(Bruselas) – Todavía no existe una investigación creíble ni justicia para las víctimas de la horrible violencia y las muertes de los solicitantes de asilo y migrantes en la frontera entre Marruecos y el enclave español de Melilla ocurrida hace un año, señaló hoy Human Rights Watch.
“Tanto España como Marruecos han exonerado a sus fuerzas de seguridad tras investigaciones defectuosas o insuficientes sobre la violencia en la frontera del enclave de Melilla”, señaló Alice Autin, investigadora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Y aún se desconoce lo que les ocurrió a decenas de personas que intentaron cruzar aquel día”.
Las fronteras en torno a Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles, están fuertemente fortificadas. A lo largo de los años, los inmigrantes y solicitantes de asilo africanos han recurrido a intentos de escalar, en masa, las vallas que rodean los enclaves debido a la falta de canales de migración seguros y legales y a los obstáculos para llegar a los puestos fronterizos oficiales.
El gobierno marroquí afirma que 23 personas murieron el 24 de junio de 2022, cuando entre 1.300 y 2.000 hombres, la mayoría procedentes de Sudán, Sudán del Sur y Chad, intentaron escalar las vallas de alambre de 6 a 10 metros que rodean Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África. Expertos de la ONU calculan que murieron al menos 37 personas, y la organización no gubernamental Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador (Association Marocaine des Droits Humains, AMDH Nador) afirma que 77 personas siguen desaparecidas.
Los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales documentaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la guardia de fronteras española y marroquí, que incluyó el lanzamiento de gases lacrimógenos, el disparo de balas de goma y el lanzamiento de piedras. Cientos de heridos permanecieron durante horas sin asistencia médica en ambos lados de la valla.
Las personas que buscan a sus familiares describieron a Human Rights Watch una falta de acceso a la información oficial y de apoyo que ha sido devastadora para las familias. El hermano de un hombre de 24 años de Jartum que lleva desaparecido desde ese día dijo que ha estado buscando sin éxito. “Vi los vídeos en las redes sociales, pero no podía decir si ese era el lugar donde estaba mi hermano, o si eso ocurrió en el momento en que él estaba allí”, dijo el hermano que, como otros, prefiere guardar el anonimato por seguridad. “No está suficientemente claro como para saber nada en absoluto. Todo el mundo está muy triste”.
Un hombre de Sudán dijo que tampoco tiene noticias de su hermano Ahmed, de 23 años, quien le dijo que iba a cruzar ese día. El hombre se preguntaba si podría estar en una prisión de Marruecos. “Lo que estoy viviendo con Ahmed, es lo mismo que están pasando todos los que perdieron la pista de la gente ese día”, dijo el hermano.
Aunque las autoridades marroquíes realizaron autopsias y pruebas de ADN a 23 cadáveres que fueron trasladados a la morgue de Nador el 24 de junio, AMDH Nador afirmó que solo se ha identificado y enterrado a una persona. A las personas que buscan a sus familiares desaparecidos y que pueden viajar a Marruecos no se les permite entrar en la morgue para ver los cadáveres, ni siquiera en los tres meses posteriores al 24 de junio, lo que es contrario a la práctica habitual, y en su lugar se les muestran fotografías.
En marzo de 2023, las autoridades marroquíes pidieron a las familias de Sudán que compartieran muestras de ADN para cotejarlas con los restos. El hermano de Ahmed dijo que el conflicto armado en Sudán dificultaba que su familia, que vive lejos de la capital, Jartum, pudiera viajar y hacerse la prueba.
El gobierno marroquí no ha facilitado el acceso al país a algunas personas que buscan a sus familiares. Tres hombres que viven en Sudán y Europa dijeron que se habían enfrentado a largos y complicados procedimientos administrativos para solicitar visados y, en dos casos, la embajada marroquí en Sudán simplemente se negó a aceptar sus solicitudes.
Tanto España como Marruecos niegan su responsabilidad en las muertes y desapariciones. La Fiscalía española cerró su investigación de seis meses en diciembre de 2022, exonerando a las fuerzas de seguridad españolas y pidiendo únicamente medidas disciplinarias contra los agentes de las fuerzas del orden españolas, la Guardia Civil, que apedrearon a los migrantes.
