(Nueva York) - El Gobierno indonesio debe investigar y pedir cuentas a los funcionarios y guardias abusivos en la prisión Abepura en Papúa, dijo hoy Human Rights Watch. Diversas fuentes informan que la tortura, las golpizas y malos tratos por parte de los guardias son desenfrenados. Hay aproximadamente 230 prisioneros en Abepura, de los cuales más de una docena están encarcelados por actos políticos pacíficos.
"¿Cómo puede el Gobierno pretender no ver las golpizas y la tortura en una de sus prisiones?" dijo Brad Adams, director de la división de Asia de Human Rights Watch. "Yakarta necesita poner fin a este comportamiento vergonzoso, sancionar a los responsables, y empezar a observar de cerca lo que está ocurriendo en ese lugar".
Human Rights Watch ha recibido informes de más de dos docenas de casos de golpizas y abuso físico desde que Anthonius Ayorbaba, un funcionario civil de Papúa, quien anteriormente trabajó en la oficina de Jayapura del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, se convirtiera en el jefe de seguridad de la prisión en agosto de 2008. Como jefe de seguridad, es el más alto funcionario de prisión en Abepura. La administración de las prisiones depende del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos.
Human Rights Watch dijo que el Gobierno indonesio debe sustituir a la administración de la prisión y abrir la prisión a la supervisión internacional. Observadores de derechos humanos y periodistas extranjeros requieren autorización especial de la policía para entrar a la provincia de Papúa y no pueden llevar a cabo investigaciones independientes en ese lugar. Human Rights Watch también instó al presidente Susilo Bambang Yudhoyono a crear un equipo independiente para investigar los abusos en la prisión de Abepura.
Casos de abuso
En un caso, el 22 de septiembre de 2008, los guardias de la prisión llevaron al preso político Ferdinand Pakage a la oficina de seguridad de la prisión alrededor de las 8 am. El jefe de seguridad de la prisión golpeó a Pakage con una palo de caucho seis veces en la cabeza. Un guardia golpeó a Pakage con su mano, mientras que el jefe pateaba repetidamente a Pakage con su bota. Otro guardia, Herbert Toam, le dio puñetazos en la cabeza, mientras que sostenía un candado y una llave, la cual penetró el ojo derecho de Pakage. Los guardias arrojaron a Pakage, quien se encontraba inconsciente, en una celda de aislamiento alrededor de las 8:20 am. A las 2 pm, los guardias de la prisión trasladaron a Pakage al hospital de Abepura, pero el hospital estaba cerrado. No fue sino hasta el 23 de septiembre que médicos atendieron a Pakage en el hospital Dock Dua de Jayapura. Era demasiado tarde para salvar a su ojo derecho, ya que el sangrado había sido demasiado grave.
Ayorbaba escribió una cronología del caso sin fecha, obtenida por Human Rights Watch, que describe la paliza por Toam. La carta señala que la lesión grave infligida fue un accidente, alegando que Toam golpeó a Pakage sin darse cuenta de que la llave se encontraba todavía en el candado. También alegó que Pakage había previamente amenazado a un guardia de la prisión. El informe no menciona el papel que los otros dos guardias de la prisión tuvieron en el ataque.
En diciembre de 2008, Ayorbaba dijo a Human Rights Watch que el informe había sido presentado ante el Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, así como ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas Ham), y que "es muy probable que Herbert sea despedido". Ayorbaba dijo que había aconsejado a Toam a tomar una ausencia laboral y resolver el caso a través de los medios tradicionales, utilizando negociaciones con el clan de Pakage. Toam no fue a trabajar entre octubre de 2008 y marzo de 2009, aunque continuó cobrando su sueldo mensual. No resolvió el caso a través de los medios tradicionales y regresó a trabajar en abril.
Ni el Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, ni Komnas Ham parecen haber llevado a cabo ninguna investigación sobre este asunto. En octubre, la familia de Pakage trató de denunciar el caso ante la policía de Jayapura, pero la policía se negó a registrar el caso, sugiriendo que la familia podría resolver el caso ante el Ministerio de la Ley y Derechos Humanos. La familia presentó una denuncia verbal ante el ministerio. En octubre, la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (KPKC), un grupo religioso, se dirigió por escrito a la oficina del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quejándose de varios casos de abusos, incluyendo el caso de Pakage, pero no ha habido ningún seguimiento.
En otro caso, el 26 de febrero de 2009, los funcionarios de la prisión de Abepura descubrieron que Buchtar Tabuni, un dirigente estudiantil detenido, tenía un teléfono móvil en su bolsillo. Según Tabuni, el guardia de la prisión Andrianus Sihombing golpeó a Tabuni en el ojo, haciéndolo sangrar. Los guardias de la prisión trasladaron temporalmente a Tabuni al centro de detención de la policía en Jayapura, aparentemente para que el ministro de la Ley y los Derechos Humanos de Indonesia, Andi Mattalatta, no viera la herida, mientras que planeaba una inspección de la prisión programada para el día siguiente. Después de que Mattalatta dejó Papúa, los guardias regresaron a Tabuni a la prisión de Abepura.
