La defensa de los derechos humanos

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden los derechos civiles y políticos, los derechos de la mujer, los derechos del niño y, en algunos países, los derechos de los homosexuales han crecido sin cesar durante la última década. Las organizaciones de derechos civiles y políticos, que en general son las ONG más asentadas, desarrollaron una creciente sofisticación en su trabajo de documentación y abogacía, a pesar de enfrentarse a un ambiente hostil. En casi todos los países de la región, las organizaciones de derechos humanos contaron con un público indiferente. En muchos países fueron víctimas de amenazas y hostigamiento. En Cuba, padecieron amenazas, condenas de prisión o el exilio. En Colombia y Guatemala, seguían expuestos al asesinato. Y mientras los gobiernos avergonzados prometían en los foros internacionales adoptar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos, fueron negligentes de puertas adentro. El hecho de que estos grupos siguieran operando y que su personal soportara año tras año las amenazas, el hostigamiento y el desprecio, fue un testimonio de la perseverancia humana.

Colombia continuó destacando en la región por su alarmante historial de asesinatos de defensores de derechos humanos, en una época en la que dichos crímenes son cada vez menos habituales en el resto del continente. Durante los primeros nueve meses de 1998, fueron asesinados seis defensores de derechos humanos, entre ellos los investigadores del Gobierno que hacían averiguaciones sobre violaciones de los derechos humanos así como activistas no gubernamentales. La organización paramilitar más poderosa del país estuvo implicada en el asesinato con arma de fuego en febrero del abogado de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, mientras que se creía que una unidad de inteligencia del ejército era responsable del asesinato en abril de otro abogado de derechos humanos, Eduardo Umaña. También fueron asesinados Edilbrando Roa López y John Alejandro Morales Patiño, asignados a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General para investigar una serie de masacres paramilitares.

En Guatemala, una gran personalidad del movimiento de derechos humanos respetada mundialmente, el obispo Juan José Gerardi, fue golpeado hasta la muerte días después de que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que dirigía, publicara un estudio de cuatro tomos sobre las atrocidades cometidas por todos los bandos durante las tres décadas de conflicto interno en Guatemala. En el estudio, que tardó tres años en elaborarse, hacía responsables a las fuerzas gubernamentales y a sus aliados del 90 por ciento de las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, y se atribuía el 10 por ciento restante a la guerrilla. El rocambolesco desarrollo de la investigación chapucera gubernamental del asesinato de Gerardi puso gravemente en entredicho la capacidad del Gobierno para romper con la tradición nacional de conceder impunidad a los violadores de los derechos humanos.

Los defensores de derechos humanos se enfrentaron a graves amenazas en Guatemala, Perú y México, y siguieron siendo sometidos a arrestos y enjuiciamientos penales en Cuba. Cuando se escribió este informe, las autoridades cubanas iban a juzgar a cuatro líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna acusados de sedición, tomando como base sus peticiones de puesta en libertad de los presos políticos. Los cuatro disidentes--Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca Antúnez, Félix Antonio Bonne Carcasses y René Gómez Manzano--llevaban desde su arresto, el 16 de julio de 1997, en detención preventiva en prisiones de máxima seguridad.


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