseguir financiamiento expresamente para eso”.

Esto también afecta los horizontes políticos. Una activista hondureña afirma que en su país “Las organizaciones de la comunidad no piensan en términos políticos acerca de los derechos de las personas LGBTTI, no se basan en la idea de defender los derechos humanos sino de prevenir el contagio por el VIH”. Concentrarse en temas de salud también afecta los vínculos institucionales. Una líder transgénero brasileña dice que como el movimiento tiene relaciones sólidas con el Ministerio de Salud “los otros ministerios (Trabajo, Educación, Cultura) no nos consideran una prioridad”.

¿Qué están haciendo los movimientos?

Una vez más, la pregunta central es “y ahora, ¿qué?”. Much*s estarán de acuerdo con la activista paraguaya que dice: “Nuestra prioridad absoluta es la Ley contra toda forma de discriminación”, o con los grupos brasileños que están en campaña por una ley nacional que penalice el discurso de odio homofóbico.

Otr*s expresarán sus reservas acerca de esas prioridades, o las relativizarán. Los proyectos de ley que imponen penalidades frente al trato desigual despiertan dudas en algunos sectores sobre la utilidad de apoyarse en las funciones punitivas del Estado en busca de protección. Según un activista trans e intersex, “América Latina sigue mucho el modelo español: primero se protege la orientación sexual, con el matrimonio como objetivo final, y después la identidad de género y el reconocimiento de su género para las personas trans. Sólo al final de todo se puede hablar de temas como la mutilación genital de que son objeto las personas intersex. Pero nosotr*s [las personas trans e intersex] no podemos esperar”.

Hacen falta más cambios legales. Derogar los “edictos contravencionales” y las normas sobre “moralidad” son prioridades para los grupos transgénero y otros, tarea que se complica porque esas disposiciones están ocultas en códigos estatales y locales remendados que probablemente deban irse modificando uno por uno. Las leyes contra la discriminación vigentes no incluyen la identidad de género, como tampoco lo hace la Constitución de Ecuador (la primera de la región que incluyó la orientación sexual).[15]

“Tenemos que prestar mucha más atención al derecho de familia”, dice una activista argentina que trabaja por los derechos de las mujeres. “Es algo que todavía no hemos hecho. De repente pasa algo, por ejemplo un caso de custodia, y ahí corremos a consultar el Código de Familia y nos damos cuenta de los horrores que contiene”. En 2004, a una jueza chilena que es lesbiana un tribunal le quitó la custodia de sus hijas, y ese caso hizo que la región concentrara su atención en las desigualdades contenidas en la legislación familiar. Las y los activistas que procuran lograr el reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo se enfrentan tanto a la oposición militante de la Iglesia como a la pregunta de si es mejor seguir el camino del litigio (que poco a poco ha permitido obtener un logro significativo en los beneficios de las parejas en Colombia), el de la movilización con otros movimientos sociales, o ambos.

La falta de financiamiento adecuado también impide optar por los litigios estratégicos, e incluso brindar ayuda legal a las personas que son discriminadas. Un grupo de lesbianas en Honduras menciona la “falta de abogados/as que quieran dar la pelea contra la discriminación”, la falta de capacitación para los/las que sí están en disponibilidad a hacerlo y la “carencia de recursos financieros para pagar los servicios legales”.

Las alianzas continúan siendo algo fundamental. En Paraguay, una activista lesbiana dice que “La Red contra todas las Formas de Discriminación, una coalición muy amplia de organizaciones de la sociedad civil” fue la que redactó el proyecto de ley contra la discriminación, que incluye orientación sexual e identidad de género. “Trabajamos muy bien junt*s ... Los fundamentalistas han dicho claramente que si el proyecto no incluyera a personas LGBT, ya hubiera sido aprobado. Pero la Red se mantiene firme. El movimiento de personas con discapacidades es el aliado más fuerte en la Red y su lema es ‘Todos o ninguno’”.