El 1 de marzo de 2009, Yusak Pakage, otro preso político relacionado con Ferdinand, le preguntó a Sihombing por qué había golpeado a Tabuni. Sihombing respondió golpeando a Pakage en la cara, rompiendo sus gafas y cortando su frente. Varios presos intervinieron para defender a Pakage. Esa noche, dirigidos por el encargado de seguridad Ayorbaba, los guardias trasladaron a ocho detenidos, entre ellos Pakage y un dirigente estudiantil, Selphius Bobbi, a una pequeña celda de aislamiento, donde permanecieron durante tres noches. Los guardias supuestamente golpearon a Bobbi. Otros guardias entraron a las unidades de detención y golpearon a muchos detenidos indiscriminadamente, dijeron testigos. Algunos testigos dijeron a Human Rights Watch que algunos de los guardias parecían estar bajo los efectos del alcohol.
Los guardias presuntamente también golpearon con barras de hierro a dos prisioneros que habían llevado agua y alimentos a Pakage mientras que se encontraban trabajando en la cocina, sin tener conocimiento de una orden aparente de no darle de comer.
El 11 de mayo, un guardia golpeó a un preso por poseer un teléfono móvil, causándole un sangrado grave de su oreja izquierda. Como resultado de ello, el preso perdió audiencia parcial en ese oído. Según testigos, el mismo guardia golpeó a otros dos presos que habían utilizado el teléfono móvil. El guardia forzó a uno de los prisioneros a meter la mano en agua hirviendo. La identidad de algunos de los denunciantes se mantendrá en secreto para protegerlos de represalias.
Esfuerzos para presentar denuncias resultan infructuosos
La Ley Nº 12/1995 de Rehabilitación de Indonesia establece los procedimientos para que los presos se quejan de malos tratos en prisión. Los presos tienen que reportar a los guardias abusivos ante el jefe de seguridad de la cárcel. Si el jefe de seguridad está involucrado, ellos pueden denunciar el caso ante la oficina provincial del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos en Jayapura. En tales casos, acción penal puede ser presentada en contra de los funcionarios implicados, y los presos tienen derecho a representación legal.
Antes de que Ayorbaba fuera designado jefe de seguridad, los prisioneros y sus familiares con frecuencia denunciaron abusos por parte de los guardias ante el Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, pero no se tomó ninguna medida. Los presos dicen que han dejado de denunciar los abusos porque no tienen fe en el sistema, y porque Ayorbaba había trabajado en esa oficina antes de su promoción por lo que temen sufrir represalias si informan sobre estos abusos.
Los inspectores de Yakarta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos están obligados a inspeccionar periódicamente las cárceles. En la práctica, los inspectores generalmente sólo se reúnen con el jefe de seguridad, algunos presos y un guardia de la prisión dijeron a Human Rights Watch. Los presos no tienen oportunidad de conocer o discutir cualquier problema con los inspectores de prisión de Yakarta.
Desde agosto de 2008, líderes informales entre los presos en Abepura habían solicitado una reunión con Ayorbaba, pero él se negó. En diciembre de 2008, Yusak Pakage, uno de los líderes, tuvo la oportunidad de hablar con Ayorbaba cuando visitó un hospital donde Pakage estaba siendo tratado por una enfermedad. En esa reunión, Ayorbaba se negó a hablar de los abusos y no tomó en serio las denuncias.
"El Gobierno indonesio necesita sustituir la administración de la prisión de Abepura", dijo Adams. "Pero esto no es sólo un fracaso de un jefe de seguridad de la prisión. Es un fracaso de Yakarta en establecer las normas adecuadas y aplicarlas".
En marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ordenó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a cerrar sus oficinas en Jayapura y en Banda Aceh. El CICR administró proyectos de saneamiento en Papúa y también visitó a los detenidos, entre ellos a presos políticos, en la prisión de Abepura. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faizasyah, negó que el cierre tenía algo que ver con las visitas del CICR a las prisiones de Papúa, incluyendo la de Abepura, diciendo que había sido simplemente una medida reglamentaria.
Human Rights Watch dijo que los observadores internacionales como el CICR y los grupos independientes de derechos humanos deben ser capaces de visitar a los presos en Abepura para investigar las denuncias de abuso, dado que el ministerio no parece estar protegiendo los intereses de los presos o estar respondiendo a las quejas.
"Estos prisioneros han agotado todos los medios para luchar por sus derechos, pero los funcionarios se niegan a escucharlos", dijo Adams. "Dado el grado de los abusos, el Gobierno de Indonesia debe abrir las prisiones de Papúa a la supervisión internacional".
