El Nogal y Las Palancas
El cuarto caso demuestra no sólo un desinterés por parte de la PGJM por investigar los presuntos abusos del ejército, sino también una clara disponibilidad a presentar información descaradamente poco fidedigna. Se trata de la muerte de un civil y de la detención de otros cinco en febrero de 2000 en dos pueblos de las montañas al oeste de Guerrero.
La muerte de Salvador Cortez
Los soldados llegaron a El Nogal sobre las 8:30 a.m. del 18 de febrero de 2000, según testigos que hablaron con Human Rights Watch. Uno de esos testigos, una mujer a la que llamaremos Carmen, estaba en la puerta de una de las cuatro casas de la población y vio llegar el camión militar por la carretera que viene de la cercana Las Palancas. Cuando pasó, observó que iba lleno de soldados. Otro habitante de la población que estaba con ella en la puerta, le dijo a Carmen, con evidente sorpresa, que entre las tropas habían varios de sus sobrinos, vestidos de uniforme y portando armas, a pesar de que ellos no eran soldados.76
El camión se detuvo delante de otra casa donde Salvador Cortez, de 33 años de edad, estaba arreglando su motocicleta. La testigo le oyó saludar a las personas que iban allí sentadas y luego escuchó a alguien de adentro responder con lenguaje abusivo. Vio a Cortez levantar las manos en el aire, darse la vuelta, comenzar a correr y a continuación caer al suelo bajo una lluvia de balas.77
Otro testigo que habló con Human Rights Watch era un hombre que había estado trabajando para Cortez, extrayendo madera de un ejido cercano de Río Frío. Habían trabajado hasta tarde el día anterior y habían vuelto a El Nogal en motocicleta, llegando con el depósito vacío. Al oír el camión en el exterior, este hombre salió de la casa para preguntar si tenían gasolina de sobra, y vio a Cortez alejarse de la motocicleta y acercarse al camión, presumiblemente con la misma intención. Aunque parecía un vehículo civil, el testigo vio que la parte trasera estaba llena de soldados. Escuchó a Cortez hablar con las personas de la cabina, que desde el interior respondieron con lenguaje abusivo. Vio a Cortez levantar las manos en el aire, darse la vuelta y empezar a alejarse del camión. Oyó los disparos procedentes del camión y vio a Cortez caer al suelo. A continuación este testigo huyó hacia los árboles detrás de la casa y le persiguieron a balazos. Una bala le rozó la rodilla (mostró la cicatriz a Human Rights Watch), pero consiguió escapar.78
Un tercer testigo se encontraba detrás de su casa dando de comer a sus cerdos cuando oyó el tiroteo. Cuando se dirigió a la parte delantera de la casa, vio a los soldados y reconoció a cuatro civiles que estaban con ellos y que, al igual que su marido, eran miembros de la comunidad del ejido. Tres de estos hombres iban vestidos de soldados.79 Su hija de catorce años también escuchó el tiroteo desde el interior de la casa, donde se encontraba desayunando. Cuando salió, reconoció entre los soldados a dos civiles del ejido de su padre.80
Unos minutos después del tiroteo, Carmen se acercó caminando a donde se encontraban reunidos los soldados. Vio el cadáver de Cortez y vio a los soldados salir de la casa y colocar una pistola junto a él. También comprobó que una de sus vecinas, Elba García, había sido herida por una bala en el torso. Otros dos camiones de recogida llegaron con soldados y civiles armados, que rápidamente se cambiaron el uniforme del ejército y se marcharon en los camiones. En el camión también había cinco hombres que conocía. Tenían los brazos atados a la espalda.81
La detención de los García
Dos de los hombres que traían los militares con las manos atadas eran Álvaro García Ávila y Alfredo García Torres. Contaron a Human Rights Watch que habían sido detenidos anteriormente esa mañana en Las Palancas por un grupo de unos treinta soldados acompañados por siete civiles armados. El llegó mientras ellos dormían, entraron en sus hogares, ordenaron a los hombres que salieran, y entonces alegaron que habían encontrado armas en el interior.82 Los otros tres hombres detenidos junto a ellos, incluido Juan, el hermano de García Ávila, fueron sacados de las casas vecinas.