El trabajo regional también es muy importante. Puede tomar la forma de encuentros, capacitaciones o redes regionales. Otra de sus manifestaciones es el creciente interés que concentra el sistema interamericano de derechos humanos como herramienta para movilizar a los gobiernos. Son cada vez más los grupos que se preparan para hacer cabildeo o llevar casos ante las instituciones interamericanas. La resolución aprobada recientemente por la Asamblea General de la OEA, que condena las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, fue producto de años de trabajo de grupos LGBT de toda la región, así como del Caribe. También son cada vez más los grupos que documentan por sí mismos las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las prácticas policiales y la impunidad.

L*s activistas transgénero e intersex están intentando trabajar con médicos/as y organismos profesionales y, en el caso de Brasil, con el propio Ministerio de Salud. Un hombre trans chileno describe cómo su organización está creando “redes de atención a la salud”, que son listas de profesionales con una visión positiva de la transexualidad a las/os que sus miembros pueden recurrir. Otro activista señala: “Tenemos que llegar a las facultades de medicina. Y tenemos que convencer a los abogad*s y a quienes se dedican a la bioética de las cuestiones trans e intersex” – refiriéndose a los límites que deben ponérsele a la medicalización y a las intervenciones médicas. “Cuestionar al establecimiento médico es algo fundamental y muy difícil tanto para el movimiento trans como para el intersex”, agrega. “En alguna medida, es lo mismo que sucede con el aborto: se puede cambiar las leyes, inclusive crear clínicas, pero también es necesario que gente dentro de las instituciones claves empiece a pensar de otra manera. Porque si no, la mayoría de l*s profesionales va a decir ‘yo simplemente no tengo nada que ver con eso’”.

El hecho de que existan más posibilidades para los cambios legales no ha generado una reducción en el número de proyectos que desarrollan los grupos LGBT en el nivel micro: lo que se va construyendo de a poco, lo local, o lo cultural. Una activista argentina destaca la iniciativa de convencer a los hospitales para que utilicen los nombres que las personas transgénero emplean en su vida diaria para interactuar con ell*s, sin dejar por ello de incluir en sus historias clínicas los nombres legales como estipula la ley. “Cambiar la ley en cuanto al nombre es muy difícil ... tal vez esto no sea una grandiosa afirmación de cambio social, pero es una solución práctica en el corto plazo”. En el mismo sentido, las activistas brasileñas trabajaron con el Ministerio de Salud para diseñar nuevas políticas que les permitan a personas trans que todavía no pueden cambiar sus nombres, utilizar sus “nombres sociales” en los hospitales.

Algunos proyectos tienen que ver con desafíos simples, de todos los días: circular libremente o ser vist*s. Una red nacional brasileña de travestis, transexuales y transgéneros le pide a todas sus organizaciones afiliadas que “incluyan en sus planes de trabajo un momento y una suma de dinero para actividades que tengan que ver con el tiempo libre. Puede ser cualquier cosa: ir al cine, de compras, a comprar helados. Pero tienen que hacerlo en grupo y de día. La meta es ... enseñarles a salir de día, a sentirse fuertes porque van en grupo y a enfrentarse a esos espacios a los que creen no tener acceso. También es una forma de educar a la gente para que pueda ver a las TTT (travestis, transexuais y transgéneros) como personas comunes que pueden salir a divertirse ... con las que pueden compartir una película o jugar en la playa”.

Satisfacer estas necesidades básicas también puede implicar poner el acento en el activismo cultural: imágenes, películas, teatro. Una lesbiana del Ecuador dice: “Por supuesto que pensamos que las reformas legales son importantes y trabajamos en torno a demandas especificas. Pero también creemos que las feministas en su conjunto nos hemos olvidado desde hace mucho tiempo de abordar otra dimensión: transformar la forma en que piensan nuestras sociedades... La creatividad no es muy valorada desde la perspectiva de los derechos humanos o desde la del desarrollo, a pesar de que es un elemento central para desaprender los aspectos nocivos de determinadas culturas”. En la República Dominicana, una activista considera que el arte es “una herramienta muy poderosa para llegar a la gente con nuestros discursos, porque es un medio al que no le temen”.

