La Unión EuropeaEn vista de que Estados Unidos en gran medida se ha auto-descalificado de la promoción de los derechos humanos, de que China y Rusia están socavando efectivamente el esfuerzo y el Sur global todavía no se hace cargo de su cuota de la tarea, es imperativo que la Unión Europea asuma un rol de liderazgo. Después de todo, la UE es la colección líder de democracias en el mundo, fundada sobre la base del compromiso con los derechos humanos y el imperio de la ley. Aun así, la triste realidad es que la UE aún está muy lejos de asumir ese rol de liderazgo. Con suma frecuencia, cuando la UE produce una declaración sobre un problema de derechos humanos, ésta es dada por un burócrata de Bruselas o toma la forma de un comunicado de prensa escrito de la presidencia de la UE, en vez de ser un potente pronunciamiento público por parte de un jefe de Estado o un ministro de Relaciones Exteriores. A tales declaraciones raras veces les sigue una firme acción o presión para proteger los derechos humanos. Debido en parte a problemas estructurales como también a la falta de voluntad política, el bajo desempeño de la UE en cuanto a los derechos humanos ha dejado un profundo vacío de liderazgo. El rol de la UE en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ilustra el problema. Estados Unidos ni siquiera buscó que se le eligiera al Consejo, una decisión aparentemente basada, en gran medida, en el temor de que perdería. Así, una buena parte de la carga de lograr que el nuevo consejo cumpla sus ideales recae en la UE y sus socios más cercanos—gobiernos como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza. El Consejo está parejamente dividido entre tradicionales partidarios y opositores de la aplicación de los derechos humanos, estando los votos decisivos en manos de varias democracias de Asia y África. Al trabajar con gobiernos latinoamericanos para que unan fuerzas con esos votantes indecisos, los gobiernos europeos podrían reunir a una mayoría a fin de enfocar problemas tales como los crímenes contra la humanidad en Darfur, la mortal impunidad del gobierno uzbeco y la reavivada guerra civil en Sri Lanka. No obstante, la lamentable verdad es que los arruinadores—esos gobiernos abusivos que, a pesar de jurar lo contrario, parecen haberse unido al Consejo para socavarlo—tienen a los europeos y sus aliados dando vueltas. En un aparente vértigo, los partidarios de los derechos humanos ofrecieron principalmente derrotismo y débiles excusas. La UE y otros partidarios gubernamentales de los derechos humanos nunca sugirieron una visión apremiante del trato que el Consejo debía dispensar a los gobiernos abusivos. Nunca hicieron el alcance y cabildeo necesarios para disuadir a los votantes decisivos de seguir a sus bloques regionales dirigidos por los arruinadores en vez de sus propios y declarados principios de derechos humanos. Nunca convocaron una sesión especial acerca de Darfur o del deterioro de la situación en Sri Lanka para expandir la fijación de los arruinadores con Israel. Muchos simpatizantes llegaron al grado de adoptar el refrán de los arruinadores, “cooperación, no condena”, como si la amenaza de una condena por graves violaciones no tuviera nada que ver con asegurar la cooperación gubernamental para superarlas. Por estas y otras razones, el Consejo dejó una terrible primera impresión. Adopción de decisionesLa torpeza de la UE puede ser atribuida, en parte, a su engorroso proceso de toma de decisiones. La necesidad de alcanzar un consenso entre sus 25 miembros (que serán 27 cuando este informe sea publicado) tiende a provocar atrasos y una posición de más bajo denominador común. Basta un solo gobierno con intereses estrechos profundamente sentidos—Chipre sobre Turquía, Alemania respecto a Rusia, Francia sobre Tunisia—para bloquear una efectiva posición de la UE. Por ejemplo, la nueva Ostpolitik de Alemania está socavando una fuerte posición de la UE en materia de derechos humanos respecto a Asia central. En noviembre de 2006, Alemania tuvo éxito en su agresivo esfuerzo por reducir aun las más modestas sanciones impuestas a Uzbekistán tras la masacre de mayo de 2005 en Andizán, aunque el gobierno