En El Nogal, hicieron bajar del camión a los hombres detenidos, les vendaron los ojos, los introdujeron en un helicóptero y los trasladaron a la base militar de la cercana ciudad de Petatlán. Allí fueron retenidos desde alrededor de las 11:00 a.m. hasta 8:00 p.m., con los ojos todavía vendados y las manos atadas. No se les brindo ni comida ni agua.83
García Ávila y García Torres contaron a Human Rights Watch que fueron brutalmente golpeados y torturados en la base militar. García Torres dijo que los soldados le apalearon, le amenazaron con matarlo y le pusieron bolsas en la cabeza para ahogarlo. Los soldados le acusaron de haber matado a varios oficiales de la policía en 1999.84 También le acusaron de formar parte de la guerrilla y le exigieron que les dijera el paradero del comandante de la guerrilla. García Ávila también reportó haber sido golpeado e interrogado sobre esta persona. Aquella noche fueron transferidos a la custodia de la procuraduría de Zihuatanejo. Fueron golpeados de nuevo y forzados a firmar confesiones.85
Procesamiento de civiles
Álvaro García Ávila y su hermano Juan García Ávila fueron condenados por delitos relacionados con las armas, sobre la base del testimonio de tres soldados, así como de sus declaraciones iniciales en las que admitían poseer armas de fuego ilegales. El juez no tuvo en cuenta las declaraciones posteriores en las que ambos negaban los cargos que habían confesado, alegando que las primeras declaraciones habían sido hechas bajo coacción. Su nueva versión fue corroborada por todos los testigos civiles llamados a testificar, así como por un cuarto soldado. Sin embargo, el juez, aplicando el principio de "inmediatez procesal", optó por basarse en las confesiones que fueron desmentidas.86
En el mismo juicio, García Torres fue condenado por delitos relacionados con drogas, sobre la base del testimonio de los soldados que dijeron haberle capturado en la calle, procedente de su casa, llevando consigo tres kilos de semillas de opio. Aunque él nunca confesó esto, el juez desestimó el testimonio en el que negaba su culpa y el testimonio de testigos oculares que lo corroboraban, basándose en que "carecen [carecían] de relevancia judicial ante las acusaciones directas y categóricas hechas por los captores."87 García Torres también fue condenado del asesinato de cuatro policías judiciales, delito que los soldados que lo detuvieron en Las Palancas declararon que había confesado voluntariamente de camino a la base militar de Petatlán.
Investigación de la conducta militar
Según los García y los testigos civiles entrevistados por Human Rights Watch, el ejército cometió varios abusos graves cuando llevó a cabo una redada en Las Palancas y El Nogal, incluyendo la ejecución extrajudicial de Salvador Cortez, la tortura de los García, y la colocación deliberada de pruebas. Además, al no remitir inmediatamente a los detenidos a las autoridades civiles, el ejército violó la ley mexicana.
La PGJM dijo a Human Rights Watch que los hechos de El Nogal y Las Palancas se sometieron a investigación, pero que se había descartado que se produjera actuación incorrecta alguna por parte del ejército. Los oficiales de la PGJM dijeron que habían tomado declaraciones de cien testigos, entre ellos civiles, y todos los testigos-incluidos los arrestados-corroboraron la versión de los soldados sobre lo que ocurrió.88
Según dicha versión, los soldados habían capturado a los cinco hombres en Las Palancas, in flagrante, en posesión ilegal de drogas y armas de fuego. Los soldados habían conducido a los detenidos a El Nogal, donde fueron atacados por un grupo de civiles armados. Los soldados repelieron la agresión abriendo fuego. En el intercambio de tiros, murió un hombre y una mujer fue herida. Cuatro civiles huyeron del lugar del tiroteo dejando armas tras ellos.89 Cuando Human Rights Watch preguntó por las alegaciones de que civiles armados habían participado con los militares en el arresto y el tiroteo, los oficiales de la PGJM negaron dicha posibilidad.
Evaluación
La versión de los hechos de la PGJM contradice todos los testimonios recogidos por Human Rights Watch. Los cuatro testigos entrevistados por Human Rights que estaban presentes en El Nogal declararon que había civiles armados con el ejército, que Salvador Cortez iba desarmado, y que los soldados y civiles armados abrieron fuego sin provocación, matando a Cortez e hiriendo a Elba García. Dos de estos testigos no sólo presenciaron el tiroteo, sino que también vieron a hombres colocando deliberadamente una pistola en el cuerpo de Cortez. Los cuatro insistieron en que nunca fueron entrevistados por los investigadores militares.
