Introducción¿Cuál gobierno es hoy día el campeón de los derechos humanos? La voz potencialmente poderosa de Washington ya no resuena después de que el gobierno de Estados Unidos recurrió al uso de la detención sin juicio y del interrogatorio por medio de tortura. La administración del presidente George W. Bush podrá seguir promoviendo la “democracia”—palabra que utiliza para evitar que se traiga a colación el espinoso tema de los derechos humanos—pero ya no le es posible abogar, con credibilidad, por los derechos que viola. Conforme la influencia de Estados Unidos se debilita, la de China resplandece. Sin embargo, a China no se le puede considerar líder en derechos humanos. Su creciente poder económico ha incrementado su influencia global, pero en el mejor de los casos el país permanece indiferente a las prácticas de otros en materia de derechos humanos. Renuente a permitir el pluralismo político o el imperio de la ley en su propio territorio, Pekín pretende que los derechos humanos sean un asunto interno en sus negociaciones con otros en el exterior. Rusia, con su persecución interna de voces independientes y su guerra sucia en Chechenia, va por el mismo camino perverso. Su objetivo parece ser la reconstrucción de una esfera de influencia, especialmente entre las naciones de la antigua Unión Soviética, aun cuando esto significa acoger tiranos y asesinos. Pretendiendo evadir las críticas, el presidente Vladimir Putin incluso llegó a descartar los derechos humanos calificándolos como “‘estándares’ artificiales”. En este sombrío ambiente, la Unión Europea y las democracias emergentes del mundo podrían proveer fuentes potenciales de liderazgo en derechos humanos. Cada cual ha hecho importantes contribuciones, pero ninguna está actuando con la consistencia o efectividad que se necesita para llenar el vacío de liderazgo. Con la voz disminuida de Washington, hoy día la Unión Europea (UE) debería ser la más fuerte y efectiva defensora de los derechos humanos. Está fundada sobre principios de derechos humanos y aspira a la grandeza en asuntos globales. Pero conforme la UE lidia con una mayor membresía, está luchando mucho menos de lo que podría hacerlo. Su esfuerzo por alcanzar el consenso entre sus diversos miembros se ha tornado tan arduo que el resultado es apenas una tenue sombra de su potencial. Se suponía que la unión aumentaría la influencia de Europa. Por el contrario, cuando se trata de promover los derechos humanos, el conjunto ha sido menos que la suma de sus partes. Las democracias de América Latina, África y Asia, algunas establecidas hace largo tiempo pero muchas nuevas e inseguras, han empezado a defender los derechos humanos en ciertas negociaciones internacionales. No obstante, a pesar de los momentos promisorios, estos gobiernos aún deben cooperar a través de las fronteras regionales para encontrar una efectiva voz común. Con demasiada frecuencia muestran una mayor alianza con sus bloques regionales que con los ideales de los derechos humanos, más solidaridad con dictadores vecinos que hacia la gente cuyos derechos se han comprometido a defender. Esta tendencia jugó un papel particularmente pernicioso en el nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual, lejos de mejorar a la desacreditada Comisión de Derechos Humanos, podría repetir sus decepcionantes prácticas, dañando así la credibilidad de todo el sistema de la ONU. En la actualidad, cada gobierno parece tener una excusa preparada para ignorar los derechos humanos. En ocasiones resuenan pronunciamientos de elevados valores morales desde capitales o embajadores ante las Naciones Unidas, pero sin el seguimiento continuo necesario para un verdadero liderazgo o cambio. Los compromisos se ven dificultados por advertencias y el involucramiento por cláusulas de escape. Ya se trate de la falta de consecuencias punitivas para la campaña criminal de Sudán en Darfur, el requisito de consenso de la UE antes de emprender una acción colectiva, la proclamada deferencia de China a la soberanía nacional, la preocupación de Washington respecto a Irak y al terrorismo, o el sacrificio de los principios de derechos humanos en el mundo en desarrollo en aras de la solidaridad regional, las excusas para la inacción aplastan al imperativo de una acción