uzbeco no adoptó medidas significativas para cumplir las condiciones originalmente establecidas para levantar las sanciones. En vez de permitir una investigación independiente de la masacre, como se requería, Uzbekistán ha ofrecido apenas un “diálogo” y un “seminario de expertos” sobre Andizán. Mientras tanto, ha sido despiadada su persecución de quienes se atreven a expresar disenso; sólo en 2006, una docena de defensores de los derechos humanos han sido sentenciados y encarcelados bajo cargos con motivación política. A fin de justificar su postura respecto a Uzbekistán, un país con enormes reservas de gas y una útil base aérea para tropas alemanas en Afganistán, Alemania ha argumentado que las sanciones no produjeron resultados positivos—a pesar de que Alemania hizo cuanto pudo por socavarlas desde el momento mismo en que fueron adoptadas. La prohibición de la UE a los viajes de funcionarios de alto nivel del gobierno uzbeco apenas había sido anunciada cuando Berlín permitió la entrada a Alemania, para tratamiento médico, de uno de los artífices de la masacre de Andizan: el ex ministro del Interior, Zokir Almatov, quien figuraba al tope de la lista de la UE para prohibición de viajes. Cuando, corriendo grandes riesgos personales, varias de las familias de sus víctimas se dispusieron a enjuiciarlo, el fiscal federal alemán se negó a arrestarlo y ni siquiera estuvo dispuesto a abrir una investigación criminal. Nada que Uzbekistán ha hecho justifica la actitud derrotista de Alemania; aun así, Alemania parece estar arrastrando consigo a la UE, a pesar de la resistencia de un considerable grupo de Estados miembros. Alemania también se ha lucido presentando una débil posición de la UE en cuanto a Kazajstán, al brindar un apoyo inequívoco a la propuesta de este país de presidir la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en 2009, en vez de aprovechar el deseo del presidente kazaco Nursultan Nazarbaev de ocupar ese cargo de liderazgo como una oportunidad para presionar por reformas concretas que debieron ser realizadas hace tiempo. De manera similar en Nepal, tras el golpe de la monarquía en febrero de 2005, los gobiernos nórdicos querían condenarlo fuertemente e impedir que el gobierno militar utilizara ayuda de la UE. Si bien Dinamarca en particular jugó un rol positivo, otros gobiernos de la UE, entre ellos los de Francia y Alemania, debilitaron el consenso de la UE. Gran Bretaña también buscó una política independiente y en ocasiones acomodaticia, citando una relación histórica con Nepal. El resultado fue que, inmediatamente después del golpe, la UE adoptó una postura menos que vigorosa, la cual dejó a la sociedad civil de Nepal sintiéndose sin apoyo y desalentada. La inclinación de la UE hacia el más bajo denominador común refleja una preferencia por la unidad por encima de la efectividad. Lograr una posición común es comprensiblemente importante para construir una comunidad de naciones europeas. Además, al unirse, los gobiernos europeos tienen más influencia, y enfrentan un menor riesgo de represalias, que si procedieran en forma individual. Pero si la UE nunca actúa más allá de los deseos de su miembro más renuente, con mayor frecuencia terminará haciendo muy poco o nada. Se necesita un proceso de toma de decisiones más ágil y razonable. Una opción consistiría en permitir una mayoría de votos en vez de la unanimidad para lograr una política exterior común. Pero esto requeriría que cada gobierno de la UE renuncie a su preciado veto a la acción de la UE y a la soberana prerrogativa que éste implica. No obstante, el status quo también representa un alto precio en lo que se refiere a las personas reprimidas del mundo, a cuyos clamores de ayuda la UE no responde. Aun dentro del requisito de unanimidad, las mejoras son posibles. Por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, la UE parece exigir un consenso a un nivel absurdamente insignificante. En vez de acordar una estrategia y confiar en que los representantes de la UE van a implementarla de manera sabia, los miembros de la UE insisten en aprobar palabra por palabra cada resolución propuesta. Este micromanejo hace imposible que la UE