El Nogal es un poblado de cuatro casas. Es imposible que la PGJM pudiera llevar a cabo una investigación exhaustiva de lo que ocurrió allí sin entrevistar a los cuatro testigos que hablaron con Human Rights Watch. Su versión de los hechos difiere totalmente de la versión de los hechos que los oficiales de la PGJM alegaron haber recibido del centenar de testigos que entrevistaron.
Lindavista
El caso más reciente examinado es el único por el que los soldados ahora se enfrentan a juicio en tribunales militares. El crimen fue la muerte por disparos en enero de 2001 de Esteban Martínez, de catorce años, en la comunidad de Lindavista. La investigación y juicio se produjeron sólo después de que miembros de la comunidad tomaran medidas extraordinarias por las que desde entonces reciben amenazas.
El tiroteo
En la tarde del 16 de enero de 2001, Ricardo Martínez Nazario de veinte años de edad volvía a casa con su hermano Esteban, de catorce, tras intentar infructuosamente encorralar al ganado en las colinas a varias millas de la población de Lindavista, en el municipio de San Miguel Totolapan. Cuando bajaban por una pendiente pronunciada de hierba, vieron a un grupo de soldados un poco más abajo, pero continuaron descendiendo, ignorantes de cualquier peligro. Entonces vieron que dos de los soldados estaban apuntando con rifles en dirección suya y oyeron gritar a uno de ellos que corrieran o los mataban. Los hermanos se dieron la vuelta y huyeron colina arriba. Ricardo corría más deprisa que Esteban. Oyó disparos tras de sí y vio balas golpear el suelo por delante de él. Consiguió escapar y, aturdido por el miedo, siguió huyendo hasta llegar a su casa, con la esperanza de que Esteban le siguiera.90
Esteban no le siguió y después de varias horas, Ricardo Martínez volvió al lugar con su padre para buscarlo. No podían ver mucho en la oscuridad y no obtuvieron respuesta cuando gritaban su nombre.91
Al amanecer del día siguiente, su madre, Paulina Nazario, caminó durante dos horas hasta el campamento del ejército a las afueras de la población y habló con el oficial al mando a quien explicó lo ocurrido. Según Nazario, el oficial le dijo que sus tropas no habían estado en ningún sitio cercano a la zona donde ella decía que había tenido lugar el tiroteo. Sugirió que los hombres armados debían de haber sido criminales comunes, o soldados bajo el mando de otra persona.92
Se marchó y fue a ver al comisario de la población (un cargo local electo), quien la acompaño a hablar nuevamente con el oficial. A petición suya, el oficial accedió a ayudar en la búsqueda del niño. Él y sus tropas acompañaron a Ricardo Martínez y un grupo de habitantes del pueblo al lugar del tiroteo. Cuando llegaron, Ricardo Martínez encontró casquillos de bala dispersos por el suelo y se metió cinco en el bolsillo. Entonces encontraron a Esteban, tumbado boca abajo, en posición fetal, muerto. Una bala le había destrozado el muslo, y uno de sus ojos se le había salido reventado de la cuenca.93
Los habitantes del pueblo levantaron el cuerpo de Esteban y lo llevaron de vuelta al pueblo. Ricardo Martínez se dio cuenta que, después de acompañarles durante poco rato, los soldados abandonaron el grupo y volvieron al lugar de los hechos. Cuando él mismo volvió allí una semana más tarde, encontró que el resto de casquillos de bala habían sido retirados y se había hecho un esfuerzo por borrar del suelo las huellas de las botas.94
La comunidad reacciona
Miembros de la comunidad comentaron a Human Rights Watch que probablemente el asesinato no hubiera sido investigado si no hubiera sucedido algo extraordinario. Esta opinión, dijeron, estaba basada en la experiencia: otros seis habitantes del pueblo habían muerto a manos de los soldados en los 15 años anteriores, y ninguno de los asesinatos había sido investigado.95
