“Nunca antes estuve en la cárcel”, dijo Natalia, con la voz a punto de quebrarse y lágrimas que le resbalaban por las mejillas y le humedecían el uniforme naranja. Explicó que había sido violada sexualmente por dos hombres cerca de la frontera en Tijuana, pocas semanas antes de ingresar a Estados Unidos para pedir asilo. Había huido hacia EE. UU. tras sufrir varias agresiones sexuales en México. Al momento de la entrevista, se encontraba detenida a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) en la Cárcel de la Ciudad de Santa Ana, en el sur de California, dentro de una unidad segregada para hombres gay y mujeres transgénero.
“El día que me violaron en Tijuana, le dije a Dios: lo único peor que me podría suceder ahora es terminar en prisión”, contó. “Nos tratan como si estuviéramos en prisión; aquí no hay derechos humanos”.
Miles de residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y migrantes indocumentados como Natalia, cuyo nombre se ha modificado para garantizar su seguridad, se encuentran actualmente en detención migratoria, encerrados en casi 250 cárceles y centros de detención de gestión privada en distintas regiones de Estados Unidos. La experiencia puede dejar secuelas psicológicas particularmente severas a mujeres, menores y personas LGBT, que en muchos casos migran a Estados Unidos en un intento por escapar de situaciones de persecución violenta.
A esta experiencia traumática se suma que las mujeres transgénero, como Natalia, con frecuencia están expuestas a reiteradas agresiones verbales y sexuales en centros de detención inmigratoria, tanto por parte de funcionarios como de otras personas detenidas. Una investigación independiente del Congreso, realizada en 2013, determinó que uno de cada cinco casos probados de agresiones sexuales en establecimientos del ICE afectaban a mujeres transgénero.
Además de esto, es común que se niegue a mujeres transgénero acceso a atención de la salud, incluido el tratamiento de sustitución hormonal y, en algunos casos excepcionales, incluso medicamentos para el VIH. Cuando no comparten instalaciones con hombres o son asignadas a unidades segregadas, como la de Santa Ana, suelen cumplir períodos prolongados de reclusión en condiciones de aislamiento, una medida supuestamente aplicada para garantizar su seguridad. Las Naciones Unidas han señalado que esta práctica puede constituir tortura u otros tratos crueles e inhumanos.
En respuesta al reclamo público creciente para que se libere a mujeres transgénero detenidas, a fines de junio el ICE anunció una nueva serie de directrices. El primer paso elemental que prevé esta política es permitir que las mujeres transgénero elijan si desean ser alojadas en establecimientos de hombres o de mujeres. Sin embargo, no existen mecanismos de supervisión para controlar que esto suceda. También insta a un mayor uso de “unidades de custodia protegida” o secciones segregadas para las mujeres transgénero.
Según información que trascendió en los medios, el ICE está evaluando la posibilidad de inaugurar una de estas unidades el 1 de septiembre en el Centro de Detención de Adelanto, un establecimiento administrado por una empresa privada de gestión penitenciaria, que poco tiempo atrás fue objeto de críticas expresadas en una carta firmada por más de una veintena de miembros del Congreso, que alertaban sobre la atención médica inadecuada en este establecimiento. La medida también supondría mayores dificultades para que las mujeres transgénero puedan obtener asistencia legal, ya que la mayoría de los abogados que se especializan en pedidos de asilo de personas LGBT trabajan desde oficinas a dos horas de distancia, en Los Ángeles o Santa Ana.
Mientras el ICE sostiene que estas unidades “ofrecen un entorno seguro y respetuoso”, investigadores de la organización Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC) y de Human Rights Watch llegaron a una conclusión distintas tras visitar Santa Ana. Una decena de mujeres transgénero que estaban entonces en Santa Ana o habían estado allí poco antes señalaron que vivían en un entorno de temor e intimidación. Aseveraron que el personal continuamente se refería a ellas con el género equivocado, y que habían sido objeto de cacheos en todas las cavidades corporales por parte de guardias de sexo masculino, sin tener la alternativa de optar por una funcionaria, a pesar de que el propio reglamento interno del ICE establecía que se les debía permitir que ellas tomaran esta decisión.
Las mujeres que Human Rights Watch entrevistó en Santa Ana manifestaron que funcionarios que trabajaban en la unidad aplicaban medidas excepcionalmente severas, y las encerraban solas en sus celdas por infracciones aparentemente infundadas, como no apagar una luz en los baños o prestar un lápiz a una compañera. Dijeron que temían sufrir represalias si planteaban denuncias al ICE. CIVIC ha documentado señalamientos similares desde 2012, incluida la falta de acceso a atención médica continua y el uso excesivo de la reclusión en condiciones de aislamiento.
Incluso en unidades de “protección”, las mujeres transgénero enfrentan hostigamiento y desatención de sus necesidades de salud y otros problemas. Creemos que esto sucederá también en Adelanto, donde CIVIC y otras personas han documentado casos extremos de desatención médica, y donde las mujeres transgénero estarán aisladas de asistencia jurídica y comunitaria esencial. En vez de privar de libertad a esta población bastante poco numerosa, pero particularmente vulnerable, el ICE debería trabajar con organizaciones no gubernamentales para ampliar la supervisión efectuada desde el ámbito de la comunidad y otras alternativas, a fin de que las mujeres transgénero puedan plantear sus casos inmigratorios sin exponerse a abusos violentos ni tratos inhumanos mientras están detenidas.
Adam Frankel es investigador del programa sobre derechos de personas LGBT en Human Rights Watch. Christina Fialho es abogada y codirectora ejecutiva de CIVIC.
