La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
El Papel de la Comunidad Internacional

El Papel de la Comunidad Internacional

Las Naciones Unidas

De 1991 a 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó todos los años una resolución promovida por Estados Unidos condenando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Con las resoluciones se renovaba el mandato de un relator especial, el diplomático sueco Carl-Johan Groth, que produjo varios informes excelentes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. El 21 de abril de 1998, la Comisión no aprobó la resolución sobre Cuba, lo que ponía fin al mandato del relator especial antes de que Cuba le hubiera concedido permiso para entrar en el país. La resistencia internacional a la política estadounidense en relación con Cuba condicionó la votación, lo que resultó en una relajación injustificada de la observación de las Naciones Unidas de los derechos humanos en Cuba. (En octubre de 1998, la Asamblea General votó por séptima vez a favor de condenar el bloqueo estadounidense sobre Cuba.)

Dado que había ratificado varios tratados internacionales en materia de derechos humanos, Cuba siguió obligada a rendir cuentas ante varios órganos de derechos humanos de la ONU. El Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instaron a Cuba a cumplir más plenamente sus obligaciones internacionales y a presentar informes más completos ante los órganos de los tratados de la ONU. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria siguió investigando casos cubanos.

La Organización de los Estados Americanos

En abril de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe detallado sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Aunque la Organización de los Estados Americanos había expulsado a Cuba en 1962, la Comisión subrayó que Cuba seguía teniendo la obligación de proteger los derechos de sus ciudadanos en virtud de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La Unión Europea

En 1998, continuó la oleada de comercio e inversiones europeas en Cuba. La Unión Europea (UE) manifestó su enérgica oposición al embargo comercial estadounidense mientras promovía vías de apertura políticas y económicas con Cuba. Pero La Habana rechazó los intentos de utilizar la ayuda europea como incentivo para que Castro aplicara reformas en materia de derechos humanos, lo que dejaba la política europea en un impasse. La "posición común," adoptada por la UE en diciembre de 1996 y renovada cada seis meses, condicionaba la cooperación económica completa a las mejoras de los derechos humanos y las libertades políticas. En concreto, la UE reclamó la reforma de la legislación nacional relativa a los derechos civiles y políticos, incluido el código penal cubano, la abolición de los delitos políticos, la puesta en libertad de todos los presos políticos y el cese del hostigamiento y la sanción a los disidentes. En junio de 1998, la UE permitió que el gobierno de Castro participara como observador en las negociaciones del Tratado de Lomé, que ofrecía una situación comercial preferente a los países menos desarrollados. La UE condicionó la plena integración de Cuba en el grupo de países beneficiados a un avance considerable en materia de derechos humanos y libertades políticas, términos que rechazó rápidamente el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Roberto Robaina. Los Estados Miembros de la UE continuaron aportando cooperación económica y ayuda humanitaria ocasionales por medio de organizaciones no gubernamentales.

La negativa cubana de permitir que los trabajadores se organizaran y negociaran colectivamente convirtió a las compañías europeas -- y a todos los inversores extranjeros en Cuba -- en cómplices de las violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno. Los inversores extranjeros no adoptaron estrategias eficaces para promover los derechos del trabajador.

Canadá

En 1998, el Gobierno canadiense mantuvo un dialogo bilateral sobre derechos humanos con Cuba. Pero la política canadiense de "influencia eficaz" y su acuerdo conjunto de enero de 1997 con Cuba, que estipulaba la impartición de seminarios y capacitación en asuntos relacionados con los derechos humanos, cosechó muy pocos beneficios. Canadá ofreció ayuda humanitaria a los 17 presos políticos que Cuba forzó al exilio tras la petición papal de poner en libertad a presos. Pero la visita a Cuba del primer ministro Jean Chrétien en abril prestó muy poca atención a los derechos políticos y civiles, y el presidente Castro no tuvo en cuenta la petición de Chrétien de poner en libertad a los cuatro lideres del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna. La reticencia del primer ministro Chrétien con respecto a los derechos humanos sugirió un deseo de maximizar las posibilidades comerciales y de inversión en Cuba. Las compañías canadienses, al igual que sus homólogos europeos, se beneficiaron de los controles estrictos sobre los derechos del trabajador.