En medio de todo esto, la mayoría de l*s activistas no pierde de vista el contexto social más amplio en el que desarrollan su trabajo. “Es imposible pensar en la democracia radical sin los cuerpos y las sexualidades, pero también sin lo que hace posible que un pueblo pueda ejercer su derechos, es decir, el poder económico”, nos dijo una de ellas. “Sin un cambio radical en la situación económica de la región, no podremos tener democracias reales”.

El Caribe

Los países del Caribe, en su mayoría anglófonos y francófonos, están separados del continente por algo más que el idioma. En Guyana, un activista hace mención a los intensos niveles de “homofobia social que tiene sus raíces en nuestras leyes, producto de la era colonial”. El ambiente intensamente represivo en las familias, las comunidades y los espacios públicos se combina con las leyes anticuadas sobre sexualidad que todavía se aplican para hacer que la gente permanezca en la clandestinidad y quienes se atreven a mostrarse a veces sean asesinados/as.

Trece de los quince Estados de la CARICOM (Comunidad del Caribe) todavía penalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo, la mayoría basados en leyes de sodomía heredadas de la colonización británica. Los gobiernos democráticos que posteriormente se independizaron han mostrado una fuerte resistencia frente a toda sugerencia de derogación. Esas leyes llevan a la discriminación y al silencio en otros espacios: las organizaciones no pueden operar en forma abierta, se pierden empleos y hogares, y la policía se niega a proteger a las personas frente a la violencia cotidiana que sufren.

La violencia es un problema generalizado en la región. La música y la cultura pop ayudan a canalizarla hacia las personas que son “masculinas” o “femeninas”, de forma incorrecta. En Jamaica se han incrementado las agresiones por parte de turbas homofóbicas en medio de lo que un* activista local, que ahora está trabajando en Canadá, califica como “la voz todavía más fuerte del gobierno justificando la homofobia y la transfobia. El Caribe, aunque es una región que está dispuesta a beneficiarse del desarrollo político y económico [foráneo], continúa resistiéndose a toda sugerencia social o cultural para promover enfoques basados en los derechos”.

Un activista de Guyana revela que “los fundamentalismos religiosos, cristianos y musulmanes, así como el conservadurismo político que está ligado a ellos, están creciendo porque los políticos apelan, más que nunca, a sus bases conservadoras... Hay grupos canadienses [evangélicos] que están apoyado a sus contrapartes en la región y organizándose con ellos, mientras que los grupos activistas LGBT locales no recibimos un apoyo tangible similar por parte de nuestros aliados globales”.

Recientemente son dos las cosas que han cambiado. Un activista expresa: “Como sociedad, estamos reconociendo que el género es la raíz de muchas cuestiones sociales, por eso incorporar los asuntos LGBT a los asuntos de género nos ofrece oportunidades para abordar la homofobia ... que a menudo [está] ligada a cuestiones de masculinidad, así como para forjar alianzas con grupos de mujeres, grupos que trabajan por los derechos de los niños, movimientos contra la violencia y por la paz, etc.”.

El mismo activista señala: “La respuesta a la epidemia del SIDA ha creado un foro en el que todo el mundo puede sentarse a la mesa”. El VIH ha ayudado a que los grupos que trabajan en sexualidad puedan tener acceso, por primera vez, a quienes diseñan las políticas. Un grupo LGBT de Belice trabaja en conjunto con la Comisión Nacional contra el SIDA; en el resto de la región, las organizaciones también están haciendo cabildeo político a alto nivel sobre temas de salud.

Sin embargo, nada de todo esto ha contribuido a generar cambios sociales o reformas legales significativas, aunque la revisión de la Carta de Derechos y la Constitución que tendrá lugar próximamente en Jamaica constituye una oportunidad a tener en cuenta. Los grupos se quejan de no contar con “recursos para pagar a los abogados” ya sea para presentar casos puntuales o embarcarse en litigios de largo plazo. Sin embargo, cada vez más son los propios grupos los que están documentando violaciones a los derechos (así como prácticas ligadas al VIH) de los HSH y las personas LGBT, con la esperanza de generar una presión constante que permita avanzar en la defensa y la gestión políticas.

