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La República Dominicana enfrenta una
creciente epidemia de VIH/SIDA que avanza más rápido entre las mujeres que
entre los hombres. En este contexto, muchas mujeres sufren violaciones de sus
derechos humanos en por lo menos dos frentes importantes: en el lugar de
trabajo y al usar los servicios de atención médica prenatal y otros servicios
de salud. En el área de la salud, la consejería pre y post prueba es
extremadamente insuficiente y los profesionales de salud divulgan los
resultados de las pruebas de VIH sin autorización y niegan o retrasan la
atención médica a las mujeres viviendo con VIH. En los centros laborales, las
trabajadoras viviendo con VIH o son despedidas o simplemente no se les ofrece
empleo nunca. Muchas personas viviendo con VIH en la República Dominicana se
autoexcluyen de la búsqueda de empleo o dejan de recurrir a los servicios de
salud por temor a la estigmatización y el abuso. Debido a que hay mayores probabilidades
de que las mujeres estén enteradas de su estatus de VIH, lo anterior les pasa
con más frecuencia a ellas. Esto provoca el incremento de la ya inusualmente
amplia brecha existente en las cifras de empleo.
El gobierno ha implementado recientemente
una serie de medidas que contribuyen a la prevención del VIH/SIDA y por ello
merece ser felicitado. Sin embargo no ha sabido tomar en serio la desigualdad
y discriminación de la mujer como factor que contribuye a la propagación de la
enfermedad y no ha mostrado tener voluntad política para dar remedios a la
discriminación generalizada sufrida por las trabajadoras viviendo con VIH o
SIDA, ni para establecer mecanismos legítimos e independientes de supervisión
que permitan identificar y remediar las violaciones al interior del sistema de
salud. La Ley sobre el SIDA contempla sanciones para la divulgación no
autorizada de resultados de pruebas de VIH, pero estas sanciones no se aplican
pese a lo difundidos que están los abusos.
Se necesita urgentemente una reforma que
garantice la esencial consejería pre y post prueba a todas las personas que se
someten a la misma, así como la puesta en marcha de estrictas medidas que
aseguren la confidencialidad adoptando a la vez una política de tolerancia cero
frente a las violaciones de la misma. Si no se implementa una reforma de ese
tipo, la incapacidad del gobierno de proteger los derechos de la mujer seguirá
contribuyendo a agravar una situación en la que se culpa a las mujeres de traer
el VIH a sus relaciones, lo que acarrea con frecuencia desastrosas
consecuencias reales para sus vidas y las de sus dependientes.
