(Nueva York) – A 10 años de la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos, se observa una falta clara de rendición de cuentas por parte de ese país, el Reino Unido e incluso Irak, indicó hoy Human Rights Watch.
Los abusos autorizados por funcionarios estadounidenses en los primeros años de la guerra en Irak, y la complicidad tácita o directa demostrada por estos ante las arbitrariedades cometidas por autoridades iraquíes durante la ocupación, han favorecido en parte la fragilidad y la corrupción que caracterizan a las instituciones de Irak, señaló Human Rights Watch. De manera similar, pese al aumento progresivo de las denuncias sobre abusos graves contra personas detenidas bajo custodia británica en Irak, las autoridades del Reino Unido en ningún momento iniciaron una investigación pública completa y exhaustiva de las infracciones, ni tampoco juzgaron a altos funcionarios por crímenes de guerra cometidos en Irak.
“El legado de Estados Unidos en Irak refleja los atropellos cometidos impunemente por las fuerzas estadounidenses e iraquíes durante la ocupación encabezada por aquel país”, expresó Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Los abusos propiciados hace más de 10 años por los ‘memorandos sobre torturas’ del gobierno de Bush y las políticas de detención inhumanas que se aplicaron después facilitaron que se instalara en Irak un sistema que, actualmente, no tiene intención ni capacidad de garantizar la justicia a sus ciudadanos”.
A principios de marzo de 2013, surgieron nuevos datos que indican que el gobierno estadounidense está implementando una política de colaboración con miembros de fuerzas de seguridad iraquíes acusados de presuntas torturas y otros abusos, mostrando de este modo escasa o ninguna consideración ante la posibilidad de que se juzguen estos hechos. Un informe publicado por el Wall Street Journal indicó que la CIA estaría “incrementando el apoyo” prestado al Servicio Antiterrorista iraquí para “combatir de manera más eficaz a células de Al Qaeda”.
“Si se confirman los señalamientos del informe acerca de que Estados Unidos tiene intención de prestar apoyo al Servicio Antiterrorista iraquí, esto evidenciaría la deficiente actuación de Estados Unidos para encarar las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de Irak”, aseveró Whitson. “El Servicio Antiterrorista, a pesar de haber sido acusado de cometer graves injusticias contra personas detenidas, trabajó en estrecha colaboración con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos antes de que las tropas de este país se retiraran en 2011”.
En 2011, Human Rights Watch divulgó denuncias de ex detenidos que afirmaban haber permanecido bajo custodia del Servicio Antiterrorista en cárceles clandestinas, donde habrían sido torturados y sufrido otros atropellos, como golpizas, descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo, asfixia parcial reiterada con bolsas de plástico hasta provocar la pérdida de conocimiento, y ser colgados de los tobillos.
Las autoridades estadounidenses deberían divulgar los pormenores de la colaboración de los organismos militares y de inteligencia de ese país con el Servicio Antiterrorista y otras fuerzas de seguridad iraquíes que han sido acusadas de haber cometido graves abusos pero lograron eludir la acción de la justicia, señaló Human Rights Watch. Estados Unidos debería asimismo efectuar investigaciones públicas de las denuncias que señalan que militares estadounidenses y de las fuerzas de coalición habrían tenido complicidad en torturas y otros abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes durante la ocupación, y juzgar a los responsables, incluidos funcionarios de alto rango.
El gobierno estadounidense debería reconsiderar su decisión de no juzgar a altos funcionarios gubernamentales que no actuaron aún cuando tenían conocimiento de los abusos contra detenidos bajo custodia estadounidense o iraquí, o tuvieron complicidad en estos hechos, manifestó Human Rights Watch. Los ciudadanos estadounidenses que hayan sido cómplices de hechos de tortura deben ser juzgados. En el futuro, Estados Unidos debería supeditar la asistencia al cumplimiento, por parte del gobierno iraquí, de los estándares de derechos humanos establecidos en la Ley Leahy, que prohíbe a este país prestar asistencia militar a unidades militares extranjeras que cometan violaciones de derechos humanos impunemente.
“La inacción de los sucesivos gobiernos estadounidenses, que no han investigado las numerosas denuncias de abusos cometidos por soldados estadounidenses e iraquíes, ha establecido un nefasto precedente y ha permitido que se instale una tradición de impunidad que se ha convertido en una de las características centrales del legado estadounidense en Irak”, indicó Whitson. “Independientemente de si la inacción estadounidense se debió a que las autoridades prefirieron no darse por enteradas o actuaron deliberadamente para encubrir su intervención, 10 años después la población de Irak merece recibir un trato más digno de Estados Unidos”.
