La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
El Papel de la Comunidad Internacional
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La Defensa de los Derechos Humanos

Brasil tuvo la fortuna de contar con una amplia gama de organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos, asociaciones cívicas y sindicatos que trabajaron en la documentación, defensa y promoción de los derechos humanos sin impedimentos legales. Estos grupos fueron los responsables de una serie de campañas relacionadas con casos particulares de violaciones de derechos y relativas a las políticas estatales que facilitaron el abuso. Estas iniciativas incitaron con eficacia a los gobiernos federal y estatales a que adoptaran medidas concretas en una serie de frentes.

Se esperaba que las autoridades federales reabrieran la investigación del asesinato en octubre de 1996 del abogado de derechos humanos de Rio Grande do Norte, Gilson Nogueira. La decisión fue el resultado de las nuevas pruebas que indicaban la responsabilidad de policía, así como de la presión de los grupos locales e internacionales que presentaron una petición admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Como se había recomendado en el Programa Nacional de Derechos Humanos, los organismos legislativos del ámbito municipal y estatal crearon o fortalecieron las comisiones de derechos humanos existentes. Aunque estas comisiones eran gubernamentales por definición, actuaron con considerable independencia y recibieron quejas de abusos por parte de ciudadanos, supervisaron a la policía, las prisiones y otros agentes del Estado, y denunciaron los abusos a los fiscales y los medios de comunicación. En muchas ciudades y estados, estos organismos de derechos humanos coordinaron sus esfuerzos para redactar programas de derechos humanos a nivel municipal o estatal, a imagen del Programa Nacional de Derechos Humanos. El crecimiento constante de este sector en 1998 constituyó quizás el acontecimiento más positivo en este aspecto.

Al mismo tiempo, las organizaciones no gubernamentales siguieron estableciendo colaboraciones con los gobiernos federal y estatales, especialmente en relación con la protección de testigos. El Gabinete de Asesoría Jurídica de las Organizaciones Populares (GAJOP), ONG destacada con sede en Recife, colaboró con el Ministerio de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el establecimiento de programas de protección de testigos conjuntos de gobierno y ONG en los estados de Rio Grande do Norte, Espírito Santo y Bahia, partiendo de un programa exitoso en el estado de Pernambuco. Las autoridades planeaban establecer programas similares en otros cuatro estados, entre ellos São Paulo en 1999.