Un día me escapé durante el día. Había dejado todas mis armas atrás. Estaba haciendo centinela y me huí.
Me cogieron después de una hora. Los milicianos me reconocieron, incluso con la ropa de civil que me había
puesto. Lloré cuando me cogieron. Les rogué que me dejaran ir. Me amarraron con una cadena de metal. No
podía mover mis brazos. No me dejaron hablar en el consejo de guerra. Afortunadamente votaron por no
matarme. En cambio me hicieron cavar veinte metros de trinchera, me mandaron veinte veces por la leña, y me
amarraron a un palo por dos semanas. Me tocó hablar al frente de todos explicándoles por qué había tratado de
desertar, por qué había hecho ese error.
Adriana, la niña guerrillera reacia a contarnos esta historia, tuvo suerte. El consejo de guerra de la guerrilla decidió no ordenar su ejecución. Los paramilitares que la capturaron después en combate la dejaron con vida y la entregaron al ejército colombiano. Adriana obtuvo una plaza en un programa oficial de rehabilitación. Sin embargo, aparte de la buena fortuna, la historia de Adriana es típica. Su madre y sus hermanos se ganaban la vida cultivando plátano y yuca, y caían frecuentemente enfermos. Adriana abandonó la escuela en primer grado para trabajar en el campo. Sus padres se peleaban constantemente. Su madre le pegaba con frecuencia. Su abuela, que era amiga de la guerrilla, la convenció para que se uniera a sus filas. Adriana tenía 12 años.
Todas las fuerzas irregulares del conflicto armado que lleva décadas asolando Colombia—guerrilleros de izquierdas y paramilitares de derechas—reclutan a niños de la edad de Adriana, e incluso menores que ella. Las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los derechos del Niño establecen que es prohibido usar los niños menores de 15 años en guerra. El Protocolo facultativo de la Convención, subió el límite a los menores de 18 años. Prohibe el reclutamiento de los niños menores de 18 años y establece que “los grupos armados distintas de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años”. (De acuerdo con las normas internacionales, la palabra “niño en este informe se refiere a las personas menores de 18 años.)
Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de la guerra civil colombiana es menor de 18 años. Estos niños, la mayoría de los cuales proceden de familias pobres, combaten una guerra de adultos. Con frecuencia, los niños combatientes sólo entienden mínimamente la finalidad del conflicto. Luchan contra otros niños con orígenes muy similares a los suyos y con una situación económica y un futuro igualmente gris. Estos niños, que tienen tanto en común en la vida civil, se convierten en los enemigos de guerra más implacables. Desde el principio se entrena a los niños reclutados tanto por la guerrilla como por los paramilitares a no tener piedad con los combatientes o simpatizantes del otro bando. Los adultos ordenan a los niños que maten, mutilen o torturen, preparándolos para cometer los abusos más crueles. Los niños no sólo se enfrentan al mismo tratamiento si caen en manos del enemigo, sino que también temen a sus compañeros. Los niños que incumplen sus deberes militares o intentan desertar se exponen a una ejecución sumaria por compañeros a veces menores que ellos.