A continuación se describen algunas denuncias sobre abusos ocurridos durante la última década.
El legado estadounidense de abusos e impunidad
Desde la invasión de Irak en marzo de 2003, Human Rights Watch, así como organizaciones no gubernamentales y distintos informes de medios de comunicación documentaron numerosos casos en que funcionarios estadounidenses encargados de reorganizar y entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes permitieron, o incluso favorecieron, que estas fuerzas cometieran graves violaciones de derechos humanos. En algunos casos, funcionarios estadounidenses no impulsaron investigaciones exhaustivas de presuntos abusos, o directamente procuraron que estos hechos no se investigaran. En otros casos, es posible que funcionarios hayan requerido específicamente los servicios de ciertas fuerzas, aún cuando sabían que posiblemente cometerían abusos en el marco de la estrategia general de lucha contra el terrorismo.
Desde el inicio de la ocupación, el mensaje transmitido por Estados Unidos a quienes tenían personas detenidas a su cargo era que la eficacia constituía una prioridad más importante que la rendición de cuentas, indicó Human Rights Watch. Los abusos estadounidenses en Irak comenzaron en 2003, después de que el gobierno de Bush envió desde Guantánamo a equipos especializados en prácticas de interrogatorio para que brindaran asesoramiento sobre estas técnicas. Esta medida se produjo luego de que el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld ordenara intensificar la obtención de “datos de inteligencia concretos” que pudieran ser aportados por detenidos de nacionalidad iraquí. El General al frente de las fuerzas estadounidenses ordenó a quienes efectuaban los interrogatorios que “manipularan el estado psíquico y las debilidades de los detenidos”.
Un capitán del Ejército que había supervisado los interrogatorios efectuados en una cárcel estadounidense en Afganistán, durante los cuales murieron varios detenidos, elaboró una serie de “Pautas sobre Técnicas para Interrogatorios” (Interrogation Rules of Engagement) en la prisión de Abu Ghraib en Bagdad. Estas pautas autorizaban la aplicación a detenidos de métodos coercitivos que contravenían las disposiciones de los Convenios de Ginebra relativos al trato debido a los prisioneros de guerra y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También facilitaron que se cometieran abusos crueles y humillantes contra detenidos que, una vez que trascendieron, se convirtieron en lo que se denominó el escándalo de Abu Ghraib.
En 2004, Human Rights Watch condenó la negativa del gobierno de Estados Unidos de investigar la muerte de personas bajo custodia estadounidense en Irak y juzgar a soldados y personal del servicio de inteligencia implicados en el abuso de detenidos. Ese mismo año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció ante la coalición encabezada por Estados Unidos las prácticas extendidas de abuso de detenidos por parte de soldados de estas fuerzas, y aparentemente ello habría provocado que funcionarios del Ejército intentaran restringir el acceso del CICR a centros de detención.
En diciembre de 2005, el Congreso estadounidense sancionó la “Ley sobre Trato de Detenidos” (Detainee Treatment Act), que prohíbe cualquier “trato o pena cruel, inhumano o degradante” contra prisioneros bajo custodia del gobierno estadounidense. El gobierno de Estados Unidos también reformó el sistema de detención para mejorar el trato de prisioneros y permitir el acceso irrestricto por parte de defensores de derechos humanos iraquíes a centros de detención.
A pesar de estas reformas, los abusos cometidos por militares estadounidenses durante la primera etapa de la ocupación sentaron un precedente, que luego fue replicado mediante el uso sistemático de tortura y otros abusos de detenidos por las recientemente constituidas fuerzas de seguridad iraquíes, los cuales fueron documentados por Human Rights Watch en 2005. Estados Unidos y otros donantes deberían, con carácter prioritario, establecer mecanismos oficiales en Irak para que se informen e investiguen oportunamente las denuncias de tortura y otros maltratos de detenidos, según señaló Human Rights Watch en esa oportunidad.
A fines de 2007, la Fuerza Multinacional en Irak, liderada por Estados Unidos, mantenía detenidas a 24.514 personas que no habían sido acusadas formalmente ni juzgadas, en muchos casos sobre la base de poca o ninguna prueba. En 2009 y 2010, Estados Unidos dispuso que muchos de estos detenidos bajo su custodia fueran puestos a disposición de las fuerzas iraquíes, lo cual implicó un grave riesgo de que sufrieran torturas.
