Es necesario concluir años de evaluación y adoptar el Tratado sobre la Prohibición de Minas
2 de Abril de 2014
Es absurdo que Estados Unidos haya destinado miles de millones de dólares a limpiar el desastre provocado por las minas terrestres, pero insista en reservarse el derecho de utilizarlas nuevamente en el futuro. No basta con asignar dinero al problema. Se necesita una solución definitiva, y eso es justamente lo que ofrece el Tratado Sobre la Prohibición de Minas.
Steve Goose, director de la división de armas de Human Rights Watch

(Washington, DC) – El gobierno de Obama debería poner fin a años de evaluación de la política estadounidense en materia de minas antipersonales y tomar la decisión de prohibir estas armas y sumarse al tratado internacional que estipula su prohibición, señaló hoy Human Rights Watch, en vísperas del Día Internacional de Actividades Relativas a las Minas.

“Es absurdo que Estados Unidos haya destinado miles de millones de dólares a limpiar el desastre provocado por las minas terrestres, pero insista en reservarse el derecho de utilizarlas nuevamente en el futuro”, indicó Steve Goose, director de la división de armas de Human Rights Watch. “No basta con asignar dinero al problema. Se necesita una solución definitiva, y eso es justamente lo que ofrece el Tratado Sobre la Prohibición de Minas”.

Estados Unidos no forma parte de los 161 países que han suscripto el Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997, que condena de manera exhaustiva las minas antipersonales y exige la remoción de estas armas y asistencia a las víctimas. En 1997, el gobierno de Clinton expresó el objetivo de sumarse al tratado en 2006, pero la administración Bush revirtió este plan en 2004.

Durante un encuentro vinculado con el Tratado sobre la Prohibición de Minas que se celebró en diciembre de 2013 en Ginebra, Estados Unidos anunció que la iniciativa de revisión de políticas a la cual se dio comienzo en 2009 “exige una conclusión”, pero no adelantó cuándo informaría su decisión.

En una carta enviada el 28 de marzo de 2014, Human Rights Watch exhortó al presidente de Estados Unidos Barack Obama a que anunciara los resultados del examen de la política estadounidense en materia de minas terrestres en ocasión de la Tercera Conferencia de Examen del Tratado sobre la Prohibición de Minas, que comenzará el 23 de junio en Maputo, Mozambique.

Desde que el Tratado sobre la Prohibición de Minas entró en vigor el 1 de marzo de 1999, se han destruido más de 47 millones de minas antipersonales, 27 países han completado la limpieza de minas para estar libres de estas armas, y la cantidad anual de víctimas de minas terrestres y restos explosivos de guerra se ha reducido drásticamente.

Casi la totalidad de los 35 países que no han suscripto el tratado respetan sus principales disposiciones. La información existente indica que la última vez que Estados Unidos utilizó minas antipersonales fue hace más de 20 años, durante la Guerra del Golfo de 1991. Estados Unidos mantiene vigente una disposición que prohíbe exportar minas antipersonales desde 1992. No se tiene constancia de que este país haya producido minas antipersonales con posterioridad a 1997.

En todo el mundo, actualmente el uso de minas antipersonales es muy poco frecuente. En los últimos años, las únicas fuerzas gubernamentales que instalaron nuevas minas han sido Siria, Birmania y Libia durante el gobierno de Muamar Gadafi. Ninguno de estos países se ha sumado al tratado.

Estados Unidos es el país del mundo que más fondos ha contribuido a la limpieza de minas y los programas de asistencia a víctimas a nivel global. Según la iniciativa Monitor de Minas Terrestres de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (International Campaign to Ban Landmines, ICBL), EE. UU. aportó más de US$ 2.000 millones a estos programas entre 1993 y 2013. En 2012, el país destinó US$ 134,4 millones a 30 países y tres territorios, a través de más de 40 organizaciones. Afganistán e Irak recibieron los aportes más significativos, que representan el 48 por ciento del financiamiento estadounidense destinado a actividades relativas a minas durante 2012.

Human Rights Watch es uno de los miembros fundadores de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que en 1997 —junto con su coordinadora Jody Williams— fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en pos de la adopción del Tratado sobre la Prohibición de Minas y por su contribución a una nueva diplomacia internacional basada en preceptos humanitarios.

En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 4 de abril de cada año se celebraría el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades relativas a las Minas. Se prevén distintos eventos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Capitolio en Washington, DC, y distintos países de todo el mundo en el marco de la conmemoración del Día de Acción contra las Minas 2014.