responda efectivamente a las cambiantes circunstancias o que se involucre en el rápido intercambio diplomático necesario para construir alianzas mayoritarias. Cuando los derechos humanos están en juego, la UE también podría ver su posición común como una plataforma en vez de un techo. Es apropiado insistir en que ningún gobierno haga menos de lo que constituye la posición común de la UE respecto a asuntos clave de derechos humanos, pero ¿por qué no debería algún gobierno—o grupo de gobiernos—hacer más? No existe un impedimento formal, y ocasionalmente ocurre, por ejemplo, respecto a los tratados sobre la Corte Penal Internacional, las minas antipersonales y las desapariciones forzadas. Dinamarca incluso sugirió este enfoque en cuanto a Darfur. Pero con demasiada frecuencia los gobiernos de la UE utilizan la falta de una sólida posición común para justificar la falta de una posición nacional fuerte. Esto tendría sentido si se tratara, por ejemplo, de un asunto tributario o comercial, pero es cruel descartar la acción nacional a favor de los derechos humanos, o la acción por parte de un grupo de naciones, más allá de un mínimo consenso—es una priorización de lo colectivo por encima de lo efectivo. Ello sugiere que la UE, a pesar de sus ideales y sus elevadas promesas, en resumidas cuentas ha decidido que una débil y uniforme defensa de los derechos humanos es más importante que una defensa vigorosa y variada. Una bienvenida excepción a la regla de la unanimidad fue la decisión en noviembre de 2006, por 14 Estados miembros de la UE, de copatrocinar una resolución sobre Uzbekistán en la Asamblea General de la ONU luego de que fracasaran los intentos por llegar a un acuerdo entre los 25. Se necesitan más de esas iniciativas. Nuestro objetivo no es que se regrese a una era pre-UE de 25 políticas exteriores separadas. Hay fortaleza en las cifras. La relativa debilidad de la presencia europea en Afganistán—donde muchos gobiernos buscan sus propios proyectos bilaterales sin la influencia ni el refuerzo que resultarían de un enfoque más coordinado—destaca los costos de tal desorden. Aunque la misión de la UE en Kabul está bien informada, sus Estados miembros apenas la usan. Como consecuencia de ello, la reforma policial de Alemania no fue coordinada con la reforma judicial de Italia (la segunda concluyó en 2006). Los gobiernos con equipos provinciales de reconstrucción no sincronizan su trabajo de desarrollo. Los participantes de la UE en las operaciones militares de la OTAN imponen sus propias restricciones bilaterales—las tropas alemanas no involucrarán directamente a insurgentes para proteger civiles; las tropas británicas no emprenderán acciones contra narcotraficantes aun cuando estén apoyando la insurgencia; las tropas holandesas son reacias a retener detenidos. Esas restricciones ofuscan los esfuerzos por proveerle un ambiente seguro al pueblo afgano. Sin embargo, hay ocasiones en que una fuerte acción por parte de unos pocos sería mejor que una acción débil o nula de muchos. Aun cuando se alcanza una posición común, la influencia de la UE a menudo es socavada por su insistencia en hablar y trabajar casi exclusivamente a través de su “presidencia”. En el Consejo de Derechos Humanos, la tradición de que la UE tome la palabra una vez por medio de su presidencia, en vez de permitir que los gobiernos miembros intervengan para secundar la posición común, da lugar a que dominen el debate las naciones arruinadoras que han aprendido el valor de la repetición. Más fundamentalmente, es difícil imaginar una manera menos efectiva de mantener la continuidad o construir experticia que con la rotación de líderes de la UE cada seis meses. En ocasiones, como en el caso de la presidencia de Finlandia durante los cruciales primeros seis meses del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno al parecer tiene en sus manos más de lo que puede manejar y ve su trabajo como creación de consenso en lugar de liderazgo. Otras veces, gobiernos con mayores recursos toman las riendas, pero incluso ellos deben incorporar una agenda en un breve periodo de seis meses. La tradición de que tanto la presidencia entrante como el Consejo