En 2010, Wikileaks publicó archivos confidenciales donde se reveló que, en muchos casos, las fuerzas estadounidenses no habían intervenido para impedir que miembros de las fuerzas de seguridad de Irak aplicaran torturas y continuaron entregando detenidos a las fuerzas iraquíes, aun cuando sabían, o deberían haber sabido, que estas aplicaban torturas en forma habitual.
En 2010 y 2011, Human Rights Watch documentó nuevos abusos contra personas detenidas bajo custodia iraquí, en muchos casos en prisiones clandestinas como Camp Honor, ubicada en la Zona Internacional de Bagdad. Según surge del testimonio de ex detenidos, personas que trabajaron anteriormente para el Ministerio de Defensa de Irak y asesores del Departamento de Defensa de Estados Unidos, allí las Fuerzas Especiales de Estados Unidos habrían tenido una participación clave en el entrenamiento y la supervisión de oficiales del Servicio Antiterrorista y en el establecimiento y la administración de la prisión.
Más de una decena de ex detenidos indicaron a Human Rights Watch que si bien las Fuerzas Especiales estadounidenses no estuvieron presentes durante las sesiones de tortura practicadas por oficiales del Servicio Antiterrorista iraquí en remolques ubicados junto a Camp Honor, los soldados estadounidenses deben necesariamente haber tenido conocimiento de que esto sucedía, ya que su presencia en el centro de detención era permanente y podían observar las condiciones en que se hallaban los detenidos.
El centro de detención Camp Honor era administrado conjuntamente por el Servicio Antiterrorista y la Brigada 56del Ejército iraquí, también conocida como Brigada de Bagdad, que ha sido incluso más gravemente señalada por denuncias de tortura que el Servicio Antiterrorista. Dos ex internos de este centro de detención dijeron a Human Rights Watch en 2010 y 2011 que consideraban que las personas detenidas por el Servicio Antiterrorista habían sido más afortunadas, debido a que “sufrieron menos torturas” que quienes estaban bajo custodia de la Brigada de Bagdad.
Human Rights Watch ha instado reiteradamente al gobierno de Estados Unidos a investigar los señalamientos acerca de que las Fuerzas Especiales estadounidenses tuvieron complicidad en torturas y otros atropellos de personas detenidas en Camp Honor, pero no se han adoptado medidas en este sentido.
Poco tiempo atrás, en febrero, Human Rights Watch dialogó con numerosos ex detenidos que señalaron que soldados del Servicio Antiterrorista efectuaban detenciones ilícitas y aplicaban métodos de tortura extremos para obtener confesiones.
“Actualmente, el gobierno de Irak comete violaciones de derechos humanos flagrantes con total impunidad, y las víctimas tienen escasas oportunidades de justicia”, indicó Whitson. “Estados Unidos impuso este patrón desde un primer momento, al permitir que se cometieran abusos sin que los responsables rindieran cuentas y, como era esperable, ha optado por no actuar ante los abusos iraquíes”.
En gran medida, Estados Unidos se ha abstenido de pronunciarse no sólo sobre las torturas sino además respecto de otras violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades iraquíes. Los funcionarios estadounidenses no han hecho oír su voz en defensa del derecho de libertad de reunión cuando hombres armados con palos y cuchillos agredieron a manifestantes en 2010, 2011 y 2012; o cuando miembros de las fuerzas de seguridad dispararon, golpearon y arrestaron a manifestantes en 2011, así como tampoco a principios de 2013, cuando asesinaron a manifestantes en Fallujah y Mosul.
Denuncias e investigaciones sobre abusos que implican al Reino Unido
Aumenta progresivamente la cantidad de reclamos interpuestos en forma judicial y a través otros medios por ciudadanos iraquíes, en los cuales se denuncian graves abusos cometidos contra detenidos a manos de los soldados de las fuerzas del Reino Unido en Irak, que incluyen torturas y ejecuciones ilícitas. Estos abusos podrían constituir crímenes de guerra si se comprueba que fueron cometidos durante la ocupación militar o alguno de los conflictos armados en Irak.
Se efectuó una investigación pública exhaustiva sobre el caso de Baha Mousa, un recepcionista de hotel que murió en 2003 mientras se encontraba bajo custodia del Reino Unido. La investigación, que concluyó en septiembre de 2011, determinó que Mousa falleció tras “un estremecedor episodio de grave violencia injustificada” aplicada por soldados del Reino Unido. El gobierno del Reino Unido había admitido anteriormente haber violado los derechos humanos de Mousa y otros detenidos, y otorgó cuantiosas indemnizaciones. Sin embargo, solamente un soldado, con rango de cabo, fue condenado por crímenes de guerra en relación con los abusos contra Mousa, y recibió una pena de un año de cárcel.
