(Tallahassee) – La legislatura de Florida aprobó un proyecto legislativo que permite la revisión judicial de penas de prisión extremadamente prolongadas impuestas a jóvenes que han delinquidoy reconoció de este modo el carácter injusto que implica la aplicación de este tipo de condenas a menores, indicó hoy Human Rights Watch. El Proyecto de la Cámara de Representantes (House Bill) 7035 sobre Condena de Menores fue aprobado el 2 de mayo de 2014, por una mayoría de 115 votos contra 0. La norma pasará ahora al despacho del gobernador Rick Scott para ser refrendada.
“Con la aprobación de este proyecto de ley, la legislatura de Florida ha concedido a la mayoría —pero lamentablemente no a la totalidad— de los jóvenes de ese estado que cumplen penas de prisión perpetua la posibilidad de demostrar que han revertido el curso de su vida”, señaló Natalie Kato, defensora para los estados del sur de EE. UU. de Human Rights Watch, quien trabaja desde Tallahasse. “Es injusto e ilógico que se condene a un menor a morir en prisión sin considerar siquiera los cambios y el crecimiento personal que posiblemente experimente”.
La ley propuesta contempla una estructura de revisión para menores de 18 años que hayan recibido cadena perpetua o penas de prisión prolongadas por delitos graves. Florida ha derogado la posibilidad de libertad condicional, de modo que una pena de prisión perpetua no ofrecía posibilidad alguna de excarcelación, excepto por las potestades ejecutivas de perdón o conmutación de penas, que rara vez se aplican.
El proyecto legislativo no deroga totalmente la posibilidad de penas de prisión perpetua sin excarcelación para jóvenes que han delinquido. Permite que se impongan tales penas a menores condenados por homicidio en primer grado cuando hayan cometido un delito grave anteriormente. La legislatura de Florida debería eliminar toda posibilidad de prisión perpetua para delincuentes juveniles en la próxima sesión legislativa, aseveró Human Rights Watch.
El proyecto legislativo establece una serie de factores que la justicia debe ponderar antes de determinar la pena adecuada para un menor que ha sido condenado por homicidio. Estos factores incluyen la edad del acusado, su grado de madurez, su capacidad intelectual, su salud psíquica y emocional en el momento en que delinquió, sus antecedentes (incluidos los familiares) y el entorno de la comunidad a la cual pertenece, así como la posibilidad de rehabilitación.
Estos factores se extraen de una serie de pronunciamientos de la Corte Suprema de EE. UU., como Miller v. Alabama, a través de los cuales se reconoció que los menores son distintos de los adultos y gozan de un estatus especial conforme a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho constitucional estadounidense.
Luego de que el tribunal haya considerado estos factores, un menor condenado por homicidio en primer grado recibirá una pena de al menos 40 años de prisión. El homicidio en segundo grado no acarrea una pena mínima obligatoria. Para ambos tipos de homicidio, el proyecto de ley estipula que el menor podrá solicitar una revisión de su pena una vez transcurridos 25 años, con independencia de cuál haya sido la pena inicial. En todos los casos, el tribunal a cargo de la pena podrá reducirla tras considerar el grado de madurez del menor, su rehabilitación, si muestra remordimiento y otros factores.
En el caso de otros delitos, los jueces no estarán constreñidos por penas mínimas. Los jóvenes delincuentes que cumplan penas por homicidios cometidos en ocasión de otros delitos (felony murder) podrán solicitar la revisión de la pena luego de 15 años.
El proyecto aprobado por la legislatura dispone que los delincuentes juveniles solamente tendrán una oportunidad de revisión de la pena. Esta disposición es contraria a las normas internacionales de derechos humanos, que exigen que los menores que hayan cometido delitos reciban oportunidades periódicas genuinas de revisión, y se trata, por lo tanto, de una falencia sustancial de esta norma, comentó Human Rights Watch.
“Al eliminar las múltiples oportunidades de revisión contenidas en la primera versión originada en la Cámara de Representantes, la ley actual frustra la posibilidad del estado de identificar en la práctica a todos los jóvenes que verdaderamente tienen capacidad de reformarse”, indicó Kato.
Las garantías en este proyecto legislativo solamente estarán disponibles para los delincuentes juveniles que sean condenados luego de su promulgación. La retroactividad del pronunciamiento de la Corte Suprema de EE. UU. en Miller está siendo analizada por la Corte Suprema de Florida.
Los estándares jurídicos internacionales establecen que la pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional no se encuentra justificada en ningún supuesto en el caso de delincuentes juveniles, dado que carecen de la experiencia, la educación y el desarrollo mental de los adultos, y se les debe conceder una oportunidad razonable de ser liberados cuando se demuestre que han madurado y se han rehabilitado.
“Estados Unidos tiene el vergonzoso honor de ser el único país del mundo que condena a menores a prisión perpetua sin ninguna posibilidad de excarcelación”, expresó Kato. “Al promulgar esta ley, el gobernador Scott estaría ayudando a que Florida y el país den un paso más para dejar atrás esta práctica injusta y vergonzosa”.