Apéndice

Cuestionario:

  1. Por favor dinos tu nombre y dirección o los de tu organización. Estos datos no serán difundidos (a menos que nos especifiques que pueden serlo).
  2. En una o dos frases, describe las metas o el mandato de tu organización: el propósito o los propósitos principales que guían su trabajo.
  3. En una o dos frases, describe las principales estrategias o métodos  que utiliza tu organización para alcanzar esas metas. Por ejemplo:
    • Brindar servicios de consejería;
    • Organizar eventos sociales para tu comunidad;
    • Defensa y gestión políticas, cabildeo;
    • Investigación y documentación;
    • Capacitación laboral.
  1. Tu trabajo, ¿tiene lugar en el plano local, nacional, internacional, o es una combinación de los tres?
  1. ¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos o desigualdades más difundidas o importantes que tú y tu organización encuentran en el transcurso de su trabajo?
  2. Pensando en la situación política que te rodea, en tu país o en tu región, ¿cuál/cuáles consideras que es/son la/s prioridades más importantes en términos de leyes o políticas a modificar o a crear? Es decir, pensando en los problemas con los que te encuentras, ¿cuál piensas que debe ser la meta más importante en el futuro cercano? Por ejemplo:
  • Derogar leyes de sodomía o códigos de vestimenta;
  • Introducir leyes contra la discriminación;
  • Garantizar que todas las personas puedan tener documentos de identidad que reflejen el género en el que viven;
  • Matrimonio, reconocimiento de vínculos o adopción;
  • Asilo y migración;
  • Discriminación en los servicios de salud, o abusos cometidos por el sistema médico;
  • Derecho a la educación;
  • Garantizar el acceso a las tecnologías reproductivas, etcétera.

Estos son sólo ejemplos. Si mencionas más de una, por favor intenta ordenarlas de acuerdo a su importancia, empezando por la más importante.

  1. ¿Cuáles son los principales desafíos a que te enfrentas en tu trabajo, y para lograr cambios legales o políticos? Aquí puedes incluir tanto desafíos internos para tu organización o movimiento (por ejemplo, falta de dinero o de personal), como los desafíos externos en tu sociedad o tu región, tanto los que están presentes ahora como los que puedes prever en un futuro cercano. Por ejemplo:
  • Fundamentalismo religioso;
  • Actitudes patriarcales;
  • Un nuevo gobierno que no esté a favor de la temática;
  • Tradiciones de poder e impunidad policiales;
  • y muchas otras.
  1. No todo lo que hace falta cambiar se puede reducir a una cuestión de leyes o políticas. ¿Cuáles son algunas de las metas importantes del trabajo activista en tu país o tu región que no encajan con facilidad en el campo de la ley y la política, y cómo se te ocurre que las puedes abordar? Por ejemplo:
  • Violencia familiar;
  • La soledad y el aislamiento de las personas LGBT;
  • Las carencias económicas generalizadas
  • y muchas otras.
  1. Pensando en la situación política y social en el futuro cercano, ¿cuáles son las oportunidades que consideras que tu organización/movimiento pueden aprovechar? Por ejemplo:
  • Un cambio de gobierno;
  • Un giro en la actitud de la población;
  • Una modificación legal que ya esté prevista;
  • Cambios en el sistema de salud;
  • Nuevas alianzas internacionales o cooperación internacional;
  • Nuevas oportunidades para sensibilizar a la policía
  • y muchas otras.
  1. ¿Qué necesitarías tú o tu organización para aprovechar plenamente esas oportunidades?
  2. Sueña un momento: cuéntanos sobre un logro que quisieras que tu organización o movimiento alcanzaran en los próximos cinco años. ¿Qué necesitarías para hacer realidad ese sueño?

 

 

[1] En castellano, el uso de las vocales “a” y “o” alude explícitamente a personas de género femenino y/o masculino, y de ningún otro. Para recordar que en la vida existen más de dos géneros, siempre que no sepamos exactamente cómo se definen a sí mismas, las personas aludidas optamos por el * en lugar de la “a” y la “o”. 