Los jóvenes reclutas están entrenados en el uso de modernos rifles de asalto desde los 11 años y marchan durante días con muy pocos alimentos, picados por los insectos y azotados por las tormentas. Muchos mueren o resultan heridos en los combates con tropas gubernamentales apoyados por helicópteros y artillería pesada. El reclutamiento de niños por parte de la guerrilla y las fuerzas paramilitares ha aumentado significativamente en los últimos años. Ninguna de las partes ha hecho un esfuerzo serio por detener esta práctica. En ocasiones, tanto la guerrilla como los paramilitares han ofrecido la desmovilización de niños para obtener condiciones favorables en las negociaciones con el gobierno. No sólo se trata de un intento flagrante de negociar una ventaja política con cuestiones innegociables, sino que ninguna de estas promesas se ha cumplido hasta ahora. Cada una de las fuerzas irregulares en conflicto continúa violando claramente sus propios reglamentos sobre la edad mínima para el reclutamiento. Es más, el Estado no ha protegido a los niños mediante la aplicación de la legislación colombiana, que prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años, y las autoridades judiciales no han procesado penalmente a los responsables de esta aborrecible práctica. 6
En mayo y junio de 2002, Human Rights Watch realizó, para este informe, entrevistas separadas y privadas con 112 niños ex combatientes, entre ellos 79 ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 20 ex miembros de la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y 13 ex miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los entrevistamos en albergues oficiales para niños ex combatientes, en una escuela gestionada por el Programa de Reinserción del Ministerio del Interior y en una escuela administrada por una institución privada. No detectamos nada extraño al principio cuando hablábamos con estos niños ex combatientes semanas después de que los hubieran capturado o hubieran desertado. Por el contrario, nos encontramos frente a los rostros de niños pobres colombianos aparentemente normales. Una niña acariciaba una muñeca mientras hablaba. A algunos niños todavía no les había cambiado la voz. Los muchachos algo mayores llevaban cortes de pelo de moda, aretes plateados, tatuajes y pulseras de hilo. Varios de ellos se mostraron asertivos y bravos. Otros estaban impasibles. Mientras los niños entrevistados contaban historias de horror y destrucción, los gritos de otros que jugaban en las cercanías parecían dolorosamente normales.
Este libro ofrece el primer informe general sobre los niños combatientes en Colombia, y se ocupa de su reclutamiento, su entrenamiento, su vida en las filas, su papel en el combate y el tratamiento que reciben cuando desertan o son capturados o rescatados. Sus conclusiones son urgentes e inequívocas: todas las partes en conflicto en Colombia tienen que poner fin al reclutamiento de niños, desmovilizarlos de las tropas y las fuerzas milicianas bajo su control y, por su bienestar y seguridad, entregarlos al organismo nacional o la organización internacional humanitaria adecuados.
No hay datos precisos sobre el número de niños combatientes en Colombia. Human Rights Watch hizo un cálculo cotejando la información facilitada por los niños con las cifras recogidas en los estudios fiables. Estas fuentes respaldan la conclusión de que el número de niños en los ejércitos ilegales de Colombia ha crecido notablemente en los últimos años, como reflejo de las políticas y las campañas de reclutamiento comunes entre todas las fuerzas irregulares. En nuestra opinión, la cifra total de niños combatientes en Colombia supera probablemente los 11.000, siendo éste un cálculo conservador que puede subestimar significativamente la cantidad real.
Debido en parte a que se trata del grupo más numeroso, la mayoría de los niños combatientes forman parte de las FARC-EP. La UC-ELN y los paramilitares también reclutan niños a una escala importante. Los niños nos dieron información específica y detallada sobre la gran cantidad de menores de edad en las filas de estos tres grupos. Algunos nos dijeron que la s unidades en las que servían estaban integradas mayoritariamente por niños combatientes.
Los niños son un grupo especialmente vulnerables en la guerra triangular entre la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad gubernamentales. Sus vidas y su bienestar corren peligro aunque no se unan a un grupo armado. La mayoría de las familias colombianas forzosamente desplazadas por la guerra están compuestas por niños y sus madres, que se cuentan por cientos de miles. Los niños se enfrentan a las represalias, la destrucción de sus hogares y el secuestro. En las ciudades de Colombia, las balas perdidas de las guerras callejeras entre guerrilleros y paramilitares y las operaciones militares de limpieza se cobran las vidas de docenas de niños, incluso cuando permanecen dentro de sus casas.
Sin embargo, la terrible situación de los niños combatientes de Colombia es dramática aún dentro de este contexto sombrío. Muchos deciden unirse a un grupo armado porque se sienten más seguros bajo su protección. La mayoría tienen un concepto muy vago de lo que conlleva la vida de combatiente hasta que es demasiado tarde para echarse atrás. A cambio de camaradería, alimentos y protección, los niños se ven expuestos a las enfermedades, el agotamiento físico, las lesiones, la muerte repentina y la tortura en manos del enemigo. Muchos no conservan ni el más mínimo contacto con sus familias.
7 Human Rights Watch ha entrevistado a niños que tenían hasta ocho años cuando empezaron a combatir. Tenían tareas especiales tales como transportar suministros y facilitar información, actuar como vigías de avanzada o incluso llevar explosivos.