El asesinato más reciente a este caso, tuvo lugar en 1998 y se produjo con un patrón similar. Dos hermanos, José y Rosendo Barragán Rojas, volvían a pie al pueblo, tras intentar infructuosamente encorralar al ganado en unas colinas cercanas. Según Rosendo Barragán, ambos caminaban por un estrecho barranco cuando oyeron disparos. Trataron de correr pero José Barragán fue alcanzado en la espalda por una bala. Al contrario que Ricardo Martínez, Rosendo Barragán permaneció junto a su hermano, sosteniéndolo en sus brazos hasta que murió desangrado. Los soldados los rodearon y él les suplicó que pidieran asistencia médica. Perro ellos ignoraron sus plegarias y los mantuvieron rodeados durante el tiempo que le costó a José morir (una hora). Entonces ataron a Rosendo Barragán y lo apalearon, dejándolo en el suelo durante toda la noche. Al día siguiente lo llevaron a Coyuca de Catalán, donde pasó la noche encarcelado e informado de que tendría que confesar delitos relacionados con las drogas y las armas o enfrentarse a graves consecuencias. Al día siguiente, prestó declaración autoincriminatoria de la que más adelante se retractaría en su juicio. Los soldados testificaron que los dos hombres habían sido capturados armados en un campo de opio-acusación negada por los habitantes de Lindavista que fueron a recoger el cadáver de José Barragán. Se permitió a Rosendo Barragán pagar una multa y salir bajo fianza. Antes de abandonar la cárcel, alega, un oficial militar le dijo que si intentaba presentar una denuncia, "te enterraré." Barragán hizo caso de la advertencia y no denunció el asesinato. Los líderes de la comunidad también mantuvieron silencio a causa, según dijeron, del miedo. Insisten en que jamás hubo investigación alguna sobre la muerte de José Barragán.96
En el caso de Esteban Martínez, los miembros de la comunidad montaron en cólera al ver el cuerpo del niño y reaccionaron como nunca antes lo habían hecho.97 Un antiguo comisario comentó a Human Rights Watch que "En el pasado la gente tenía mucho miedo. Pero esta vez dijeron `esto tiene que parar o seguirán matándonos'.'"98
Se convocó una reunión en el pueblo y se tomó la decisión de exigir al gobierno que se asegurara de que, esta vez, se haría justicia. Unos 600 hombres y mujeres marcharon hacia el campamento del ejército y exigieron respuestas al comandante del ejército. Según los testigos, el oficial insistía en que sus tropas no tenían nada que ver con el asesinato. Así pues, los miembros de la comunidad rodearon el campamento y anunciaron que no se marcharían-ni permitirían que se marchara ningún soldado-hasta que se enviaran a las autoridades del gobierno para investigar el asesinato.99
Doce horas más tarde, a la 1:00 a.m., el coronel del 27 Batallón de Infantería se presentó en un convoy militar. Al amanecer, llegaron en helicóptero tres altos funcionarios del gobierno estatal. A mediodía se había redactado un contrato en el cual el estado y el Ejército prometían investigar el tiroteo y sancionar a quienquiera que fuera su responsable. Fue firmado por el coronel y por los funcionarios del estado, y por los miembros de la comunidad de Lindavista.100
Investigación de la conducta del ejército
Los oficiales de la PGJM dijeron a Human Rights Watch que estaban en proceso de enjuiciar a seis hombres por su participación en el asesinato. Cinco eran soldados a quien se les acusaba de "violencia contra una persona con resultado de homicidio." Y otro era un oficial a quienes se le acusaba de aportar información engañosa a los investigadores. Los seis estaban en prisión en el momento de la reunión de Human Rights Watch con los oficiales de la PGJM.
Evaluación
Según los habitantes de Lindavista, el resultado de la muerte de José Barragán era más típica que el de la muerte de Esteban Martínez. Creen que la razón por la que el último caso había terminado de manera diferente es que hicieron algo que antes no se habían atrevido a hacer. Protestaron.
En este sentido, el caso Martínez es la excepción que confirma la regla sobre el sistema de procuración e impartición de justicia militar. El único caso en el que la PGJM inició acciones judiciales contra personal militar por abusos a los derechos humanos fue aquél en el que la comunidad tomó una medida drástica para demostrar que no aceptarían nada más que una investigación apropiada del delito.
Por desgracia, los líderes de la comunidad que organizaron la protesta dicen que desde entonces han recibido amenazas del ejército y ahora viven con constante miedo. El principal organizador de la acción comunitaria dijo a Human Rights Watch que, después de haber hablado con la prensa nacional e internacional, tenía tanto miedo que decidió que no podía seguir hablando del caso por temor a que se tomaran represalias contra él y contra su familia.