decisiva. Esta tendencia es deprimente, pero no irreversible. Si la brecha de credibilidad de Washington es la consecuencia temporal de una administración particularmente alejada de la ley o un problema de largo aliento que durante años va a afectar a la postura de Estados Unidos, ello dependerá, en parte, del nuevo Congreso—y de si éste repudiará los pasados abusos, si presionará por cambios políticos y se empeñará en que los responsables rindan cuentas. Nadie se engaña pensando que tal cambio será fácil, cuando los artífices de esas violaciones todavía controlan la rama ejecutiva; aun así, esto es esencial si Estados Unidos ha de redimir su manchada reputación como defensor de los derechos humanos. También se necesitará liderazgo para orientar a China y Rusia hacia un comportamiento más responsable. En buena medida, Pekín y Moscú son los beneficiarios de las bajas expectativas. Tendrán pocos incentivos para defender las normas internacionales en su propio territorio o en el exterior mientras apenas unos cuantos insistan en que deben hacerlo. Su nueva fortaleza económica—el retumbante mercado de China, las reservas de energía de Rusia—sólo refuerza su capacidad de resistirse a la escasa presión que se les dirige, a la vez de desalentar a otros gobiernos a siquiera ejercer tal presión. Por otro lado, el creciente programa de ayuda externa de China crea nuevas opciones para dictadores que antes fueron dependientes de quienes insistían en avances en el ámbito de los derechos humanos. Cambiar esta dinámica depende de que se trate a China y Rusia como naciones que aspiran al liderazgo global—depende de insistir en que respeten los derechos humanos en el trato que dispensan a sus pueblos y sus pares, como también de llevarlas a rendir cuentas si no lo hacen. Deben convencerse de que el camino hacia la influencia y el respeto no es a través de la crueldad y el bandolerismo, sino de una ciudadanía global responsable. Sin embargo, no se puede esperar que mejoren si el compromiso de otros gobiernos con los derechos humanos se vende tan bajo en aras de los contratos energéticos o las oportunidades de inversión. En América Latina, si bien algunos países se han resistido activamente al escrutinio de los derechos humanos, otros han jugado un papel cada vez más importante en promover la aplicación de normas internacionales. Raros reflejos de esperanza pueden encontrarse también en África y Asia. El mundo necesita un verdadero defensor de los derechos humanos proveniente del Sur—una nación que rechace el regionalismo espontáneo como un anacronismo, el retorno a una era en que los gobiernos autoritarios unían esfuerzos para evadir las presiones relacionadas con los derechos humanos. En la actualidad, cuando cada vez más gobiernos se postulan a elecciones periódicas y hablan en nombre de las aspiraciones de sus pueblos, sus negociaciones con otros gobiernos deberían ser orientadas por el interés hacia los mismos derechos que sus propios ciudadanos abrazan. En lo que atañe a la Unión Europea, muchos de sus miembros reconocen la parálisis y están buscando soluciones. El experimento europeo ha contribuido a llevar paz y prosperidad a quienes tienen la suerte de vivir dentro de sus fronteras, pero la UE está fallando deplorablemente en su promesa como defensora de los derechos humanos en el mundo. Algunos de los cambios necesarios podrían ser relativamente sencillos e implementados con rapidez, como lo sería modificar las agitadas presidencias rotativas de seis meses de duración, de manera que sea posible una mejor acumulación de experticia y la búsqueda de estrategias a largo plazo. Otros cambios requerirían una transformación en las tradiciones y los malos hábitos; por ejemplo, hacer que las instituciones de la UE sean más transparentes a modo de minimizar la brecha entre los valores populares y la acción gubernamental. Algunos cambios son más fundamentales, como flexibilizar el requisito de unanimidad para la acción colectiva en el ámbito de los derechos humanos, a fin de permitir acciones más oportunas y efectivas en el mundo. Todos esos cambios requieren que los gobiernos de la UE reconozcan que el status quo refleja una inaceptable renuncia al liderazgo en tiempos en que las existencias de éste son peligrosamente bajas. |