Al cumplir los 13 años, la mayoría de los niños reclutas han sido entrenados en el uso de armas automáticas, granadas, morteros y explosivos. En las fuerzas guerrilleras, los niños aprenden a ensamblar y lanzar bombas de cilindros de gas. Tanto con la guerrilla como con los paramilitares, los niños estudian el ensamblaje de minas quiebrapatas y aplican sus conocimientos sembrando campos mortales. Es habitual que su primera experiencia de combate se produzca poco después.
Los niños no solo arriesgan su vida en el combate. También se espera de ellos que participen en las atrocidades que se han convertido en el sello distintivo del conflicto colombiano. Human Rights Watch entrevistó a niños que, durante su formación, tuvieron que ver como torturaban prisioneros. A otros les obligaron a dispararles para demostrar su valor. Algunos participaron en asesinatos de figuras políticas y en la “limpieza social” de drogadictos y ladrones de poca monta. Aún hubo casos en los que les ordenaron que ejecutaran a compañeros—incluso amigos—capturados cuando intentaban escapar.
El reclutamiento de niños por parte de los grupos armados ilegales ha estado en segundo plano en el debate sobre la política estadounidense en Colombia. La atención se ha centrado con más intensidad en la tolerancia de las fuerzas armadas colombianas de otras graves violaciones o su complicidad en ellas. Éstas incluyen el apoyo o tolerancia de algunas unidades del ejército de graves abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas paramilitares, entre ellos masacres, asesinatos políticos, “desapariciones”, secuestros, torturas y otras formas de maltrato. De hecho, los niños ex combatientes paramilitares entrevistados por Human Rights Watch sugieren que el personal militar colombiano continúa colaborando en su entrenamiento, están en estrecho y permanente contacto con sus comandantes y, en ciertos casos, combaten junto a ellos. Esto ocurre a pesar de las leyes estadounidenses que requieren, como condición para la entrega de ayuda militar, que Colombia rompa los lazos entre las unidades militares y los grupos paramilitares y suspenda y enjuicie a los oficiales que actúen en connivencia con ellos.
En 2003, Colombia recibirá más de 750 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, la mayoría de la cual está destinada a la asistencia militar y policial. Teniendo en cuenta la relación continuada de las unidades del ejército colombiano con los grupos paramilitares y sus graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen el reclutamiento de niños, Estados Unidos debe aplicar más enérgicamente las condiciones de la asistencia militar.
Adriana, la niña guerrillera reacia a contarnos esta historia, tuvo suerte. El consejo de guerra de la guerrilla decidió no ordenar su ejecución. Los paramilitares que la capturaron después en combate la dejaron con vida y la entregaron al ejército colombiano. Adriana obtuvo una plaza en un programa oficial de rehabilitación. Sin embargo, aparte de la buena fortuna, la historia de Adriana es típica. Su madre y sus hermanos se ganaban la vida cultivando plátano y yuca, y caían frecuentemente enfermos. Adriana abandonó la escuela en primer grado para trabajar en el campo. Sus padres se peleaban constantemente. Su madre le pegaba con frecuencia. Su abuela, que era amiga de la guerrilla, la convenció para que se uniera a sus filas. Adriana tenía 12 años.
Todas las fuerzas irregulares del conflicto armado que lleva décadas asolando Colombia—guerrilleros de izquierdas y paramilitares de derechas—reclutan a niños de la edad de Adriana, e incluso menores que ella. Las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los derechos del Niño establecen que es prohibido usar los niños menores de 15 años en guerra. El Protocolo facultativo de la Convención, subió el límite a los menores de 18 años. Prohibe el reclutamiento de los niños menores de 18 años y establece que “los grupos armados distintas de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años”. (De acuerdo con las normas internacionales, la palabra “niño en este informe se refiere a las personas menores de 18 años.)
Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de la guerra civil colombiana es menor de 18 años. Estos niños, la mayoría de los cuales proceden de familias pobres, combaten una guerra de adultos. Con frecuencia, los niños combatientes sólo entienden mínimamente la finalidad del conflicto. Luchan contra otros niños con orígenes muy similares a los suyos y con una situación económica y un futuro igualmente gris. Estos niños, que tienen tanto en común en la vida civil, se convierten en los enemigos de guerra más implacables. Desde el principio se entrena a los niños reclutados tanto por la guerrilla como por los paramilitares a no tener piedad con los combatientes o simpatizantes del otro bando. Los adultos ordenan a los niños que maten, mutilen o torturen, preparándolos para cometer los abusos más crueles. Los niños no sólo se enfrentan al mismo tratamiento si caen en manos del enemigo, sino que también temen a sus compañeros. Los niños que incumplen sus deberes militares o intentan desertar se exponen a una ejecución sumaria por compañeros a veces menores que ellos.
Los jóvenes reclutas están entrenados en el uso de modernos rifles de asalto desde los 11 años y marchan durante días con muy pocos alimentos, picados por los insectos y azotados por las tormentas. Muchos mueren o resultan heridos en los combates con tropas gubernamentales apoyados por helicópteros y artillería pesada. El reclutamiento de niños por parte de la guerrilla y las fuerzas paramilitares ha aumentado significativamente en los últimos años. Ninguna de las partes ha hecho un esfuerzo serio por detener esta práctica. En ocasiones, tanto la guerrilla como los paramilitares han ofrecido la desmovilización de niños para obtener condiciones favorables en las negociaciones con el gobierno. No sólo se trata de un intento flagrante de negociar una ventaja política con cuestiones innegociables, sino que ninguna de estas promesas se ha cumplido hasta ahora. Cada una de las fuerzas irregulares en conflicto continúa violando claramente sus propios reglamentos sobre la edad mínima para el reclutamiento. Es más, el Estado no ha protegido a los niños mediante la aplicación de la legislación colombiana, que prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años, y las autoridades judiciales no han procesado penalmente a los responsables de esta aborrecible práctica. 6
En mayo y junio de 2002, Human Rights Watch realizó, para este informe, entrevistas separadas y privadas con 112 niños ex combatientes, entre ellos 79 ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 20 ex miembros de la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y 13 ex miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los entrevistamos en albergues oficiales para niños ex combatientes, en una escuela gestionada por el Programa de Reinserción del Ministerio del Interior y en una escuela administrada por una institución privada. No detectamos nada extraño al principio cuando hablábamos con estos niños ex combatientes semanas después de que los hubieran capturado o hubieran desertado. Por el contrario, nos encontramos frente a los rostros de niños pobres colombianos aparentemente normales. Una niña acariciaba una muñeca mientras hablaba. A algunos niños todavía no les había cambiado la voz. Los muchachos algo mayores llevaban cortes de pelo de moda, aretes plateados, tatuajes y pulseras de hilo. Varios de ellos se mostraron asertivos y bravos. Otros estaban impasibles. Mientras los niños entrevistados contaban historias de horror y destrucción, los gritos de otros que jugaban en las cercanías parecían dolorosamente normales.
Este libro ofrece el primer informe general sobre los niños combatientes en Colombia, y se ocupa de su reclutamiento, su entrenamiento, su vida en las filas, su papel en el combate y el tratamiento que reciben cuando desertan o son capturados o rescatados. Sus conclusiones son urgentes e inequívocas: todas las partes en conflicto en Colombia tienen que poner fin al reclutamiento de niños, desmovilizarlos de las tropas y las fuerzas milicianas bajo su control y, por su bienestar y seguridad, entregarlos al organismo nacional o la organización internacional humanitaria adecuados.
No hay datos precisos sobre el número de niños combatientes en Colombia. Human Rights Watch hizo un cálculo cotejando la información facilitada por los niños con las cifras recogidas en los estudios fiables. Estas fuentes respaldan la conclusión de que el número de niños en los ejércitos ilegales de Colombia ha crecido notablemente en los últimos años, como reflejo de las políticas y las campañas de reclutamiento comunes entre todas las fuerzas irregulares. En nuestra opinión, la cifra total de niños combatientes en Colombia supera probablemente los 11.000, siendo éste un cálculo conservador que puede subestimar significativamente la cantidad real.