IV. CONCLUSIÓN
El Procurador General de Justicia Militar y otros oficiales de la PGJM reafirmaron a Human Rights Watch su compromiso a favor de la protección de los derechos humanos en México. Reconocieron la existencia de una desconfianza generalizada de la población civil hacia los funcionarios de justicia militar (y hacia los funcionarios de justicia en general). Manifestaron que esta desconfianza dificulta todavía más su funcionamiento efectivo ya que a menudo la población civil no se muestra dispuesta a colaborarles en sus investigaciones y procesos. Sugirieron que una forma de mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia militar sería a través de una participación más activa de la población civil en las investigaciones y en el juicio como coadyuvantes.
Human Rights Watch agradece la buena disposición de los oficiales de la PGJM para comentar estos temas y contestar a nuestras preguntas. Estamos de acuerdo en que debería existir una participación más activa de la población civil en las investigaciones y el juicio de los casos de derechos humanos. Coincidimos asimismo en que es importante reconocer que es la desconfianza la que impide esta participación.
Sin embargo, nos preocupa la tendencia de la PGJM a descargar la responsabilidad en la población civil, en lugar de reconocer las fallas del propio sistema. Cuando se comentaban casos específicos, el único defecto de sus investigaciones que estaban dispuestos a reconocer los oficiales de la PGJM era que la población civil no había proporcionado información que corroborara las demandas por presuntos abusos. O bien los civiles se negaban a presentar la denuncia formal, necesaria para que las autoridades puedan abrir una investigación formal, o bien se negaban a proporcionar la información de corroboración necesaria para que la acusación tenga base.
Lo que no reconocieron en la PGJM fueron las razones por las que la población civil desconfía del sistema de procuración e impartición de justicia militar. Una de ellas es la percepción generalizada de que la PGJM no investiga o juzga con seriedad los casos de abusos perpetrados por los militares, ni tampoco lo ha hecho en el pasado. Según un fiscal de la zona, el caso Lindavista fue el primero en Guerrero en el cual se juzgaba a soldados por delitos cometidos en acto de servicio.101 La exactitud de esta percepción está respaldada por los casos investigados por Human Rights Watch. A pesar de las peticiones de Human Rights Watch, la PGJM no proporcionó ningún dato que pudiera contradecirlo.102
Otra razón para desconfiar de la PGJM es que no existe mecanismo que lo haga responsable cuando no lleva a cabo las investigaciones adecuadamente. Aunque la CNDH ha estudiado dichas fallas, su autoridad se limita a recomendar que las autoridades de la justicia militar hagan una labor mejor. El ejército ha respondido generalmente llevando a cabo investigaciones superficiales y basándose en las mismas para concluir que no se cometió ningún abuso por parte del personal del ejército. Incluso en el caso de que el CNDH ponga en duda la seriedad de la respuesta de la PGJM, no puede obligarle a reabrir una investigación.
Un tercer motivo de desconfianza es la falta de transparencia del sistema de procuración e impartición de justicia militar. Por ley, se prohibe a los oficiales de la PGJM hacer pública cualquier documentación de los procesos judiciales. Aunque la CNDH puede demandar información a los militares, y puede dar a conocer dicha información en sus propios informes publicados, no puede hacer llegar al público documentos militares. Solamente las víctimas y sus familiares pueden tener acceso a la documentación de los casos, pero para ello deben de tomar parte en el proceso como coadyuvantes, o bien presentar un recurso judicial llamado de petición de amparo durante las semanas inmediatamente después de que la PGJM cierre el caso.
Sin embargo, en la práctica ninguna de las opciones es factible. El secretario de defensa mexicano reconoció recientemente que el sistema de coadyuvancia no estuvo activo durante los últimos años.103 Además, la opción del amparo es complicada porque el período durante el que se puede presentar las peticiones es restringido (dos semanas a partir de que el caso ha sido cerrado por la PJGM), y porque requiere el uso de recursos legales que muchas víctimas y sus familiares no pueden permitirse. En consecuencia, la única información sobre los casos que llega al público es la que los militares quieren divulgar. La falta de transparencia resultante conduce a la incompetencia y abuso de autoridad.
Por último, a pesar de lo muy comprometida que pueda estar la PGJM en mejorar su capacidad para juzgar casos de derechos humanos por medio de una mayor participación de la población civil, sigue existiendo un problema fundamental que frustrará con toda seguridad sus esfuerzos: el miedo.