y la Comisión Europeos mantengan un rol en una “trinca” presidencial mitiga en cierta medida este impedimento auto-impuesto, pero no lo suficiente. Aunque la rotación del liderazgo reafirma la igualdad entre todos los miembros de la UE, la negativa a asignarles a los gobiernos una responsabilidad de largo plazo—reduciendo así la posibilidad de que desarrollen experticia y estrategias de largo plazo—es una receta para la disfunción. En algunos casos, como en las negociaciones con Irán respecto a su programa nuclear, la UE ha adoptado medidas encaminadas a superar esta discapacidad al nombrar una fuerte trinca permanente compuesta por Gran Bretaña, Francia y Alemania para que represente a la UE. Sin embargo, no se han adoptado medidas similares en lo que concierne a importantes asuntos de derechos humanos. A fin de superar este obstáculo, la UE debe reconocer que su diversa membresía podría ser una ventaja en vez de un problema procedimental. Sus 25 miembros ya cuentan con una variedad de experiencias y relaciones con el resto del mundo que podría ser aprovechada a través de “trincas de experticia” o “trincas de efectividad” de largo plazo, en lugar de rotar “trincas de los recién llegados”. La influencia de la UE aumentaría sustancialmente si, en vez de enviar a una nueva generación de rostros frescos cada seis meses, los mismos tres gobiernos aparecieran en un sitio problemático año tras año, representando una continuidad de preocupación y la determinación de completar la tarea. La efectividad de la UE en materia de derechos humanos también se ve obstaculizada por la falta de transparencia. La promoción de los derechos humanos a menudo se tropezará con otros intereses gubernamentales. El desarrollo y seguimiento de una estrategia de derechos humanos en la habitación al fondo dificulta que el público sepa cómo la UE resuelve esos conflictos—particularmente dado que tantas decisiones clave se toman en Bruselas, no en las capitales nacionales, y tan pocas de ellas involucran un abierto debate parlamentario. A los gobiernos les puede resultar conveniente evadir un bochornoso escrutinio público, pero las consecuencias se reflejan en los débiles compromisos y en el mediocre desempeño de la UE en lo que concierne a los derechos humanos. Estas fallas de procedimiento no pueden del todo explicar el fracaso del liderazgo de la UE en materia de derechos humanos. Buena parte del problema se debe a una simple falta de voluntad política. La promoción de los derechos humanos puede ser costosa, difícil, y muchos gobiernos no quieren tomarse la molestia—al menos no más allá del diente al labio. Pero ya sea que la responsabilidad sea atribuible al procedimiento o al compromiso, está en juego la credibilidad de la UE como promotora de los principios de derechos humanos. A fin de examinar más detalladamente el liderazgo de la UE en materia de derechos humanos, resulta útil dar una mirada a su respuesta a varios desafíos: los enormes poderes de China, Rusia y Estados Unidos; crisis tales como Darfur; otros problemas de derechos humanos y asuntos de derechos humanos al interior mismo de la UE. Respecto a ChinaEn lo que concierne a China, la UE ha silenciado gradualmente su crítica en lo relativo a los derechos humanos, relegando la mayoría de comentarios públicos a blandas declaraciones escritas que son fácilmente ignoradas. La UE mantiene con China un “diálogo” periódico sobre los derechos humanos, pero quienes lo llevan a cabo son funcionarios de nivel medio, dirigidos cada vez por un representante de una nueva presidencia, sin puntos de referencia aparentes para medir el progreso entre una reunión y la siguiente, y sin resultados tangibles. En contraste, Pekín ha desarrollado un equipo de especialistas en diálogo a fin de evadir críticas y obstruir cualquier impulso de reforma. Como consecuencia de ello, el diálogo permanece resguardado en el ministerio de Relaciones Exteriores, sin la divulgación pública que podría poner en riesgo la reputación de China y alentar cambios. La insignificancia del diálogo fue resaltada durante la más reciente cumbre EU-China, realizada en Helsinki en septiembre 2006, a la que asistió el