 

[2] Scott Long, “Anatomy of Backlash: Sexuality and the ‘Cultural’ War on Human Rights”, Human Rights Watch World Report 2005, p. 88.

[3]Minister of Home Affairs and Others v Furie and Bonthuys and Others, Constitutional Court of South Africa, CCT 10/5

[4] “Letter to Nigerian President Obasanjo Regarding Bill to Criminalize Gay Rights” en http://www.hrw.org/en/news/2006/03/22/letter-nigerian-president-obasanjo-regarding-bill-criminalize-gay-rights.

[5] N.T. En Sudáfrica, la palabra township  por lo general designa las zonas de habitación urbana, por lo general sub-desarrolladas, que bajo el régimen del Apartheid estaban reservadas para la población no blanca (sobre todo African*s negr*s, personas de color y también migrantes sin recursos provenientes de India). Las township se construyeron en la periferia de las ciudades. SOWETO es un ejemplo muy conocido.

 

[6] Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism, Diciembre 2009, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/lgbt1208_web.pdf

[7] Zackie Achmat, citado en Human Rights Watch e International Gay and Lesbian Human Rights Commission, More than a Name: State-Sponsored Homophobia and its Consequences in Southern Africa, 2001, p. 46-47.

[8] “New bill on homosexuality to be presented to parliament,” Uganda People News, 6 de Matzo de 2003, en http://www.ugpulse.com/articles/daily/news.asp?about=New%20bill%20on%20homosexuality%20to%20be%20presented%20to%20parliament%20&ID=8626 (consultado el 30 de Aril de 2009).

[9] Ver Human Rights Watch, “Letter to Congressional Caucus about US support for Ugandan homophobia,” 10 de Octubre de 2007, en http://www.hrw.org/en/news/2007/10/10/letter-congressional-caucus-about-us-support-ugandan-homophobia.

[10] Ver Khaled el-Rouayheb, Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800 (Chicago: University of Chicago, 2005), p. 118-151.

[11] Ver Human Rights Watch and the International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Public Scandals: Sexual Orientation and Criminal Law in Romania, 1998.

[12] Por ejemplo las/os profesionales médicas/os de China eliminaron la homosexualidad de la lista oficial de trastornos psicológicos sólo en 2001, pero conservaron la definición de la llamada “homosexualidad egodistónica”, que se aplica a las personas que se sienten desdichadas por ser homosexuales, y que podría decirse que permite patologizar a las personas cuando la verdadera causa de su malestar bien puede residir en las actitudes homofóbicas de la sociedad. Ver Chinese Society for the Study of Sexual Minorities, “Homosexuality Depathologized in China,” 5 de marzo de 2001, en http://www.csssm.org/English/e7.htm (consultado el 30 de abril de 2009).

 

[13] India carece de una ley sobre violación que tenga un lenguaje neutro en materia de género, o de una ley que proteja a los niños y las niñas contra el abuso sexual perpetrado por personas adultas de su mismo sexo, por eso la Sección 377 se utiliza para cubrir también esos casos. La presentación judicial pide que se lea la Sección 377 de manera restringida y se haga explícito que ya no debería penalizar las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo.

 

 

[14] Ver “Letter  to Sonia Gandhi: Proposed  Amendments to the Indias 2006 Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill Raise Human Rights Concerns, una carta conjunta de Human Rights Watch y organizaciones de derechos humanos de la India e internacionales, 22 de junio de 2008 en http://www.hrw.org/en/news/2008/06/22/letter-sonia-gandhi-proposed-amendments-indias-2006-immoral-traffic-prevention-amend.

[15] En 2009, Bolivia aprobó una nueva Constitución que incluye protecciones contra la discriminación tanto por orientación sexual como por identidad de género. Pero expresamente definió al matrimonio como ‘entre un hombre y una mujer’ en un intento por apaciguar a los líderes religiosos que sin embargo se opusieron con vigor (pero sin éxito) al lenguaje contra la discriminación.

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