Debido en parte a que se trata del grupo más numeroso, la mayoría de los niños combatientes forman parte de las FARC-EP. La UC-ELN y los paramilitares también reclutan niños a una escala importante. Los niños nos dieron información específica y detallada sobre la gran cantidad de menores de edad en las filas de estos tres grupos. Algunos nos dijeron que la s unidades en las que servían estaban integradas mayoritariamente por niños combatientes.
Los niños son un grupo especialmente vulnerables en la guerra triangular entre la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad gubernamentales. Sus vidas y su bienestar corren peligro aunque no se unan a un grupo armado. La mayoría de las familias colombianas forzosamente desplazadas por la guerra están compuestas por niños y sus madres, que se cuentan por cientos de miles. Los niños se enfrentan a las represalias, la destrucción de sus hogares y el secuestro. En las ciudades de Colombia, las balas perdidas de las guerras callejeras entre guerrilleros y paramilitares y las operaciones militares de limpieza se cobran las vidas de docenas de niños, incluso cuando permanecen dentro de sus casas.
Sin embargo, la terrible situación de los niños combatientes de Colombia es dramática aún dentro de este contexto sombrío. Muchos deciden unirse a un grupo armado porque se sienten más seguros bajo su protección. La mayoría tienen un concepto muy vago de lo que conlleva la vida de combatiente hasta que es demasiado tarde para echarse atrás. A cambio de camaradería, alimentos y protección, los niños se ven expuestos a las enfermedades, el agotamiento físico, las lesiones, la muerte repentina y la tortura en manos del enemigo. Muchos no conservan ni el más mínimo contacto con sus familias.
7 Human Rights Watch ha entrevistado a niños que tenían hasta ocho años cuando empezaron a combatir. Tenían tareas especiales tales como transportar suministros y facilitar información, actuar como vigías de avanzada o incluso llevar explosivos.
Al cumplir los 13 años, la mayoría de los niños reclutas han sido entrenados en el uso de armas automáticas, granadas, morteros y explosivos. En las fuerzas guerrilleras, los niños aprenden a ensamblar y lanzar bombas de cilindros de gas. Tanto con la guerrilla como con los paramilitares, los niños estudian el ensamblaje de minas quiebrapatas y aplican sus conocimientos sembrando campos mortales. Es habitual que su primera experiencia de combate se produzca poco después.
Los niños no solo arriesgan su vida en el combate. También se espera de ellos que participen en las atrocidades que se han convertido en el sello distintivo del conflicto colombiano. Human Rights Watch entrevistó a niños que, durante su formación, tuvieron que ver como torturaban prisioneros. A otros les obligaron a dispararles para demostrar su valor. Algunos participaron en asesinatos de figuras políticas y en la “limpieza social” de drogadictos y ladrones de poca monta. Aún hubo casos en los que les ordenaron que ejecutaran a compañeros—incluso amigos—capturados cuando intentaban escapar.
El reclutamiento de niños por parte de los grupos armados ilegales ha estado en segundo plano en el debate sobre la política estadounidense en Colombia. La atención se ha centrado con más intensidad en la tolerancia de las fuerzas armadas colombianas de otras graves violaciones o su complicidad en ellas. Éstas incluyen el apoyo o tolerancia de algunas unidades del ejército de graves abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas paramilitares, entre ellos masacres, asesinatos políticos, “desapariciones”, secuestros, torturas y otras formas de maltrato. De hecho, los niños ex combatientes paramilitares entrevistados por Human Rights Watch sugieren que el personal militar colombiano continúa colaborando en su entrenamiento, están en estrecho y permanente contacto con sus comandantes y, en ciertos casos, combaten junto a ellos. Esto ocurre a pesar de las leyes estadounidenses que requieren, como condición para la entrega de ayuda militar, que Colombia rompa los lazos entre las unidades militares y los grupos paramilitares y suspenda y enjuicie a los oficiales que actúen en connivencia con ellos.
En 2003, Colombia recibirá más de 750 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, la mayoría de la cual está destinada a la asistencia militar y policial. Teniendo en cuenta la relación continuada de las unidades del ejército colombiano con los grupos paramilitares y sus graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen el reclutamiento de niños, Estados Unidos debe aplicar más enérgicamente las condiciones de la asistencia militar.