primer ministro chino, Wen Jiabao. En nombre de la presidencia de la UE, el embajador de Finlandia en Beijing, Antti Kuosmanen, declaró que los derechos humanos “no serían un punto dominante” en la cumbre y que los derechos humanos eran un “asunto sensible y delicado ... porque estamos hablando de valores”. De un plumazo, la UE relegó los estándares universales de derechos humanos al ámbito de la subjetividad. Entonces, como era de esperar, los temas comerciales y de seguridad tuvieron preeminencia en la agenda, como también ocurrió durante las posteriores reuniones de Wen con el primer ministro británico Tony Blair y la canciller alemana Angela Merkel, y en la subsiguiente visita del presidente francés Jacques Chirac a Pekín. De igual manera, en octubre la comisionada de Relaciones Exteriores Benita Ferrero-Waldner y el comisionado de Comercio Peter Mandelson de la UE llamaron a elaborar un “nuevo marco integral” de las relaciones de la UE con China, pero nunca mencionaron los derechos humanos. Su propuesta podría resumirse como una anteposición de las ganancias por encima de los principios. Un área en la que se ha sentido la falta de presión en cuanto a los derechos humanos es la libertad en Internet. Sin ninguna ayuda de la UE (y tampoco de Estados Unidos) para resistir la presión china, las empresas de Internet se han involucrado en una carrera hasta las últimas consecuencias, haciendo el trabajo sucio del gobierno chino como censores en la red. Ha habido algunos puntos positivos en las relaciones entre la UE y China en materia de derechos humanos. La canciller alemana Merkel, cuando asistió a su primera cumbre con líderes chinos en Pekín, hizo un tiempo para reunirse con activistas de China que están enfocando los problemas y la inestabilidad en el campo. Pese al cabildeo chino, la UE se resistió a levantar su embargo de armas sobre China, impuesto tras la sangrienta represión en la Plaza de Tiananmen en 1989—un raro caso en el que las normas de consenso facilitaron una fuerte posición en cuanto a los derechos humanos porque el embargo, originalmente impuesto sin fecha de expiración, requiere de una posición común para ser levantado. Pese a que China está ansiosa por que el embargo sea levantado antes de las Olimpiadas de 2008, la UE aún no ha articulado las condiciones que deberán ser cumplidas—como una investigación transparente y creíble sobre las muertes en la Plaza de Tiananmen—y así ha desperdiciado una fuente potencial de influencia. Respecto a RusiaLa política de la UE en lo que atañe a Rusia es dominada por Alemania, que asumirá la presidencia de la UE en la primera mitad de 2007. La nueva Ostpolitik de Berlín refleja una aparente determinación de involucrarse a cualquier costo, sin ninguna atadura. El gobierno alemán, siendo el más importante y respetado interlocutor de Rusia, desaprovecha su influencia, aparentemente, al suponer que el logro de la seguridad energética—una principal prioridad europea—es incompatible con cuestionar la perturbadora trayectoria de Rusia en materia de derechos humanos. La renuencia alemana a involucrarse críticamente con el gobierno ruso podría estar siendo influenciada por sentimientos de culpa debido los millones de muertes de personas rusas a causa de la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, aunque nunca se explica por qué las personas que hoy son víctimas de la opresión rusa deben sufrir por la situación de sus ancestros. Si bien la UE ha realizado con Rusia “consultas” semestrales—también a un bajo nivel diplomático—sobre los derechos humanos, éstos no han figurado de manera prominente en la agenda más amplia entre la UE y Rusia. Al igual que con China, la UE responde en forma periódica a casos individuales o a eventos tales como la nueva ley rusa sobre ONG, pero los derechos humanos raras veces son mencionados en el discurso público de funcionarios de alto nivel. Las atrocidades en Chechenia prácticamente han quedado olvidadas, sin demandas públicas de rendición de cuentas o siquiera una palabra acerca del destino de los “desaparecidos”. Tal como lo hizo en su viaje a China, la canciller alemana Merkel decidió visitar a defensores de los