Los desafíos de los derechos humanosNo hay una escasez de serios desafíos a los derechos humanos que exija un mayor liderazgo global efectivo. Apenas en septiembre de 2005, los gobiernos mundo, en una declaración histórica, abrazaron la doctrina de “la responsabilidad de proteger” a las personas que enfrentan atrocidades masivas. Ese compromiso suena vacío, sin embargo, toda vez que Darfur continúa siendo sinónimo de masacres, violaciones sexuales y desplazamiento forzado, mientras la comunidad internacional no ha sido capaz de producir más que resmas de resoluciones no implementadas de la ONU. La usual cobardía política cuando se trata de desplazamientos militares a fin de prevenir asesinatos masivos es responsable de una parte de la inacción, pero también ha habido muy pocas presiones sobre el gobierno sudanés para que acepte una verdadera fuerza de protección. Pronosticadamente, Jartum responde con rechazo a esa falta de firmeza. Cuando este informe iba camino a la imprenta en noviembre, había indicios de que el gobierno sudanés podría ceder hasta cierto grado, en parte como respuesta a nuevas y bienvenidas presiones de China, pero no quedó claro si Jartum permitiría el despliegue de tropas con suficiente mandato y capacidad para detener las matanzas o que pondría fin a sus propias políticas homicidas. Parte del problema es el hecho de que la invasión de Irak por Estados Unidos y los tardíos intentos de la administración Bush de justificarla como una intervención humanitaria facilitaron que gobiernos como el de Sudán construyeran oposición a un esfuerzo vigoroso para salvar al pueblo de Darfur. De igual manera, la promoción de la democracia, un objetivo medular de los derechos humanos, corre el riesgo de ser desacreditada porque la administración la equipara con un cambio de régimen a través de la fuerza militar. Al mismo tiempo, está bajo ataque la importancia de llevar a los perpetradores de masacres ante la justicia, sobre todo en Uganda, donde los asesinos están tratando de negociar la impunidad a cambio de poner fin a sus matanzas. El terrorismo—la peligrosa visión de que personas civiles pueden ser legítimamente asesinadas por fines políticos—continúa siendo aceptable en demasiadas partes del mundo. Irak ha degenerado en un masivo y sectario baño de sangre, siendo civiles las principales víctimas. Gobiernos que tienen despiadadas prácticas represivas imponen una enorme crueldad a sus pueblos en Corea del Norte, Birmania y Turkmenistán. Persisten dictaduras cerradas en Vietnam, Arabia Saudita y Siria. China empeora. Rusia y Egipto están persiguiendo a organizaciones no gubernamentales (ONG), en tanto Perú y Venezuela consideran medidas similares. Irán y Etiopía están silenciando a las voces disidentes. Uzbekistán aplasta el disenso con nuevo vigor a la vez que se niega a permitir una investigación independiente de su masacre de mayo de 2005 en su ciudad oriental de Andizán. En Zimbabwe, el presidente Robert Mugabe preferiría llevar a su país a la ruina en vez de tolerar una oposición política. La guerra civil se está reavivando en Sri Lanka; se intensifica en Afganistán, continúa en Colombia y amenaza con desatarse en Nigeria. Israel lanzó ataques indiscriminados contra el Líbano durante su guerra con Hezbollah, mientras que Hezbollah a menudo puso en la mira a ciudades israelíes sin ningún objetivo militar a la vista. La institución intergubernamental dedicada a examinar estos problemas—el nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas—debe aún mostrar alguna mejora respecto de su débil antecesora, la Comisión de Derechos Humanos. Una obligación central del Consejo es presionar a gobiernos altamente abusivos para que cambien. Ello requiere de una serie de pasos graduales que pueden conducir al despliegue de monitores de derechos humanos o a la condena pública. Sin embargo, en una burla a los elevados principios de su fundación, hasta el momento el Consejo no ha criticado a ningún gobierno, excepto a Israel. Lo más que ha logrado hasta ahora es establecer un “diálogo interactivo” con investigadores de la ONU y planificar una “revisión de pares”, renunciando a su más poderosa herramienta—la condena colectiva por parte de los gobiernos miembros. Esta falla podría llevar a cuestionar si las Naciones Unidas son capaces de defender las normas internacionales de derechos humanos. Los proponentes de las “coaliciones de anuentes”—la antítesis del ideal de estándares universales de la ONU—habrán ganado el control a menos que la situación sea remediada por gobiernos que apoyan los derechos humanos. |