En febrero se inició en Londres una investigación pública sobre presuntos abusos y ejecuciones ilícitas contra cerca de 20 detenidos en otro incidente ocurrido en 2004. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido no ha cedido ante los reclamos de que se efectúe una investigación exhaustiva, independiente y pública de todas las denuncias de abuso, así como para determinar si se trató de abusos sistemáticos, y enfrenta demandas judiciales interpuestas en representación de al menos 180 ciudadanos iraquíes, que afirman haber sufrido abusos a manos de soldados del Reino Unido.
La responsabilidad penal por crímenes de guerra se extiende a quienes ocupan cargos de mando en el ámbito civil y militar cuando sus subordinados hayan cometido estos delitos, si estos mandos conocían, o deberían haber conocido, la existencia de los delitos y no actuaron para prevenirlos, o no entregaron a los responsables para que fueran juzgados. La Corte Penal Internacional tiene competencia respecto de cualquier crimen de guerra que haya sido cometido por ciudadanos del Reino Unido en Irak a partir de 2002 cuando las autoridades británicas no impulsen procesos para esclarecer estos hechos en su propio sistema de justicia.
El Reino Unido ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en causas clave vinculadas con la entrega de detenidos a autoridades iraquíes en circunstancias en que estos podrían recibir la pena de muerte, así como el uso, por parte del Reino Unido, de medidas de detención ilegítimas y arbitrarias en Irak, y la omisión de investigaciones independientes para esclarecer muertes presuntamente ilícitas provocadas por las fuerzas del Reino Unido en Irak. El Reino Unido conformó un Equipo de Investigación Histórica de Denuncias relativas a Irak (Iraq Historic Allegations Team) encargado de examinar presuntos delitos, pero la justicia del Reino Unido determinó que este panel carecía de suficiente independencia. Un ex miembro del equipo afirmó, en diálogo con el medio The Guardian, que se trataba de una “farsa”.
“Luego de 10 años, la necesidad de que el Reino Unido efectúe una investigación plenamente independiente, y a su vez asegure que se establezca la responsabilidad penal de quienes cometieron crímenes de guerra en todos los niveles, se hace cada vez más urgente”, señaló Whitson.
Precariedad del estado de derecho en Irak
En la última década, numerosos iraquíes han referido a Human Rights Watch que la impunidad en casos de abusos graves ha reforzado el sentimiento de caos institucional que prevalece en Irak. Esto ha redundado en un agravamiento de la polarización sectaria de la sociedad iraquí, la presencia continua de fuertes milicias que responden incondicionalmente a actores gubernamentales, y la persistencia de atentados terroristas que afectan a los iraquíes casi cotidianamente, manifestó Human Rights Watch. Los reiterados testimonios aportados por ciudadanos iraquíes a Human Rights Watch muestran que, al temor frente a ataques terroristas y el resurgimiento de conflictos sectarios, se ha sumado ahora la posibilidad de represalias imprevisibles por parte del gobierno y de grupos políticos y religiosos.
En un ejemplo estremecedor de los peligros que la falta de estabilidad institucional supone para la seguridad iraquí, el 14 de marzo, un grupo de hombres armados vestidos con uniformes policiales efectuaron una serie de ataques coordinados contra los Ministerios de Interior y Justicia de Irak, en los cuales al menos 24 personas perdieron la vida. El presidente del parlamento iraquí, Osama al-Nujaifi, atribuyó a “la ineficacia de las fuerzas de seguridad (y) sus limitaciones en cuanto a capacidad” este “flagrante atentado contra la seguridad de un importante edificio gubernamental, en el centro mismo de la capital del país”.
“El sistema político y judicial de Irak padece actualmente la doble problematica de ser abusivo y, a su vez, no poner freno a las arbitrariedades cometidas por terceros en un contexto de seguridad cada vez más tenso e inestable”, opinó Whitson. “Lo trágico de la situación de Irak hoy en día es que mientras los ciudadanos iraquíes continúan sufriendo los efectos de ataques terroristas y el estancamiento político, las autoridades del país invocan estos problemas para justificar el incremento de las acciones persecutorias y los abusos contra ciudadanos comunes”.