derechos humanos en Rusia cuando asistió a su primera cumbre con el presidente Putin. Ella también ha hablado de la importancia de los derechos humanos y del imperio de la ley en Rusia. Sin embargo, ningún otro líder europeo hizo declaraciones o tuvo gestos similares a los suyos, y éstos no quedaron reflejados en ninguna posición común de la UE. El presidente Chirac, de Francia, incluso le otorgó a Putin la Gran Cruz de la Legión de Honor. En contraste, en cuatro ocasiones en 2006, la Corte Europea de Derechos Humanos halló a Rusia responsable de violar el derecho a la vida a causa del rol de las tropas rusas y sus apoderados en la desaparición forzada de personas en Chechenia. Los líderes europeos están desperdiciando la enorme oportunidad que estos fallos de la Corte les presentan para presionar a Rusia a fin de que detenga los abusos y acabe con la impunidad. Respecto a Estados UnidosEn lo que concierne a Estados Unidos, la UE tiene una trayectoria mixta. Las operaciones de detención por Estados Unidos en Europa convirtieron a los gobiernos europeos en cómplices de torturas, detenciones arbitrarias y desaparición forzada. Las evidencias sugieren que Polonia y Rumania permitieron en su propio suelo la detención clandestina de sospechosos “desaparecidos”. Mientras que el Congreso estadounidense no hizo nada para investigar estas operaciones, el Parlamento Europeo inició una investigación. La comisión temporal parlamentaria (TDIP) consideró “extremadamente inverosímil” que estas actividades hayan podido ocurrir sin conocimiento de los servicios europeos de seguridad o inteligencia. También descubrió una similar complicidad oficial en la aprehensión de sospechosos en suelo europeo y la entrega de éstos a gobiernos que aplican tortura sistemática, a la vez que halló “directamente responsable” a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Aun así, Polonia se ha mostrado evasiva ante las revelaciones de su complicidad, rehusándose a cooperar con varias investigaciones sobre los centros clandestinos de detención. En contraste, una corte de Italia ha sido más vigorosa, al emitir órdenes de arresto contra agentes de la CIA y sus cómplices italianos que supuestamente fueron responsables del secuestro, en 2003, de Osama Mustafa Hassan Nasr, conocido como Abu Omar, y de su entrega para tortura en Egipto. En noviembre, en lo que describió como “rotación natural”, el nuevo gobierno del primer ministro Romano Prodi reemplazó al jefe de servicios de inteligencia militar SISMI, quien se encuentra bajo investigación por su papel en ese secuestro. Pero la verdadera prueba para Italia estará en si el gobierno enviará a Estados Unidos las solicitudes de extradición de la corte y si revelará información acerca de su posible conocimiento previo del secuestro. En cuanto a la conducta de Estados Unidos fuera de Europa, la UE no ha ofrecido ningún comentario público de alto nivel sobre los hallazgos del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en torno a la complicidad estadounidense en torturas y otros interrogatorios abusivos. Además, a la EU le tomó años—hasta el momento de la realización de la cumbre UE-EE.UU. en junio de 2006—hacer un llamado colectivo al cierre del centro de detención de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo. Esa exhortación fue precedida por otras similares provenientes de Gran Bretaña, Alemania y España. Aun así, la UE se ha rehusado a hacer el gesto humanitario de aceptar detenidos en Guantánamo a quienes Estados Unidos está dispuesto a liberar pero que no pueden ser devueltos a sus propios países por temor a que en éstos serán torturados. Sólo Albania, que no es miembro de la UE, finalmente accedió a reasentar a cinco detenidos uighures que fueron liberados de Guantánamo pero que no podían ser retornados con seguridad a China, y también aceptó detenidos egipcios, argelinos y uzbecos. Respecto a DarfurAl referirse a la enorme crisis en Darfur, a la UE le gusta alardear de los fondos que ha enviado para apoyar a la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS), que cuenta con escaso equipo y personal insuficiente. Sin embargo, poco ha hecho para persuadir a