Apenas unos días después de los hechos y antes de que se hubiera realizado ninguna autopsia, el fiscal general del Tribunal de Apelación de Nador comunicó al Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (Conseil National des Droits de l'Homme, CNDH), organismo designado por el gobierno, que las fuerzas de seguridad marroquíes no habían hecho un uso excesivo de la fuerza ni de armas de fuego y que las personas habían muerto por asfixia en la estampida. La CNDH publicó sus conclusiones preliminares en julio de 2022, que coincidían en gran medida con la versión de los hechos ofrecida por las autoridades.
Human Rights Watch escribió al gobierno marroquí el 15 de junio a fin de conocer los esfuerzos realizados para garantizar una investigación independiente y efectiva de los hechos, la rendición de cuentas por las violaciones cometidas, y para conocer mejor qué tipo de apoyo había prestado a las familias que buscaban a sus parientes. El gobierno marroquí no respondió.
Expertos de la ONU concluyeron que la “significativa falta de rendición de cuentas” revela la “exclusión racializada y la violencia letal desplegada para mantener alejadas a las personas de ascendencia africana y de Oriente Medio y a otras poblaciones no blancas” de las fronteras de la Unión Europea (UE). Organizaciones no gubernamentales han denunciado una reciente represión de migrantes en Marruecos, que se suma a años de abusos contra migrantes subsaharianos en Marruecos y en las fronteras exteriores de la UE.
Según AMDH de Nador, los tribunales marroquíes condenaron al menos a 87 personas, acusadas, entre otros cargos, de “entrada ilegal en territorio marroquí”, “reunión armada” y “violencia contra funcionarios públicos”.
En medio de la violencia y la muerte, la Guardia Civil española devolvió sumaria e ilegalmente a Marruecos a 470 personas, según el Defensor del Pueblo español y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Un sudanés de 23 años, que también perdió a su tío ese día, dijo que fue golpeado a ambos lados de la frontera y devuelto a Marruecos sin tener la oportunidad de pedir protección: “Estábamos tumbados boca abajo con la cara contra el suelo, si intentabas levantar la cabeza, te pegaban [la Guardia Civil]. (...) me tiraron al suelo y me arrastraron por la carretera [fronteriza]”.
Estas devoluciones sumarias sin garantías procesales violan tanto la legislación de la UE como la internacional, señaló Human Rights Watch.
A pesar de la matanza de junio de 2022 y de un historial de muertes y represión violenta, España y Marruecos anunciaron en febrero de 2023 una cooperación “intensificada”, que incluye “la lucha contra la migración irregular, el control de fronteras”. La Unión Europea ha destinado 234 millones de euros desde 2015 a la cooperación migratoria con Marruecos, el 77 % de ellos a la gestión de fronteras; para 2022-2026 se asignaron otros 150 millones de euros.
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa subrayó recientemente que España “no debería contribuir directa o indirectamente a violaciones de los derechos humanos a través de su cooperación migratoria”.
España y Marruecos deberían acordar una investigación independiente, imparcial y exhaustiva del suceso de junio de 2022 en la frontera de Melilla para llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y garantizar que no se repitan, señaló Human Rights Watch. Las violaciones incluyen el uso excesivo de la fuerza, expulsiones colectivas y desalojos forzosos. Las autoridades de ambos lados de la frontera deben cooperar para ayudar a las familias a encontrar a sus parientes desaparecidos y proporcionarles información actualizada sobre la investigación.
Las autoridades marroquíes, con el apoyo de España y Sudán, deben trabajar con diligencia para recoger y analizar muestras de ADN de los familiares, identificar a los muertos, informar a las familias y organizar el traslado de los fallecidos a sus familias para darles sepultura de acuerdo con sus deseos.
Las autoridades marroquíes, si aún no lo han hecho, deben compartir toda la información que dispongan con las familias que busquen a sus parientes, pedirles ayuda para identificar a quienes sigan bajo su custodia y garantizarles el acceso a prisiones, hospitales o depósitos de cadáveres. Todas las personas detenidas por su participación en los sucesos del 24 de junio deberían poder comunicar su paradero a sus familiares.
El aniversario llega en un momento crucial, ya que España asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y tendrá un papel de liderazgo en la dirección de las negociaciones con el Parlamento Europeo para una reforma en toda la UE de su sistema de migración y asilo.
“España, Marruecos y la UE no pueden seguir ignorando el sufrimiento causado por unas políticas migratorias perjudiciales”, declaró Autin. “España debería liderar el impulso de un enfoque respetuoso con los derechos que incluya rutas seguras y legales, la rendición de cuentas por los abusos fronterizos y una fuerte condicionalidad en materia de derechos humanos para la cooperación con otros países”.