Human Rights Watch observó que existe un miedo generalizado a las autoridades militares entre las comunidades que visitó en Guerrero. Algunos testigos se iban poniendo visiblemente nerviosos cuando se comentaban los abusos del ejército, otros se negaban a comentar dichos abusos con nosotros. Uno de los momentos más inquietantes de nuestra misión fue cuando el líder de una comunidad de la ciudad de Lindavista nos contó que no podía comentar la protesta pública que había encabezado para exigir una investigación sobre el asesinato de un residente de la ciudad a manos de soldados. Temía sufrir las represalias de los militares si seguía hablando en público de lo que había sucedido en la ciudad. "Aquí estamos en un lugar remoto," explicaba. "Si algo nos ocurre, ¿quién nos va a ayudar?"104
El miedo está forjado por la creencia de que las represalias pueden llegar bajo el manto de la ley. En Pizotla, Las Palancas, y El Charco, los civiles alegan haber sido condenados por cargos inventados por soldados, a modo de represalia. Uno de los líderes de Lindavista también nos contó que, desde la protesta de enero de 2001, había sido arrestado por cargos menores de tenencia ilícita de armas y se le había informado de que había sido identificado porque había estado "alborotando" a la comunidad.105
El sistema de justicia penal tiene dos características que facilitan este tipo de abuso de autoridad. Una es el principio de "inmediatez procesal", que hace difícil que los encausados civiles puedan retractarse de las confesiones coaccionadas, ya que otorga mayor peso evidencial a las primeras declaraciones realizadas. Habitualmente los jueces han interpretado este principio de tal manera que, para que las confesiones sean desestimadas, los encausados deben probar que fueron torturados/as-algo que es con frecuencia muy difícil o imposible ya que ciertas formas de tortura no dejan pruebas físicas duraderas. La segunda característica es que, ante un testimonio contradictorio del personal civil y del personal militar, los tribunales tienden a conceder a estos últimos la presunción de mayor veracidad.
De acuerdo con el sistema actual, los civiles que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos por parte del ejercito deberían poder acudir a la PGJM para que les proporcionen protección y acción judicial. Pero los civiles con los que hablamos no distinguían entre una rama del ejército y otra. Tanto es así que en una comunidad se quejaban de que el ejército había citado a personas que habían denunciado abusos a los derechos humanos para que declararan en una instalación militar. Lo que podía ser un gesto de buena fe por parte de los oficiales de la PJGM para reunir pruebas, fue considerado un hostigamiento por los miembros de la comunidad.
Incluso si la PGJM estuviera totalmente dispuesta a combatir los abusos en materia de derechos humanos cometidos por el ejército, sería difícil convencer a la población civil de que las autoridades militares son capaces de actuar con independencia de los intereses del ejército. Los oficiales de la PGJM son soldados vestidos de uniforme, formados por una institución que premia la lealtad y la disciplina.
El sistema de procuración e impartición de justicia militar es en esencia inadecuado para tramitar casos de derechos humanos. Un sistema de coadyuvancia más activo y una mayor transparencia podrían aliviar de alguna manera el problema. Sin embargo, la única solución real es el fin de la jurisdicción militar sobre los casos de derechos humanos.
REGRESAR AL PRINCIPIO
76 Entrevista de Human Rights Watch (identidad protegida por razones de seguridad), Acapulco, Guerrero, 31 de marzo de 2001.
77 Ibíd.
78 Entrevista de Human Rights Watch (identidad protegida por razones de seguridad), Las Humedades, Guerrero, 17 de junio de 2001.
79 Entrevista de Human Rights Watch (identidad protegida por razones de seguridad), Las Humedades, Guerrero, 17 de junio de 2001.
80 Entrevista de Human Rights Watch (identidad protegida por razones de seguridad), Las Humedades, Guerrero, 17 de junio de 2001.
81 Entrevista de Human Rights Watch (identidad protegida por razones de seguridad), Acapulco, Guerrero, 31 de marzo de 2001.
82 Entrevistas de Human Rights Watch con Álvaro García Ávila y Alfredo García Torres, Acapulco, Guerrero, 31 de marzo de 2001.