Jartum de que acepte la fuerza de protección mejor equipada y con más personal de las Naciones Unidas, la cual fue aprobada en agosto por el Consejo de Seguridad de la ONU. La UE impuso un embargo de armas a Sudán durante la guerra civil norte-sur, pero no ha hecho nada para aplicarlo desde que inició el conflicto en Darfur. Prefiriendo el involucramiento, los miembros de la UE se han resistido a congelar los bienes y prohibir los viajes de funcionarios sudaneses de alto nivel responsables de las matanzas en Darfur. Lejos de equiparar las sanciones comerciales de Estados Unidos a Sudán, la UE ha visto un marcado incremento en su comercio con Sudán, y en particular en el de Francia con este país. El hecho de que Jartum no haya logrado ningún progreso en desarmar a las asesinas milicias janjaweed ni en juzgar a los responsables de las atrocidades, tal como la UE y la ONU lo han exigido, no ha conseguido alentar una respuesta más vigorosa por parte de la UE. En parte, el problema se debe a que Gran Bretaña y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, han insistido en que la política de la UE respecto a Darfur sea decidida en Nueva York y no en Bruselas. Cabe reconocer que la UE, en especial Alemania y Francia, jugaron un rol clave en que el Consejo de Seguridad creara una comisión investigadora para examinar las atrocidades en Darfur y posteriormente refiriera Darfur a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la importante tarea de lograr justicia para las víctimas no sustituye a una acción inmediata que detenga los asesinatos, las violaciones sexuales y el desplazamiento forzado que hoy están ocurriendo. En cuanto a involucrar a otros para presionar a Jartum, la UE mencionó Darfur a China previo a la cumbre de China-África en noviembre 2006, y la canciller alemana Merkel se refirió a Darfur en sus reuniones con líderes chinos y rusos, pero el esfuerzo de involucrar a China y Rusia a fin de presionar a Jartum para que acepte una fuerza de protección de la ONU y revierta sus brutales políticas en Darfur no ha sido lo suficientemente sostenido o intenso como para marcar una diferencia en el terreno, donde Jartum y sus apoderados janjaweed persisten en atacar a civiles con toda impunidad. Respecto a otros asuntos de derechos humanosExisten muchos otros países donde la UE no ha actuado a favor de los derechos humanos. Algunos intereses comerciales han jugado un papel importante.
Nada de lo anterior tiene el propósito de negar que la UE en ocasiones juega un papel positivo, especialmente cuando se trata de evaluar misiones operativas.
De igual manera, la UE puede ser una potente fuerza a favor de los derechos humanos a través del proceso de accesión, en el cual el requisito de unanimidad para emprender acción tiende a incrementar las expectativas acerca del Estado candidato—dado que cualquier miembro de la UE puede objetar que el candidato no ha hecho lo suficiente para mejorar su récord de derechos humanos—en vez de obstaculizar la proyección de la influencia de la UE. Esa positiva influencia fue sentida con mayor fuerza durante el último año en los Balcanes, pese a la incapacidad de Bruselas de centrarse suficientemente en la responsabilidad nacional por crímenes de guerra en la región. En el pasado reciente también ha sido sentida en Turquía, aunque la renuencia cada vez mayor de varios gobiernos de la UE a admitir a Turquía bajo cualquier término ha socavado ahora una buena parte del poder de los declarados criterios de derechos humanos para la accesión. Sin embargo, estas positivas excepciones no son un sustituto para la falta de coherencia política que obstaculiza la respuesta de la UE a algunos de los desafíos más grandes de nuestros tiempos en materia de derechos humanos. Es esencial encontrar una voz que se pronuncie con más firmeza y consistencia sobre los derechos humanos si la UE ha de jugar un muy necesario rol de liderazgo global. Respecto a los derechos humanos en suelo europeoLas políticas referidas a asuntos de derechos humanos dentro de la UE han sido particularmente decepcionantes en lo que respecta al tratamiento de migrantes y solicitantes de asilo. La determinación de la