Estados Unidos

La política de Washington con respecto a La Habana siguió marcada por el bloqueo comercial. La aprobación en 1996 del Decreto para la Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, también conocido como la Ley Helms-Burton, eliminó la autoridad presidencia de modificar el embargo sin aprobar nuevas leyes. Hasta 1998, el embargo no sólo no había logrado provocar mejoras en materia de derechos humanos en Cuba, sino que se había vuelto contraproducente. Y Estados Unidos se vio cada vez más aislado de los posibles aliados dispuestos a presionar por los derechos humanos -- entre ellos el Papa Juan Pablo II, la Asamblea General de las Naciones Unidas y gobiernos de todas las tendencias políticas en todo el mundo -- que habían condenado el bloqueo en términos inequívocos. Es más, Castro invocó periódicamente el embargo como excusa para aumentar la represión.

El bloqueo continuó limitando los derechos a la libertad de expresión y asociación, y la libertad de viajar entre Estados Unidos y Cuba, lo que constituye una violación del Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos. En 1998, sólo podían viajar de EE.UU. a Cuba sin permiso especial los diplomáticos y los miembros de organizaciones intergubernamentales como la ONU. Tras la visita del Papa a Cuba en enero de 1998, el presidente Clinton restableció los vuelos chárter directos entre Estados Unidos y Cuba, que EE.UU. había prohibido en 1996.

Las críticas al duro impacto del bloqueo sobre la población cubana provocaron iniciativas del Congreso para disminuir sus efectos indiscriminados. En 1997, se introdujo legislación en ambas cámaras del Congreso para levantar las restricciones sobre la venta de alimentos y medicinas. A principios de 1998, el senador Jesse Helms reclamó la asistencia humanitaria para "socavar las políticas de Fidel Castro." El distribuidor de ayuda previsto por Helms, la Iglesia Católica cubana, dejó claro que no desempeñaría dicho papel si se aprobaba la ley. En octubre, 15 senadores, encabezados por el republicano John Warner, y varios destacados expertos en política exterior, entre ellos los ex secretarios de estado Lawrence Eagleburger y Henry Kissinger, pidieron a Clinton que estableciera una comisión bipartidista para reexaminar la política estadounidense con respecto a Cuba.

La práctica estadounidense de prohibir el refugio para cubanos se mantuvo en 1998, con más de un millar de cubanos repatriados a Cuba desde la adopción de la política en mayo de 1995. Pero continuó la preocupación sobre los problemas procesales que conlleva examinar a bordo de barcos a solicitantes de asilo traumatizado sin representación legal.

En un artículo de julio de 1998, el New York Times citó al exiliado cubano Luis Posada Carriles diciendo que la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) con sede en Miami y su difunto presidente, Jorge Más Canosa, habían financiado durante años la instalación de explosivos en hoteles y otros actos de violencia en Cuba, una afirmación desmentida por la FNCA y negada posteriormente por Posada. El periódico Times informó que un socio cubano americano de Posada Carriles intentó informar a policías estadounidenses de la participación de Posada y los posibles vínculos con exiliados cubanos en Nueva Jersey, pero la Oficina Federal de Investigación (FBI) demostró poco interés. A mediados de agosto, se informó que Estados Unidos había notificado a gobiernos centroamericanos que esperaba de ellos la investigación de Posada y su enjuiciamiento por cualquier participación en actividades delictivas. Ese mismo mes, fiscales estadounidenses formularon cargos por intento de homicidio contra siete exiliados cubanos que presuntamente habían conspirado para matar a Castro.