83 Ibíd.
84 El 5 de marzo de 1999, la policía judicial llegó a la comunidad de Rancho Nuevo donde, el día anterior, se había celebrado una misa en memoria del hermano de Álvaro García, Otoniel García Torres, a quien habían matado a tiros dos semanas antes. Según los miembros de la comunidad, Otoniel García había intentado impedir la deforestación ilegal llevada a cabo por un oficial en el ejido de Río Frío. El oficial reaccionó buscando la ayuda de un jefe político local quien, a su vez, pagó a la policía para lo mataran. Según los testigos de la comunidad, la policía llegó disparando y la gente del lugar respondió, matando a cuatro policías y a tres madrinas (paramilitares) que les acompañaban. [Carta sin fecha de Luis Torres, firmada por Estafania Torres, María Cruz Yáñez, Salud Torres Montiel, Guadalupe Torres, Epifanio Peralta, Concepción Segura. Asimismo, entrevistas de Human Rights Watch con Álvaro García Ávila y Alfredo García Torres, Acapulco, Guerrero, 31 de marzo de 2001.]
85 Entrevistas de Human Rights Watch con Álvaro García Ávila y Alfredo García Torres, Acapulco, Guerrero, 31 de marzo de 2001.
86 Sentencia, Toca Penal 79/2000, Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Vigesimoprimer Circuito, 31 de enero de 2001.
87 Ibíd., pág. 124.
88 Aunque ya habían llegado a una conclusión, la PGJM dijo a Human Rights Watch que la investigación de las presuntas violaciones todavía estaba en marcha-no porque hubiera ninguna duda de lo que ocurrió, sino porque la CNDH había estado investigando el caso y la PGJM quería asegurarse de que sus propias conclusiones eran sólidas. Además, estaban esperando los resultados de otro trabajo de laboratorio. [Entrevista de Human Rights Watch, Distrito Federal, 13 de junio de 2001.]
89 Ibíd.
90 Entrevista de Human Rights Watch con Ricardo Martínez Nazario, Lindavista, Guerrero, 15 de junio de 2001.
91 Ibíd.
92 Entrevista de Human Rights Watch con Paulina Nazario, Lindavista, Guerrero, 15 de junio de 2001.
93 Entrevista de Human Rights Watch con Ricardo Martínez Nazario, Lindavista, Guerrero, 15 de junio de 2001.
94 Ibíd.
95 Cinco de las víctimas civiles nombradas fueron José Barragán Rosas (muerto el 3 de octubre de 1998), Joaquín Márquez (muerto el 28 de noviembre de 1993), Alejandro Ollorzabal (muerto el 6 de noviembre de 1988), Yolanda Ceron Marino (muerta el 9 de octubre de 1986), Miguel Hernández Márquez (muerto el 9 de octubre de 1986).
96 Entrevista de Human Rights Watch con Rosendo Barragán Rojas, Lindavista, Guerrero, 15 de junio de 2001. Entrevista de Human Rights Watch con el anterior comisario de la población (nombre omitido por razones de seguridad), Lindavista, Guerrero, 16 de junio de 2001.
97 Entrevista de PRODH con un líder de la comunidad (nombre omitido por razones de seguridad), Lindavista, Guerrero, 3 de mayo de 2001.
98 Entrevista de Human Rights Watch con un antiguo comisario del pueblo, Lindavista, Guerrero, 16 de junio de 2001.
99 Entrevistas de Human Rights Watch con un antiguo comisario del pueblo y con Paulina Nazario. Entrevista de PRODH con un líder de la comunidad.
100 Ibíd. Human Rights Watch obtuvo una copia del documento que los líderes de la comunidad proporcionaron a The Washington Post.
101 Kevin Sullivan, "Village's Rage Rattles an Army," Washington Post, 21 de Junio 21, 2001.
102 Human Rights Watch solicitó que la PGJM le proporcionara el número de juicios de casos de derechos humanos celebrados en años recientes. Al principio la PGJM prometió hacerlo, pero a pesar de las solicitudes tramitadas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (el procedimiento de transmisión indicado por la PGJM), dicha información nunca fue puesta a nuestra disposición dicha.
103 En Junio de 2001, el secretario de defensa, Ricardo Clemente Vega García dio orden de "activar" el sistema de coadyuvancia [Jesús Aranda, "Sedena se abre a la participación civil en pesquisas de abuso militar," La Jornada, 11 de junio de 2001].
104 Entrevista de Human Rights Watch con un líder de la comunidad (identidad protegida por razones de seguridad), Lindavista, Guerrero, 16 de junio de 2001.
105 Entrevista de Human Rights Watch con un líder de la comunidad (identidad protegida por razones de seguridad), Lindavista, Guerrero, 16 de junio de 2001.