EU de detener el flujo de migrantes a toda costa la ha llevado a ignorar los derechos de migrantes y restringir su derecho a buscar asilo en Europa para escapar de la persecución en sus países de origen. En enero de 2006 entró en vigor la Directriz de Procedimientos de Asilo con su requisito de que todos los Estados miembros envíen de vuelta a solicitantes de asilo provenientes de “países de origen seguros” que figuran en una lista de la UE. Hasta ahora, la falta de consenso acerca de cuáles países deberían ser parte de esa lista—muchos de los propuestos ofrecen una dudosa seguridad—ha detenido la implementación, pero varios Estados miembros ya utilizan sus propias listas nacionales de países seguros. En su esfuerzo por “internacionalizar” el manejo de la migración, la UE se ha aliado con regímenes represivos tales como Libia, plataforma de despegue de miles de migrantes en busca de protección y trabajo en Europa. La cooperación entre Libia y la UE en lo relativo a migración es unidimensional, centrada exclusivamente en bloquear el acceso hacia Europa, con poca consideración a los derechos o solicitudes de refugio de las personas migrantes. En cuanto a la frontera oriental, la UE firmó en octubre un acuerdo de readmisión con Ucrania que le exige a ésta readmitir ciudadanos de un tercer país que buscan protección en la UE, a pesar de las continuas preocupaciones acerca de las abusivas prácticas de detención de Ucrania y de su sistema de asilo que apenas funciona. El “periodo de gracia” de dos años antes de que tales retornos comiencen no es tiempo suficiente para reparar el desbordado sistema ucraniano. España, que en 2006 recibió su cuota de arribos por mar, está buscando acuerdos de readmisión con países como Senegal y Mauritania. La mayoría de gobiernos de la UE enfocan apropiadamente las ofensas terroristas a través del sistema normal de justicia penal, pero su recorte de garantías procedimentales para sospechosos de terrorismo plantea el riesgo de dañar todo el aparato del imperio de la ley. El Reino Unido aprobó una ley que incrementó de 14 a 28 días la detención previa a la presentación de cargos y está debatiendo si debería volver a intentar aumentarla a 90 días. Los Países Bajos, en la pendiente legislación contraterrorista, se prepara para incrementar de tres a 14 días su detención previa a la presentación de cargos. A partir de enero de 2006, los sospechosos de terrorismo en Francia podrían ser detenidos hasta por seis días bajo custodia policial, con un acceso sumamente limitado a defensa legal mientras que interrogadores policiales pueden interrogar cuanto quieran a los detenidos. Algunos miembros de la EU buscan evadir juicios penales en su país deportando o extraditando sospechosos de terrorismo, a menudo a lugares donde éstos corren el riesgo de ser torturados. El Reino Unido ha insistido en detener sospechosos sin acusación formal e intentar enviarlos de vuelta a países tales como Libia y Jordania con base en endebles promesas de un trato humanitario por parte de esos gobiernos. Justifica esta violación al derecho internacional aduciendo que es necesaria para combatir el terrorismo; sin embargo, no ha apoderado a sus fiscales para introducir en un juicio pruebas de intercepción telefónica autorizada por un tribunal—es una de apenas dos democracias occidentales (la otra es Irlanda) que asumen esta extrema postura. El gobierno británico nunca ha explicado por qué debe considerarse el sacrificio de los derechos fundamentales antes de siquiera probar herramientas ampliamente aceptadas de aplicación de la ley. Los Países Bajos continúan buscando extraditar a ciertos sospechosos de terrorismo a Turquía, con base en promesas igualmente inciertas contra los malos tratos. Otros gobiernos, incluyendo Suiza, ahora se preparan para adoptar esta dudosa práctica. Resulta irónico que mientras el Parlamento Europeo correctamente investiga la complicidad europea en las entregas de sospechosos, por parte de la CIA, a países que presentan el riesgo de aplicar la tortura, algunos Estados miembros de la EU han aceptado los traslados a países similares como una medida contra el terrorismo en su propio suelo. |